El Plan Nacional de Desarrollo del período 2014 – 2018, del ex presidente Juan Manuel Santos, estuvo conformado por siete pilares dentro de los cuales la estrategia transversal fue la transformación del campo, que se planteó con el fin de construir una paz estable y duradera, a lo que se añadió disminuir las brechas territoriales, mejorar las condiciones de vida entre la población rural y la meta de una población rural más educada.
En consecuencia, se plantearon cinco objetivos para la estrategia transversal que van desde el ordenamiento territorial, hasta la posibilidad de cerrar la gran brecha entre lo rural y lo urbano; también se incluyó la mayor productividad rural como estrategia para reducir la pobreza y el logro de una mayor provisión de bienes y servicios por parte del Estado.
El primer objetivo planteado fue ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios, sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. Dentro de los tres pilares que contiene este objetivo, en primera instancia, el Estado buscó beneficiar a la población rural de escasos recursos que carecía de tierras, por lo que intentó recuperar los terrenos perdidos a causa de los procesos agrarios de clarificación de la propiedad y deslinde, extinción de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y procedimientos administrativos de revocatoria directa de titulaciones ilegales, además se propuso seguir con la política de restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado. También se propuso un catastro multipropósito que necesita de un sistema de información actualizada y centralizada tanto a nivel departamental como municipal. Igualmente, se buscó promover el uso eficiente del suelo y los recursos naturales, por lo que también es necesaria una amplia disponibilidad de información para que se pueda identificar la capacidad productiva y las condiciones del suelo de cada terreno.
El segundo objetivo buscó cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios que apoyen el desarrollo humano de los pobladores rurales. Al respecto, los pilares plantean la necesidad de brindar mayor cobertura en temas de educación promoviendo el ingreso y la permanencia en educación media y asegurando una transición a la educación superior permitiendo a los jóvenes especializarse en la actividad económica predominante de su región. También se buscó mejorar el servicio a la salud y a los servicios públicos, como el agua potable. Adicionalmente, se planteó diseñar un esquema de protección social el cual considere las condiciones de la actividad rural, es decir estacionalidad, contratos laborales flexibles por períodos y temporalidad, esto con el fin de garantizarles a los trabajadores rurales protección económica en la vejez o en caso de invalidez.
El tercer objetivo planteó acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural mediante una apuesta de inclusión productiva de los pobladores rurales. Es importante consolidar la clase media rural, que se pretende lograr conjuntamente con el ordenamiento territorial, ya descrito en el primer objetivo. Por otro lado, se aspiró realizar inclusión social y productiva, especialmente resaltando la importancia de la mujer, desarrollar negocios rentables e impulsar innovaciones que faciliten el acceso a los mercados en condiciones justas y competitivas. Adicionalmente, se resalta el papel de Finagro y del Banco Agrario para fomentar el crédito a los campesinos y productores agrícolas nacionales, por lo que es necesario brindar asistencia técnica y capacitaciones para la mejora de los servicios.
El cuarto objetivo consistió en impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo. Este objetivo buscó desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica integral y consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial articulada con la mayor participación de las universidades nacionales y regionales, así como también los centros de investigación y de desarrollo tecnológico del sector agropecuario. Conjuntamente, se debe contar con un proceso de modernización de la infraestructura de adecuación de tierras bajo el principio de eficiencia del suelo y del agua. Por otro lado, se planteó mejorar las vías terciarias para el mejoramiento de la productividad del sector agropecuario. Asimismo, fue menester la reforma del Sistema Nacional de crédito Agropecuario con el fin de orientar los recursos de crédito de redescuento a los segmentos de pequeños productores y al crédito de largo plazo por línea de inversión.
Finalmente, el quinto objetivo se llamó contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. Se planteó crear la Autoridad Nacional de Tierras con el fin de que gestione los procesos agrarios en términos de tierra, es decir una institución que se encargue de la formalización de la propiedad de la tierra, el acceso y distribución equitativa de las tierras y la titulación a comunidades étnicas. Adicionalmente, se propuso la creación del Fondo de Desarrollo Rural que se encargara de contar con un mecanismo financiero flexible para la ejecución de los planes de desarrollo rural.
El sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA es el encargado de hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas, especialmente las desarrolladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con respecto al PND y específicamente a la estrategia transversal transformación del campo, SINERGIA desarrolla indicadores por objetivo que permite evidenciar el avance obtenido para el período 2014 – 2018. Para el primer objetivo que busca ordenar el territorio, se desarrollan catorce indicadores, donde se puede resaltar que en su mayoría están por encima del 100%. Como caso específico se puede resaltar un bajo porcentaje en los indicadores denominados “Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento” y “Sistemas productivos agropecuarios con medidas de adaptación y mitigación del cambio climático” que alcanzaron tan solo el 35,43% y el 33,33% respectivamente. En cuanto a los indicadores “Predios rurales actualizados catastralmente” y “Predios intervenidos por la política de ordenamiento social y productivo del territorio” obtuvieron avances del 228,18% y 218,26%, siendo los de mayor avance dentro del primer objetivo.
El segundo objetivo cuenta con cuatro indicadores: el primero es llamado “Soluciones de vivienda rural entregadas” que obtiene un avance del 65,74%; el segundo indicador se denomina soluciones de vivienda rural entregadas a hogares víctimas avanzó en un 55,56%; el tercero tiene que ver con los jóvenes rurales con acceso a programas de educación superior en ciencias agropecuarias que obtuvo un avance del 8,39% siendo el porcentaje más bajo en este objetivo; y por último, el indicador de déficit habitacional rural tiene un avance en el cuatrienio del 179,76%. El tercer objetivo cuenta con tres indicadores denominados Mecanismos de intervención integral en territorios rurales establecidos, hogares con planes de negocio y personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo empresarial rural que tuvieron como avance en el período de 133,33%; 105,2% y 156,51% respectivamente. Finalmente, para el cuarto objetivo evaluado por SINERGIA está constituido por un único indicador, el cual mide la capacidad de carga y que tuvo un avance de 232, 5%.
De esta manera los resultados son variopintos, los indicadores que presenta el gobierno saliente no son necesariamente exitosos y mucho menos suficientes para mostrar los resultados sobre lo propuesto, aunque se tiene que decir que el sector agropecuario viene creciendo. Aún se requiere de un gran esfuerzo como país para devolver la esperanza a quienes habitan y producen en el campo colombiano.
Ahora bien, de cara al nuevo mandato del presidente Iván Duque Márquez, es de vital importancia mencionar las propuestas planteadas por el mandatario y contrastarlas frente a los resultados que obtuvo el plan nacional de desarrollo implementado bajo el período Santos. Diez propuestas están dirigidas al sector agropecuario y rural conjuntamente.
El presidente plantea la creación de créditos que fomenten la productividad, implementándolos en la nueva adquisición de tecnologías que favorezcan el medio ambiente y el mejoramiento genético. Propone brindar incentivos tributarios por diez años destinados a las inversiones que permitan la generación de empleos de calidad y permanentes, y de igual manera se desarrollarán nuevos instrumentos de financiación y ampliación de los fondos destinados al sector agropecuario para el fomento de la inversión.
En temas de agroindustria, el actual mandatario propone la articulación de pequeños productores y la agroindustria colombiana brindándoles seguridad jurídica y protección a la propiedad y al acceso a la tierra, mediante reglamentación de tierras, uso y beneficio; conjuntamente se implementará la innovación tecnológica e inversión con asistencia técnica orientado a la productividad, y garantizar el abastecimiento de los mercados tanto nacionales como internacionales. Adicionalmente se incentivará el consumo saludable y responsable con impactos sociales y medioambientales positivos, y promoviendo la producción en Colombia. Piensa incluir el uso de Big Data y datos abiertos con la finalidad de brindar mayor seguridad y estabilidad a los pequeños productores. Así como también, destinar al menos el 50% del presupuesto agrícola a la provisión de bienes públicos como distrito de riego y vías digitales.
Por otro lado, en temas de institucionalidad Duque plantea la modernización y tecnificación del Ministerio de Agricultura aportando un “enfoque claro en desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales, que integren producciones industriales y pequeños productores; aprovechamiento de mercados internacionales; incorporación de nuevas tecnologías con registros de productos, datos abiertos, Big Data, Internet de las cosas, etc.” Conjuntamente, las instituciones del sector rural serán transformadas adoptando un enfoque hacia la provisión de bienes públicos, estabilidad jurídica y protección a la propiedad privada, generando apoyo a los pequeños productores y el proceso de transición a la agroindustria.
Finalmente, en cuanto a la población rural, se propone una “operación retorno” que consiste en el regreso de las familias al campo modificando los modelos de educación rural, alfabetización para el adulto mayor campesino y el emprendimiento e innovación como base fundamental para el desarrollo. Adicionalmente, se plantea robustecer el papel de la mujer rural adoptando medidas que difundan su empoderamiento y la autonomía en la toma de decisiones frente a temas decisivos como la producción, el uso de la tierra, la economía familiar, salud, alimentación, entre otras.
A pesar de que las propuestas planteadas por el presidente Iván Duque incluyen temas de agroindustria, crédito, institucionalidad y población rural son poco profundas y carecen, momentáneamente claro está, de un desarrollo más amplio que haga frente y de soluciones reales a la problemática que actualmente enfrenta el campo colombiano. Aun no es claro cómo se va a diferenciar del Plan Santos, cómo va a trascender lo logrado y mucho menos, cómo va a hacer para que sus propuestas se diferencien de las ya conocidas frente a la protección de los grandes capitales en el campo, que son las que han primado en el país por los últimas décadas.
Será entonces un reto y una alta expectativa por parte del sector, en especial para las familias campesinas, conocer las propuestas reales que tiene el nuevo presidente para un sector que se constituye en un baluarte para la estabilidad del país y la construcción de la tan esperada paz duradera.
Por ahora, después de seis semanas de mandato ha sido poco lo que se ha dicho en torno al campo. Los gremios avalaron las escasas propuestas de Duque y plantearon que eran las mejores. El presidente les devolvió el favor nombrando a un dirigente gremial como ministro. Esperemos entonces que el mundo rural reciba la suficiente atención para lograr trascender o al menos para que se siga cerrando la enorme brecha que los años de olvido y las desacertadas políticas productivas y sociales le han significado al campo colombiano.
Jaime Alberto Rendón Acevedo y Carol Estefanía Mosquera Gómez, Observatorio Rural. Universidad de La Salle
[1] Véase el análisis en: https://www.lasalle.edu.co/wcm/myconnect/f9dcc546-7192-4f28-8824-8e64862cdeea/Boletin+resultados+simulacro+y+an%C3%A1lisis+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdRwalE&CVID=mdRwalE&CVID=mdRwalE
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