Es decir, que la participación ciudadana es nucleó esencial de la Democracia y fluye de abajo hacia arriba (del ciudadano hacia el gobernante), generando ejercicios de interacción, deliberación y consenso desde una ciudadanía libre de manipulación.
Sin embargo, y a pesar que la participación ciudadana ha sido fortalecida con leyes de rango superior como son la Ley Estatutaria de la Salud 1751 de 2015, la Ley Estatutaria del Derecho de Petición 1755 de 2015 y la Ley Estatutaria de la Participación Ciudadana 1757 de 2015, las múltiples y heterogéneas organizaciones sociales formalizadas legalmente, o existiendo de hecho como grupos comunitariamente unidos, no son tenidas en cuenta, no son consideradas, desestimando el nivel de incidencia que pueden alcanzar, máxime cuando deciden convocar a la movilización como forma de reclamar sus derechos y exigencias.
Esta desatención deliberada, es una fotografía idéntica en todos los sectores sensibles que ameritan reformas estructurales SALUD, EDUCACION, AGRICULTURA, ECONOMIA, en donde el ciudadano, el campesino, individual o colectivamente no es considerado para la participación e intervención firme y decidida, y ello obedece, no a una desidia o postura pasiva forzosamente admitida, sino a una calculada estrategia a través de la cual, los influyentes círculos del poder y el gran capital, en forma unilateral y hegemónica imponen condiciones que favorecen exclusivamente sus intereses particulares y para ello se sirven del modelo político, haciendo de los partidos políticos sus instrumentos.
El período electoral ha develado, una vez más, el desmesurado impacto de las maquinarias que se activan en el mercado de los votantes, justo en un momento de quiebre en donde el peligro de aniquilar severamente la participación ciudadana libre, puede recibir uno de los más duros golpes que la conduzcan vertiginosamente a su aniquilación.
Si se atornilla en nuestra ya débil democracia un gobierno legitimado popularmente que desde la cima del poder dicte la forma de pensar, el camino único a seguir, ajuste las leyes y el accionar del Estado, no desde la soberanía popular deliberante y participativa, sino desde un poder hegemónico, con un Congreso servil, sin el contrapeso y el filtro constitucional de las altas Cortes, para retrocedernos a un pasado oscuro de guerra y conflicto armando, desviándonos de la paz que tímidamente y con poco avance estable estamos comenzando a trasegar, camino que seguirá espinoso y movedizo hasta alcanzar un pacto social que de apertura holgada e incluyente a todos los sectores para priorizar y viabilizar las reformas post- conflicto que socialmente se reclaman, se estará condenando a los jóvenes y generaciones futuras que históricamente han jalonado los cambios estructurales, al silencio de los fusiles, al menoscabo de las libertades y garantías sociales.
Si bien el acuerdo de paz ha evitado que sigamos enterrado los muertos víctimas del conflicto armado, hemos seguido enterrando los muertos víctimas de un Sistema de Salud que se estructura en un modelo de lucro y enfermedad, con estadísticas de muertes evitables, superiores a las peores épocas pretéritas de la guerra. Una crisis tan evidente, palpable y real del sector salud, que reclama una reforma estructural del modelo de intermediación financiera y privada de las EPS, ha sido totalmente ignorada por el gobierno que termina y los anteriores, no obstante que la sociedad civil desde la participación ciudadana libre, con el apoyo de los gremios médicos, los trabajadores de la salud, las sociedades científicas, las universidades, las asociaciones de pacientes y usuarios, las centrales obreras, los sindicatos y un diverso grupo de organizaciones sociales, han presionado, con marchas, movilizaciones sociales y acciones jurídicas dicha reforma estructural, los gobiernos de turno se han puesto de espaldas inclinando la balanza en favor de los grandes capitales que se alimentan corruptamente de los dineros de salud, y no en favor del interés público y social.
Igual acontece con la educación, el régimen pensional, la economía con enfoque diferencial para el sector rural y las regiones dispersas y la lucha contra la corrupción. En donde están arraigados los grandes capitales, los gobernantes no vacilan en mantener el privilegio financiero, aunque esté de por medio, vidas humanas o la vida y preservación en nuestro planeta.
Romper con la captura económica del lucro y la renta excesiva y depredadora por parte de los poderosos grupos económicos y su alianza perversa con los partidos políticos apoyados en la maquinaria electoral, es la clave para combatir la irracional inequidad y la abismal desigualdad.
Solamente la reflexión ciudadana genuina y libre nos hará conscientes del punto de quiebre de esta coyuntura electoral para decidir con una convicción asertiva y avanzar progresistamente, con mente abierta hacia un futuro democrático.
RAMIRO A. PINILLA G.
Defensor Derecho Fundamental a la Salud
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