Pero aquí comienzan las dificultades y nos conducen al pantano donde se encuentra peligrosamente el proceso de Paz. El Gobierno espera hasta este 12 de diciembre que la Corte Constitucional resuelva si desata el nudo corredizo que pende sobre el mecanismo de la vía rápida o fast track separando dicho mecanismo de una nueva refrendación popular por la vía de la convocatoria de un nuevo plebiscito o por la vía de los Cabildos Abiertos que son dos alternativas que se han planteado como válidas para refrendar políticamente con la participación popular de los Acuerdos con las FARC. Y ello es así porque el artículo 5 de la reforma constitucional para la Paz o Marco Jurídico para la Paz ató la entrada en vigencia de dicho mecanismo a que el SÍ saliera victorioso en la urnas lo cual no sucedió así haya sido una votación con una diferencia de menos de 50 mil votos. Esta concesión es bueno recodarlo se hizo avanzado ya el debate del acto legislativo con el argumento que había que dotar de legitimidad al mecanismo de la vía rápida que reduce sustancialmente los tiempos para aprobar las leyes y los Actos Legislativos y que establece además que por tratarse del derecho fundamental a la paz el Congreso de la República no entra en los contenidos de los proyectos sino que su función se reduce a aprobar o improbar los textos que el Gobierno en cumplimiento de los Acuerdos someta a su consideración, eso sí con un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional como garantía de que el ejecutivo no extralimite las atribuciones que le confiere el Acto Legislativo, éstas funciones están limitadas al desarrollo y la puesta en práctica del Acuerdo para la terminación del conflicto, incluso se le dan atribuciones al Presidente de la República para expedir decretos leyes que desarrollen los acuerdos con el requisito repito del control constitucional previo y automático por parte del Tribunal Constitucional.
La no aprobación del fast track tiene dos consecuencias graves para el proceso en marcha. El primero el del tiempo limitado de este gobierno que fue quien pactó el Acuerdo en medio de una aguda división política del país y ante la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos, el 63% que no concurrió a las urnas el pasado 2 de octubre. No hay un acuerdo de Estado alrededor del Acuerdo de Paz, esto es necesario recordarlo. Las intensas negociaciones que se sucedieron ante el resultado adverso no condujo a dicho acuerdo aunque como lo hemos señalado aquí en éstas páginas si amplio la base social de respaldo en sectores opuestos antes del 2 de octubre como es el caso de la Iglesia Católica, algunos grupos protestantes, sectores empresariales, jóvenes ahora movilizados en campamentos por la paz y en general en un vasto sector ciudadano indiferente o apático e incluso en algunos sectores que por diversas razones como la desinformación, las mentiras y engaños con los que procedieron sectores que impulsaron el NO en el plebiscito, ante el resultado adverso, ahora se manifestaron favorablemente al nuevo acuerdo suscrito el 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá. Pero la polarización política en ese 37% que concurrió al plebiscito persiste puesto que los sectores más visibles y que se autoproclamaron voceros del NO al final pretextaron que el Nuevo acuerdo era el viejo Acuerdo solo con cambios menores. Allí y pese a sus diferencias se encuentran los voceros del Centro Democrático de Álvaro Uribe, el ex procurador Alejandro Ordoñez ahora ferviente militante del Partido Conservador y las huestes de Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez, al final todos éstos sectores confluyeron en el rechazo al nuevo acuerdo. Así el propósito central de abrir el Acuerdo a una nueva negociación no cumplió con la meta de lograr un Acuerdo de Estado alrededor del mismo. Las miras por lo menos del Centro Democrático y de estos sectores, no está en la paz, sino en recuperar el poder presidencial y parlamentario en las elecciones del año 2018. Esto también debe ser claro. Se anteponen intereses en la lucha por el poder a los intereses generales del país.
La segunda consecuencia grave de la no aprobación del fast track es que sin este mecanismo el Congreso de la República podrá entrar al debate y la revisión de los textos de los Actos Legislativos y las leyes necesarias para dar cumplimiento a los Acuerdos. Y con este poder del que goza el Congreso en los debates parlamentarios por la vía ordinaria sobrevendrá en el mejor de los casos de una nueva negociación que es a la que temía el jefe negociador Humberto de la Calle y por la cual férreamente se opuso al mecanismo de la Constituyente propuesto por las FARC para la refrendación del Acuerdo. De la Calle expresaba que una Constituyente era abrir de nuevo las negociaciones. Ese vaticinio se cumpliría si la Corte Constitucional no desliga el mecanismo del fast track de una nueva refrendación popular. La Corte tiene dos salidas. La primera si legitima la refrendación política del Congreso como una salida viable políticamente y como una refrendación política válida en tanto el Congreso legalmente está facultado para hacerlo como lo señaló la Sala de Consulta del Consejo de Estado. La segunda vía es aceptar los argumentos de la demanda de Iván Duque, senador del Centro Democrático, que alegó ante el Tribunal Constitucional que se violó el principio de consecutividad en el trámite del Acto Legislativo, es decir, que el artículo 5 que ató el mecanismo del fast track a la victoria del SÍ en plebiscito no fue debidamente discutido sino hasta el quinto debate de la reforma constitucional. Por cualquiera de las dos vías que opte la Corte, el fast track tendría vida y el gobierno finalmente tendría despejado el camino jurídico para la implementación del Acuerdo. Un riesgo adicional que no es menor es que sin el fast track las mayorías en el Congreso negocien de forma clientelista y corrupta, como suelen hacerlo, el apoyo a todas y cada una de las iniciativas legislativas necesarias para avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos. Amén de que a partir de enero del próximo año se entra en un año electoral.
LA LUCHA POR LA HEGEMONIA Y LA LEGITIMIDAD DE LOS ACUERDOS
Es innegable que los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Insurgencia de las FARC-EP no cuentan con una arrasadora o por lo menos clara mayoría ni entre los electores que estamos reducidos a un 37% del censo electoral ni mucho menos en las mayorías silenciosas y abstencionistas del país que constituyen el otro 63% del electorado. En esto debemos ser claros. Y es aquí en donde tiene razón Rodrigo Uprimny cuando plantea que una vez resuelto el tema del fast track en la Corte Constitucional debería plantearse una estrategia de legitimación política de los Acuerdos de La Habana que debería contemplar el uso de los cabildos abiertos, las consultas ciudadanas locales o departamentales, los mandatos ciudadanos y algunos otros de los mecanismos legales y constitucionales que existen para avanzar en la construcción de una mayoría sólida.
Estando de acuerdo con la tesis de Rodrigo Uprimny yo agregaría que los partidarios del SÍ y las nuevas fuerzas que se han sumado recientemente, deberían constituir un mecanismo como el Frente Amplio por la Paz en que confluyan partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales, organizaciones sindicales dentro de las cuales cabe un lugar importante a las centrales sindicales y sobre todo a la Federación Colombiana de Educadores, organizaciones campesinas y de víctimas, ONGs, organizaciones de mujeres, indígenas y afrocolombianas, en fin, la sociedad civil organizada que ponga en marcha una estrategia política de refrendación popular y ciudadana de los Acuerdos ya en marcha, que además sea un foro abierto de deliberación ciudadana sobre los contenidos de los Acuerdos, que pueda intervenir activamente con propuestas sobre los desarrollos legislativos y la puesta en marcha de los mecanismos contemplados en los Acuerdos como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los diversos mecanismos de desmonte del paramilitarismo así como el Fondo de Tierras para la Paz y las reformas políticas: estatuto de la oposición, circunscripciones especiales de Paz, reformas al sistema electoral. En fin, la idea central es que hay que acabar con el burocratismo y la abulia que carcome a los sectores democráticos del país. Hay que poner en marcha un movimiento político democrático por la paz. Ese debe ser el centro del Acuerdo Democrático para concurrir a las elecciones de 2018. La paz se volverá a jugar en las nuevas elecciones y desde ya los partidarios del SÍ deberíamos agruparnos para actuar en las grandes transformaciones que requiere el país algunas de ellas contenidas en el Acuerdo de La Habana pero otras no. Como ejemplos hay tres que son cruciales en la coyuntura que se avecina: una profunda reforma al sistema de salud y seguridad social de la cual debe desaparecer la intermediación financiera y el negocio que han reducido la salud a una mercancía más; una verdadera reforma tributaria para la justicia social, la actual es un atraco para los bolsillos de los trabajadores y de la clase media mientras se mantienen las exenciones y las gabelas al sector financiero y a los grandes grupos económicos y una política pública de incentivos, crédito, asistencia técnica, para las economías populares urbanas.
Es que hay que replantear de fondo la política democrática y a los sectores democráticos en la perspectiva de profundizar la lucha por la dirección intelectual y moral de la sociedad alrededor de un proyecto progresista y democrático como lo planteaba lúcidamente Antonio Gramsci. Hay que construir ese proyecto secuestrado en los sectores de izquierda por el nuevo clientelismo y la corrupción que tiene a varios de sus conspicuos representantes en las cárceles. Esa es la tarea.
Bogotá 8 de diciembre de 2016.
Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
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