Así mismo, son memorables las sucesivas intervenciones indirectas en Venezuela, que no han fructificado durante más de veinte años. Ahora, son notables y peligrosos los nuevos intentos de volver a la política de las cañoneras, con la recién denominada “Operación Lanza del Sur” [1], que ocurre en un mundo que tiende a la multipolaridad y amenaza la estabilidad democrática de Venezuela, Colombia, México, Brasil y América Latina, en su conjunto, en un contexto de pretendida fragmentación que estigmatiza y socava la unidad continental.
A pesar de las históricas posiciones entreguistas y timoratas de las oligarquías, de las conspiraciones en contra de Presidentes como Salvador Allende en 1973 y, presuntamente, contra el presidente de Ecuador, Jaime Roldós y el General panameño, Omar Torrijos en 1981, los pueblos latinoamericanos, a pesar del zigzag de la historia, van mostrando una disposición de autonomía que contrasta con las posiciones de las élites.
Esta es, precisamente, la expresión del pueblo ecuatoriano, al decirle NO al Gobierno de Noboa en el plebiscito del pasado 16 de noviembre, frente a la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio. Este hecho de soberanía popular constituye un ejemplo, un referente y una alerta que restringe el margen de maniobra del hegemón trumpista y sus gobiernos aliados en la región.
También, lo es la disposición del pueblo venezolano al desplegar su fuerza política, la movilización popular, la acción diplomática con sustento en la Carta de Naciones Unidas y la preparación de sus fuerzas armadas, con el apoyo tecnológico y logístico ruso para contrarrestar la posible agresión norteamericana. Así mismo, la inversión china de más de 60 mil millones de dólares y el acuerdo de arancel cero para 400 productos venezolanos, que se firma en Shanghái, entre los gobiernos venezolano y chino, permite oxigenar la economía venezolana, que viene en franco proceso de recuperación.
Lo más llamativo es el respaldo chino, precisamente, una sociedad que padeció y perdió la guerra del opio impuesta por el colonialismo inglés entre 1839 y 1842, con grave menoscabo de su soberanía y la imposición del libre comercio, forzándola a abrir 16 puertos y a ceder Hong Kong durante 150 años. China es una sociedad que rechaza duramente el narcotráfico y lo castiga con la pena de muerte.
El gobierno chino entiende que la denominación de “Cartel de los Soles”, a los más altos funcionarios del Gobierno Venezolano, por parte del Gobierno Trump, constituye un recurso retórico estigmatizante, una narrativa para legitimar su intervención con propósitos hegemonistas para satisfacer los intereses de la oposición de ultraderecha y apropiarse de los recursos petrolíferos, del hierro, del cobre y del oro del Arco Minero Venezolano.
Desde el Gobierno Nixon, la guerra contra las drogas se constituye en la forma que adquirió la vietnamización de Latinoamérica, como método de militarización y de control [2].
Este ha sido un recurso para militarizar, para narcotizar las relaciones, especialmente con Colombia donde tal estrategia ha cobrado más de un millón de víctimas, a lo largo de esta “guerra”. En contraste, el enfoque de salud pública sigue siendo débil y marginal, mientras crece el consumo en Estados Unidos de distintas sustancias, especialmente, del fentanilo que no se produce en estos países suramericanos. Mientras tanto, se transnacionaliza la mafia, con nuevos capos que residen en Miami, New York, Madrid, París y Dubai y en países como Albania, que vive un auge de construcción de rascacielos, Serbia, Bélgica e Italia, entre otros.
Ahora, el Gobierno Trump esgrime el garrote con la intención de amedrantar e ir por el control de los recursos de los países al sur del Río Bravo, tanto del continente como los insulares, a varios de los cuales se les toma como plataformas de operación militar.
Hoy, la coyuntura en el Caribe es de horas decisivas. Un asedio de cuatro meses a Venezuela que se incrementa con la ampliación de la fuerza militar, la presencia del portaaviones Gerald Ford, 12 buques, cerca de doce mil soldados y fuerza aérea, más ejercicios militares; ataque a cerca de 19 lanchas y ejecuciones extrajudiciales, con misiles, de más de 83 personas en el Atlántico y el Pacífico, donde han sido asesinados humildes pescadores colombianos y trinitarios.
Hay una combinación de guerra psicológica, intimidación militar y ejecuciones extrajudiciales. No obstante, hasta ahora, parece que se frustran las intenciones de sembrar el caos y de cooptar a las fuerzas militares y a la base social bolivariana.
Trump, habla de posibles diálogos, mientras el Gobierno de Venezuela invita al diálogo diplomático, en vez de la confrontación armada.
Pero, no hay claridad en este camino. Lo cierto es que el contexto de preparación del Gobierno y del Pueblo de Venezuela está en alerta frente a diversos escenarios de confrontación. En octubre, hubo negociaciones y el Gobierno Trump las rompió.
Entender y seguir esta dinámica resulta importante para Colombia, por cuanto un conflicto armado y una desestabilización de Venezuela impacta en Colombia y provoca migración, recrudecimiento de la violencia y desestabilización del país.
De hecho, a esto parece apuntar el actual Gobierno de Estados Unidos, en alianza con los sectores más reaccionarios y degradados de estos países.
Ya, en el consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante la presentación del Informe de la Misión de Monitoreo del Acuerdo de Paz de 2016, el Embajador de Estados Unidos cuestionó la Paz Total y, previamente, avanzó en las medidas unilaterales de descertificación del gobierno Petro, en la lucha contra las drogas, con base en polémicas estadísticas de La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La intencionalidad ha estado signada por la campaña de desestabilización, inclusión del presidente Petro, su familia, el ministro Benedetti en la Lista Clinton adelantada por congresistas de Estados Unidos, de origen latino, tales como Bernie Moreno (colombiano con historial de élite, presunta tradición mafiosa e incidencia política en la ultraderecha), Carlos Giménez, Mario Rafael Díaz Balart y María Elvira Salazar (cubanos aliados del actual Secretario de Estado, Marco Rubio, también de ascendencia cubana).
A esto se suma el lobbying de dirigencia política de la oposición colombiana, de distintos partidos políticos, de 500 organizaciones empresariales, de alcaldes de principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ante funcionarios del Congreso y del Gobierno Trump, con el concurso de las acciones conspirativas del excanciller Leyva [3].
La actual coyuntura es de confrontación por parte del gobierno Trump. En otra orilla está el presidente Petro dado su enfoque divergente en la “lucha contra las drogas” y, en particular, en lo que se refiere a las negociaciones con grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo y los combos de Medellín, que forman parte de la política de “paz total”.
En la coyuntura, el resultado se centra en sanciones y ruptura de la cooperación estadounidense, como medida de presión: se suspende la financiación a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Mientras, la imposición de aranceles a productos colombianos fue reconsiderada y la suspensión de la cooperación de inteligencia por parte de Colombia significaría perder a un aliado que aporta el 85% de la información en la lucha contra el tráfico de drogas.
El Gobierno Petro, al plantear la “paz total” busca un cambio en la estrategia global contra las drogas. Argumenta que, a lo largo de los años, la “guerra contra las drogas ” solo ha traído más violencia y no ha reducido la producción ni el consumo en el mundo.
Con base en este y otros planteamientos de afectación de la juventud en los territorios, el Gobierno Petro promueve la negociación y el sometimiento a la justicia de grupos armados y organizaciones narcotraficantes (entre ellos, el Clan del Golfo y los combos de Medellín). Se pretende una solución socio jurídica, en el marco de una política integral que permita abordar las causas estructurales del narcotráfico, tales como la pobreza rural y urbana.
El Gobierno Petro distingue claramente, entre Cultivadores y Capos: Su enfoque se centra en brindar alternativas económicas a los cultivadores de coca y perseguir a los “capos” y a las redes de lavado de dinero, en vez de centrarse únicamente en la erradicación forzosa o en la interdicción militar de bajo nivel. No obstante, es el gobierno que más sustancias de uso ilícito ha incautado: son más de 7.200 toneladas de drogas ilícitas en total desde que asumió el cargo en agosto de 2022, hasta noviembre de 2025. De ellas, son 2.800 toneladas de cocaína, han sido destruidos 10.366 laboratorios. La captura de integrantes de redes mafiosas supera las 2.000 personas. Hasta octubre de 2025, el gobierno Petro había extraditado a 700 personas.
Para el Gobierno Trump, las negociaciones con grupos ligados al narcotráfico son vistas como claudicación y prueba de supuesta complicidad o inacción, que justificaría la retirada del apoyo estadounidense y de las sanciones.
Las cifras de aumento de cultivos de coca en Colombia bajo el Gobierno Petro han sido el argumento principal del Gobierno Trump para acusar a Petro de ser cómplice del narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno Petro demuestra que las cifras de UNODC están mal enfocadas, sesgan el análisis, no presentan la evolución por regiones ni la caída en la tasa de crecimiento de las áreas cultivadas.
En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos planeaba declarar al Clan del Golfo y otros grupos ilegales como organizaciones terroristas. Pero, finalmente, la administración Trump, no lo hizo.
La crítica a la “paz total” por parte de voceros del Gobierno Estados Unidos, bajo la influencia de la postura de Trump, califican las políticas de paz y seguridad del gobierno Petro como “fracasos irresponsables” que provocan mayor inestabilidad y violencia. Su principal preocupación estriba en que negociar con grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo, debilita la postura tradicional de extradición y erradicación, vista por EE. UU. como fundamental en la lucha contra las drogas. Hay allí, implícito, un tema relacionado con apropiación de activos por parte del Gobierno Norteamericano, en medio de su multibillonaria deuda externa (US $38 billones). En gran parte, la justicia norteamericana se traduce en dinero, fianzas y entrega de activos. Allí, la verdad, la reparación de víctimas, la salud y la prevención importan poco.
En tal sentido, la administración Trump prioriza la persecución judicial y la extradición de narcotraficantes con la posibilidad de que los miembros del Clan del Golfo o la Oficina de Envigado entreguen bienes y cumplan penas, allí en la metrópoli. Tal es el caso de los nuevos jefes de la Junta del Narcotráfico, quienes como Julio Lozano Pirateque cumplieron penas en USA y ahora gozan de espacio propicio para sus actividades, presuntamente ligadas a los negocios de esmeraldas, fútbol y cocaína.
La diferencia en la estrategia antinarcóticos es notable: Mientras el gobierno Petro busca transformar la lógica de la “guerra fallida contra las drogas” en programas de desarrollo territorial y diálogos, la administración Trump plantea para América del Sur un enfoque militarizado y de erradicación forzosa. Esto conlleva tensiones en la cooperación militar y la actividad de inteligencia.
Mientras tanto, las negociaciones entre el gobierno del presidente Petro y los “combos” o estructuras criminales del Valle de Aburrá (incluyendo Medellín) para lograr la “paz urbana” están estancadas, no tienen avances concretos en noviembre de 2025. La mesa de diálogo, que inició en abril de 2023, carece de un marco jurídico claro y de una agenda de negociación aprobada, en razón de los bloqueos a los proyectos de Ley de iniciativa gubernamental en el Congreso.
Históricamente, la disminución de los índices de homicidio en Medellín se atribuye más a pactos internos entre los mismos grupos criminales, que procuran mantener el control de sus negocios ilegales, que a un avance real en las negociaciones con el gobierno.
El Gobierno Petro ha expresado su intención de renovar el proceso de paz urbana, buscando nuevas estrategias para reactivar la mesa de negociación.
Así las cosas, la “paz urbana” enfrenta serios obstáculos prácticos y legales, y presenta escasos avances tangibles, en la coyuntura.
En lo referente al Clan del Golfo, las negociaciones presentan avances recientes. Esto incluye la formación de grupos de trabajo para desescalar la violencia en el Chocó y la mediación de Catar en el proceso. No obstante, el proceso sigue enfrentando desafíos significativos y no se ha cantado victoria.
Los diálogos de paz se iniciaron formalmente en septiembre de 2025 en Catar, país que actúa como mediador. En noviembre de 2025, se conformaron los primeros grupos de trabajo para abordar la reducción de la violencia, específicamente en el departamento del Chocó.
Entre los primeros acuerdos se encuentran:
- La implementación de un programa piloto para la sustitución total de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó.
- El compromiso del Clan del Golfo de entregar a las autoridades competentes a los menores de edad reclutados.
- La no interferencia en el desarrollo del proceso electoral de 2026.
- El Gobierno reconoce al Clan del Golfo como un grupo armado organizado, lo que es un paso en el marco legal de la “paz total”.
- En cuanto a mediación internacional, Catar muestra su disposición a seguir profundizando en los diálogos y la comunidad internacional, a través de la Cancillería colombiana. También, solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que acompañe el proceso.
Dificultades y Advertencias
Existen factores que reflejan escepticismo y dificultades:
El grupo continúa realizando actividades criminales y amenazando en algunas zonas del país, mientras dialoga. Esto genera dudas acerca de su compromiso real con la paz.
Otty Patiño, Jefe negociador, plantea que los diálogos serán suspendidos si no existen avances reales en la desescalada de la violencia y en el cese de actividades ilícitas.
Persiste el debate acerca de la naturaleza de la negociación, sobre si es una negociación política, como lo plantea el Clan del Golfo, o un sometimiento a la justicia, dada la naturaleza, principalmente delictiva del Clan del Golfo.
En la coyuntura electoral y la crisis de las propuestas y liderazgos de ultraderecha, los temas relacionados con la verdad, la justicia y la reparación, así como la centralidad de las víctimas son determinantes para plantear las soluciones sociales, jurídicas y políticas.
Dado el ambiente caldeado y la incidencia activa de los grupos armados ilegales en los territorios es inconcebible pensar en soluciones de paz basadas en el diálogo y la negociación, que no se articulen con estrategias de seguridad. Esta relación, tiene muchas dimensiones para movimientos progresistas que aspiren a ubicarse adecuadamente en el contexto geopolítico internacional.
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[1] Marcela Anzola. “Lanza del Sur”: una nueva doctrina de seguridad estadounidense y sus implicaciones para Colombia. Noviembre 16 de 2025. [2] Linton Magnus. La guerra contra las drogas: de Richard Nixon a Barack Obama. Nueva Sociedad 255, Enero – Febrero 2015.https://nuso.org/articulo/la-guerra-contra-las-drogas-de-richard-nixon-a-barack-obama/
[3] 11 partidos políticos rechazan declaraciones de Petro tras descertificación. La Silla Vacía. septiembre 17, 2025.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Embajada de Colombia en Canadá
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