Ya por experiencia propia el pueblo colombiano ha venido aprendiendo la importancia que tiene tanto la elección presidencial como la elección del Congreso de la República. Con todos los problemas que haya tenido este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, queda claro para un sector muy amplio de la población que la elección presidencial es clave para promover los cambios que desde hace muchos años el país y esas mayorías están reclamando. El cambio son las reformas estructurales que desmonten en primer lugar las reformas neoliberales que se aprobaron principalmente durante la década de los años noventa y en la primera década de este siglo.
Esas reformas privatizaron servicios públicos básicos como la salud, debilitaron la educación pública solo que la organización gremial de los maestros, FECODE, resistió ese debilitamiento y las políticas que favorecieron al sector privado de la educación sobre todo la educación superior. Ser pilo paga era el programa que buscaba subsidiar con millonarios recursos públicos la educación superior prestada por las universidades privadas. Lo opuesto es por supuesto la matrícula cero y el fortalecimiento de las universidades públicas para ampliar la cobertura educativa sobre todo hacia los sectores populares. Queda pendiente por supuesto el problema de la calidad que un nuevo gobierno progresista debería colocar en su agenda como parte de esa revolución educativa.
Las pensiones fueron semiprivatizadas. El impulso a los fondos privados de pensiones y el decidido apoyo estatal al régimen de ahorro individual fue la política pública predominante. Se buscaba marchitar el régimen de prima media que por la resistencia de los trabajadores y sus organizaciones sobrevivió a esa ola privatizadora. Más de treinta años de existencia demostraron que no se avanzó en cobertura y las pensiones de los fondos privados redujeron de manera sustantiva las mesadas pensionales para los pocos que lograron pensionarse. Pese a la propaganda de los medios corporativos la población se fue trasladando a Colpensiones cuando comprobaron que las mesadas de ésta última y el sistema de prima media era mucho más favorable. El gobierno se empeño en sacar adelante una reforma pensional que sin desmontar totalmente los fondos privados universalizara la pensión como un derecho fundamental. Esta reforma aprobada en el Congreso ahora vive su calvario en una Corte Constitucional indolente y permeada por la oposición y por el lobbying de esos fondos privados. La semana pasada hubo un empate en la votación de la ponencia del presidente de este tribunal judicial, Jorge Enrique Ibañez, que pide que se declare inconstitucional por vicios de procedimiento. Ante este empate se tuvo que sortear a un conjuez que ahora tiene en sus manos los derechos de los trabajadores y de la reforma que busca dotar de un mínimo vital a 3.5 millones de adultos mayores que no tienen un ingreso mínimo de sobrevivencia, al mismo tiempo que busca fortalecer el régimen público que mejoraría la pensión del 80% de los trabajadores. Esta reforma tan necesaria puede naufragar en esta Corte que ha abandonado el tinte progresista que tuvo en el pasado. Es ahora un tribunal permeado por la defensa de los intereses oligárquicos.
Otra de las reformas que buscó desmontar este gobierno fue la reforma laboral que precarizó las condiciones laborales donde han predominado los contratos por prestación de servicios sin prestaciones sociales, sin vacaciones pagadas, el no pago de las horas extras, el no pago del 100% de los dominicales. Esta reforma fue aprobada y ahora el gobierno batalla porque se implemente tanto en el sector público como en el privado. La reforma para que pudiera ser aprobada dejó de lado los derechos colectivos y la garantía para la organización sindical de los trabajadores. Es una reforma importante pese a este recorte porque se busca proteger el contrato laboral con garantías y derechos.
Se ha avanzado como nunca antes en el proceso de la reforma rural integral por tres vías. La primera con la compra de tierras, la segunda con la entrega de bienes incautados al narcotráfico y la tercera con la recuperación de baldíos. El gobierno de Petro al final de su mandato habrá entregado un millón de hectáreas a familias campesinas sin tierra, hoy ya ha entregado 850 mil, ha formalizado más de 1.5 millones de hectáreas y se han restituido cerca de 800 mil hectáreas en total desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011, en este gobierno se han restituido a sus legítimos propietarios cerca de 300 mil hectáreas. Pero en el Congreso naufraga el proyecto de Ley de la jurisdicción agraria que busca agilizar los trámites para compra de tierras, para recuperación de baldíos por vía administrativa y para restitución por vía administrativa. El peso de los terratenientes en este Congreso es lo que impide que se avance en esta reforma para avanzar a un mayor ritmo en la reforma rural integral.
La reforma a la salud naufraga en la Comisión séptima del Senado, donde los intereses de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, en profunda crisis, han logrado derrotar los esfuerzos del gobierno por quitar a esas entidades privadas el manejo de los recursos públicos. Las investigaciones por el saqueo, la malversación y la corrupción de estos recursos duermen el sueño de los justos en la fiscalía donde prácticamente se desmontaron los equipos que llevaban adelante esas investigaciones. Luz Adriana Camargo, la fiscal General, fue doblegada por los poderosos intereses de los clanes políticos y los conglomerados económicos que han hecho de la salud un negocio.
Para completar el paneo de las reformas en el Congreso hay que señalar que en su primera legislatura se logró aprobar una reforma tributaria progresiva que luego habría de ser recortada por la Corte Constitucional que tumbó la norma que permitía que no se descontarán de los impuestos las regalías que pagan sobre todo las multinacionales que extraen y explotan nuestros recursos naturales. Esto significó un recorte de esa reforma en unos 6 billones de pesos que hoy hacen mucha falta para la inversión social. El Congreso se ha negado a aprobar layes de financiamiento progresivas para fortalecer las finanzas públicas. Hay ahora una segunda propuesta que enfrenta la férrea oposición y su trámite es incierto.
Estas fueron, sucintamente reseñadas, las reformas principales que este gobierno presentó al Congreso de la República. Esta breve reseña lo que busca es mostrar que el principal obstáculo hoy a la agenda reformista esta en el Congreso de la República y en su actual composición política. Sin lograr mayorías progresistas en el Congreso será imposible avanzar en la aprobación de reformas que tienen como propósito central la construcción de una sociedad más justa, con equidad y con justicia social. Esa agenda de transformación democrática requiere un cambio en la correlación de fuerzas que permitan que estas reformas que quedan pendientes y otras urgentes como una reforma a fondo de la justicia, la reforma política que ha naufragado dos veces en el Congreso, así como una necesaria reforma a los servicios públicos domiciliarios. No basta con ganar las elecciones presidenciales si no hay una renovación política. La campaña al Congreso debe estar acompañada de una verdadera pedagogía política para que los ciudadanos comprendan la importancia de la elección parlamentaria. Esta campaña debería abocar esta tarea.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Senado.gov.co
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