Las preguntas sobre la reforma a la salud se introdujeron por dos razones a mi juicio. La primera para denotar que se trata de otra Consulta que no es la anterior hundida de forma bastante fraudulenta en el Senado de la República el miércoles 14 de mayo y la otra razón por el probable archivo también de la reforma a la salud que no ha sido discutida pese a que lleva ya varios meses en esa misma Comisión Séptima del Senado y se aplaza su discusión con tácticas dilatorias como la programación de nuevas audiencias, mesas técnicas, para no iniciar su trámite en dicha Comisión, con ello el gobierno también mete presión a esta marrullera e indolente Comisión que reúne en sus mayorías a lo peor del clientelismo y de la política tradicional.
Los argumentos de la filibustera y obstruccionista oposición en contra del proyecto de la nueva Consulta Popular se reducen a tres argumentos centrales. Según la oposición a los altos costos que demanda la organización del proceso electoral calculado en unos 350 mil millones de pesos, el segundo a que el proyecto de reforma laboral ha sido rescatado por la plenaria del Senado y enviado a la Comisión Cuarta para que allí se realice y decida en su tercer debate y la tercera objeción es que la reforma a la salud no ha sido aún hundida y se encuentra en trámite en la Comisión Séptima del Senado. Hay además dos argumentos de fondo en la discusión que han resultado falaces y que no han podido ser demostrados. El principal argumento para oponerse a la reforma laboral es que se perderán unos 400 mil empleos y con respecto a la reforma a la salud que lo que pasa es que la Unidad de Pago por Capitación, o sea el dinero que mes a mes el Estado entrega de manera adelantada a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, por cada colombiano afiliado es insuficiente. Los otros argumentos han sido refutados uno a uno en el debate en el Congreso y en el debate público.
Veamos cada una de las objeciones. Los altos costos. La democracia y la participación ciudadana cuestan. Ese argumento es baladí. Con ese mismo argumento se podría señalar entonces para que hacer elecciones si ellas tienen un alto costo. Todos los procesos electorales son costosos y la sociedad debe asumirlos. Cuando hay un bloque institucional como el que existe en Colombia y como lo ha advertido la Corte Constitucional el pueblo puede y yo agregó debe, ser convocado para que resuelva. Es la forma democrática como se desbloquea una situación planteada por uno de los poderes que se atraviesa a los cambios que el pueblo mandató al apoyar con más de 11.5 millones de votos cuando eligió como presidente a Gustavo Petro. El bloqueo proviene en este caso del Congreso y la única forma democrática de resolverlo es con la convocatoria a la ciudadanía para que dirima.
En cuanto al segundo argumento en contra de que se vuelvan a incluir las preguntas de la reforma laboral cuando se ha reiniciado su trámite en la Comisión Cuarta del Senado el argumento es sencillo para controvertirlo. En primer término el gobierno concertó el proyecto de Ley, cedió para ganar mayorías en la Cámara y en el Congreso, eliminó todo lo relacionado con las organizaciones sindicales, el día terminaría a las siete de la noche y no a las seis de la tarde como rezaba en el proyecto original, desparecieron las madres comunitarias del proyecto, en fin la flexibilidad del gobierno fue grande para lograr consensos, pero aun así la mezquindad de los parlamentarios y de la oligarquía fue tal que ni esa reforma reducida paso el filtro de la Comisión Séptima, ahora en las 12 preguntas se recuperan algunos de esos contenidos iniciales y será el pueblo el que decida. Pero hay otro argumento que si se aprueba la reforma en el Congreso sobra la Consulta popular. No sobra, uno por lo que ya dijimos antes, se recuperan temas que fueron eliminados en el trámite parlamentario y dos, lo que se apruebe en la Consulta Popular volverá al Congreso que tiene seis meses para aprobarlo si no lo aprueba el presidente de la República expedirá decretos leyes para cumplir el mandato popular. Lo que ya haya sido aprobado y coincida con las preguntas de la Consulta simplemente no será presentado al Congreso de nuevo.
El argumento en contra de que se incluyan las preguntas de salud en la Consulta Popular es que se encuentra en trámite en la Comisión Séptima. Allí la suerte del proyecto no esta garantizada. Esta Comisión de manera indolente la hundió sin debatirla el 3 de abril del año 2024 con la firma de nueve senadores y senadoras. Ahora el proyecto lleva varios meses y se dilata el inicio del debate. Luego hay suficientes pruebas del obstruccionismo de dicha Comisión. Mientras tanto la crisis del sistema de salud se profundiza y se seguirá profundizando porque esa crisis es estructural. Se argumenta que ahora más de la mitad de los afiliados pertenecen a EPS intervenidas. Pues el gobierno tuvo que intervenirlas porque están quebradas, tienen deudas billonarias y no tienen reservas técnicas para responder por esas deudas y casi todas las EPS intervenidas no tienen patrimonio o peor aún tienen patrimonio negativo: están quebradas y de allí no se levantaran por más que se intente salvarlas.
Deben 25 billones de pesos a clínicas y hospitales y proveedores de medicamentos. Y peor aún en las mesas técnicas celebradas en octubre de 2024 y en las mesas técnicas celebras en marzo, abril y comienzos de mayo, mesas ordenadas por la Corte Constitucional, no han podido demostrar que los recursos que les gira el Estado son insuficientes. Por eso ahora la pregunta es que hará la Corte Constitucional cuando se ha vuelto a demostrar con las propias cifras de las EPS que son las únicas cifras que hay, que los recursos alcanzan si son bien administrados, también lo demuestran dos grandes EPS que son Sura y Salud Total. Por ello las cuatro preguntas contenidas en la propuesta de Consulta Popular apuntan a resolver de manera estructural la crisis del sistema de salud.
Y sobre los dos argumentos de fondo que la reforma laboral al volver al régimen anterior a la ley 789 de 2002 y garantizar un mínimo de condiciones dignas como el pago del 100% de los festivos y las horas extras a partir de las seis de la tarde como el contrato laboral a los aprendices del SENA ocasionará la pérdida de 400 mil empleos es una falacia. Eso mismo se ha alegado en contra de subir el salario mínimo por encima de la inflación y esto ha ocurrido en los últimos tres años y las tasas de desempleo no se dispararon por el contrario han disminuido ubicándose ahora por debajo del 10%. La Consulta Popular además contempla mecanismos compensatorios para la pequeña y mediana industria que son los sectores que mayor empleo generan en Colombia.
La pertinencia de las preguntas sobre el sistema de salud
Las compras centralizadas de los medicamentos y el fortalecimiento de la industria de producción de los medicamentos son dos medidas pertinentes como lo contempla la pregunta 13 del proyecto de Consulta Popular. Colombia debe recuperar la producción de vacunas que fue torpemente eliminada en el gobierno de Pastrana y como lo señala el documento CONPES de reindustrialización uno de los sectores que brinda condiciones para ello es el sector de la salud y de la industria farmacéutica.
El manejo público de los recursos públicos es la pregunta 14 y es uno de los pilares de la reforma propuesta al sistema de salud. Acabar con la entrega de recursos públicos para que las EPS los manejen a discreción y sin mecanismos de control es parte nodal de la crisis. El manejo público debe acompañarse de un sistema doble de auditorías. Las Gestoras de salud y vida harán una auditoria sobre los prestadores de servicios de salud y la Administradora de los Recursos de la Salud, ADRES, hará una Auditoria aleatoria sobre las cuentas auditadas por las Gestoras de Salud y vida. La pregunta 14 del Proyecto de Consulta Popular contempla el pago directo de la ADRES a las clínicas y hospitales.
La pregunta quince establece que el sistema se basará en un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto. Algunos dicen que la atención primaria en salud ya está contemplada en la ley 1438 de 2011 lo cual es cierto, pero ha sido imposible llevarla a la práctica por dos rezones. La primera porque la ley no estableció la obligatoriedad de invertir más del 10% del total de los recursos de la salud a la atención primaria y los mejores sistemas de salud del mundo destinan alrededor del 30% del total de los recursos en la atención primaria. Ese límite del 10% lo estableció la ley 715 de 2001 en sus normas orgánicas, por tal razón y mientras esta ley no se reforme no se puede llevar adelante completamente la restructuración del sistema y la creación de un sistema con base en la atención primaria en salud. El otro poderoso factor es que el sistema de salud está estructurado no con base en la atención primaria y la prevención sino en la atención de la enfermedad. Es lo que hay que cambiar y es lo que propone la reforma.
Y finalmente la pregunta 16 de la propuesta de Consulta Popular pregunta si se está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo. Hay que tener en consideración que hoy cerca de 900 mil trabajadores viven en una precariedad laboral, sin contratos estables de trabajo, mal remunerados, sin prestaciones sociales ni vacaciones pagas, la mayor parte son contratos por Orden de Prestación de Servicios. Dignificar el trabajo de los trabajadores del sector de la salud, de los cuidadores de la vida, es algo que esta contemplado en el proyecto de reforma a la salud.
Por ello las preguntas son pertinentes y apuntan a los problemas que han ocasionado la profunda crisis en que se encuentra el sector de la salud. Sobre ello se ha debatido durante muchos años sin que el Congreso haya legislado para resolverlos. Claro que la propuesta de consulta mete presión a la indolencia de los senadores y senadoras de la Comisión Séptima, es una justa presión democrática ante su filibusterismo y obstruccionismo.
Lo que estamos viviendo en estos tres últimos meses es un proceso de toma de conciencia masiva sobre la importancia que tiene el Congreso en Colombia. Es un verdadero proceso de pedagogía política. Los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los indígenas, las mujeres, los trabajadores informales, han visto quiénes realmente representan sus intereses y quienes no los representan. Pero también vienen aprendiendo que en la democracia son ellos los que tienen el poder cuando votan bien, cuando votan a partidos que defienden sus intereses. Por eso la lección es que hay que renovar por completo el Congreso en marzo del próximo año.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Desde Abajao
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