A este resultado han contribuido factores como el manejo desacertado que dio el Gobierno a la minga indígena, las discusiones que ha generado el proyecto de plan de desarrollo, la aparente debilidad del primer mandatario y su falta de liderazgo, pero, sobre todo, el ambiente que rodea el debate maniqueo y sectario que se ha dado a la Ley Estatutaria de la JEP, con sus implicaciones lesivas a la implementación del acuerdo de paz con las FARC.
Como se esperaba, las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria que regularía el funcionamiento de la JEP fueron rechazadas masivamente en la Cámara de Representantes (110 votos en contra versus 44 a favor). El Ejecutivo, sin embargo, guarda la esperanza de que su suerte cambie en el Senado donde la distancia que separa a los partidarios de las objeciones es menor con respecto a los que se oponen a ellas y donde cabe la posibilidad de fracturar disciplinas partidistas.
El resultado, empero, no está cantado y los cambios pueden darse en ambas direcciones. De hecho, el senador José David Name ya renunció a la comisión accidental, de mayoría uribista, que estudia las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, con el argumento de que la Ley de Bancadas, que obliga a actuar en bloque a los partidos, no le permite acompañar las objeciones del presidente. Así mismo, Aurelio Iragorri, presidente de la U, afirmó que tampoco suscribió el informe de rechazo a los reparos del presidente, radicado por Iván Marulanda, Alianza Verde y Alberto Castilla del Polo Democrático, debido a que no quería encasillarse como opositor del Gobierno. A estos hechos se suma que en la consulta interna de los senadores de la U acerca de las objeciones, Name fue el único que votó a favor de ellas, a la vez que otros diez se negaron mientras Andrés García Zucardi, Jhon Besaile y Juan Felipe Lemos se declararon impedidos.
De otro lado, ante el rechazo del senador Macías, presidente del Senado, de incluir en el orden del día la ponencia negativa de los senadores Marulanda y Castilla, el senador Roy Barreras, considerando que se había tratado de una estrategia dilatoria, anunció un “paro legislativo” si en la próxima plenaria del Senado no se ponía a consideración el informe de objeciones. La respuesta del senador Macías, señaló que no pondría a consideración la ponencia negativa hasta que son se presente el informe mayoritario que elabora la facción uribista. La senadora Paloma Valencia, expuso también que no había todavía ponencia positiva debido a que se había aplazado la audiencia pública sobre el tema para escuchar todas las partes.
También consideró el senador Barreras de intimidatorias las consultas elevadas al Consejo de Estado acerca de si había habido vicio en la votación de las objeciones en la Cámara, como de malintencionado el anuncio de la Comisión de Acusación, dirigida por un representante uribista, de iniciar investigación preliminar contra Patricia Linares, presidente de la JEP, y Alejandro Ramelli, magistrado de ese tribunal, por supuesto tráfico de influencias.
El uribismo ha planteado que su proceder se fundamenta en su deseo de lograr un acuerdo nacional pero cada vez queda más claro que sus reparos no son de inconveniencia, sino políticos, toda vez que desconoce decisiones tomadas en firme por la Corte Constitucional, afectando la implementación de lo acordado con las FARC. En este sentido, vale la pena traer a colación el estudio del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame.
Según lo expresado por el prestigioso centro que hace el análisis de 34 acuerdos de paz firmados en el mundo desde 1989, tras evaluar lo ocurrido desde la firma de la paz en noviembre de 2016, solamente 23 por ciento de los compromisos acordados por el Estado se ha desarrollado completamente y 31ciento no ha tenido desarrollo alguno.
El Instituto Kroc considera que la implementación del acuerdo de paz con las FARC es estratégica para el logro de muchas prioridades que se ha trazado la actual administración y hace énfasis en la reforma agraria integral que ha tenido un desarrollo precario, así como en una respuesta efectiva a los riesgos de seguridad y protección de los líderes sociales y los excombatientes.
Lo sucedido en los ocho meses que lleva el actual Gobierno en el poder va, sin embargo, en contravía de lo recomendado por quienes estudian desde fuera lo que ocurre en el país. La resistencia a aceptar la justicia transicional y a reglamentar la JEP rompe cada día que pasa los lazos de confianza social y restringe la gobernabilidad de las autoridades, particularmente del Presidente de la República quien con sus actos desmiente lo prometido como candidato. La dureza del lenguaje que ha venido adoptando el régimen esconde su creciente fragilidad la cual, encubierta con el argumento de restablecer la autoridad, tiende a desconocer el Estado de derecho y muestra su incapacidad para forjar una necesaria cohesión social en tiempos difíciles.
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: ELTIEMPO.COM
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