Desde 2011 la Corte le inició investigación por el delito de concierto para delinquir agravado, en 2013 se abre formalmente el proceso, y le dicta medida de aseguramiento. El concierto va desde la alianza con grupos paramilitares en apoyo a sus campañas electorales, incluyendo aportes monetarios significativos, hasta poner al servicio de esas estructuras criminales sus cargos, en el Congreso de la República primero, y en la Gobernación de Antioquia después.
Dice la Corte en la sentencia que Ramos Botero recibió dineros de Carlos y Vicente Castaño, así como de Juan Carlos “El Tuso” Sierra, y de Miguel Arroyave, que era comandante del Bloque Centauros de los paramilitares. En ocasiones tales recursos eran también para su partido, el cual fue, inicialmente, el sector unionista del partido conservador, luego rebautizado como Equipo Colombia, que pasó a llamarse después de cierta alianza Alas Equipo Colombia, que coloquialmente se denominaba Paras Equipo Colombia.
Lo de la financiación (entre diez y ochocientos millones de pesos) ha quedado en segundo plano, ya que la controversia jurídica se ha centrado en una reunión que sostuvo con los jefes paramilitares que llevan los alias de Ernesto Báez, Julián Bolívar, y Alberto Guerrero, delegados de Vicente Castaño. La reunión se dio en la finca “Bellanita” de Hugo Albeiro Quintero Restrepo, también procesado por paramilitarismo, y Ramos asistió con otros personajes de igual reputación como Óscar Suarez Mira, Óscar Arboleda, y Manuel Ramiro Velásquez. Aunque no fue la única reunión.
La defensa de Ramos se dedica a tildar de mentirosos a los múltiples testigos en su contra, particularmente por el cambio de versiones, o la equivocación de algunas fechas, aunque el mismo Ramos Botero también cambia versiones cuando le conviene.
El acuerdo sucedió, la defensa pretende presentarlo como algo inocuo, aunque la alianza duró de 2001 a 2007. La incursión paramilitar en el departamento de Antioquia fue extremadamente violenta, más de la mitad de las víctimas del paramilitarismo registradas en el país son de este departamento. Igual, el registro de sindicalistas asesinados en esta región es más del doble del resto del país, especialmente de sindicatos mineros y bananeros. Pero, así como se incrementaba la tasa de homicidios, con peores formas de asesinar, se extendían los cultivos ilícitos, y se consolidaba el grupo político de Luis Alfredo Ramos, Alas Equipo Colombia. Así lo estableció la entonces investigadora Claudia López, en su trabajo La ruta de la expansión paramilitar en Antioquia.
Antioquia fue matriz del narcotráfico y del paramilitarismo, fenómenos aunados por el anticomunismo y por una cruzada contra la Constitución de 1991. Por eso la parapolítica es también un emprendimiento paisa. Los políticos se apoyaron en los paras buscando obtener votos constreñidos por esos grupos, la letalidad de los ilegales a su favor, y participación en las ganancias delictivas. Los paras buscaban reconocimiento político, estaban en el proceso de legalizar su accionar, y se unieron a los políticos, llevaron gente de su confianza al Congreso, o promovieron fuerzas políticas emergentes, como el grupo que dirigían Luis Alfredo Ramos y Álvaro Araujo Castro.
Este grupo obtuvo lo que los investigadores luego llamaron “votaciones atípicas”, sorprendentemente altas, sin tradición, desde 2002. El resultado: Álvaro Araujo Castro, condenado por parapolítica a nueve años y tres meses de cárcel; Antonio Valencia Duque, quien remplazó a Araujo en el senado, fue condenado en sentencia anticipada tras aceptar los cargos; el también senador Oscar Suarez Mira fue condenado por parapolítica y por enriquecimiento ilícito; el fallecido Óscar Arboleda Palacio, era investigado por parapolítica. También alcanzaron veinticinco encarcelados entre alcaldes, concejales, y militantes. El exsenador ramista Gabriel Zapata Correa obtuvo fallo inhibitorio en proceso por parapolítica, pero, pasó a militar en el Centro Democrático, lo que debería considerarse un indicio grave de culpabilidad. En ese movimiento, apodado Paras Equipo Colombia, también militaron la senadora Paloma Valencia, y el hoy representante a la cámara uribista Cesar Eugenio Martínez.
Ramos Botero ha dilatado su proceso judicial, abierto más de doce años después de los hechos, y alargado mediante argucias otra década, hasta obtener una condena de poco más de siete años de prisión. Y ha apelado la sentencia, no buscando absolución que con el acervo probatorio es técnicamente imposible, sino la caducidad del delito. Miserias del sistema judicial.
El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es una pieza que debe ser leída si se quiere entender cómo opera la criminalidad en este país, donde se ha dado lo que magistrados llaman “cooptación del Estado que tiene por finalidad el empleo de la función pública al servicio de la causa paramilitar”.
Allí recoge el testimonio de seis militantes del paramilitarismo pura sangre, que narran los detalles del acuerdo. Uno relató que, a cambio de votos y financiación, las bandas podían trabajar “organizadas”, en Medellín y Bello, sin oposición de la fuerza pública. Los pactos se sellaron en un centro comercial, y contaron con la participación de un general, Carrillo. Los paramilitares se comprometieron a darle instrucción militar a las bandas delincuenciales barriales, y a entregarles algunos fusiles.
A estos grupos “se les entregó una zona”, junto con los fusiles, “y se les dijo que podían hacer un robo mensual, pero bandido no deja de ser bandido, y esos muchachos empezaron a robar a los comerciantes”. Las bandas rendían cuentas a “Don Berna”, y “los de la terraza eran patrocinados por Arturo Quintero, dueño de Bellanita de Transporte, y por el doctor Luis Alfredo Ramos, quien les colaboró con transporte y con la legalización de las armas en el municipio de Bello”, se lee en el fallo.
Relata un testigo que Ramos los contactó con el alcalde de Bello, y con la policía hicieron el compromiso de dejarlos trabajar, pero, no “matar gente en las calles, si podían los desaparecían, (…) nada de hacer las cosas sin informar, si se iba a hacer un homicidio la policía debía saberlo, al menos para dar tiempo para que dieran al menos quince minutos para hacer que estaban por otra parte, ellos debían de estar enterados de esto”.
Como acto de cumplimiento de Ramos, este les “colaboró para que relevaran al comandante de la policía quien se negó a trabajar con ellos e impedía el transporte ilegal de gasolina”.
Tal testigo fue víctima de desaparición forzada. A otro lo amenazaron, le mataron un hermano, intentaron secuestrarle un hijo, y terminó cambiando la versión, la Corte presume válida la anterior.
Tal relato describe la criminalidad menuda que durante cuatro décadas oprime a la ciudadanía de Medellín, del Valle de Aburrá, de Antioquia, y que se ha extendido a todo el país. Pero, para que esto se dé es necesario articular a las grandes organizaciones del crimen, y en los testimonios que recoge la sentencia de la Suprema, se articulan paramilitares de Córdoba y Urabá, con pandillas del Valle de Aburrá, con el Cartel de la Gasolina, con el Bloque Centauros de los llanos, con los de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los del cartel del norte del Valle, más generales de la Fuerza Pública. Un gran entramado criminal en torno a un personaje anodino, que grita estridente una inocencia sin asidero.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Diario la Libertad
No tiene nada de extraño que a policos corruptos y a narcoparamilitares les guste la plata. Eso se le ocurre a cualquier pendejo. Lo que nos deja fríos es la crueldad y el dolor que causa su estupidez.