En primer lugar, quiero dejar claro que la reforma laboral tuvo una ardua discusión por parte de distintos actores sociales, que desde varios escenarios de diálogo social, y la comisión de concertación de políticas salariales y laborales, desarrollaron de forma amplia las diferentes posturas y visiones sobre el tipo de reforma laboral que necesita nuestro país, en ese sentido, y analizando las proposiciones variopintas de los distintos actores, se hace casi imposible encontrar puntos comunes en temas fundamentales, puesto que, para cualquiera de las posiciones desarrolladas no solo desde la iniciativa del Ministerio de Trabajo y el sindicalismo, como desde las posturas presentadas por los gremios empresariales, el debate no se centra en si se crean o pierden empleos, o si se arrojan trabajadores a la informalidad, el debate está en poner en disputa la matriz de acumulación asegurando los derechos laborales.
Solo mirando la última encuesta anual manufacturera desarrollada por el DANE, encontramos, de cada $100 generados en la producción bruta del sector de la manufactura, para poner un ejemplo, $63,3 representan el consumo intermedio, es decir, el costo de todas las materias primas e insumos necesarios para transformación productiva sin contar los salarios y las prestaciones sociales; esta transformación entrega como resultado $36,6 de valor agregado, de los cuales se deben incluir los costos laborales que representan $8,5. Sin temor a decirlo, el margen con el que cuentan las empresas manufactureras para desarrollar las otras actividades de su proceso productivo es de $28,3, que se distribuyen en el pago de impuestos, gastos financieros y utilidades a los accionistas.
No es cierto, entonces, o al menos es mi hipotesis, en el caso de la ANDI, que le preocupara el tema de la pérdida de empleos, sino que desde la movilización e incidencia pública los trabajadores alcanzaran a disputar algún peso más, a razón de las propuestas de estabilidad laboral, recuperación de la jornada nocturna, dominical y/o del fortalecimiento del movimiento sindical con aspectos modernizantes para la libertad sindical, por ende, hoy es imposible una reforma cosmética. Lo que está en discusión es una visión de derechos en el mundo del trabajo.
En segundo lugar, frente a la culpabilidad se podría pensar muchas causas, la primera y la principal fue la oposición a Gustavo Petro, en cabeza de los grandes medios masivos de comunicación, que, sin mediar algún nivel de razón, se alinearon con los intereses de los grandes grupos económicos y desde el primer momento de la discusión comenzaron con una campaña de terror, mentiras y desprestigio contra la reforma laboral. El segundo culpable, el gobierno y ministerio, en mi consideración, se confiaron de los acuerdos políticos y de la coalición en el Congreso, partiendo de errores desde antes de la radicación de la propuesta y derivando en el saboteo con el quorum por parte de los congresistas, la falta de lobby al impulso de esta propuesta fue la gran protagonista y otra de las razones del hundimiento del proyecto de ley.
¿Qué sigue?
Luego de la rápida tusa por el hundimiento de la reforma laboral, el movimiento sindical ha salido de forma audaz en distintos medios de comunicación y en sus redes sociales, a exigirle al gobierno nacional la aprobación de alrededor de 10 decretos desarrollados y socializados en la I Conferencia Nacional del Trabajo del año 2022, decretos que contienen en gran parte, varios de los contenidos que el anterior proyecto de reforma laboral tenia implícito y que vía presidencial, podría permitir el avance en derechos para los y las trabajadoras del país. Pero el gobierno de Gustavo Petro no la tiene nada fácil, ya que el rompimiento con su coalición en el congreso y las elecciones locales, podrían generarnos sorpresas en los próximos días respecto al futuro de la reforma laboral, puesto que, se cuentan tres posibles escenarios, el primero, presentar una nueva reforma laboral, la cual tendría que contener varios cambios respectos a la anterior propuesta para esta nueva legislatura, el segundo escenario, vía decretos, desarrollando avances para los trabajadores en la línea de dar cumplimiento al programa de gobierno enmarcado en políticas de trabajo decente, o, el tercer escenario, esperar que pasen las elecciones y re configurar su política de alianzas para la legislatura del 20 de julio del año 2024.
Amanecerá y veremos.
Victor Hugo Ramírez Porres, Investigador en temas del mundo del trabajo
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