Implementación del Acuerdo de Paz: luces amarillas

Durante las últimas semanas la controversia alrededor de la implementación del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC giró, en términos mediáticos, alrededor de tres grandes temas, uno, las objeciones planteadas por el Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP -que fueron negadas por el Congreso de la República y ratificadas por la Corte Constitucional; ya dicha Ley fue firmada por el Presidente.

Dos, la situación jurídica de Jesus Santrich, que como se conoce está siendo acusado por la justicia norteamericana dentro de un caso muy confuso y con más interrogantes que certezas – probatorias, al parecer, producto de la operación de ‘entrampamiento’ de agentes de la DEA, sin autorización previa de autoridades judiciales colombianas y el rol muy poco claro también, de Marlon Marin, sobrino del jefe negociador de las FARC Ivan Márquez, quien ahora funge de testigo protegido de la justicia norteamericana-, lo cual no sólo puso en evidencia las debilidades del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, sino que llevó a que la JEP considerara que no había prueba para poder definir la fecha en que  ocurrieron los hechos de los que se le acusa y al mismo tiempo el Consejo de Estado ratificó la condición de congresista de Jesus Santrich y como su juez natural es, igual que para todos los congresistas, la Corte Suprema de Justicia, quien debe decidir en las próximas semanas la situación jurídica del congresista Santrich -quien hay que reconocerlo está en una actitud mucho más conciliadora para tender puentes hacia la obtención del perdón y la reconciliación-,  una vez que se posesiono de su curul como Representante a la Cámara.

Tres, el sistemático asesinato de líderes sociales en los territorios y de miembros de las FARC en proceso de reincorporación lo que pareciera tener la finalidad provocarlos para que abandonen el proceso de reincorporación y vuelvan a la guerra. Sobre esto es evidente que la acción del Estado es débil y poco contundente. No tengo duda que el Gobierno tiene la intención de lograr la disminución de estos hechos criminales, pero no son claras las estrategias de prevención y respuesta y especialmente el combate en los territorios contra estos grupos de sicarios.

Pero hacer una reflexión de conjunto de la implementación conlleva mirar el tema en varias dimensiones y sin olvidar que el Acuerdo de Paz tiene un horizonte temporal para su implementación de quince años y por supuestos estamos en el tercer año del mismo.

La implementación normativa del primer momento, a través del procedimiento rápido o fast track, se hizo en lo relacionado con incorporar en la dimensión constitucional los aspectos generales del Acuerdo, en aprobar aspectos como el Estatuto de Oposición, afortunadamente en vigencia desde el año anterior, pero igualmente se hundieron las dieciséis curules en Cámara de Representante para que voceros de los territorios más afectados por el conflicto tuvieran una vocería -es decir las dieciséis zonas PEDETs- que luego lo transformaron algunos congresistas en curules para las víctima. Igualmente se hundió en el Congreso la Reforma Política que había propuesto la Misión Electoral Especial (todo esto en la vigencia del Congreso del Gobierno de Santos); un pendiente grande, además de volver a insistir en estos dos proyectos legislativos, es todo lo referente al tema agrario -aunque allí hay que reconocer que el actual Consejero Presidencial para la Estabilización consideró, previas consultas, que el tema del catastro multiproposito era posible resolver por la vía de un Conpes-. Como vemos hay aspectos positivos, otros negativos y pendientes.

En lo relacionado con la reincorporación de los miembros de FARC, previa dejacion de armas, que adelantaron entregándolas a la Misión de Naciones Unidas, el proceso ha avanzado relativamente bien. Inicialmente hubo una serie de obstáculos legales -dificultad de bancarizacion por ejemplo- no previstos para dar inicio a los proyectos productivos y al funcionamiento de Ecomun y sus cooperativas filiales; en esta etapa inicial fue fundamental el apoyo de la cooperación internacional, pero debemos decir que en este aspecto el actual gobierno a través de la Conserjería para la Estabilización ha venido trabajando junto con la Agencia Nacional de Reincorporación y podemos decir que las cosas, con dificultades, han venido marchando. Igualmente hay que decir que la conformación del partido político -Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- se llevó a cabo y sus delegados están ocupando las curules en Senado y Cámara que se acordaron. También empezó a funcionar el Centro de Pensamiento del partido FARC, previsto en el Acuerdo, como un apoyo para la actividad política.

Donde hay mayor retraso, es en lo que podemos denominar la Paz territorial. Esto hace referencia, de una parte a la formulación y puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDETs. Hay que decir que hubo retrasos desde el anterior gobierno en esta tarea, de tal manera que al finalizar el gobierno Santos solo se habían formulado dos PEDETs de los dieciséis previstos; hoy día ya están formulados todos, con una metodología de participación ciudadana. El desafío ahora es su implementación dentro del marco del Plan de Desarrollo del actual Gobierno y de los planes de los gobiernos territoriales que elegiremos los colombianos en octubre próximo. Es verdad que se han empezado a hacer algunas obras por parte del sector privado, dentro del esquema de ‘obras por impuestos’, pero ahí queda un gran desafío. Ahí una gran controversia fue la relacionada con los recursos que el Plan de Desarrollo del actual Gobierno iba a incorporar para cumplir con la implementación, situación que se sorteó, por lo menos parcialmente.

Igualmente en lo relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito, que el anterior gobierno empezó -de manera voluntariosa, pero improvisada y desordenada, hay que decirlo-, el actual Gobierno hasta el momento esta re-diseñando la estrategia para continuarlo, pero con una gran presión de los Estados Unidos para que retome la erradicación forzosa,  recurriendo a la fumigación con herbicidas – pese a las previsiones de la Corte Constitucional a propósito del uso del glifosato por ser potencialmente cancerígeno-; esto puede ser un obstáculo para los procesos de sustitución de cultivos en los territorios y ojalá el actual pueda manejarlo de manera adecuada.

Por último es importante reconocer que las tres instituciones básicas del sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas están funcionando a plenitud, con dificultades presupuestales es posible, pero es un mensaje importante de la marcha de la implementación. Igualmente se han empezado a poner en marcha emisoras comunitarias que contribuyan a la reconciliación en los territorios.

Podemos decir, que estamos viviendo en carne propia la experiencia que ya se ha dado en otros casos y que señala que es mucho más difícil la implementación de los Acuerdos, que la construcción de los documentos de los mismos.

Igualmente debemos decir que si bien no hay un semáforo en rojo de total crisis del cumplimiento en la implementación de los Acuerdos, si podemos decir que existen luces amarillas de alerta en muchos de las dimensiones que debemos seguir de manera cuidadosa. Pero hay que decir, que afortunadamente las vicisitudes que se han generado alrededor de la implementación, ha estimulado la conformación de grupos de ciudadanos, como el que se configuró alrededor de un chat de washapp y denominado Defendamos La Paz (DLP), que agrupa a los negociadores de ambas partes, dirigentes políticos de diversos partidos -de oposición, independientes y aún de gobierno-, líderes sociales, académicos, artistas, miembros de iglesias, ambientalistas, jóvenes, en fin, una gran diversidad social, que sin banderías partidistas, tienen como referente la defensa del Acuerdo de Paz con las FARC, la vida de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos y seguir presionando para que el gobierno nacional retome las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) para que los colombianos podamos tener una paz completa.