La segunda razón por la que es urgente abrir el debate público sobre nuestra estrategia de defensa nacional es porque en la actualmente existente es un objetivo prioritario “la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”. La lucha contra el crimen organizado es un objetivo de la policía y desde luego del poder judicial, no de las fuerzas armadas, cuyo deber constitucional es garantizar la independencia y la soberanía nacionales y su integridad territorial. Y ejecutar, en consecuencia, la estrategia que permita materializar dichas garantías.
Convertir al crimen organizado es una amenaza para la seguridad nacional, es más que un error administrativo por grave que sea. Es una decisión estratégica con muy severas consecuencias políticas. El presidente Donald Trump ha hecho desgraciadamente esta conversión. Ha transformado a reales y a supuestos cárteles del narcotráfico en “amenazas para la seguridad nacional”, los ha calificado de “terroristas” y ha desplazado una poderosa flota de guerra a las aguas del mar Caribe próximas a las costas venezolanas y a las nuestras. Estas decisiones suyas han suscitado numerosas protestas en los ámbitos políticos y militares de Estados Unidos, por parte de quienes dudan de la bondad política como de la legalidad de la misma. La prematura y necesariamente silenciosa renuncia del almirante Alvin Hosley al comando del Comando Sur, cuya competencia territorial incluye las aguas del mar Caribe donde opera la flota de guerra antes mencionada, ha sido comúnmente interpretada como una muestra del rechazo a las decisiones de Trump por parte de miembros destacados de la cúpula militar de las Marina de guerra de Estados Unidos.
Esta rama de las fuerzas armadas estadounidenses se ha tomado muy en serio “el giro al Asia” ordenado por el entonces presidente Barack Obama, para responder al “desafío” que representa para el régimen bipartidista estadounidense la emergencia de China como primera potencia económica del mundo. Desafío que para dicha Marina es especialmente apremiante, debido a dos factores que actualmente conspiran contra la supremacía naval en todos los mares del planeta, ostentada por la US Navy desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El primero es el crecimiento exponencial de la industria naval china, que se ha convertido en la primera productora mundial de barcos militares del mundo. Que ha hecho factible la táctica de “40 barcos x portaviones”. El puño de hierro, la clave de la capacidad de la US Navy de “proyectar poder en el mundo” – y específicamente en el Indo pacífico – son sus once portaaviones. El Gerald R. Ford, antes mencionado, es actualmente el más moderno y poderoso. China solo cuenta con tres portaaviones, ninguno de propulsión nuclear. El primero, el Liaoming se lo compró a finales de los años 90 a Ucrania. Y el tercero, el Fujima, lo botó hace un par de semanas. La cúpula militar china, consciente de este desequilibrio de fuerzas, ha optado por la estrategia de destruir o dañar seriamente a los portaaviones estadounidenses, empleando un enjambre de 40 buques ligeros armados con misiles agua- agua, capaces de realizar ataques tan masivos que neutralizan las defensas antiaéreas del portaaviones y de la flotilla de cruceros y destructores que los protege.
El otro factor que toman en cuenta los estrategas de la marina estadounidense es el hecho de que la actividad de los astilleros de su país se encuentra bajo mínimos. Esta es otra de las consecuencias de la desindustrialización de la potencia del Norte causada por las políticas de globalización neoliberal promovidas agresivamente por el presidente Bill Clinton. Ya son leyenda los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los astilleros estadounidenses fueron capaces de construir un promedio anual de 1.500 barcos de guerra, incluidos 24 portaaviones. Cierto, esa capacidad puede recuperarse, como puede reindustrializar Estados Unidos, pero ninguna de estas dos recuperaciones puede producirse en el corto plazo e incluso en el mediano plazo. Mientras tanto es muy mala política la de implicar al mejor portaaviones de la US Navy en operaciones navales en el Caribe, ahora denominadas oficialmente Lanza sur. Es matar moscas a cañonazos, si de lo que es volar en pedazos lanchas de pescadores inermes en el sur del Caribe. Y es un desperdicio de tiempo, recursos y de planificación operativa, si de lo que se trata es de atacar y eventualmente invadir a Venezuela. Diga lo que diga “Narco” Rubio, el actual secretario de Estado y Asesor de seguridad del presidente Trump, Venezuela no es ni puede ser un objetivo prioritario de la estrategia de defensa de Estados Unidos, en una coyuntura marcada por el “giro al Asia” de la misma. Y por las guerras aún pendientes de resolución en Ucrania y en el Oriente Medio. De hecho, el Gerald R. Ford, estaba en aguas europeas antes que Trump ordenará que se trasladara al mar Caribe.
A estas objeciones se suma la de quienes consideran que las 81 muertes causadas por los ataques con misiles a las lanchas de pescadores son “ejecuciones extrajudiciales”, condenadas tanto por el derecho internacional como por la legislación de todos los países, incluidos Estados Unidos. Entre los críticos de esa decisión ocupan un lugar destacado los parlamentarios estadounidenses que en la semana pasada hicieron un llamado público a los miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia de su país a desobedecer órdenes ilegales. Fue lo que hizo el presidente Gustavo Petro ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y que ahora hacen dos senadores y cuatro representantes a la Cámara estadounidense. Todos los cuales sirvieron en las armadas y en la CIA en tiempos de guerra, incluido Jason Crow, representante demócrata por un distrito electoral de Colorado. Fue Ranger del Ejército durante tres períodos de servicio en Iraq y Afganistán como parte de la 82.ª División Aerotransportada y del igualmente legendario 75.º Regimiento de Rangers. En 2003, lideró un pelotón de la 82.ª División Aerotransportada en combate durante la Batalla de Samawah en Iraq. Por su valeroso comportamiento en la misma recibió la Medalla Estrella. No estamos pues ante un grupo de parlamentarios ajenos completamente a la vida militar, sino por el contrario, ante veteranos que la conocen desde dentro. Por lo que hay que valorar todavía más que se hayan atrevido a declarar públicamente que “Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que es difícil y que es un momento complicado para ser servidores públicos. Pero donde quiera que estés sirviendo en la CIA, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, vuestra vigilancia es crítica. Sepan que los respaldamos, porque ahora más que nunca el pueblo americano necesita que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que somos como americanos. No se rindan, no abandonen el barco”.
Creo que la descripción que he hecho de la coyuntura crítica que viven Colombia y Venezuela basta para darle un carácter de urgencia al debate que nos permita redefinir nuestra estrategia de seguridad nacional y excluir de la misma como un objetivo prioritario la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. El uso y sobre todo el abuso que el presidente Donald Trump está haciendo de este objetivo, implica el riesgo de que nuestras fuerzas armadas sean convocadas por el Comando Sur a apoyar su asedio y eventual invasión militar de la hermana república de Venezuela. Eso para no hablar del hecho de que las convertiría en cómplices de las “ejecuciones extra judiciales” de 81 pescadores indefensos, entre ellos uno de nacionalidad colombiana.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: BBC
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