La política antidrogas de Estados Unidos parece regirse por un principio de asimetría. Por un lado, se ejercen presiones, se impone la “descertificación” a naciones como Colombia y se amenaza con intervenciones militares a países como Venezuela, acusando a sus líderes de complicidad con el narcotráfico. Sin embargo, esta estrategia ignora el flujo de dinero que sostiene a la economía criminal, un torrente que corre con total impunidad a través de los centros financieros más poderosos del mundo.
Un ejemplo de esta asimetría es el caso de Venezuela. A pesar de que informes de Naciones Unidas señalan que solo un 5% del tráfico de drogas hacia EE. UU. pasa por su territorio (mientras que el 87% se mueve por el Pacífico[i]), y de la ausencia de cultivos de coca en el país, el gobierno de Maduro ha sido acusado de dirigir un “Cártel de los Soles” para justificar una posible intervención militar que saque del poder a Maduro y a los altos mandos militares que respaldan al gobierno constitucional de Venezuela. Esta política contrasta con el silencio ante el lavado de activos que ocurre en la City de Londres y su sucursal Wall Street en Estados Unidos.
El sistema financiero: el cómplice silencioso
La verdadera clave del negocio del narcotráfico no son los cultivos de coca, sino el sistema que blanquea sus ganancias. Sin la complicidad del sistema financiero, el flujo de más de un billón de dólares anuales que mueve el narcotráfico sería insostenible. Se calcula que al menos 5 billones de dólares de la economía criminal circulan por el sistema financiero, y las autoridades estadounidenses a menudo se limitan a imponer pequeñas multas a los bancos, evitando un supuesto pánico que podría desestabilizar el sistema. Esta postura, a la que se ha referido el senador Carl Levin en sus investigaciones en el Senado de los Estados Unidos, se denomina la “doctrina Levin”[ii] que prioriza la “estabilidad financiera” del sector bancario por encima de la persecución real del delito.
Los casos de grandes bancos que han facilitado estas operaciones son numerosos: Estos casos, junto con las revelaciones de las filtraciones como los FinCEN Files de 2020[iii], demuestran que los grandes bancos realizan operaciones de lavado para estructuras criminales. Aunque, en algunos casos, reportan las transacciones sospechosas, no las detienen, lo que mantiene un sistema financiero permisivo en el que incluso están implicados bancos reconocidos de nuestro país.
El papel de los paraísos fiscales
La impunidad del lavado de activos se consolida en los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones, con su secreto bancario, bajas tasas impositivas y regulaciones laxas, son la bisagra que conecta al crimen organizado con la banca global. Son la ruta a través de la cual miles de millones de dólares ilícitos se transforman en capital “limpio” para ser reinsertado en la economía formal. La existencia de estas guaridas fiscales, muchas de ellas vinculadas a las potencias occidentales, cuestiona la seriedad con la que se aborda la lucha contra los crímenes financieros.
Todos los bancos tienen sucursales en paraísos fiscales y realizan operaciones que favorecen al crimen transnacional, obteniendo grandes ganancias que apuntalan la burbuja financiera. Esta burbuja, que supera los dos mil billones de dólares, se sostiene en parte con la llamada economía criminal, así como con las enormes ganancias que provienen de las guerras promovidas por sus títeres políticos en los gobiernos occidentales y la subordinación de los presupuestos nacionales a las lógicas especulativas del capital financiero.
El caso del HSBC: El banco central del narcotráfico
El HSBC constituye un caso emblemático de una institución financiera al servicio de lo que se denomina economía criminal. Sus orígenes se remontan a 1865, cuando fue fundado en Hong Kong bajo el nombre de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Nació precisamente para financiar y facilitar el comercio entre Europa y Asia, un comercio que, en gran medida, estaba sustentado en el lucrativo tráfico de opio. Así, la entidad se erigió en un pilar financiero clave del Imperio Británico durante las Guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860), conflictos bélicos impulsados para forzar a China a aceptar la importación de opio británico desde la India.
Esta institución, intrínsecamente ligada a los intereses coloniales de la Compañía Británica de las Indias Orientales, facilitó la operación económica que sustentó el esfuerzo por someter militar, política y culturalmente a China. El pueblo chino, que se opuso ferozmente al colonialismo y al narcotráfico avalado por el estado británico, fue finalmente derrotado y tuvo que soportar las consecuencias del Tratado de Nankín (1842), que humilló al país e impuso condiciones comerciales leoninas. La imposición del consumo de opio, promovida desde el exterior, debilitó profundamente el tejido social, la salud pública y la economía china, contribuyendo al período que el país recuerda como el “Siglo de la Humillación”.
Por lo tanto, desde su misma fundación, el HSBC operó como un brazo financiero que legitimó y potenció una empresa económica profundamente ilícita y coercitiva, sentando un precedente histórico sobre su papel en la intersección entre las finanzas globales y las actividades criminales.
La paz se construye con desarrollo, no con sanciones
La verdadera causa de la violencia y la delincuencia en los países del sur global no reside en la naturaleza de su gente, sino en la ausencia estructural de desarrollo. Así como el mal brota del terreno fértil de la pobreza y la desigualdad, el bien y la convivencia pacífica florecen con el desarrollo integral.
Esta idea encuentra un fundamento profundo en la doctrina social de la Iglesia. El Papa Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, lo expresó con una célebre frase que sigue vigente: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Con esto, señaló que el camino fundamental para construir sociedades que eleven la esencia más noble del ser humano es el desarrollo económico orientado a la justicia social.
La idea de que la justicia social, fruto del desarrollo, es el cimiento de una paz estable y duradera, se encuentra en la esencia misma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este principio fundamental se desprende directamente del preámbulo de su Constitución, documento fundacional de este organismo internacional que goza de gran estima en el movimiento sindical mundial.
Si Estados Unidos quisiera combatir de forma efectiva el narcotráfico, debería enfocarse en desmantelar las redes financieras que le dan oxígeno. Esto implicaría una verdadera cooperación para el desarrollo de los países del Sur Global, además de la expropiación y el encarcelamiento de los responsables del lavado de activos en sus propios bancos.
Sin embargo, el verdadero trasfondo de las sanciones y las amenazas militares se relacionan más con intereses geopolíticos que con la lucha contra las drogas. La hostilidad hacia naciones latinoamericanas —como la militarización de la lucha antidrogas en Colombia, las amenazas de intervención en Venezuela, o las presiones económicas y políticas contra Brasil— guarda más relación con sus acercamientos a China y Rusia que con preocupaciones genuinas de seguridad. Ejemplo de ello son la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la participación de Brasil en los BRICS, y las alianzas comerciales y militares de Venezuela con ambos gigantes euroasiáticos, en el marco de su interés por integrarse en procesos que promueven un orden multipolar.
De este modo, la lucha antidrogas se convierte en un pretexto para una guerra económica y de influencia, que deja a los pueblos del Sur Global sumidos en la violencia y la falta de oportunidades. Si Estados Unidos realmente quisiera acabar con el narcotráfico —en lugar de emprender aventuras militares que profundizan su aislamiento político—, debería cooperar con China para impulsar la industrialización de nuestros países, en vez de presionar a los gobiernos de la región para que rompan relaciones con Pekín.
Mientras China aporta progreso con puertos como el de Chancay en Perú, energía nuclear en Argentina, siderúrgicas en Bolivia, carreteras e hidroeléctricas en Ecuador, además de inversión en industria farmacéutica, sistemas de metro, cooperación científica e infraestructura en Colombia, Estados Unidos solo ofrece intervención militar y subordinación a un sistema colonial que el Sur Global ha decidido terminar.
Los esfuerzos de nuestro país para superar la “economía de las drogas ilícitas” deben ir más allá de la controversia entre erradicación voluntaria o forzosa. La verdadera solución radica en el desarrollo económico de los territorios afectados, mediante inversión en infraestructura, energía, hospitales, universidades, carreteras, ferrocarriles, distritos de riego, crédito de fomento, asistencia técnica y canales de comercialización. Solo así será posible erradicar la coca y motivar a la población a optar por la legalidad.
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[i] https://www.instagram.com/p/DOQPxKmDMrR/
[ii] La denominada doctrina Levin se refiere a las conclusiones de la investigación del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU., presidido por el senador Carl Levin, sobre el rol de las instituciones financieras en el lavado de activos. Levin argumentó que las autoridades estadounidenses se limitaban a imponer multas leves a los grandes bancos en lugar de procesar penalmente a los responsables, debido al temor de que acciones más severas pudieran desestabilizar el sistema financiero global. Esta postura priorizó la estabilidad sistémica sobre la aplicación rigurosa de la ley contra el crimen financiero.
[iii] Los FinCEN Files de 2020 son una vasta filtración de documentos financieros confidenciales, principalmente Informes de Actividad Sospechosa (SAR), que revelaron cómo los principales bancos del mundo permitieron el movimiento de más de 2 billones de dólares en transacciones ilícitas entre 1999 y 2017. Esta investigación periodística global expuso la complacencia del sistema financiero al permitir el lavado de dinero proveniente de cárteles de la droga, corrupción y crimen organizado.
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: BBC
La división de los países ejercida por ” El Capitalismo Salvaje” es fruto de las economías ilícitas, que con gobiernos satélites las agencian, muchos gobernantes arrodillados ante el oro americano, y por dadivas, entregan la soberanía y el futuro de sus pueblos, no importa si las nuevas generaciones, tienen o no futuro. La lucha contra las drogas es un sofisma de distracción, para que las economías golondrinas, sigan su curso, sin que se afecte, la banca y las bolsas que ellos rigen.