Este es un proceso de diálogo socio-jurídico de la mayor importancia, que se adelanta con este grupo multicrimen; el más grande del país, con 8.945 integrantes [1], entre personas armadas como ejército irregular (un tercio de la agrupación) y sus redes de apoyo, desplegados en seis bloques y 40 frentes [2], en más de 300 municipios, en 24 departamentos, mediante presencia directa o “microfranquicias”, especialmente en Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar.
Con actividades enfocadas en la obtención de rentas ilegales, el portafolio criminal del (a) EGC está integrado por actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, minería ilegal, tráfico de personas. También cuenta con una amplia red de empresas de fachada en los sectores de la construcción, la ganadería y en actividades relacionadas con pequeñas transacciones financieras que permiten movilizar recursos en efectivo para facilitar el lavado de activos, incluso, desde el ámbito de la prestación de servicios públicos.
El diálogo socio-jurídico ha contado con el apoyo del Estado anfitrión (Qatar), así como los gobiernos de España, Noruega y Suiza, al igual que de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), facultada con un mandato para seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos definidos en la Mesa de Diálogo; a la vez, para impulsar las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico establecidos en el “Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha”. Ver PDF anexo [3]. También, la Procuraduría General de la Nación ha brindado acompañamiento a través del delegado para la Protección de los Derechos Humanos, el exministro de justicia, Néstor Osuna.
Los diálogos, según plantean los documentos, se encaminan hacia la desmovilización del (a) EGC y a la construcción de la paz territorial. En tal sentido, se conciben una serie de acciones piloto para desescalar las violencias, transformar el territorio y fortalecer la confianza.
Al momento, se plantea enfatizar en 15 municipios: Mutatá, Cáceres, El Bagre, Nechí en Antioquia, Riosucio, Unguía, Belén de Bajirá y Acandí en Chocó; Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador; San José de Uré y Tierralta en Córdoba y Carmen de Bolívar y San Jacinto en el departamento de Bolívar.
En dichos municipios se plantea trabajar en la protección de la niñez y la juventud, en pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito y fortalecimiento de la justicia restaurativa.
Para ello, se deben establecer grupos de trabajo municipal para no reclutamiento ni utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) hasta los 18 años, trabajar sobre el déficit de escolaridad y acceso a la salud para NNA; adopción de medidas para prevención del suicidio, la violencia física y sexual, la presencia de pandillas que afecten los entornos seguros, el desarrollo de pedagogías de sustitución de cultivos de uso ilícito, la situación de extorsión, la protección de cuencas, la atención a la migración, el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos y funcionamiento de las Casas de Justicia, la capacitación en el código de convivencia y Seguridad Ciudadana con las autoridades y dentro del (a) EGC, entre otros aspectos relevantes.
Así mismo, se establece el respeto a la paz electoral y la no interferencia a los procesos electorales nacionales y territoriales. Para ello, se adelantará una pedagogía al interior del (a) EGC para promover las elecciones libres, así como la no interferencia en la Acción Integral contra Minas Antipersonales.
Los compromisos incluyen, también, en la vía de preparación para la desmovilización del (a) EGC, la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, y Unguía en el Chocó y Tierralta en Córdoba, en una dinámica de ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de los combatientes del (a) EGC, lo que requiere de medidas previas, tales como:
- La expedición del acto administrativo de constitución de las ZUT, con definición de lugares rurales específicos y entrega al consejero comisionado del Paz, del listado inicial de combatientes que ingresarán y sus complementos progresivos.
- Garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes durante su desplazamiento hacia las ZUT, lo que incluye la suspensión de órdenes de captura y las relacionadas con fines de extradición.
- Pedagogía al interior del (a) EGC frente a compromisos alcanzados en el proceso de paz, para el tránsito hacia el Estado Social de Derecho.
- Definición de protocolos relacionados con seguridad, logística, ruptura, tránsito, seguimiento, monitoreo y verificación; solución de controversias, comunicaciones, material de guerra, pedagogía y demás aspectos y elementos necesarios, antes del 3 de febrero de 2026.
- Instalación del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de compromisos alcanzados para las ZUT, el próximo 18 de diciembre de 2025.
- Preparación de condiciones logísticas y administrativas de las ZUT.
- Definición de condiciones progresivas para atención temprana de los derechos de las víctimas a partir del ingreso a las ZUT y posible creación de nuevas zonas.
- Invitación a la Fiscalía General de la Nación para que, en ejercicio pleno de su autonomía constitucional, ponga en conocimiento los desarrollos del mecanismo especial de priorización de casos de denuncia sobre infracciones al DIH solicitado por los grupos de trabajo en la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025.
No es la primera vez que este grupo armado ilegal plantea su disposición a encontrar salidas socio jurídicas para acogerse a la justicia dentro de enfoques de extensión de la justicia restaurativa a este tipo de organizaciones y con la expectativa de adelantar procesos colectivos de desmovilización y reintegración social.
Los primeros intentos de negociación se dieron en el contexto de la negociación de paz de La Habana, entre el Gobierno Santos y las FARC EP, hacia el año 2016. En ese entonces, la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez hizo todo lo posible por limitar el sometimiento del Clan del Golfo y de aquel intento solo quedó una ley reducida al sometimiento individual a la justicia, con alusiones formales al sometimiento colectivo y ajena a los enfoques de justicia restaurativa.
Durante el Gobierno Duque proliferaron los enfrentamientos, los paros armados, el plan pistola en contra de integrantes de la Policía Nacional. Con la entrega de Otoniel, presentada como captura, el Gobierno proclamó la extinción de esta organización. Paradójicamente, el grupo siguió creciendo y expandiendo su control.
La extradición exprés de Otoniel fue la reedición de una estrategia frente a la desmovilización paramilitar, para opacar la verdad relacionada con la implicación de empresarios, políticos, militares y gobernantes de alto rango, en las actividades del Clan del Golfo.
El Gobierno Petro ha intentado avanzar con los diversos grupos, tanto con los insurgentes, como los delincuenciales, hacia la mal denominada, Paz Total, en el marco de ley 2272 de 2022.
Sin embargo, la Corte Constitucional condicionó la excarcelación de los voceros y requirió de un marco jurídico especial para el sometimiento, para la centralidad de las víctimas. La Ley no aplica para crímenes de alto impacto. Por ello, se requiere avanzar en un marco jurídico propicio para el sometimiento, que sea capaz de afianzar la centralidad de las víctimas, su derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición, con el desarrollo territorial y el ejercicio de la justicia restaurativa, en combinación con elementos punitivos para los dirigentes e incentivos que motiven avanzar hacia la desmovilización y reintegración social.
La gran oportunidad para la paz, en el proceso de diálogo con el (a) EGC, tiene que ver con el desescalamiento de la violencia en los territorios. En vez de creer que las ZUT constituyen una amenaza para las comunidades, por el contrario, se facilita el cese de hostilidades, se protegen vidas y se puede avanzar hacia el desarme, si se garantiza que los diálogos continúen con el Gobierno sucesor del Presidente Petro.
Los críticos de los diálogos, que le confieren una finalidad electoral al proceso, pretenden colocar por encima el tema de la seguridad basada en pie de fuerza. Al respecto, dejan en el vacío la oportunidad de desescalar y proteger vidas de candidatos, de líderes sociales y de superar el constreñimiento al elector mediante el diálogo. El Gobierno Petro ha mostrado que se puede combinar el diálogo con la presión militar y policial, en estrecho enlace con la acción judicial para llevar a los actores violentos ante los tribunales.
El acompañamiento internacional es crucial, en momentos en que el Gobierno Trump incluye al (a) EGC en la lista de organizaciones terroristas. La verificación internacional por parte de Qatar, España, Noruega y Suiza, le aporta seriedad y confiabilidad al proceso de diálogo, así como la particularización de los protocolos de ubicación de los combatientes en las ZUT y las medidas de protección de los derechos de la niñez, de la juventud y de las víctimas.
Se requiere avanzar en la acción pedagógica al seno de la sociedad colombiana e internacional, con el fin de superar las restricciones que impone al proceso la declaración del (a) EGC como organización terrorista, por parte del Gobierno Trump.
El proceso tiene detractores y dificultades, en razón de la fragmentación social y de la presión de la ultraderecha, empeñada en buscar caminos para legitimar los enfoques trumpistas en contra de los diálogos de paz y de negociación, para posicionar los enfoques punitivistas.
En contraste, la amnistía a grandes capos de la mafia como el expresidente de Honduras; Juan Orlando Hernández, evidencia que la lucha en contra de los carteles de la droga es un recurso retórico para imponer las agendas hegemónicas del gobierno de los Estados Unidos.
Fuentes:
[1] Redacción FIP. Área de Conflicto y Seguridad de la FIP. Lo que dicen las nuevas cifras sobre el aumento de integrantes de grupos armados en Colombia. Fundación Ideas Para la Paz – FIP. Noviembre 9 de 2025. [2] Redacción FIP. Así llega el Clan del Golfo a un nuevo intento de diálogos de paz, ahora en Catar. Fundación Ideas Para la Paz – FIP. Agosto 15 de 2025. [3] Consejería comisionada de Paz. Desde Catar, Gobierno de Colombia y (a) EGC anuncian nuevos compromisos para la desmovilización del grupo armado y la paz con el pueblo en los territorios. Doha, Qatar, Diciembre 05 de 2025.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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