La consecuencia más visible y que impactará negativamente al país ya la había tomado la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el pasado mes de julio cuando decidió disminuir los recursos de la cooperación para Colombia que había estado cercana a los 400 millones de dólares anuales. La Cámara de Representantes redujo esa cooperación a 209 millones de dólares para el año 2026, con una disminución cercana al 50%, solo resta la aprobación del Senado de los EEUU que casi con toda seguridad aprobara esa disminución dada la mayoría republicana en dicho organismo.
La fallida política antidrogas del gobierno de los Estados Unidos
Casi todos los estudios y los organismos especializados en el tema de las políticas antidrogas han señalado que la política prohibicionista es un fracaso y han abogado por darle al problema del consumo un tratamiento de salud pública, de atención médica, a los consumidores adictos y no de tratamiento represivo. La solución entonces sería la despenalización del consumo y el tratamiento de salud pública con masivas campañas preventivas, centros de atención a la población adicta pues la mayoría de los consumidores de estas sustancias no desarrollan un consumo problemático, solo una parte de ellos genera conductas adictivas y es para ellos que se requiere de un enfoque centrado en su asistencia y tratamiento.
La guerra contra las drogas decretada desde el gobierno de Nixon en 1971 es un fracaso pues entre otras cosas parte de un diagnóstico que privilegia la represión a la oferta y no se centra en el consumo, en la demanda. De acuerdo con las cifras oficiales para 2023 había en los Estados Unidos 46 millones de personas que habían consumido dichas sustancias. Se calcula que el mercado mundial de las drogas movió para 2024 un aproximado de 500 mil millones de dólares la mayor parte de esa enorme suma de dinero se mueve en Estados Unidos y en Europa en sus sistemas bancarios sin que haya una robusta política de investigación y persecución de este inmenso lavado de activos que se hace desde los paraísos fiscales de Nevada, Delaware y Wyoming, principalmente y varios paraísos fiscales en las Islas británicas, Luxemburgo, Suiza y otros en Europa. La política norteamericana se centra en perseguir a los países donde se producen las drogas sintéticas principalmente China y México para la producción del Fentanilo y Colombia, Perú y Bolivia para la producción de cocaína.
No hay una política de salud pública en Estados Unidos para enfrentar el problema del consumo. En el año 2023 murieron aproximadamente 110 mil ciudadanos norteamericanos por consumo de sustancias psicoactivas de los cuales aproximadamente 100 mil relacionados con el consumo de Fentanilo. Es un problema de salud pública que los gobiernos bipartidistas de los Estados Unidos se niegan a reconocer. Toda la política consiste en imponer sanciones a los países productores y dentro de ellos Colombia con la narrativa que disminuyendo la oferta disminuirá el consumo lo que se ha demostrado que no es así, que esa política esta fracasada y seguirá fracasada.
Colombia: el giro del gobierno de Petro en la lucha contra las drogas
Con la llegada del gobierno de Petro la lucha contra las drogas se centro en primer lugar en la interdicción en la cual ha logrado cifras muy significativas. En 2024 fueron incautadas 889 toneladas de cocaína con un incremento en incautaciones del 20% y a hasta julio de 2025 se han incautado 600 toneladas, destruido 5.261 laboratorios y la captura de 183 extraditables. Han crecido también las cifras de extinción de dominio para los narcotraficantes y sus testaferros. Pero también hay que reconocer que la producción de clorhidrato de cocaína ha aumentado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC, ha señalado que en el año 2023 la producción anual de clorhidrato de cocaína habría llegado a 3.708 toneladas y las hectáreas cultivadas con coca habrían llegado para ese mismo año a 253 mil.
Esta descertificación debería ser aprovechada por el país, por una parte, para exigir corresponsabilidad a los gobiernos de los Estados Unidos y Europa para la adopción de un enfoque de salud pública para los consumidores en sus países, acciones efectivas para combatir el lavado de activos y el cierre o limitaciones a los paraísos fiscales desde los cuáles o en dónde se realiza ese inmenso lavado de activos.
Pero en Colombia hay que revisar a fondo la política de erradicación y sustitución de cultivos. No es cierto como lo pregona la oposición que es solo durante este gobierno que han crecido los cultivos de uso ilícito de la coca. A comienzos del gobierno de Duque en 2018 había 169 mil hectáreas de coca sembrada y al terminar su inepto gobierno había 204 mil hectáreas. Esta cifra ha aumentado en cerca de 50 mil hectáreas bajo el gobierno de Petro. Esto nos lleva a señalar que el Programa Integral de Sustitución de Cultivos, PNIS, debe ser revisado a fondo pues no viene dando resultados. Recordemos que desde el gobierno de Santos y sobre todo en el gobierno de Duque se incumplieron los pactos que desde ese programa se había hecho con 100 mil familias campesinas para erradicar cultivos de coca de uso ilícito. En el gobierno del presidente Petro los funcionarios que han estado al frente de dicho programa han fracasado. Eso lo reconoció la Corte Constitucional que dictó medidas cautelares para las familias afectadas por esos reiterados incumplimientos en los departamentos de Nariño, Cauca, Guaviare y en la región del Catatumbo.
El programa debe ser reestructurado partiendo de rehacer las relaciones con las familias campesinas decididas a erradicar de manera voluntaria los cultivos de uso ilícito pero ese programa debe estar estrechamente conectado con el programa de reforma rural integral para atender las familias que viven y cultivan en zonas de reserva natural, territorios indígenas y de las comunidades negras, donde no se puede hacer adjudicación de tierras; para que sean reubicadas; en aquellas zonas susceptibles de titulación se deben garantizar recursos de subsistencia mientras los sembradíos de cultivos comiencen su rendimiento productivo y todo ello debe acompañarse de una presencia integral del Estado con vías terciarias, centros educativos, puestos de salud, y garantías de comercialización de la producción. Eso es lo que no ha funcionado durante este gobierno. La prueba de fuego esta ahora en el Cañón del Micay y en la región del Catatumbo donde no debe parar la ofensiva militar y de la Fuerza Pública para ocupar permanentemente estos territorios y donde se debe concretar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y un programa así debe extenderse en el futuro a los 14 municipios que concentran el 60% de los cultivos de coca en el país.
Debe haber más inteligencia y contrainteligencia para ubicar los sectores y actividades que se utilizan para el lavado de activos en el país y proseguir con la extinción de dominio de propiedades que deben como lo ha hecho este gobierno utilizarse para actividades de reforma agraria y de reinversión social en las comunidades más pobres del país. Estas son cosas que deberían profundizarse. Y el gobierno debe profundizar sus relaciones de cooperación con el sudeste asiático y con Europa, diversificar sus exportaciones porque Estados Unidos es un socio poco estable, aunque se deberán mantener también las relaciones comerciales y de cooperación, pero diversificando las dependencias del país.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Carolina Corcho en X
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