El destape de lo acaecido en la UNGRD que salpicó a Iván Name – presidente del Congreso –, a Andrés Calle – presidente de la Cámara de Representantes, a Sandra Ortiz – saliente consejera para las regiones – y al reputado senador conservador Carlos Andrés Trujillo ahondó la división en el partido Verde, provocó la salida de dos de sus miembros más representativos, Antanas Mockus y Claudia López, y propinó un golpe severo a la credibilidad moral del Gobierno. En efecto, el recelo y la desconfianza generados por las prácticas corruptas enquistadas en la UNGRD también llevaron a algunos de sus miembros a preguntarse si podía haber congresistas de la bancada implicados en lo desvelado.
De hecho, y visto con cierta distancia, el escándalo suscitado por las confesiones de los exdirigentes de la UNGRD no causa asombro. La corrupción en el sector público colombiano es un fenómeno recurrente que constituye una oportunidad propicia para la aparición de situaciones de enriquecimiento rápido, nepotismo y amiguismo que culminan en malversaciones y en actos delictivos, lo cual implica que el costo para los gobiernos sea alto.
En Colombia, como en muchos países del mundo, la política se ha vuelto un mercado en el que los partidos políticos han perdido buena parte de su identidad y en el que para acceder al poder tienen que proceder a intercambios y transacciones en frágiles y complejas alianzas. El caso se complica cuando las organizaciones políticas se tornan en maquinarias electorales que otorgan avales y en las que muchos políticos profesionales -como los llamaba Max Weber – se organizan para repartirse jirones del Estado con el fin de acceder a sus recursos para enriquecerse o financiar sus campañas en lo que el lenguaje popular conoce como el “reparto de la marrana” y en el marco de una corrupción estructural que lleva a la captura del Estado por clanes políticos y desvirtúa el ejercicio de la democracia.
La tormenta política desatada por el escándalo de los carrotanques que debían llevar agua ciertas regiones de la Guajira no solamente se traducirá en la pérdida de cuantiosos recursos. También en el riesgo para el Gobierno de no sacar adelante sus reformas y en los costos políticos para conservar un grado aceptable de gobernabilidad ante una oposición cerrera que se opone a todo cambio estructural, dispuesta a obstaculizar las reformas en el Congreso hasta que se aclare si el Gobierno es responsable de los escándalos que han salido a la luz en las últimas semanas.
En la situación actual la prioridad del Gobierno es la reforma a la salud. El presidente Petro ha confirmado que radicará un nuevo proyecto con mensaje de urgencia y, al parecer, están por terminar las negociaciones para discutir la nueva propuesta a pesar de que el Ejecutivo no cuenta por el momento con un buen ambiente en el Congreso lo que le exigirá un gran esfuerzo para convencer a los indecisos, particularmente en la Comisión VII del Senado donde tiene una férrea oposición. En este orden de ideas, el principal reto inmediato lo plantea el tiempo el cual también lo es para las reformas laboral y pensional.
El pasado viernes 17 de mayo el Gobierno, en cabeza de la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el texto de la reforma pensional el cual mantuvo casi todo lo aprobado en el Senado. La discusión sobre el mismo comenzó el 22 de mayo con una gran expectativa del Ejecutivo, por cuanto tiene las mayorías en la Cámara donde todavía tiene que superar los dos debates que le quedan de aquí al 20 de junio. De lo contrario, se hundirá por falta de trámite.
En cuanto a la reforma laboral, el Gobierno tiene que lograr que la misma sea aprobada en su primer debate antes del fin de la legislatura para que su trámite continue en el siguiente período.
A lo ajustado del tiempo se suma otro obstáculo: ambas iniciativas deben pasar por la Comisión VII de la Cámara de Representantes y si se llegase a radicar una nueva reforma a la salud la Comisión VII tendría que discutir tres iniciativas en un mes lo que llevaría al Gobierno a renunciar a una de sus reformas.
En medio del ajetreo legislativo, el Ejecutivo no ha perdido de vista el daño que le causa la corrupción a su labor y ha concebido un plan de lucha contra la corrupción que plantea a mediano plazo la implementación de una política de transparencia que ha suscitado poco interés entre los políticos mientras propone intensificar medidas que permitan prevenir que amigos, familiares y oportunistas utilicen los nombres de altos funcionarios para gestionar contratos y favores.
Así mismo, y a raíz de señalamientos que comprometerían a altos funcionarios, el presidente Petro ha anunciado la convocatoria a una “mesa técnica” para combatir los casos de corrupción. A este respecto, Alfonso Gómez Méndez recuerda en su columna del 8 de mayo que “aun cuando la intención puede ser buena, no es el camino más eficaz… Hemos tenido ya varios “estatutos” anticorrupción con aumento de penas, beneficios por delación y agilización de procedimientos… (Pero) mientras no exista una separación real de poderes, ni responsabilidades políticas, esta seguirá siendo una democracia bloqueada. El paso previo por el Congreso facilita la impunidad en los llamados “juicios políticos” Nadie le quiere poner el cascabel al gato”.
En consecuencia, con base en lo que se conoce y lo que se ha dicho, parece que ha llegado la hora de exigir celeridad a los entes de control y de justicia a la vez que fortalecer la veeduría ciudadana para evitar el pago de coimas a los funcionarios públicos y a los políticos a cambio de favores y contratos. Difícil tarea la que le espera a María Cristina Patiño, la fiscal delegada ante la Corte a quien le correspondió investigar el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Canal 1
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