El desfinanciamiento del fisco parte de un manejo irresponsable que hizo el Gobierno Duque, que sobre endeudó al país.
Pese a que recibimos un PGN con un 92% del recurso inflexible, en el primer año de gobierno logró sacar a más de 1.6 millones de personas de la pobreza y a 1.3 millones de la pobreza extrema, reduciendo la pobreza en 20 de los 32 departamentos.
Se logró sacar igualmente a 2.5 millones de personas de la inseguridad alimentaria. Se logró reducir el desempleo a un solo dígito.
Se logró reducir la deuda externa de 57.7% a 47.5% del PIB y bajar la inflación del 13.34% al 5.2 % en los últimos 21 meses.
Según la prestigiosa revista The Economist, se exalta el manejo de la hacienda pública en Colombia, como la sexta en el mejor desempeño entre 36 países de la OCDE.
Se observa que el presupuesto general de la Nación es notoriamente inflexible. La sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías para las industrias extractivas generó una caída de $9.9 billones entre 2024 y 2025, lo cual fue un golpe mortal a la inversión social, con un fallo que hemos señalado contradice prácticas constitucionales de blindaje de la tributación. El recaudo del Gobierno ha sido inferior al esperado (se habla de $47 billones). Esto afecta la generación de empleo y catapulta la pobreza y la exclusión social. Con la Ley de financiamiento $12.8 billones iban para inversión y $42 billones de la transferencia del SGP hacia las regiones.
Con la Ley de Financiamiento se esperaba recaudar $12 billones para atender el presupuesto de inversión de 26 de 31 sectores, y en 81 de 163 entidades. Esta reforma es la que presentaba menos recaudo en los últimos 10 años, comparada con las de Santos y Duque. Con la caída de la Ley, las inversiones en todos los Departamentos se ven menguadas ostensiblemente.
El Gobierno se obligó a hacer un recorte de $28 billones para manejar la crisis presupuestal.
El Congreso asume por medio de las bancadas de la oposición una cerril contravía frente a las iniciativas del Gobierno, como esta Ley de financiación, la jurisdicción agraria, la reforma política y otras que prevén un camino doloroso y lleno de espinas. Vargas Lleras y la derecha más recalcitrante salieron a festejar la derrota del proyecto.
Se pensaba gravar las rifas ilegales en línea y por esa vía recaudar $2 billones. Se ha dicho que se pierde por evasión y elusión $50 billones. Y la Contraloría dice que hay más de $3.2 billones en fiducias que se pueden sacar para invertir en desarrollo social. El Gobierno debería tomar ese dinero. Por lo pronto, ha dicho que recortará $4 billones.
La pregunta sobre ¿qué pasará? Es evidente. Lo cierto es que las relaciones con estas bancadas están muy tensas, pues el presidente Petro tildó de “malditos” a los que hundieron la reforma. Ello ha generado todo tipo de reacciones que en política tiene sus efectos. No se vislumbra en el corto plazo una mediación que ponga fin a la cerrazón de la oposición en las cámaras, máxime cuando la campaña del 26 empezó desde ahora con una fuerte andanada a todas luces vista.
La visceralidad con que están atacando las iniciativas del Gobierno hace muy difícil que se prevea un cambio de actitud del Legislativo frente al presidente Petro. La perjudicada, en últimas, es la comunidad. A las bancadas que hundieron el proyecto es lo que menos le interesa.
Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC
Foto tomada de: Senado de la República
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