Afirma que, durante el primer año, sus esfuerzos se concentraron en el esclarecimiento caso por caso desde enfoques de abordaje de “la muerte, el territorio y la estructura detrás”. También que, en el segundo año, se avanzó en la creación de equipos itinerantes y territoriales que permitieron empezar a consolidar la información acerca de qué estaba pasando atrás de los homicidios de los reincorporados y de los defensores de derechos humanos. Que, con la llegada del Fiscal General Francisco Barbosa, se hizo un fortalecimiento con más de 40 profesionales, psicólogos, politólogos e investigadores sociales entrenados en ruralidad, lo que les permitió decantar toda la información para saber que en el 65% de los casos de reincorporados y defensores de derechos humanos hay una estructura criminal detrás. Afirma que tiene “90” casos de sentencias condenatorias, de las cuales “38” corresponden a casos de reincorporados y “60” de defensores de derechos humanos, donde no solamente se refiere a quienes dispararon sino también a los determinadores, o líderes de la estructura criminal.
Independientemente de la precisión de las cifras y de los ejemplos que cita para ilustrar la metodología de investigación criminal (cuyos casos, también son dignos de contraste cronológico y casuístico), su énfasis está en pretender mostrar que los esfuerzos de la Fiscalía están en esclarecer el caso, verificar en cuál territorio ocurre, establecer los responsables, identificar las estructuras a las que pertenecen y realizar investigación de sostenibilidad, que consiste en precisar el control de la estructura delincuencial que afecta el territorio, lo que permite atribuir el caso del homicidio a esa “estructura”.
Cuando era Directora de la Unidad Especial, la misma funcionaria en declaraciones al Periódico El Tiempo, Justicia (15,01, 2020), también afirmaba que desde 2016 la Fiscalía tenía una estrategia de investigación y judicialización que le había permitido lograr resultados “sin precedentes en relación con el esclarecimiento de estos hechos”. Que entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía “investigó un total de 592 homicidios reportados por la ONU, organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria”. Ya para entonces, hizo referencia a la misma metodología de activación de unidades itinerantes con capacidad de desplazarse a cualquier lugar del país y mecanismos de asociación de casos.
En cuanto a resultados, solamente hizo referencia a los casos reportados por la ONU (365 víctimas) para precisar avances en 191 hechos (52,32%) de este segmento, en términos de 54 casos con condena, 71 en juicio y 28 con imputación de cargos, 36 en indagación con orden de captura y 2 precluidos por muerte del imputado y reportó la cifra de 510 personas vinculadas a los procesos de judicialización, de las cuales 211 estaban privadas de la libertad.
Para entonces, aceptaba que la conceptualización acerca de quién es defensor de derechos humanos variaba según la fuente de información y que, por ello, la Fiscalía implementó una directiva en la que se adoptó el concepto de defensor con base en la información de la ONU. Con base en ello, la Fiscalía espera la certificación de Naciones Unidas para pasar el caso de la víctima a la Dirección de la Unidad Especial de Desmantelamiento de Bandas Criminales.
Es de resaltar que este mecanismo de registro de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos le permite a la Fiscalía y, por ende, al Gobierno Nacional minimizar las cifras, excluir víctimas y sesgar los casos. En primer lugar, porque el concepto de defensor de derechos humanos no cubre al universo de líderes sociales ni es papel de Naciones Unidas certificar quién es líder social, como lo plantea Cristina Zuleta (09,02, 2020) del Movimiento Ríos Vivos. Definir quién es líder y quién no, es algo que corresponde a cada organización porque constituye un principio básico de la libertad de asociación, de reunión y de expresión. Así mismo lo expresa Camilo González Posso, Presidente de Indepaz en el mismo artículo, cuando plantea que basta con que la comunidad diga que una persona era líder para que se incluya en los registros.
Minimizar las cifras evade la presión internacional para que el gobierno adopte medidas preventivas y de protección. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se optó por soslayar las cifras y alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, porque les pareció menos costoso en términos políticos, adoptar las estadísticas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con base en ello, el gobierno y la Fiscalía General han eludido casos como el de Tulio Sandoval, líder campesino del Catatumbo asesinado el 10 de enero de 2020; Virginia Silva, Sabedora del Resguardo Indígena Belalcazar-Paez Cauca; Mireya Hernández, extesorera de la Junta de Acción Comunal de Algeciras-Huila y Óscar Quintero, promotor de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros.
Es evidente que el problema no es solo de cifras. Sin embargo, la individualización de los casos permite esclarecer la afectación del tejido social y de las luchas que se libran en los territorios. De otro lado, la minimización de las cifras conlleva un riesgo para las personas que participan de las actividades sociales y comunitarias en los territorios frente a los determinadores que, generalmente, se apoyan en el sicariato como método de eliminación física de las personas vinculadas a organizaciones y movimientos sociales.
Así mismo, absolutizar la atribución de los crímenes a las bandas y grupos criminales alienta la impunidad, estigmatiza a las víctimas y eleva el nivel de riesgo, ya que permite soslayar las causas del conflicto social, como lo plantean García y Ramírez (sin fecha), “la violencia también es un intento por doblegar a una sociedad civil particularmente activa…”, refiriéndose a los casos de la lucha por la autonomía de los pueblos étnicos del Cauca y su resistencia frente a la expansión de las drogas ilícitas en esa zona geoestratégica de tan alto interés de multinacionales mineras, de gremios azucareros, de lucha campesina por los derechos a la tierra y al agua, frente a la codicia terrateniente así como de los megaproyectos energéticos, entre otros, frente a los cuales, los grupos y bandas criminales fungen como esbirros.
Al respecto, ya en el Informe de Michel Forst, Relator Especial de la ONU con respecto a la situación de los defensores de derechos humanos señaló que el mayor riesgo lo tienen las personas que lideran procesos sociales y defienden los derechos humanos en zonas rurales, particularmente “el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.
El libreto que consiste en la minimización de los casos a investigar se deriva claramente de la reflexión del Relator especial de Naciones Unidas.
Fuentes:
- Colombia 2020. “Hemos judicializado a quienes disparan y a quienes ordenan atacar a líderes sociales”: vicefiscal. El Espectador. 13 de agosto de 2020.
Ver: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=sRscaAVJZgU&feature=emb_logo
- El dossier de Fiscalía sobre crímenes de líderes sociales en el país. 15 de enero de 2020.
- García Andrés y Ramírez Bibiana. ¿DE DÓNDE VIENEN LAS BALAS CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES? VERDAD ABIERTA.COM
- Sánchez Carol. Las ‘malas cuentas’ de la Fiscalía sobre líderes asesinados. El Enredo de las Cifras. 070. 09,02,2020
Ver: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/las-malas-cuentas-de-los-lideres-asesinados/
- Noticias ONU. Colombia: el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala experto. 4 Marzo 2020.
Ver: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris
Fuente: https://www.gsnoticias.com/
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