El reciente informe de la OIT sobre la situación de la justicia social[i] muestra luces y sombras. En el lado positivo, en los últimos 30 años la pobreza extrema mundial pasó del 40% al 10%, el trabajo infantil se redujo de 20% a menos del 8% y más de la mitad de la población mundial accede hoy a alguna forma de protección social.
Son avances significativos, aunque aún insuficientes, pues la realidad muestra un panorama menos alentador: un cuarto de la humanidad carece de agua potable, 138 millones de niños aún trabajan, el 58% de los trabajadores sigue en la informalidad y el 1% más rico concentra casi 40% de la riqueza mundial. La desigualdad, lejos de retroceder, se consolida como una amenaza contra la cohesión social y la democracia.
La OIT identifica cuatro pilares para avanzar hacia la justicia social:
- Derechos humanos fundamentales
La justicia social se fundamenta en los derechos humanos, los derechos laborales y la mejora de las capacidades de las personas. Múltiples tratados internacionales reconocen que la libertad de expresión es un derecho fundamental e indispensable para garantizar los derechos sociales, políticos y económicos.
La justicia social comienza con la garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo: libertad sindical, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso e infantil, igualdad de trato y derecho a un ambiente seguro. Estas garantías no constituyen aspiraciones recientes formuladas por la OIT, sino principios universales consagrados desde hace décadas en convenios internacionales e incluso mencionados en el preámbulo de su Constitución. Su cumplimiento asegura que cada persona sea tratada con dignidad y se convierta en sujeto activo de una economía más justa.
- Igualdad de acceso a oportunidades
La justicia social exige que todos los trabajadores tengan acceso real y equitativo a oportunidades de educación, formación y trabajo decente[ii]. Esto implica eliminar las barreras que enfrentan mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y sectores históricamente excluidos. Garantizar igualdad de acceso no solo reduce la desigualdad, sino que amplía el potencial productivo de una sociedad y fortalece su cohesión social.
El sector privado genera casi el 90% del empleo mundial, con las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a la cabeza, aportando cerca del 70%. Esto subraya su papel crucial en la generación de oportunidades para todos. A pesar de su importancia, las MIPYMES a menudo enfrentan una significativa brecha de productividad respecto a las empresas grandes. Para mejorar las condiciones laborales y la productividad en este sector, es fundamental facilitar el acceso al crédito, la tecnología y la inversión en la formación de sus trabajadores
- Distribución equitativa
El crecimiento económico pierde legitimidad si no se traduce en bienestar compartido. Por ello, la distribución equitativa se convierte en pilar esencial de la justicia social, mediante salarios dignos, negociación colectiva efectiva, impuestos progresivos y sistemas de protección social universales. Una economía justa no se mide solo por el PIB, sino por la manera en que reparte sus frutos entre quienes la hacen posible: los trabajadores.
Existen dos políticas clave para lograr una distribución más igualitaria de los ingresos: el salario mínimo y la negociación salarial: El salario mínimo, ya sea fijado por ley o mediante negociación, es una herramienta fundamental para combatir los salarios bajos y la desigualdad.
Por su parte, la investigación académica demuestra consistentemente que los sindicatos y la negociación colectiva también reducen la desigualdad salarial. A pesar de su eficacia, la negociación colectiva tiene una baja cobertura global (solo un tercio de los empleados), y las tasas de sindicación han estado disminuyendo durante décadas.
- Transiciones justas frente al cambio climático y la digitalización
El futuro del trabajo está marcado por dos grandes transformaciones: la transición energética frente al cambio climático y la digitalización de la economía. Para que estas no profundicen desigualdades, deben ser “transiciones justas”, es decir, procesos que protejan empleos, aseguren formación en nuevas competencias y generen alternativas sostenibles. Solo así la innovación y la sostenibilidad se convierten en motores de inclusión y no en fuentes de exclusión.
El envejecimiento demográfico global plantea serios riesgos para la viabilidad de los sistemas de seguridad social y el suministro de fuerza laboral necesaria para la industrialización. Por lo tanto, esta tendencia debe revertirse para garantizar la sostenibilidad de la economía futura.
El Camino a la Paz: Del Desarrollo a la Justicia Social
Sin embargo, la progresividad de estos derechos depende de un factor que el informe apenas sugiere pero que es determinante: el desarrollo económico.
No es posible sostener y/o ampliar cobertura en salud, pensiones, educación o servicios públicos sin un aparato productivo sólido que genere riqueza y financie la política social. Por eso los Estados deben recuperar instrumentos de crédito de fomento hacia sectores estratégicos (manufacturas, agro, infraestructura, energías limpias, inteligencia artificial aplicada a la producción), asegurar una tributación equitativa, estabilidad cambiaria y control a la especulación, al contrabando y al lavado de activos.
La crisis del orden unipolar occidental y de su sistema financiero —que se encuentra al borde del colapso por el peso de la burbuja especulativa— abre paso a procesos multipolares orientados a construir un nuevo paradigma de seguridad y desarrollo. Iniciativas como el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) o la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (IFR) ofrecen alternativas de cooperación financiera y productiva que pueden fortalecer la capacidad de los países para garantizar justicia social sin depender de recetas de austeridad dictadas desde Washington o Bruselas.
La lección es clara: no habrá paz ni estabilidad si la justicia social sigue siendo postergada. La OIT lo advirtió en 1919 y lo recuerda hoy. Pero el camino no pasa solo por el reconocimiento formal de derechos, sino por un modelo de desarrollo que coloque la producción, el empleo digno y la equidad en el centro de las políticas públicas para hacer posible el acceso a derechos. Esa es la verdadera base de una paz duradera.
Los retos de Colombia para alcanzar la justicia social
Los problemas de violencia que enfrenta nuestro país, con la expansión de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y otras bandas delictivas, sumados a los cultivos ilícitos, el narcotráfico y la migración constante hacia el exterior —que durante el gobierno Petro asciende a más de un millón de personas[iii], pese a las políticas restrictivas contra migrantes en Estados Unidos y Europa—, y los altos niveles de desigualdad que aún persisten, reflejan que el camino hacia la justicia social sigue siendo esquivo para Colombia. A continuación, señalo algunos de los principales retos que debe afrontar la nación para alcanzar la justicia social como base de una paz estable y duradera.
- Situación Laboral y de Seguridad Social
Aunque las cifras del DANE muestran una tendencia a la reducción del desempleo, esta se explica más por el colapso demográfico y los flujos migratorios que por una expansión de la dinámica laboral, ya que la economía viene generando ocupación a un ritmo decreciente. Además, la informalidad laboral persiste sin señales de una mejora sustancial
Para el total nacional, en el trimestre móvil mayo-julio de 2025, según el DANE, se observa que el 55% de las personas ocupadas se encontraban en la informalidad. Paralelamente, solo el 51.3% de la población ocupada cotiza al régimen de salud contributiva y un 44% lo hace a pensiones. Estas cifras reflejan un desafío estructural en la calidad del empleo y la protección social de los trabajadores.
La reciente aprobación de la reforma laboral, la reforma pensional —aún pendiente de revisión por la Corte Constitucional— y la urgente reforma a la salud, necesaria para evitar el colapso del sistema, requieren para su viabilidad de largo plazo un fortalecimiento del aparato productivo que genere riqueza real y una necesidad creciente de trabajos estables y bien remunerados.
- Los Riesgos de una Transición Energética Abrupta
La transición energética se está realizando de manera abrupta, con significativos riesgos económicos y sin un diálogo social robusto que proteja los empleos existentes, asegure la formación en nuevas competencias y genere alternativas sostenibles. Es imperativo garantizar una transición energética justa que incorpore el desarrollo de fuentes confiables. Esto es crucial para respaldar el proceso de industrialización propuesto por el gobierno, el cual aún no ha logrado despegar.
Actualmente, en las negociaciones colectivas de las empresas manufactureras, los empleadores utilizan el argumento de los altos costos de la energía —donde las facturas del gas natural se han duplicado— para limitar las mejoras laborales. Es crucial que el gobierno comprenda que, para producir bienes esenciales como acero, cemento, químicos, fertilizantes, productos de limpieza y plásticos, se depende de insumos como el gas y el petróleo. La energía intermitente de paneles solares y molinos de viento, por sí sola, no puede sostener la alta demanda energética de estas industrias pesadas, ni será suficiente para impulsar el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la digitalización de la economía. Sin una base energética sólida, Colombia podría quedar excluida de los sectores estratégicos que caracterizan a las economías avanzadas.
Paradójicamente, la política energética del Gobierno está llevando a que las empresas manufactureras, que dependen del gas natural, migren hacia calderas de carbón para reducir costos, con impactos ambientales aún mayores[iv]. En otras palabras, una política que pretende reducir las emisiones de carbono termina incrementándolas. Este retroceso en la transición energética constituye una reedición, en clave energética, de la tragedia de Edipo Rey: en el afán de evitar un destino, se termina caminando directamente hacia él.
- Infraestructura y Financiamiento para el Desarrollo
Para facilitar el desarrollo industrial se necesita una robusta infraestructura física y una integración digital. Frente a las limitaciones fiscales del país, el respaldo de mecanismos financieros internacionales, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, podría ser fundamental para materializar proyectos de ferrocarriles eléctricos de alta velocidad, infraestructura vial, fibra óptica y avances en ciencia y tecnología de vanguardia.
Dentro del abanico de opciones energéticas, la energía nuclear emerge como una alternativa eficiente y de bajas emisiones, con aplicaciones que van más allá de la generación eléctrica, como el tratamiento de enfermedades mediante terapias radioactivas. Países como Bolivia[v] y Nicaragua[vi], con el apoyo de Rusia, ya están desarrollando centros de medicina nuclear, lo que ilustra el potencial de esta tecnología. Incluso Bolivia adelanta la construcción de un Reactor Nuclear de Investigación, que estará en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear de El Alto[vii].
- Hacia un Modelo de Desarrollo Centrado en la Producción
Para que Colombia avance hacia un modelo de desarrollo basado en la producción y procesos económicos de alta eficiencia, es indispensable:
- Fortalecer la industria manufacturera.
- Desarrollo de infraestructura para la conectividad física.
- Una digitalización profunda que incluya la Inteligencia Artificial (IA).
- Garantizar el acceso a fuentes energéticas de alta densidad y eficiencia.
Este modelo debe generar empleos de alto valor y alta productividad, formalmente vinculados a la seguridad social, sustentados en la ciencia, la tecnología y una infraestructura física y digital de primer nivel.
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[i] https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eu-st01.ext.exlibrisgroup.com/41ILO_INST/storage/alma/F2/F9/43/D9/69/6C/1F/E8/58/3E/39/8C/44/8A/A2/B3/9789220410578_ES_SOSJ_Web_SPA.pdf?response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20251005T051005Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=119&X-Amz-Credential=AKIAJN6NPMNGJALPPWAQ%2F20251005%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=085f16e614ffb05e7ab7bc82486c2930d7990f54665537a6f743c3d8f2edf463
[ii] El concepto de trabajo decente introducido por la OIT en 1999 se refiere a un empleo productivo para mujeres y hombres, cubierto por sistemas de protección social, respetuoso de los derechos laborales y en condiciones negociadas mediante sólidos mecanismos de diálogo social
[iii] https://unidad-administrativa-especial-migracion-colombia.micolombiadigital.gov.co/sites/unidad-administrativa-especial-migracion-colombia/content/files/001982/99082_informe-flujos-migratorios-colombianos-2024-2.pdf
[iv] https://www.linkedin.com/posts/sac2_empresas-se-est%C3%A1n-devolviendo-al-carb%C3%B3n-por-activity-7361713234053107713-VFaW/?originalSubdomain=es
[v] https://www.mhe.gob.bo/2025/04/07/cooperacion-con-rusia-en-energia-nuclear-transforma-vidas-en-bolivia-y-abre-camino-a-la-industrializacion-del-litio/
[vi] https://www.youtube.com/shorts/VRJ3OLRJX4k
[vii] https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/08/17/rusia-fortalece-su-presencia-en-bolivia-moscu-envio-los-primeros-componentes-del-reactor-nuclear-que-construye-en-el-alto/
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: La Patria
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