Y me voy a centrar en dos componentes del gasto público especialmente cuantiosos. El primero es el destinado a subsidiar al consumo energético, distribuido en dos partidas: la destinada al subsidio de la energía y el gas de 3 billones de pesos, y el segundo a la estabilización del precio de los combustibles, de 9, 6 billones de pesos. O sea, más del triple del gasto en la misma clase de subsidio que fue aprobada por el gobierno de Petro. Y que se explica por la vertiginosa subida de los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados, cuyo principal responsable es la guerra que Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero de este mismo año. Esta es una demostración palmaria de que es imposible separar en compartimentos estanco la política nacional de la internacional. Como lo ha hecho Abelardo con su decisión de restablecer las relaciones diplomáticas y militares con Israel y de incorporar a Colombia al Escudo de las Américas. Sin siquiera pararse a pensar, en ninguno de los dos casos, de las graves consecuencias negativas que ya está teniendo para nuestra economía y nuestras finanzas públicas, la decisión de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu de incendiar la gasolinera del mundo.
El desdén del gobierno de Abelardo por los legítimos intereses de Colombia se extiende también a la política de endeudamiento externo. Utilizando el pretexto, que cité antes, de una supuesta emergencia fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro, Abelardo quiere contraer préstamos multimillonarios en dólares. Y hacerlo sin tomar en cuenta que el astronómico déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos está obligando a la Reserva Federal a sumar miles de millones de dólares a los billones emitidos desde la crisis financiera de 2008. El dólar se devalúa y agrava la inflación en Estados Unidos que a su vez desencadena la nuestra, debido a la magnitud de bienes e insumos importados de ese país. El problema no es estrictamente nuevo, pero se ha descontrolado bajo el gobierno de Donald Trump, que fue elegido con la promesa de poner fin a las guerras interminables en el extranjero y reducir la deuda federal y no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Los bancos centrales de las principales economías del mundo venden bonos del Tesoro y compran oro, mientras el gobierno de Abelardo los compra en vez de comprar oro. El oro que ciertamente producimos.
Otro capítulo del gasto público que exige un debate es el destinado a nuestras fuerzas armadas. El monto de 74, 9 billones previsto por el gobierno de Abelardo, que supera la suma de los gastos en salud y educación lo justifica. Pero no solo esto. Importa incluso más que este gasto se apruebe sin que se dé un debate político nacional sobre la conveniencia de reemprender la ruinosa e interminable “guerra contra el narcotráfico”, hoy renombrada por Washington como “guerra contra el narcoterrorismo”. Hay que preguntar por la posibilidad de victoria de esta guerra 33 años después de la muerte de Pablo Escobar, y hay que denunciar con firmeza la utilización de la lucha contra el narcotráfico con fines evidentemente políticos. Washington ha convertido en costumbre la de acusar de “narcoterroristas” o de “cómplices con el narcoterrorismo” a todos los mandatarios o líderes políticos de nuestro continente que critican sus políticas o se oponen a ellas. E igualmente es hora de cuestionar que esta lucha se utilice para justificar que se hipertrofie el gasto militar con la compra de armamento propio de las guerras entre naciones, en vez de redimensionar esas compras en función de la lucha contra insurgente. Es lo que se hace cuando se incluye entre los objetivos de la estrategia de Defensa hemisférica, adoptada por el Escudo de las Américas, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Esa lucha corresponde librarla a la policía nacional, en coordinación con la Interpol, y no a nuestras fuerzas armadas. Cuyo estatuto y papel decisivo en la defensa de la independencia, la soberanía queda reducido al de una fuerza meramente policial. El 25 de octubre de 2025, el almirante Alvin Husley renunció al cargo de jefe del Comando Sur de las Fuerzas armadas estadounidenses y se dio de baja de la Marina, por su negativa a seguir cumpliendo la orden de Pete Hegseth, secretario de guerra del presidente Trump, de bombardear lanchas de civiles en el mar Caribe. Husley no se opuso a la comisión de crímenes de guerra, se opuso también a que una fuerza letal tan formidable como la representada por el portaaviones Gerald R. Ford y su escolta se dedicaran a esta misión policial.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: El Colombiano
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