OTRO DELITO QUE SE PERPETÚA
A pesar de que la estigmatización no sea considerada como un crimen de lesa humanidad en sí misma, podemos afirmar que en numerosas ocasiones se relaciona con uno: el asesinato generalizado y sistemático de grupos específicos de la sociedad (en este caso quienes lideran procesos sociales o defienden derechos humanos). Resulta evidente que la estigmatización se puede considerar como un delito que lesiona la integridad moral de sus víctimas, su derecho al buen nombre y honra, identificado con la injuria y la calumnia. Es un delito que se está naturalizando a punta de repetición desde hace décadas y esta misma repetición continua en el tiempo y la impunidad que lo rodea permiten su perpetuación y naturalización, mientras que su mensaje se va quedando grabado en la mente de gran parte de la población.
La estigmatización forma parte del proceso histórico y continuo de violaciones de derechos humanos por parte de gobernantes, funcionarios estatales, algunos miembros de las élites sociales y de grupos armados ilegales en contra de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, opositores al status quo en diversos ámbitos y de organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, ONG, Juntas de Acción Comunal, organizaciones étnicas, campesinas, de mujeres, etc. La estigmatización también hace parte del modus operandi identificado en la larga cadena de graves violaciones de derechos humanos contra quienes los defienden y promueven, o contra quienes ejercen el liderazgo social; entre los más graves se resaltan los asesinatos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las amenazas de muerte, el desplazamiento forzado, las judicializaciones ilegales, las persecuciones, la intromisión en su intimidad y los despidos de sus lugares de trabajo.
En 1994, hace 27 años, algunas organizaciones de derechos humanos demandaron ante el Estado el cese de las estigmatizaciones y acusaciones públicas de las que eran objeto por parte de altas funcionarias y funcionarios gubernamentales. Ante esa acción legal, el ministro de Defensa de la época anunció que expediría una directiva ministerial que aleccionara a los miembros de la Fuerza Pública en el respeto de la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos[6]. Desde entonces se han expedido decenas de leyes, decretos y directivas que buscan garantizar los derechos humanos y la actividad de las y los defensores de derechos humanos: se crean planes, comisiones, mesas de trabajo y cuerpos especiales de la policía y la Fiscalía, pero el problema no se soluciona, por el contrario, se agrava desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Aún hoy continúan registrándose hechos de estigmatización contra la defensa de los derechos humanos desde diversas fuentes, que van desde funcionarios del Estado, políticos y otras figuras públicas hasta las realizadas mediante panfletos con amenazas de muerte firmados por grupos armados ilegales. Con el creciente uso de las redes sociales la capacidad para la estigmatización también se ha multiplicado.
Según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH), la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia es un crimen que se ha presentado desde hace más de 40 años y se relaciona con la construcción y puesta en práctica de la denominada “doctrina del enemigo interno”[7], una decisión estatal mediante la cual miles de personas y organizaciones que defendían derechos humanos eran identificadas como enemigas del Estado y concebidas como una amenaza a la seguridad nacional. En la actualidad es muy difícil reversar años de asimilación de esa idea que forma parte de la doctrina nacional, sobre todo cuando la estigmatización persiste y está cobijada por la impunidad.
Han sido numerosas las ocasiones en las que funcionarios del Estado (tanto civiles como militares y policías), además de políticos, incluidos el expresidente Uribe y miembros de su partido político, han sido compelidos por sentencias de organismos judiciales a retractarse de afirmaciones estigmatizantes que han puesto en peligro a sus víctimas. La rama judicial ha tenido éxitos en la lucha contra la estigmatización, en cambio, la Procuraduría General de la Nación (PGN), pese a lo que establece en su directiva 002 de 2017[8], no ha sido eficaz en sancionar a servidores públicos que estigmaticen o lleven a cabo conductas o acciones que “deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento de defensoras y defensores de derechos humanos”. Según la ONG internacional Human Rights Watch[9], la PGN tampoco ha realizado avances significativos en relación con los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Según esa ONG (y muchas otras), el Estado colombiano tampoco ha tenido éxito en desestructurar los grupos armados de los victimarios, ni existen avances en la implementación de mecanismos de prevención y protección efectivos para los y las defensoras.
Si la impunidad es evidente frente a los asesinatos de quienes lideran procesos sociales o defienden derechos humanos, es aún mayor frente a otras violaciones de sus derechos humanos consideradas “menos graves”, entre ellas la estigmatización.
¿CUAL ES LA GRAVEDAD DE LAS ESTIGMATIZACIONES?
Recordemos que desde hace años Colombia es (según la ONU[10] y organizaciones internacionales de derechos humanos como Front Line Defenders y Global Witness[11]) el país del mundo en el que más asesinan personas defensoras de derechos humanos. Además, las precarias condiciones sociales, económicas y culturales del país tienen como consecuencia que cientos de miles de personas estén dedicadas a la violencia armada como modo de vida.
Para comprender la gravedad, conviene recordar algunas de las consecuencias de los señalamientos estigmatizantes, las cuales derivan en riesgos para la vida de sus víctimas. Para mencionar solo dos de la larguísima cadena de casos registrados, se puede mencionar lo sucedido con el periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, quien debió abandonar el país en 2019 luego de que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó en redes sociales dos supuestas fotos del reportero acompañadas de un texto en el que se preguntaba cuánto le habría pagado la guerrilla de las FARC por publicar un reportaje favorable a esa guerrilla y otro contra el Ejército. Eso ocurrió después de que Casey publicase un artículo sobre la expedición de unas directivas operacionales de las fuerzas armadas que eran similares a las que propiciaron la comisión de ejecuciones extrajudiciales. El segundo ejemplo son las consecuencias derivadas de las declaraciones del comandante de la Policía Nacional en Cúcuta[12] en 2020 cuando, durante una rueda de prensa, aseguró que un reconocido defensor de derechos humanos de Norte de Santander era “jefe de prensa de los bandidos” y cometió “apología al delito” por dar a conocer un panfleto de grupos armados ilegales, lo cual puso en grave riesgo su vida.
Ya en 2009, mientras Álvaro Uribe era presidente, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos afirmaba que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno… los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser “terroristas” o “guerrilleros”, o de estar operando en secreto con ellos.”[13].
Diez años después, en 2019, la CIDH aseguraba que “la estigmatización en contra de personas defensoras en Colombia, continúa siendo un problema de preocupación. Persiste el uso de discursos estigmatizantes contra personas defensoras de derechos humanos a través de los cuales se les acusa de “fabricar armas”, “defraudar al erario”, “robar a las víctimas”, “vándalos”, “guerrilleros” o “terroristas”, entre otras alegaciones” [14] . El Defensor del Pueblo de la época también denunciaba “la persistencia de una estigmatización histórica a la labor de las y los líderes y defensores por parte de actores sociales, políticos, económicos y armados a lo que se suma la falta de reconocimiento y legitimidad de sus actividades. Generalmente, los reclamos hechos por estos colectivos son vistos como un cuestionamiento al status quo y en consecuencia una subversión al orden social”[15]. Existe evidencia de sobra que permite concluir que esta es una práctica sistemática y con trayectoria en un Estado violador de derechos humanos, que además ha sido condenado en tribunales internacionales[16] por múltiples crímenes de lesa humanidad.
¿CÓMO SE HACE?
La estigmatización ha sido utilizada desde hace décadas como un intento de “justificación” o “legitimación” del exterminio físico y político de seres humanos y organizaciones consideradas como “enemigas” y se inscribe en una política de eliminación de quien los victimarios consideran como “contrario”, en este caso de quien busca transformar el modelo político, económico y social dominante, así como garantizar modos de vida digna para amplios sectores de la población. En muchos casos los asesinatos de personas defensoras son antecedidos e incluso precedidos por campañas de estigmatización que intentan construir una falsa realidad para influir en la percepción que tiene la opinión pública sobre la existencia, magnitud y “justificación” del crimen. Mediante la elaboración de esta falsa realidad también se ocultan las verdaderas causas de los crímenes así como los verdaderos culpables. Por medio de esta práctica, los victimarios buscan despojar de su identidad y legitimidad a quienes defienden los derechos humanos o lideran procesos sociales. Con ello también se quiere atacar sus actividades (individuales o colectivas) de defensa de derechos humanos o su contribución activa en procesos comunitarios en procura de garantizar condiciones de vida dignas y, según normas internacionales, por medios pacíficos[17].
En este caso, la estigmatización se lleva a cabo mediante la construcción de una identidad falsa de la víctima, basada en mentiras, transfigurando su identidad real (la que se define por sus actividades y es legitimada por quienes las reconocen) e imponiéndole una identidad social virtual[18], estereotipada, falsa y cargada de características repudiadas socialmente, de estigmas sociales. La estigmatización también se hace para desviar las investigaciones y obstruir el esclarecimiento de las verdaderas causas por las que hombres armados, pertenecientes a estructuras armadas, disparan, apuñalan y golpean hasta la muerte a personas desarmadas, civiles, que defienden los derechos humanos o lideran procesos sociales. Esa misma estigmatización se hace presente en los discursos y las amenazas de muerte de los grupos armados[19], ellos se auto justifican en la estigmatización que hacen de las víctimas e intentan mostrarlas como integrantes de un grupo armado rival, falseando su identidad real, en la que las víctimas se caracterizan por actuar por medios pacíficos.
En muchas ocasiones los victimarios, haciendo uso de medios de comunicación, contribuyen a construir el estereotipo del defensor de derechos humanos como un “guerrillero” y de la defensa de derechos humanos como un acto terrorista. El objetivo es eliminar a la persona defensora y su identidad, y satanizar su actividad mientras que desde el Estado se intenta ocultar la gravedad, la magnitud y la percepción de la existencia misma del fenómeno, del exterminio; de ser posible, borrarle de la historia y de la memoria, como si fuera parte de una especie de “Noche y Niebla”[20] a la colombiana.
Otra forma de estigmatización se da mediante las judicializaciones arbitrarias o la utilización del aparato estatal y los medios masivos de comunicación para perseguir por vías aparentemente “legales” a las personas defensoras de derechos humanos. La historia colombiana está cargada con miles de ejemplos y sentencias judiciales en que las estigmatizaciones preceden a otros ataques contra personas, organizaciones sociales y partidos políticos que han sido desestructurados debido el exterminio físico de sus integrantes. Todo ello con la complicidad de estructuras estatales y paraestatales, y ante una comunidad internacional que desde hace décadas registra, denuncia y se escandaliza por la situación de derechos humanos mientras este crimen de lesa humanidad se perpetúa y continuará siendo perpetrado si no se implementan con seriedad políticas públicas tendientes a la transformación de esta realidad.
Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil continúen registrando y denunciando los crímenes de lesa humanidad de los que son víctimas y sobrevivientes aquellas personas que ejercen un liderazgo social o defienden los derechos humanos en el país. Resulta aberrante que, en pleno siglo XXI, algo tan legítimo y necesario en una democracia, como la defensa de los derechos humanos, sea una de las actividades de más alto riesgo en Colombia y que quienes llevan a cabo esta labor sigan siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad bajo la mirada cómplice de gobernantes, funcionarios y sectores de la sociedad que se benefician de esos crímenes.
__________________
[1] Las2Orillas. Daniel Mendoza denuncia ante Fiscalía a María Fernanda Cabal. Así lo determinó desde su cuenta de Twitter y también confirmó que irá a instancias internacionales para llevar sus denuncias. La senadoraen su cuenta de Twitter, tildó como “acosador sexual” al periodista Daniel Mendoza, creador de la serie documental ‘Matarife’ en la que, desde fuentes periodísticas y documentales, rememora y expone algunas relaciones criminales del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Consultado en: https://www.las2orillas.co/daniel-mendoza-denuncia-ante-fiscalia-a-maria-fernanda-cabal/
[2] Denuncias de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Consultadas en: https://twitter.com/fecode/status/1378119069958815744
[3] Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CEEUU), publicando artículo de RCN “Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron ataques del Centro Democrático”.
Nota de RCN Radio. Consultado en: https://coeuropa.org.co/org-ddhh-rechazaron-ataques-del-centro-democratico/
[4] Modificado posteriormente por el Auto 040 de 2021 en el que reconoció que hubo unos errores de digitación numérica en el Auto 033.
[5] “Son socios comerciales y amigos personales del expresidente Álvaro Uribe Vélez y han sido denunciados de manera reiterada por actividades criminales (…) Definitivamente no era un secreto en Antioquia que Santiago Gallón Henao, además de ganadero, tenía relaciones estrechas con el paramilitarismo y el narcotráfico”. El Espectador. Bloque Metro, la discusión paralela al caso Uribe. Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/bloque-metro-la-discusion-paralela-al-caso-uribe/
[6] Comisión Colombiana de Juristas. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001Tomo II. El Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en Colombia. 2004. Pág. 84.
[7] CIDH. Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia cidh.org. 2019.
[8] Procuraduría General de la Nación. Directiva 002 de 2017.
[9] Human Rights Watch. Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia. 2021. ISBN: 978-1-62313-891-2.
[10] ONU. Colombia: el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala experto. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571 También en: Naciones Unidas. Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos
Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor. A/HRC/46/35 Asamblea General Distr. general 24 de diciembre de 2020. Párr. 41: “En Colombia (397), el Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (República Bolivariana de) (14), El Salvador (10), la Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (Estado Plurinacional de) (1), Costa Rica (1) y Haití (1). El ACNUDH también ha constatado un elevado número de ese tipo de asesinatos en Filipinas (173), la India (53) y el Iraq (30) en el mismo período”.
[11] Ibíd.
[12] Emisora La FM. Comandante de Policía de Cúcuta calificó de “jefe de prensa de bandidos” a defensor de DD.HH. Disponible en: https://www.lafm.com.co/colombia/comandante-de-policia-de-cucuta-califico-de-jefe-de-prensa-de-bandidos-defensor-de-ddhh
[13] ONU. Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia. 2009. Disponible en: https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=111&LangID=S
[14] CIDH. 2019. Óp. Cít.
[15] Ibíd.
[16] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido contra el Estado colombiano 22 sentencias en contenciosos, por la violación de los derechos humanos establecidos en diversos tratados internacionales.
[17] Naciones Unidas. Asamblea General. Septuagésimo tercer período de sesiones. Tema 74 b) del programa provisional* Promoción y protección de los derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 23 de julio de 2018.
[18] Goffman Erving. El Estigma, la identidad deteriorada. Amorrortu editores. Pág. 12.
[19] Indepaz, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fundación Forjando Futuros. Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción. Patrones en el asesinato de las personas defensoras, líderes, lideresas sociales y excombatientes en los territorios de Norte del Cauca; Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. 2021. ISBN: 978-958-53254-6-3.
[20] Decreto firmado por los nazis el 7 de diciembre de 1941 y que buscaba que las víctimas del régimen fuesen asesinados, desaparecidos, apresados y deportados a campos de concentración de manera clandestina, secreta y oculta; los crímenes se perpetraban eliminando u ocultando los registros de los hechos y sus circunstancias. Las víctimas eran despojadas de sus identidades, incluyendo sus nombres. Al parecer el propio Hitler había exigido que los opositores al régimen nazi, a quienes no se podía procesar en breve plazo fueran conducidos, de noche y entre la niebla, del otro lado de la frontera, a Alemania, donde debían permanecer aislados”. Rainer Huhle. Noche y niebla. Mito y significado. Disponible en: http://www.archivomuseodelamemoria.cl/uploads/2/7/278925/00000544000002000001.pdf
Camilo Amador Bonilla Studka
Foto tomada de: https://centrodememoriahistorica.gov.co/
Deja un comentario