La presentación de la reforma a la JEP – instigada por el sector más duro del Centro Democrático – ha contribuido a atizar la división política en torno al proceso de paz cuya esencia se ha querido modificar poniendo en duda el funcionamiento de la justicia para la paz en nombre de la lucha contra la impunidad y la defensa de la legalidad, dejando en la penumbra el mediocre desempeño del Gobierno.
Las objeciones del Presidente se refirieron a la reparación de las víctimas; la capacidad de verificación del Alto Comisionado para la Paz sobre los llamados a ingresar al sistema de justicia transicional; la relación de ciertos delitos con la justicia ordinaria; las condiciones de ofrecimiento de la verdad y la extradición, tema que convirtió la detención de Jesús Santrich, acusado por la Fiscalía de planear un negocio de narcotráfico, en espectáculo político. Así mismo, la coyuntura generó una situación de desajuste institucional agravada por la renuncia del Fiscal General la cual dio pie para que el partido de gobierno quisiera aprovechar el río revuelto para proponer la convocatoria de una constituyente.
Las decisiones de las Cortes pusieron freno a una dinámica que adquiría vuelo y llevaron al Presidente a declarar que acataba la decisión de la Corte Constitucional, si bien agregó que no se quedaría con las manos cruzadas puesto que los puntos objetados eran necesarios, pidiendo a los colombianos “reflexionar sobre las herramientas que quedaron abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien” A lo que agregó: “Acato la decisión que toma la Corte Constitucional como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios de una paz con justicia”. En cuanto a la decisión de la Corte Suprema de reconocer que Santrich tiene fuero como congresista, y que como tal la llamada a juzgarlo es la Corte Suprema, el Presidente aseguró que el exguerrillero “es un mafioso, y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína … los mafiosos tienen que estar en la cárcel y recibir una sanción ejemplar de la sociedad colombiana”.
Aunque los casos juzgados por las Altas Cortes son distintos, ambas decisiones reflejan la difícil convivencia entre la aplicación del acuerdo de paz de firmado en el Teatro Colón y el proyecto político del Gobierno el cual cambiará de estrategia buscando desacreditar la justicia en Colombia, en particular la justicia transicional que inspira a los magistrados de la JEP, creando un ambiente de desconfianza en una paz que permite el crecimiento de grupos ilegales dedicados al narcotráfico. Una indicación clara de su intención de no allanarse a implementar el Acuerdo de Paz se dio ante una sedicente reunión de empresarios a la que asistió Iván Duque donde aprovechó para atizar la polarización política y cuestionar los fallos de los jueces.
No obstante, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno por desandar el camino de los acuerdos, la opinión pública comienza a verse cansada del sainete y espera que el gobierno actúe con contundencia. Que impulse la implementación de lo acordado con las Farc, defienda a los líderes sociales, ataje a las bandas criminales y abra los ojos al mundo, más allá del horizonte trazado por el Tío Sam.
En el campo nacional, los analistas económicos, inclusive el Banco de la República, advierten que el camino de la polarización política ha afectado el desempeño económico mientras que en el campo internacional pareciera que nos consideramos inmunes a la guerra comercial declarada por Trump al planeta. La esperada expansión de la inversión que impulsaría la economía, estipulada por la llamada Ley de Financiación no ha ocurrido. El modesto desempeño de la economía sigue dependiendo del sector minero, mientras el cuantioso déficit en cuenta corriente y el desempleo tornan ineficaces las políticas monetarias y fiscales llevadas a cabo, deteriorando un mercado laboral presionado, además, por la migración venezolana.
El 20 de julio habrá cambios en las presidencias del Congreso de la República y se aproximan las elecciones regionales de octubre. A menos de que ocurra algo imprevisible, el Senado estará presidido por el Partido Liberal y la Cámara de Representantes por Cambio Radical, ambos partidos independientes que no han abandonado su compromiso con la paz. En materia electoral, las tensiones acumuladas y la dinámica política no permiten todavía identificar tendencias claras, pero no es de descartar que haya un nuevo reparto de cartas.
Ojalá se convenzan nuestros próceres de la necesidad de salir de la Patria Boba. En el marco de incertidumbre en el que nos movemos, la política no puede ser considerada como una simple lucha de poder sino como una respuesta colectiva al desacuerdo con base en un conjunto de reglas o pautas aceptadas por la mayoría para regular los inevitables conflictos que perturban la convivencia. Desde luego, la política no permite siempre resolver los conflictos, pero no deja de ser una especie de seguro colectivo ante la amenaza latente de derrumbe del edificio social. Conviene releer La Política como profesión de Max Weber y recordar la distinción que hace el autor entre ética de convicción y ética de responsabilidad.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario.
Foto tomada de: RCN Radio
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