http://laotracara.co/wp-content/uploads/2018/06/Propuestas-de-Duque.pdf
“Esta visión -dice la Introducción del programa- la semejamos a un árbol que nace de la buena semilla de la Libertad y el Orden, de la cual crecen profundas raíces de progreso social, que sostienen el tronco fuerte de una economía dinámica con sentido social, con ramas largas y flexibles de detonantes de crecimiento, muy frondoso con el follaje de la sostenibilidad ambiental y lleno de frutos de equidad.”
Esas 10 propuestas – de la 173 a la 183- fueron formuladas, como era de esperarse, con total corrección política, y están enmarcadas todas dentro de la hoy obligatoria etiqueta de la “sostenibilidad”.
Puede afirmarse que los temas generales que abordaron las diferentes campañas en su capítulo ambiental -incluida la de Germán Vargas Lleras que no participó, que yo sepa, en ninguno de los debates sobre el tema- no diferían de manera sustancial. La mayoría de los aspectos claves del tema estaban en todas las propuestas y forman parte de la agenda mundial (con peligrosas excepciones, como el listado de convicciones y prioridades del señor Trump, que parte de negar la existencia del cambio climático).
El futuro ambiental de Colombia bajo la presidencia del doctor Duque no dependerá, entonces, tanto del contenido teórico de sus propuestas, como de la manera como lleve a la práctica su compromiso político y personal y, sobre todo, de cómo vaya a manejar los intereses de los sectores que van a formar parte de su gobierno, en especial el Uribismo y Cambio Radical.
Dije arriba que la mayoría de los aspectos claves del tema ambiental estaban en las propuestas de todos los candidatos, pero en el check list del Programa del Presidente electo se les quedó por fuera la Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual resulta, por decir lo menos, curioso. Entre otras razones porque es de suponer que los equipos que construyeron esa propuesta, no solamente en el capitulo ambiental sino en todos los demás, deben estar enterados de que esa es una dimensión de desarrollo que, por distintas razones, hoy forma parte de la agenda mundial y nacional. No pasa un solo mes sin que en algún lugar del planeta, incluida Colombia, un desastre, generado de una u otra manera por ausencia de gestión del riesgo, altere eso que conocemos como “normalidad” y produzca pérdidas humanas y económicas, desplazamientos forzados y muchísimos traumatismos y dolor.
Desde abril de 2017 cuando, de acuerdo con la Introducción del programa del doctor Duque, Editorial Planeta publicó la primera versión de su propuesta de gobierno en el libro “IndignAcción: ideas para la Colombia del futuro”, hasta hoy, han ocurrido en Colombia grandes, medianos y pequeños desastres, entre los cuales se destacan por sus impactos negativos, el de Mocoa (desencadenado el 31 de marzo de ese mismo año) y el desastre en desarrollo generado por el proyecto de Hidroituango. Este último, en mi concepto, el más complejo que ha tenido lugar en la historia del país y con cuyas consecuencias de corto mediano y largo plazo deberá lidiar el próximo Gobierno Nacional.
Aterricemos de una vez en el interés central de estas reflexiones, resumido en las preguntas que les sirven de título: durante los próximos cuatro años ¿Habrá paz para el Ambiente? ¿Habrá Ambiente para la Paz?
Los elementos para contestar esas preguntas, repito, no se encuentran en el programa de gobierno y ni siquiera en las manifestaciones de buena voluntad y reconciliación que ha venido haciendo el Presidente electo desde el día siguiente a su elección, sino en el análisis del contexto y de las dinámicas que determinan el rumbo del país.
Un elemento central es, por supuesto, el futuro del proceso de paz. Pese al compromiso del doctor Iván Duque en el sentido de que en su Gobierno no van a volver trizas el Acuerdo de Paz, tal y como lo había prometido por lo menos uno de los principales ideólogos del Centro Democrático, los pasos que se dieron la semana pasada en el Congreso para alterar la concepción original de la JEP, apuntan hacia allá.
Ver “Comenzaron a hacer trizas los Acuerdos de Paz https://www.sur.org.co/colombia-comenzaron-a-hacer-trizas-los-acuerdos-de-paz/
Como lo han resaltado muchos observadores del acontecer nacional, quienes votaron a favor de esos cambios en el Congreso no fueron solamente los senadores y representantes de Centro Democrático, sino muchos parlamentarios del extinto Partido Liberal, del Partido de la U-ida, del Partido Conservador y de Cambio Radical, que inicialmente había apoyado el texto original de la JEP. Además claro de otros sectores que en alianza con el Centro Democrático se han opuesto desde un principio al proceso de paz. Esa insólita voltereta no fue una derrota para el Presidente Santos sino una derrota para el país y para las posibilidades de la paz.
A menos que la Corte Constitucional declare la evidente inconstitucionalidad de esas reformas que pretenden hacerle a lo pactado en La Habana, y más allá de que Rodrigo Londoño y otros excomandantes de las FARC aseguren que no van a volver al monte para retomar la lucha armada, si por ejemplo llegaran a extraditar a Jesús Santrich pasando por encima de las autoridades judiciales y de los procedimientos constitucionales vigentes en Colombia, sin lugar a dudas se iría al diablo el proceso de paz. Sobre todo porque, a partir de ahí, quedaría la puerta abierta para ejecutar cualquier otro tipo de acción encaminada a erradicar de tajo cualquier vestigio de ese proceso, con lo cual el país quedaría condenado a, por lo menos, otros 70 años de guerra.
No olvidemos que este año se cumplieron siete décadas del asesinato de Gaitán: aun quienes hoy pasamos de 60 años nunca hemos vivido en un país en paz. Si el actual proceso fracasa, difícilmente se podrá intentar en las próximas generaciones convocar a los actores de la guerra a un proceso similar. Habrá quienes le apuesten al exterminio total del adversario por la vía militar, que fue precisamente a lo que le apostaron con La Violencia tras el asesinato de Gaitán. Como bien sabemos, esa estrategia llenó al país de sangre y de dolor y solamente logró perpetuar el conflicto armado y los alcances del horror. Con el hoy amenazado proceso de paz se encendió una luz de esperanza sobre la posibilidad de lograr, por fin, salir de ese callejón sin salida en el cual han estado encerradas por lo menos cinco generaciones de colombianos.
Ver: “Los motivos del lobo https://www.poemas-del-alma.com/los-motivos-del-lobo.htm
La Paz no se puede hacer solo entre actores humanos, también hay que hacerla con la Naturaleza
Desde hace muchos años quienes nos encontramos en eso que se ha dado en llamar “ambientalismo”, somos conscientes de que la paz no se puede pactar solamente entre los actores humanos de los territorios, sino que es necesario concertarla también con la Naturaleza: con el agua, con los suelos, con el clima, con la falla geológica, con el volcán, con todas las expresiones y actores humanos y no humanos de la biodiversidad. Por eso hemos venido poyando el concepto de la “Paz Territorial” que quedó consagrado en el Acuerdo de La Habana.
En Agosto de 2016 un grupo significativo de ambientalistas con distintas historias de vida y procedentes de distintas regiones de Colombia, preparamos un documento que en ese momento titulamos “11 propuestas del ambientalismo colombiano para los equipos negociadores de La Habana”, del cual hicimos entrega a sus destinatarios del Gobierno y de las FARC. Luego, tras la firma del Acuerdo en Cartagena el 26 de Septiembre de 2016, seguimos promoviendo ese documento como “Las 11 propuestas del Sí Ambiental”, las cuales actualizamos para construir una simbiosis programática de la “Colombia Humana”. à Link
Hoy insistimos en ellas, pues estamos convencidos de que su validez trasciende mucho más allá de cualquier coyuntura electoral, e incluso que adquieren renovada importante ante las incertidumbres que genera el retorno del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia.
Desde antes aún de que se firmara el Acuerdo de Paz, el proceso de diálogos constructivos entre las FARC, el Gobierno Nacional y otros representantes del “Sistema”, comenzó a rendir frutos concretos en materia ambiental. En marzo del 2015 publiqué en Razón Pública un artículo sobre uno de esos frutos: la importancia del desminado humanitario frente al desafío de la adaptación al cambio climático que invito a releer a través de este link
Tras la firma de ese Acuerdo, y a pesar de todo el difícil camino que todavía habrá que recorrer antes de que se consolide ese estado de cosas que llamamos “paz” (suponiendo que este proceso se logre salvar), los beneficios han seguido siendo tangibles, en términos de reducción del número de muertos y heridos en combates, de ataques a pueblos, de reducción de los atentados contra la infraestructura energética, de desplazamientos de comunidades que huyen de la guerra…
Varios equipos han podido explorar una gran cantidad de ecosistemas a los cuales la investigación científica no había podido llegar; se han identificado nuevas especies y nuevos escenarios para el ecoturismo que, con la debida gestión del riesgo, puede convertirse en una opción de vida para las comunidades rurales y para quienes dejaron las armas para reincorporarse en paz a la comunidad.
Por el contrario, si no se logra garantizar la continuidad del proceso de paz, muy seguramente todos esos flagelos van a volver a ser parte de nuestra cotidianidad.
Reitero la convicción de que la sostenibilidad o resiliencia de las ciudades no se puede construir de sus muros hacia adentro, sino que es un objetivo que solamente se alcanzará en la medida en que entre los cascos urbanos y los territorios rurales se logren establecer relaciones de equidad, solidaridad, reciprocidad y corresponsabilidad. Relaciones que les garanticen a las comunidades del campo calidad de vida, y que les ofrezcan, particularmente a las generaciones más jóvenes, oportunidades concretas para desarrollar sus capacidades sin tener que renunciar a su identidad; que les ofrezcan opciones distintas a vincularse a algún actor armado y/o huir del campo para dedicarse al rebusque en la ciudad.
La gran mayoría de las comunidades asentadas en condiciones de alto riesgo en las ciudades colombianas, colgadas en laderas inestables u ocupando zonas inundables en las orillas de ríos, quebradas o humedales, están conformadas por familias campesinas desplazadas por la violencia armada o por la violencia estructural a que la concepción urbanocéntrica del desarrollo somete a los habitantes del campo.
Recordemos que factores tan importantes para la calidad de vida en las ciudades, como son la seguridad alimentaria y el suministro de agua y de energía, dependen en gran medida de la capacidad de los territorios rurales para garantizar esos servicios vitales.
Ver: ¿Ciudades sostenibles? http://viva.org.co/cajavirtual/svc0360/articulo09.html
El punto 116 de la propuesta del Presidente entrante habla de “Establecer una visión de sostenibilidad para nuestras ciudades” y de “Hacer urbanizables entre 16.000 y 20.000 hectáreas de suelos para ampliar la oferta.”
Pregunta inevitable: ¿A costa de qué? ¿De urbanizar “amortiguadores climáticos” como la Reserva van der Hammen o de fomentar el avance de las costras urbanas sobre áreas dedicadas a la producción de alimentos o a la prestación de servicios ambientales?
Resumámoslo así: esas “Ciudades Verdes, Inteligentes y Creativas” de que habla insistentemente el programa de Gobierno de próximo Presidente de Colombia, solamente serán posibles en la medida en que logre avanzar efectivamente el proceso de paz en los campos colombianos. Si no hay paz efectiva en los campos ni calidad de vida para las comunidades campesinas, en las ciudades no habrá ni calidad de vida, ni sostenibilidad, ni resiliencia, ni seguridad.
“Ambiente para la paz – La necesidad de hacerle gestión del riesgo al paz-conflicto”
A mediados de 2016 escribí por invitación de la Corporación Derechos para la Paz – CDPAZ y Planeta Paz, un texto con este título, en el cual, bajo el acápite “El riesgo de pactar la paz entre humanos… pero de espaldas a la Tierra”, recordaba que en un foro sobre los “Dividendos ambientales de la paz” convocado por el DNP (en cabeza en ese momento de Simón Gaviria)
la señora Matilde Mordt, Coordinadora para América Latina y el Caribe de Desarrollo Sostenible del PNUD, expuso, a manera de ejemplo, tres casos en los cuales unos acuerdos de paz, sin las debidas consideraciones a la dimensión ambiental, han generado efectos desastrosos para los ecosistemas locales. Manifestó también que menos de la cuarta parte de los acuerdos de paz llevados a cabo en el mundo han tomado en cuenta la dimensión ambiental, lo cual ha creado condiciones que en lo posible se deberían prevenir en Colombia.
Se refirió en concreto a acuerdos de paz llevados a cabo en la República Democrática del Congo, en África Oriental (Guinea, Liberia, Sierra leona y Costa de Marfil) y en América Central.
Mencioné en ese documento cómo, a finales de enero de 2016, el señor Fabricio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, sistema internacional que sin reserva alguna ha apoyado el proceso de paz, había manifestado en un artículo publicado en El Espectador[1], que así como el conflicto en el país ha causado daños al medio ambiente por la siembra de minas antipersona, episodios de violencia en áreas protegidas y la deforestación provocada por la expansión de los cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal, también es cierto que muchos de los lugares mejor conservados de Colombia están en áreas remotas, donde paradójicamente, como consecuencia del propio conflicto, el desarrollo ha sido limitado. […]
De la incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos, dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles. Ignorar o desconocer los aspectos ambientales en el posacuerdo, podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la Nación y al fracaso social de muchas de las intervenciones que se implementen.
Toda agua es bendita, he repetido muchas veces en distintos escenarios y medios, pero si no hay suficiente gestión del riesgo, uno también se puede ahogar en agua bendita.
Bendito todo esfuerzo que se haga en favor de la paz, pero evidentemente, y a pesar de todas las advertencias, en este aspecto (y lamentablemente en muchos otros) les faltó gestión del riesgo a las instancias encargadas de la por supuesto muy compleja y difícil implementación del Acuerdo de Paz
Cifras procedentes de distintas fuentes indican que
La deforestación en Colombia aumentó en un 23 % entre 2016 y 2017. Así lo reveló el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Omar Franco. El país pasó de 178.597 hectáreas deforestadas en 2016 a 219.973 hectáreas deforestadas el año pasado. “En la región Pacífico, Caribe y Andina la deforestación tuvo un descenso. En la Orinoquía hay una estabilidad en la cifra que se
sostiene en cerca de 9000 hectáreas. Sin embargo, en la Amazonía tuvimos un ascenso muy fuerte, pasamos de 77.000 hectáreas en 2016 a 144.000. Prácticamente se dobló el nivel de pérdida de bosque en esa región”, dijo Franco.
A nivel regional, las cifras obtenidas por el Ideam reportan que las áreas de cambio en la cobertura de bosque natural durante el 2017 se concentran principalmente en las regiones de la Amazonía (65,5 % de la deforestación), los Andes (17 %), el Caribe (7,1 %), el Pacífico (6,1 %), y la Orinoquia (4,5 %). La deforestación en la Amazonía está asociada principalmente a praderización, especulación sobre la tierra, ganadería extensiva, cultivos ilícitos e infraestructura vial. […]
El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo asegura que “en la Amazonía tenemos un enorme desafío pues las zonas de deforestación coinciden con la presencia de grupos criminales que están promocionando la colonización y le están pagando a muchas comunidades para que talen”.
Y es que, tal como lo indica el ministro, la situación de orden público en muchos puntos antes ocupados por la guerrilla de las FARC y ahora en poder de sus disidencias y otras bandas de crimen organizado, han traído un gran daño colateral sobre el medio ambiente.[2]
Lo más preocupante es que esa situación, al menos en el mediano plazo, parece irreversible, como son sobre todo irreversibles los efectos de la misma sobre los ecosistemas afectados.
Como ya se dijo, paradójicamente el conflicto armado significó en la práctica la protección de algunos ecosistemas colombianos. Si logran hacer fracasar el proceso de paz, esos ecosistemas no se van a poder recuperar, pero además vamos a perder más ecosistemas y más oportunidades y más vidas humanas.
Historia clínica-ambiental de algunos de los sectores que vuelven al poder
Lo que en la práctica signifique para el próximo gobierno el concepto de “sostenibilidad”, ya lo dijimos, va a depender más de los compromisos del nuevo Presidente con sectores como el Uribismo y Cambio Radical, que de las buenas intenciones plasmadas en su propuesta electoral.
En un artículo de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional titulado “Feria de la minería amenaza ecosistemas colombianos”[3] publicado el 23 de Junio de 2011, se afirma que
En el gobierno de Álvaro Uribe se hizo un festín de títulos mineros al otorgar más de 1 millón 200 mil hectáreas entre 2007 y 2008, y en el 2009 llegó a 4 millones 83 mil hectáreas cedidas, según un documento elaborado en el 2010 por el consultor del Consejo Nacional de Planeación, Guillermo Rudas.
Con relación a los títulos mineros, Rudas muestra cómo entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889, es decir, casi 157 por año, pero para el periodo 2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados, casi 984 anuales. De estos valores, 2.481 corresponden al año 2009, con corte al 31 de octubre. Según el análisis, las solicitudes de dichos títulos también tuvieron un gran incremento. A mayo del 2009 se hizo la petición de casi 40 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional, y como indica Rudas, independientemente del trámite que surta, ello representa un importante crecimiento del interés por adelantar actividades mineras en Colombia
Y en esta desaforada maratón los páramos son un tema preocupante, ya que a 2010 había registrados títulos mineros en 122 mil hectáreas de dichos ecosistemas, cerca del 6,3% del total del área de páramos del territorio nacional distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Igual sucede con las reservas forestales establecidas por la Ley 2 de 1959, pues de las 51,5 millones de hectáreas, cerca de 1 millón 300 mil se encuentran con título minero.
Adicionalmente, en el 2010 quedó en evidencia el devastador impacto de la minería sobre el ecosistema del río Atrato (Chocó), producto de su desmesurado crecimiento y de la precaria capacidad técnica y operativa del Estado para regularla.
Los datos de ese artículo se corroboran con este mapa del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual se muestra de qué manera se sobreponían los Títulos otorgados y las solicitudes mineras sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país.
Fuente: http://encuentromegaproyectosymineria.blogspot.com/2011/10/titulos-y-solicitudes-mineras-en.html
Eran los tiempo cuando el entonces Ministro de Minas y Energía, doctor Hernán Martínez, manifestaba orgulloso que “Vamos a licitar casi un 25 por ciento del territorio colombiano terrestre y marítimo”.
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/economia/1/232324
Durante los ocho años de la presidencia de Santos la situación cambió, especialmente por las posiciones firmes de la Corte Constitucional estableciendo prohibiciones para el ejercicio de la actividad minera en los páramos; y por procesos no exentos de polémica, como la delimitación de estos ecosistemas y la llamada Ley de Páramos que se acaba de expedir.
Un indicador importante de lo que será la gestión ambiental de Iván Duque será la posición que en la práctica adopte su Gobierno frente a este tema de los títulos mineros y las licencias para explotación de minerales y de hidrocarburos en ecosistemas estratégicos.
Esto incluye incluso la posición del Ejecutivo y de las demás ramas del poder, frente a las demandas de empresas mineras multinacionales que consideran que el Estado colombiano debe indemnizarlas por los perjuicios que les han causado la restricciones al extractivismo en territorios en los cuales ya se les habían otorgado títulos mineros.
Un listado incompleto de indicadores críticos que irán surgiendo en el camino incluye los siguientes:
- La instalación del Congreso el próximo 20 de Julio, la conformación de sus directivas y los proyectos de ley con que se inauguren su periodo los nuevos parlamentarios y los que vienen de atrás; las condiciones reales que se generen para hacer efectivo el Estatuto de la Oposición.
- Las designaciones que haga el Presidente Duque para integrar el Gabinete y los demás integrantes de su equipo de Gobierno, incluyendo los institutos de investigación y agencias como la ANLA, la ANH y otras directa o indirectamente relacionadas con el mal llamado “sector” ambiental.
- Los cambios que se lleven a cabo en la Policía y en la Cúpula Militar.
- La conformación y la independencia política de los Organismos de Control.
- La manera como se vayan concretando en los territorios y en la institucionalidad, los compromisos que adquiera el nuevo Presidente con el Gobierno de Trump, incluyendo el papel que se espera que cumpla Colombia frente a la situación de Venezuela. Especialmente significativa para la gestión ambiental será la manera como se decida continuar con la lucha contra los cultivos ilícitos.
- La posición del Ejecutivo y de sus aliados en el Legislativo sobre las Consultas Populares relacionadas con el tema minero y en general con la ejecución de megaproyectos y la implementación del fracking en los territorios locales.
El Punto 174 del programa de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez afirma que “Se regularán las consultas populares a través un proyecto de ley estatutaria que racionalice todas las consultas que son constitucionalmente necesarias, para definir su carácter vinculante, plazos y promover su amplia difusión dentro de la comunidad. Para ello, vamos a liderar un diálogo con las Altas Cortes y con el Congreso de la República, que conduzca a una definición clara sobre competencias en materia de hidrocarburos, y el alcance de las consultas populares en actividades estratégicas, de utilidad pública y de interés nacional. Al mismo tiempo, se buscará una enmienda constitucional que suba el umbral de las consultas y revocatorias de mandato, incluyendo las reglas para la recolección de firmas.”
Este fue sin duda alguna uno de los puntos que atrajo a Vargas Lleras para apoyar la candidatura del Presidente ganador.
- La posición del Gobierno frente a los Acueductos Comunitarios, una estrategia generada desde la base social para garantizar el Derecho al Agua, sobre los cuales desde hace años ronda la amenaza de la privatización.
- La manera como se enfoque, tramite y decida la propuesta de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, y si realmente esa reforma apuntará a “liberar” a las CARs de los gamonales políticos regionales y nacionales que tienen a algunas Corporaciones al servicio exclusivo de sus intereses, o si con ese pretexto lo que se busca es eliminar requisitos como las licencias ambientales que para muchos sectores económico-políticos constituyen obstáculos para el desarrollo.
- En este y en otros temas ambientales y sociales, seguirá siendo decisoria la independencia de las Altas Cortes. Un indicador definitivo de para dónde irá el país, será la posición de las diferentes ramas del Estado frente a la propuesta del Senador Álvaro Uribe en el sentido de revocar las Cortes para dejar una sola, conformada por “Magistrados conocidos”, para utilizar los términos del mencionado senador.
https://www.youtube.com/watch?v=uoV2qjYg4VA
El implacable control final
En últimas, recordemos que la auditoría efectiva y definitiva sobre la manera como el Estado en su conjunto lleve a cabo su gestión ambiental, la hará la Naturaleza misma.
El pasado 28 de Junio el país conoció que desde el primer día de ese mes la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA había ordenado “la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con la etapa de construcción regular del proyecto Hidroituango, ubicado en jurisdicción de 11 municipios de Antioquia y que presenta una contingencia desde el pasado 28 de abril. A través de la resolución 00820 de junio de 2018, se precisa, que la suspensión no involucra la ejecución del plan de seguimiento y monitoreo, ni las actividades, obras, trabajos y en general todas las medidas ambientales establecidas a partir de la contingencia.”
Ese mismo día, el 1° de Junio, el Consejo de Estado había negado la solicitud de múltiples organizaciones sociales de territorio afectado por Hidroituango, que le pedían la suspensión provisional de la licencia otorgada por la ANLA a ese proyecto.
Repito lo que dije entonces: no se preocupen que el río Cauca, por su propia cuenta y sin preguntarle a nadie, ya la suspendió.
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[1] Fabrizio Hochschild, “La paradoja ambiental del proceso de paz”, El Espectador, enero 20 de 2015 http://www.elespectador.com/noticias/paz/paradoja-ambiental-del-acuerdo-de-paz-articulo-539073 Consultado junio 1° de 2016 [2] Mongabay Latam: “La deforestación en Colombia aumentó en un 23 %” https://es.mongabay.com/2018/06/aumenta-la-deforestacion-en-colombia/ [3] Link http://caracol.com.co/radio/2011/06/23/ecologia/1308844740_494364.html [4] Estos mapas se encuentran en varias páginas web, entre otras en https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/13926-decreto-colombiano-regula-titulos-mineros-beneficiando-a-grandes-empresas
Gustavo Wilches-Chaux
Julio 2 de 2018
@wilcheschaux
Aguaceros y Goteras
https://enosaquiwilches.blogspot.com/
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