El genocidio que el ejército israelí lleva a cabo en Gaza desde octubre de 2023 ha producido no solo el asesinato de civiles, principalmente niños y niñas, de escala devastadora, sino también una ofensiva directa contra la libertad de prensa. La muerte de más de 237 periodistas palestinos —incluyendo el asesinato selectivo de Anas al-Sharif en agosto de 2025— forma parte de un patrón sistemático de represión informativa y violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Penal Internacional (DPI).
Este patrón no es nuevo. Antecedentes como el asesinato de Shireen Abu Akleh en 2022 muestran la continuidad de una estrategia que busca silenciar el testimonio periodístico sobre crímenes cometidos en Palestina. El presente análisis examina las normas específicas violadas, como el Artículo 79 del Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, incorpora jurisprudencia de tribunales internacionales sobre ataques a periodistas, evalúa cómo el genocidio informativo debilita los mecanismos de rendición de cuentas en crímenes de guerra y examina la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU.
En Gaza, el control de la información por parte del ejército de ocupación israelí es tan estratégico como el control territorial. Ante la necesidad de intentar silenciar el genocidio ejecutado contra el pueblo palestino, esta dimensión ha adquirido un carácter particularmente grave: la eliminación física de periodistas ha alcanzado niveles sin precedentes, constituyendo un ataque directo contra el derecho de los pueblos a conocer la verdad.
El asesinato de Shireen Abu Akleh, corresponsal de Al Jazeera y una de las periodistas más reconocidas del mundo árabe, marcó un punto de inflexión en la percepción global sobre la seguridad de los periodistas en Palestina. Investigaciones de la ONU, Human Rights Watch y medios como The New York Times concluyeron que el disparo que la mató provenía de posiciones israelíes y que no había enfrentamientos armados inmediatos que justificaran fuego indiscriminado. Pese a las evidencias, el caso sigue sin justicia, ilustrando la impunidad estructural con la que operan las fuerzas israelíes en crímenes contra periodistas.
Este antecedente enlaza directamente con lo ocurrido en Gaza desde 2023. Según RSF, el número de periodistas muertos en este periodo supera los registrados en cualquier otro conflicto desde que se tienen datos comparables, incluyendo las guerras de Irak (2003-2011), Siria (2011-presente) y Bosnia (1992-1995).
Desde el 7 de octubre de 2023, han muerto entre 178 y más de 240 periodistas palestinos, según diversas fuentes (CPJ, RSF, ONU). El ataque del 10 de agosto de 2025 contra una carpa de prensa frente al hospital Al-Shifa —en el que murieron Anas al-Sharif y otros cinco periodistas— representa un ejemplo paradigmático: el lugar estaba claramente identificado como puesto de periodistas, no había presencia de combatientes ni infraestructura militar cercana, y la munición utilizada fue de alta precisión, lo que sugiere intencionalidad. Estas circunstancias configuran un ataque selectivo contra civiles protegidos, prohibido expresamente por el DIH.
Marco jurídico y normas violadas
Derecho Internacional Humanitario (DIH)
El Artículo 79 del Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977 establece de forma clara:
“Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en zonas de conflicto armado serán considerados como personas civiles y estarán protegidos como tales de conformidad con las disposiciones de este Protocolo, siempre que no participen directamente en las hostilidades.”
Esta disposición obliga a todas las partes en conflicto a respetar y proteger a los periodistas como civiles, garantizando su integridad física.
Otros artículos relevantes: el Artículo 51 del Protocolo I, que prohíbe ataques indiscriminados contra la población civil, y la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que condena ataques contra periodistas en conflictos armados y reafirma su estatus de civiles.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)
El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan la libertad de expresión y el derecho a recibir y difundir información sin fronteras. La eliminación sistemática de periodistas palestinos vulnera estos derechos y priva a la comunidad internacional de testimonios vitales sobre posibles crímenes de guerra.
Derecho Penal Internacional (DPI)
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera crimen de guerra dirigir ataques contra la población civil y contra bienes civiles, incluyendo instalaciones periodísticas. El patrón repetitivo y documentado de ataques contra periodistas en Gaza permite considerarlos como crímenes de guerra cometidos de forma sistemática.
Jurisprudencia internacional relevante
La jurisprudencia de tribunales internacionales ha consolidado la protección a periodistas como una obligación jurídica inderogable. En el caso Nahimana y otros vs. Ruanda (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia del 3 de diciembre de 2003), se estableció que la eliminación de voces críticas y el uso de medios para incitar a la violencia forman parte de crímenes contra la humanidad.
En el caso Kordić y Čerkez (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sentencia del 26 de febrero de 2001), el TPIY condenó ataques a bienes civiles, incluyendo medios de comunicación, como violaciones graves de las leyes y costumbres de la guerra.
Por su parte, el caso Galić (TPIY, Sentencia del 5 de diciembre de 2003) calificó los ataques sistemáticos contra la población civil y periodistas en Sarajevo como crímenes de guerra, subrayando que el periodismo es un componente esencial de la vida civil en contextos bélicos.
Finalmente, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo (CIJ, 19 de diciembre de 2005) reafirmó la obligación de respetar y proteger a los periodistas como parte de la población civil, recordando que su función contribuye a la rendición de cuentas y a la preservación de la verdad histórica.
El genocidio informativo y la erosión de la rendición de cuentas
El genocidio informativo, entendido como la eliminación sistemática de periodistas y medios para impedir la documentación de crímenes, tiene un impacto devastador sobre la rendición de cuentas en crímenes de guerra. En Gaza, la desaparición de periodistas locales y la prohibición de entrada a corresponsales internacionales han creado un vacío documental que favorece la impunidad. La ausencia de testimonios directos limita la capacidad de los fiscales internacionales para reunir pruebas sólidas, lo que debilita los procesos judiciales. Este vacío informativo, además, es rápidamente ocupado por narrativas oficiales que minimizan o distorsionan los hechos, moldeando la percepción pública y dificultando la presión política internacional.
Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para frenar el genocidio en Gaza
El Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), concebido como el garante de la paz y la seguridad internacionales, se ha mostrado absolutamente incapaz de detener el genocidio en Gaza. Pese a la abundante evidencia de crímenes de guerra y de lesa humanidad —incluyendo ataques deliberados a periodistas— el CSNU no ha adoptado resoluciones vinculantes que impongan medidas concretas a Israel.
Esta inacción responde principalmente al uso del veto por parte de Estados Unidos, que ha bloqueado repetidas resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato o el envío de misiones internacionales de investigación. La alianza estratégica militar y económica entre Washington y Tel Aviv ha convertido al Consejo en un escenario donde las alianzas geopolíticas prevalecen sobre el derecho internacional.
El problema es estructural: la asimetría de poder entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) y la inexistencia de mecanismos para sortear el veto permiten que la voluntad de uno solo de estos Estados bloquee cualquier acción. Aunque la Asamblea General ha intentado suplir esta parálisis mediante el mecanismo Uniting for Peace, sus resoluciones carecen de fuerza vinculante, limitándose a expresar condenas políticas sin consecuencias prácticas.
Conclusiones
El asesinato de periodistas en Gaza no es un efecto colateral de la guerra, sino una estrategia deliberada para controlar la narrativa, silenciar el testimonio y borrar la memoria histórica de un conflicto marcado por graves violaciones al derecho internacional.
Ante este panorama, es urgente un llamado firme y coordinado de la comunidad internacional:
- La creación de una investigación independiente bajo supervisión internacional que documente cada caso y garantice la protección de las pruebas para que puedan ser usadas para sancionar a los responsables del magnicidio del que el mundo es testigo.
- La imposición inmediata de sanciones contra los responsables, tanto políticos como militares, que participaron en la planificación o ejecución de estos crímenes.
- Medidas urgentes de la Corte Penal Internacional para abrir procesos formales que aseguren que estos actos no queden impunes.
- Un embargo internacional de armas al ejército genocida de Israel, como medida preventiva y punitiva frente a la comisión continuada de crímenes internacionales.
Jaime Gómez Alcaraz, analista de política internacional
Foto tomada de: DW
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