En ella los negociantes del GEA se llevan la parte del león, los políticos la del ratón, mientras que a la mafia le pagan en especie: Patentes de corso para que obren contra la ciudadanía: Por eso los indicadores de inseguridad en la ciudad son de los más altos del mundo. No en vano ha disputado el título mundial de la ciudad más insegura, y la denominación de origen al mayor cartel del narcotráfico colombiano; tampoco es casual que la estrategia de terror que ha padecido Colombia en los últimos cuarenta años se haya ensayado en esta ciudad, y en el departamento de Antioquia. Claro, las ganancias del GEA crecen y crecen, mientras la pobreza de los habitantes de Medellín se extiende, llegando a compartir con Quibdó y Riohacha los índices de desigualdad.
Es de aclarar que las finanzas municipales son de las más robustas del país, por haber mantenido pública su empresa de servicios, EPM, con activos por 66,5 billones de pesos, y que en 2021 transfirió 1,4 billones de sus utilidades al municipio. Por eso las campañas a la alcaldía han sido dirigidas a controlar esta empresa. Desde hace varias décadas la componenda antes mentada toma la ciudad por botín, y se la reparte dejándole a los negociantes del GEA el manejo de EPM, y al alcalde patrocinado la torta burocrática. En la administración del señor alias Fico, la delincuencia organizada de la ciudad obtuvo la Secretaría de Seguridad, donde pusieron al señor Gustavo Villegas, de la entraña del paramilitarismo, como puede verse en el portal Verdadabierta.com.
Otra característica de la capital paisa es que sus ciudadanos califican muy bien a sus gobernantes en las mediciones de opinión, acaso el nombramiento del dueño de una de estas agencias, Jorge Londoño de la Cuesta, como gerente de EPM dé claridad al fenómeno.
Pero, en contravía a las estadísticas, la ciudadanía se ha cansado, y en las elecciones de 2019 eligió un candidato diferente al de esa confabulación: Daniel Quintero Calle obtuvo la votación más alta de la historia, 304.000 votos. ¡Quién dijo miedo!
Desde la misma campaña electoral se desataron las amenazas contra el entonces candidato, también hay conocimiento de un atentado frustrado. Desde ese momento las amenazas se volvieron pan de cada día, lo que se mantiene al día de hoy. Aparte de las amenazas de muerte surgieron otras amenazas contra el alcalde electo, las de revocatoria.
La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana, al cual le faltan dientes todavía, por medio del cual se le retira el respaldo al gobernante que ha incumplido el plan de gobierno por el cual fue elegido. En el caso del actual alcalde de Medellín el mecanismo fue invocado como revancha por los compinches que perdieron el manejo de la ciudad, al conocer los resultados electorales. Una vez posesionado el alcalde Quintero iniciaron la recolección de firmas, aunque la ley les exigía al menos un año de ejercicio del mandatario. Cuando el año se cumplió presentaron firmas y comités promotores, que fueron avalados por el Consejo Nacional Electoral. Este es el único caso donde un alcalde se pretende revocar por cumplir su programa de gobierno, y no por incumplirlo, como manda la ley.
La virulencia de la revocatoria se incrementó ante el destape de las irregularidades cometidas en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, donde se perdían cerca de diez billones de pesos, así como el anuncio de cobrar los dineros perdidos a las empresas y personas responsables de tal detrimento. Entonces chorros de dinero surgieron para financiar iniciativas contra el alcalde, se compraron medios de comunicación, como el periódico El Colombiano que terminó en manos de Manuel Santiago Mejía, financiador del uribismo y sacado por el alcalde Daniel Quintero de la junta de EPM, donde había estado veinte años. También se compró prensa al menudeo, y apoyos políticos como el del MOIR, hoy Partido Dignidad. También se compraron algunos famosos “abogansters”, a quienes se les pagaron sumas estrafalarias.
Daniel Quintero logró la hazaña de recuperar 4,5 billones de pesos que estaban embolatados en Hidroituango, un hecho insólito en la historia de los latrocinios colombianos, donde nunca aparecen los dineros abudineados, esta vez hubo recuperación parcial de la plata, y el compromiso del alcalde de recuperar los 5,5 billones restantes. A pesar de esto, o acaso por esto, el proceso de revocatoria siguió adelante.
Pero, fue tanta la cantidad de capital que sacaron en esa conjura que la revocatoria se cayó en el CNE, porque no pudieron especificar el origen de todos los aportes, no figuran en las cuentas, y porque hubo violación de los topes, según falló el Consejo, y pide abrir investigaciones a los promotores de esa campaña. Aunque el CNE no lo menciona, hay denuncias de que algunos de los pagos que hizo el comité fueron con recursos públicos, mediante contratos con el Concejo de Medellín.
La furia de los revocadores se desató en más injurias y amenazas. Pero celebraron con algazara la resolución de suspender al alcalde Daniel Quintero de la Procuradora Margarita Cabello, una señora con mentalidad de criada y título de abogada, subalterna de Iván Duque, que puso a la Procuraduría General de la Nación a perseguir opositores, así como a encubrir a sus copartidarios, tal como lo hizo el fascista Alejandro Ordoñez.
La procuradora, cuota del clan Char, a pesar de la sentencia del 2020, serie C406, que invoca el artículo 23 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde afirma que un mandatario de elección popular sólo puede ser separado de su cargo por decisión de una autoridad judicial, y no por una empleada como es la señora Cabello Blanco. La decisión de la procuradora se realiza de forma exprés, 12 horas después de que un mandadero del MOIR pusiera una queja contra el alcalde, sin proceso alguno, y sin que mediara recurso.
También de forma exprés el presidente Duque nombra alcalde encargado, no del movimiento que elige al titular como manda la ley, sino a un personaje sacado de las lindes con la criminalidad, financiador de empresas fachada del paramilitarismo en Urabá, y promotor de tales organizaciones, Juan Camilo Restrepo Gómez.
El usurpador, enemigo de la paz y financiador de la campaña contra esta, también en tiempo récord llegó a Medellín, junto con 500 sicarios más del ESMAD. Y de inmediato fue a hurgar en EPM, donde está en curso un proceso licitatorio para terminar las obras de Hidroituango, en el cual Iván Duque ha hecho cabildeo por el GEA. También con suma rapidez el Comité Intergremial de Antioquia, que agrupa a 36 gremios económicos, se reúne para darle respaldo a lo que el alcalde en propiedad ha llamado un golpe de Estado.
Reprivatizan a Medellín porque van por los ahorros de los antioqueños, por EPM. Dirán los cacaos como lo pregonó Theodore Roosevelt en 1903, cuando se inventó la suspensión, o la separación, de Panamá: I Took Panama, o I Took Medellín.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: ifm noticias
Muy buen argumento.
Me gusta cómo muestras el proceso de la persecusión a Daniel Quintero.
Excelente articulo, es una cronología del descaro de las mafias, los empresarios corruptos y la clase Política Nauseabunda que tiene el control del gobierno y la ciudad para robar un cargo publico,
Excelente radiografía de Medellín, mejor dicho, de lo que han hecho de ella las mafias que la han gobernado porque el GEA es una mafia y de las peores. No quieren un pedazo del pastel, lo quieren todo a expensas de la ciudadanía.
Muy buen artículo que describe la triste realidad de Medellin y de la política nacional.
Muy clara la nota sobre el movimiento desesperado de los privatizadores.