Los obstáculos mayores a mi juicio provienen de los organismos electorales comenzando por el politiquero Consejo Nacional Electoral, CNE, y por una registraduría que las altas Cortes de Justicia que son las encargadas de elegir al registrador Nacional siempre han entregado a los partidos tradicionales, a las castas politiqueras. Desde que se creó este sistema, esta ha sido la práctica de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los registradores todos hombres siempre han pertenecido a los partidos tradicionales pese a desempeños fuertemente cuestionados por su falta de transparencia y por sus reiteradas conductas para impedir, por ejemplo, que los partidos de oposición accedan al control del software y al conteo rápido de las votaciones obligándolos a establecer sistemas paralelos de transmisión que han resultado definitivos para prevenir los fraudes electorales.
Esto ocurrió en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2022 en que desparecieron en ese conteo rápido cerca de 700 mil votos depositados por las listas del Pacto Histórico. El entonces registrador Alexander Vega que hoy funge como codirector del Partido de la U, ese mismo, el de Dilian Francisca Toro férrea opositora de las reformas y sobre todo de la reforma a la salud, no solo manejó de manera desastrosa dichas elecciones, sino que puso en riesgo alto la credibilidad de dicho organismo al frente de una primera y segunda vuelta presidencial que se anunciaba como en efecto lo fue altamente competida. Los jueces que por fortuna con los encargados de los escrutinios ratificaron que en efecto esos votos reclamados por el Pacto Histórico si existían. Alexander Vega responsable de este desastre fue protegido por los partidos tradicionales y termino su período con más pena que gloria.
Igual suerte está corriendo Hernán Penagos el actual registrador Nacional que en estrecho contubernio con las mayorías del Consejo Nacional Electoral han hecho todo lo posible por evitar la unificación de los partidos de la izquierda democrática que desde el pasado 13 de junio solicitaron se les reconociera una sola personería jurídica y que se organizara una Consulta Popular el 26 de octubre para definir su precandidato presidencial para participar en una Consulta interpartidista el 8 de marzo con las elecciones parlamentarias. La decisión extemporánea porque el CNE dejó vencer los términos y sólo actúo cuando estos partidos interpusieron una acción de Tutela por vencimiento de los términos sin una resolución de la solicitud de unificación y en esa decisión fuera de las fechas previstas en la legislación, decidió con argumentos pueriles, que dicha personería solo se le reconocería a tres de los seis solicitantes y que además estaría condicionada a que ese mismo CNE terminara las investigaciones administrativas que se seguían contra la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático y se comprometió en esa misma resolución a que todas esas investigaciones terminarían el 8 de noviembre del presente año toda vez que el 9 de noviembre es la fecha en que se inician las inscripciones de las listas de Cámara y Senado de todos los partidos y de los grupos significativos de ciudadanos que cierran el 9 de diciembre. Hasta el momento de escribir este texto, 13 de noviembre, tal decisión no ha sido tomada. Otra vez se tendrá que recurrir a una Acción de Tutela para que cumpla con los plazos que ellos mismos se fijaron.
Hay pues un ánimo obstruccionista y pesa contra Hernán Penagos el desborde y la falta de material electoral en la Consulta del 26 de octubre que él negó cuando las denuncias fueron múltiples y también las evidencias de pocas mesas instaladas al punto que, eso sí de manera acertada, tuvo que prorrogar el tiempo de las votaciones hasta que terminaran de votar quienes se hubiesen hecho presentes en las mesas hasta las 4pm. Ojalá estos errores sean corregidos, así como evitar hasta dónde sea posible que las mesas del sector rural sean levantadas pues esto impide que los sectores campesinos puedan ejercer su derecho al voto como ocurrió en las votaciones de este 26 de octubre.
Ahora alrededor de la Consulta del Frente Amplio la Registraduría ha señalado que Iván Cepeda no podría participar de dicha Consulta Interpartidista porque la Consulta del 26 de octubre habría sido no una Consulta Interna sino una Consulta interpartidista ignorando el hecho que para evitar que fuera calificada como tal los partidos Comunista y Unión Patriótica días antes de su realización se retiraron de la misma y tanto Iván Cepeda como Carolina Corcho participantes de la misma se inscribieron con el aval del Polo Democrático justamente para evitar que dicha Consulta fuera calificada como interpartidista. Esto lo ignora la registraduría en su pronunciamiento.
El difícil camino de la unidad hacia el Partido Unitario Democrático
Pero los obstáculos y el camino difícil de la Consulta y la unidad hacia la creación de un partido movimiento Unitario bajo la denominación de Movimiento Político Pacto Histórico no solo han provenido de las autoridades administrativas electorales sino también de las propias dirigencias de los seis partidos que decidieron su unificación presionadas por la legislación que impide que las coaliciones se vuelvan a presentar cuando hayan obtenido más del 15% del total de votos válidos en las elecciones y por la presión de los precandidatos presidenciales y del propio presidente de la República, Gustavo Petro. Una buena parte de las dirigencias de estos partidos no estuvieron de acuerdo con la Consulta y conspiraron hasta el último minuto contra ella. Por eso solo restando una hora para que venciera el plazo para la inscripción de las listas y de las precandidaturas decidieron inscribirlas, el 26 de septiembre a las cinco de la tarde y ello en cumplimiento de una orden de la magistrada del tribunal de Bogotá, Karen Lucía Castro, que así lo dispuso en medidas cautelares de una Tutela interpuesta por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar.
En ese proceso se han cometido muchos, por decirlo suavemente desaciertos, la tardía solicitud de unificación, apenas radicada ante el CNE el 13 de junio del presente año; la falta de decisión para la disolución de los cinco partidos que tenían personería jurídica; las trabas a la inscripción de las precandidaturas a Cámara y Senado y el veto a decenas de candidatos y candidatas que no pudieron inscribirse porque se les negó ese derecho; la negativa a realizar la Consulta para definir la precandidatura al Frente Amplio, el 25 de septiembre el Comité Político así lo manifestó en comunicado público como respuesta a las medidas cautelares otorgadas por la magistrada del Tribunal Administrativo de Bogotá; la negativa sistemática a admitir la afiliación a agrupamientos políticos y organizaciones sociales que solicitaron con debido tiempo su decisión de integrarse al nuevo partido unitario; la cerrazón para no permitir que delegados de los precandidatos nombraran representantes a los Comités Regionales de Ética y Garantías Electorales que deberían resolver y avalar las precandidaturas a Cámara y Senado; la no invitación a los precandidatos para tomar parte en el Comité Político provisional y la toma de decisiones que violaron el Acuerdo Político suscrito por los partidos y los precandidatos y que fue proclamado y publicado el 19 de julio en la Convención Nacional del Pacto histórico, como el otorgar en acuerdo cerrado el primer renglón de la lista a la senadora María José Pizarro, cuando el Acuerdo establecía que de común acuerdo con el primer hombre y la primera mujer votados en la Consulta la cabeza de lista la ocuparía la segunda votación de la Consulta de los precandidatos presidenciales, en fin, esto para mencionar solo las más significativos.
De modo que estamos ahora ante nuevas trabas que las autoridades administrativas electorales están poniendo para la inscripción de las listas surgidas de la Consulta Popular del 26 de octubre, las trabas anunciadas para que Iván Cepeda participe de la Consulta del Frente Amplio y las dificultades que las dirigencias de los partidos del Pacto Histórico siguen tomando para que nos concentremos en lo fundamental que no es otra cosa que la realización de una exitosa campaña presidencial amplia y unitaria así como una exitosa campaña para lograr mayorías en el Congreso de la República que hagan posible la aprobación de las reformas sociales, económicas, judiciales y políticas que la realidad demanda. Nuestra posición es clara se requiere que la decisión política doblegue las trabas de los órganos electorales y que las dirigencias de los partidos del Pacto Histórico se pongan a tono con el momento histórico que vive el país para que el Cambio no se detenga…para que el Cambio continúe.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Infobae
Y que pasa si no hay Frente Amplio en la de la izquierda ni de la derecha con un candidato cada uno para la primera vuelta presidencial ?
las comunidades rurales estan muy atentas para apoyar las “exitosas campañas” que se avecinan, pero siempre y cuando les cumplan con los proyectos presentados en los ministerios y agencias del sector, de lo contrario afirman que no habrá ningún voto.