Convertirse en enemigo de los
narcos paramilitares es peligroso,
pero ser su aliado,
su cómplice,
su cogobernante;
apartar la mirada,
fingir no haber escuchado
o ser voluntariamente silente,
ser su amigo,
es fatal para
los ciudadanos, la sociedad y el Estado.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 24 de mayo de 2018, tomo una decisión judicial trascendental al declarar a “Las Masacres de La Granja, El Aro y San Roque y El Asesinato del Defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo” como crímenes de “Lesa Humanidad”[1]; su principal implicación al ser catalogados como crímenes de lesa humanidad, estos delitos[2] no prescriben en el tiempo y la acción penal sigue abierta para investigar a los responsables, entre ellos a Álvaro Uribe Vélez en su condición de Gobernador del Departamento de Antioquia.
“En consecuencia, al tipificarse los citados comportamientos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, las acciones penales derivadas de ellos devienen en imprescriptibles, lo cual obliga al Estado colombiano a adelantar una investigación exhaustiva, seria, imparcial y dentro de un plazo razonable para esclarecer plenamente lo ocurrido, juzgar y sancionar a los responsables.”
Al elevarse a la categoría de lesa humanidad, la justicia penal colombiana quedó obligada a mantener abiertas las líneas de investigación de manera permanente hasta dar con la verdad plena de los determinadores.
In .. nombrable(s) … Minotauro(s) … Para(s) … Narco(s) … Militar(es)
Laberintos …. Engaveta(dos) … ¿Silencia(dos)? …Judicializa(dos).
El momento actual es de … la Justicia, … todo vuelve …, aun cuando fue hace tanto tiempo, no debe quedar sepultada en las fosas comunes, en la oscuridad de la noche y en el pasado; la esperanza del amanecer, que hace visible el empedrado largo y tortuoso camino que se debe andar, el que la ciega justicia habrá de transitar y reconstruir para poder juzgar a quienes hicieron posible las masacres y a los responsables, tanto horror, despojos y muertes.
No es posible que nos sea inocuo el que se repita o se mantenga sin apoyo a quienes deben impartir justicia en el pasado… y hoy en el presente, no debe repetirse que los encargados de impartir justicia sean abandonados o estigmatizados por “Una dirigencia política y judicial indiferente o cómplice que los dejo solos, batallando sin mucho más que viejas máquinas de escribir, contra el Minotauro, de nacimiento híbrido y forma poderosa, que juntaba naturalezas diferentes: de narco, de militar, de ganadero, de político y de empresario.”[3].
Las victimas: los despojados de sus tierras, los amenazados, los desplazados, los exiliados, los torturados, los perseguidos, los silenciados y asesinados, los menores reclutados, las mujeres violadas, deben ser reconocidos, reivindicados, exaltados, encontrados, e indemnizados según les corresponda.
Es pertinente traer a la memoria la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[4] del 1 de julio de 2006, que en decisión unánime: estableció la responsabilidad del Estado: “…por la violación de los derechos a la: Vida, Libertad Personal, Integridad Personal, Propiedad Privada, Circulación y Residencia, Acceso a la justicia; así mismo por la desprotección, el constreñimiento para ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio y las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y el domicilio y por desprotección a condición de menor de los habitantes de los Corregimientos de la Granja y el Aro del Municipio de Ituango.
Esta decisión era la respuesta a las denuncias por hechos ocurridos en El Corregimiento de La Granja 11 de junio de 1996, con Radicación del 12050 del 14 de julio de 1998 y El Corregimiento El Aro 22 al 26 de octubre de 1997, con Radicación 12266 del 3 de marzo de 2000, del Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia; estas fueron acumuladas el 11 de marzo de 2004.
En esta determinación se encontró que las incursiones de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en las localidades de La Granja ocurridos el 11 de junio de 1996 y El Aro del Municipio de Ituango, y entre el 22 y el 26 de octubre de1997: … “fueron planeadas y dirigidas por reconocidos jefes de esa organización armada ilegal y ejecutadas por hombres bajo su supervisión, y encontraron asimismo, que agentes estatales participaron en algunas de las acciones criminales que se dieron en el marco de las referidas incursiones.” (solo la cursiva esta fuera de texto).
Hasta aquí la primera parte, la segunda incluirá algunos de los testimonios y los Hechos que se probaron … La tercera las incursiones a La Granja y El Aro … La Cuarta El Asesinato del Defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y El Parqueadero Padilla
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[1] Indagación Radicado 45110, Auto AP2230-2018
[2] Delitos conexos: Concierto para Delinquir Agravado, Homicidio en Persona Protegida, Tortura y Desplazamiento Forzado.
[3] Tomado del prólogo de María Teresa Ronderos: El valor de la justicia de libro, El laberinto del Parqueadero Padilla, La investigación judicial silenciada del paramilitarismo en Antioquia.
[4] Jueces: Sergio García Ramírez (México), presidente; Alirio Abreu Burelli (Venezuela), vicepresidente; Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil); Cecilia Medina Quiroga (Chile); Manuel Enrique Ventura Robles (Costa Rica); y Diego García Sayán Larrabure (Perú); Pablo Saavedra Alessandri (Chile), secretario y Emilia Segares Rodríguez, secretaria Adjunta
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Foto tomada de: Razón Pública
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