El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre Nueva EPS presenta conclusiones alarmantes sobre supuestas irregularidades financieras y contractuales. Sin embargo, un análisis detallado del documento revela una limitación fundamental que compromete la validez de sus hallazgos: la ausencia de estados financieros certificados y auditados para los períodos analizados.
Examinamos las inconsistencias metodológicas del informe y demostraremos por qué sus conclusiones deben considerarse preliminares y carentes de sustento contable real.
El problema fundamental: la ausencia de estados financieros certificados
El informe de la Contraloría omite mencionar un hecho crucial: la contabilidad de Nueva EPS para 2023 tuvo que ser reprocesada integralmente, la de 2024 está actualmente en proceso de reproceso, y por esta razón no existen estados financieros auditados ni certificados para 2025. Esta situación fundamental invalida gran parte del análisis presentado.
Ejemplos concretos de falta de sustento contable
1. Análisis de Reservas Técnicas Sin Base Contable Válida
El informe señala diferencias de $1.6 billones en reservas técnicas para diciembre 2024 (página 43), pero esta cifra carece de validez al no estar respaldada por estados financieros certificados. Como el propio informe reconoce: “no fue posible validar la correspondencia entre los servicios autorizados y los contratos reportados por la entidad” (página 40).
Sin estados financieros auditados, estas cifras son meramente estimaciones sin sustento contable real, lo que convierte cualquier conclusión sobre “faltantes” en especulación.
2. Glosas y Facturación: Datos Sin Trazabilidad Contable
El documento reporta incrementos “atípicos” en cuentas procesadas de $78.2 billones en 2023 y $115 billones en 2024 (página 71), calificándolos como “variaciones que requieren verificación”. Sin embargo, estos datos provienen de sistemas operativos, no de libros contables certificados.
3. Contratos y Modalidades: Análisis Sobre Arena Movediza
El informe critica la ausencia de expedientes contractuales para 18 prestadores (página 5) y contratos sin modalidad definida. No obstante, reconoce que muchas de estas situaciones corresponden a “eventos de atención prioritaria” y que las entidades “se encuentran en proceso de legalización” (página 27).
Inconsistencias metodológicas evidentes
- Falta de cruce con información oficial: El informe no cruza sus hallazgos con los reportes oficiales a la Superintendencia de Salud ni con estados financieros auditados.
- Uso de datos operativos como definitivos: Toma cifras de sistemas transaccionales sin validar su registro contable final.
- Omisión del contexto de reproceso contable: No menciona que las cifras analizadas están sujetas a ajustes contables pendientes.
Contradicciones internas del informe
El propio documento reconoce sus limitaciones. En múltiples ocasiones señala que “no fue posible verificar” (páginas 39, 40, 147) y que existe “incertidumbre respecto a la base sobre la cual se estima el valor de la reserva técnica” (página 40). Estas admisiones invalidan las conclusiones categóricas presentadas posteriormente.
Impacto en la opinión pública y mercados
La divulgación de un informe con conclusiones alarmantes, pero sin sustento contable certificado genera efectos desproporcionados:
- Deterioro de la confianza pública sin justificación técnica sólida
- Posible afectación al mercado financiero basada en datos no auditados
- Riesgo de decisiones regulatorias precipitadas sobre información preliminar
Recomendaciones para un análisis riguroso
- Esperar la conclusión del reproceso contable 2024 y la producción de estados financieros auditados para 2025.
- Realizar un análisis comparativo con los reportes oficiales a la Superintendencia de Salud.
- Establecer un marco temporal adecuado que permita la consolidación contable antes de emitir conclusiones definitivas.
CONCLUSIÓN
El informe de la Contraloría sobre Nueva EPS, aunque bien intencionado en su propósito de control fiscal, presenta limitaciones metodológicas fundamentales que comprometen la validez de sus conclusiones. La ausencia de estados financieros certificados y auditados, combinada con el uso de datos operativos sin validación contable, convierte este documento en un análisis preliminar que requiere ser complementado con información contable definitiva.
Es responsabilidad de todos los actores del sistema de salud – incluyendo los entes de control – asegurar que las evaluaciones se basen en información contable sólida y verificable, especialmente cuando sus conclusiones pueden tener impactos significativos en el funcionamiento del sistema y la confianza pública.
La rigurosidad técnica y metodológica debe prevalecer sobre la premura en la emisión de informes.
Vicente Calvo
Fuente: El País Cali
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