Al triunfo de Gustavo Petro –sólido pero no lo suficientemente amplio pues le ganó a su contrincante apenas por 3 puntos porcentuales– le sucede la urgencia de formar un gabinete ministerial, una Administración como dirían en EEUU, para el cambio; y la tarea de conseguir al mismo tiempo la credibilidad y las condiciones adecuadas para el impulso de sus políticas públicas; es decir, una gobernabilidad que, aunque no ha resultado tan complicada como antes aparecía en el papel, limita sin embargo las audacias con la mira puesta en la transformación prometida.
Petro, el candidato ganador, el presidente electo, ha asegurado los apoyos para gobernar sin trabas, aún antes de posesionarse. Pero obviamente se auto-limita en las posibilidades de introducir modificaciones en las estructuras promotoras de la injusticia social.
Es evidente que entre más multiplique el espectro de sus adhesiones y de sus alianzas, en la cúspide social, más se verá disminuido el aliento del cambio; aunque es verdad que aquellas alianzas y las concesiones concomitantes son impajaritables por razones de pragmatismo político.
De hecho, la moderación en el discurso, característica de la etapa final de la campaña, no era solo una estrategia válida para conquistar nuevos votantes en la segunda vuelta; era así mismo una manifestación ideológica y moral para abrir el marco favorable a un acercamiento muy amplio con potenciales aliados y contradictores para después de la victoria, ese momento en el que se encaran los retos del gobernante, los desafíos que ponen a prueba la inteligencia de ese sujeto que Maquiavelo llamara El Príncipe. Y con mayor razón si éste sabe que tiene una obligación histórica, sin que cuente de entrada con la mayoría de las élites, siempre en condiciones de influir en los diversos campos sociales, sea a través de su inconformidad o de su simpatía.
Entre el gobierno y la gobernabilidad
El gobierno, en un régimen presidencialista, es el equipo situado en la cima del poder ejecutivo que, bajo el mando del jefe de gobierno –al mismo tiempo jefe de Estado— toma en sus manos la determinación de las líneas gruesas, de la orientación y materialización de las políticas públicas. Es un centro de decisión supremo. Orquesta la implementación de todas las respuestas (out-puts) frente a las demandas (in-puts), a las necesidades y apremios de los ciudadanos. Usualmente, el presidente dispone de un poder total para la designación de los ministros, aunque muchos de estos nombramientos suelen consultar los intereses y las fuerzas de los aliados que ha sabido atraer el jefe de Estado, de tal manera que el gabinete llega a funcionar como una coalición bajo un mando supremo.
La gobernabilidad, a su turno, es la capacidad que exhiben los decidores políticos para organizar las estructuras del Estado y sus agentes, de modo que las decisiones se tomen en los centros del poder sin obstáculos insalvables; y que además logren la fluidez conveniente, a través de consensos, para que su ejecución llegue a las esferas institucionales y a las comunidades, que son el blanco (el target) de las políticas emanadas desde el Estado.
El gobierno encarna al órgano ejecutivo; esto es, constituye el aparato que manda, pero bajo el imperio de la ley, la cual precede cada una de sus actuaciones. La gobernabilidad, por su lado, es la dimensión existencial de ese aparato, su proyección en el conjunto del Estado y en la sociedad. Deben ambas realidades permanecer ensambladas. Claro está que siempre existe el riesgo de que un gobierno se quede sin gobernabilidad, situación hipotética que lo dejaría valiendo poca cosa. En todo caso, su articulación interna, más o menos efectiva, conformaría lo que ahora se denomina gobernanza democrática.
No más saberse ganador de la justa electoral, Gustavo Petro, el mismo que había proclamado a los cuatro vientos la idea del cambio, se apresuró con la fuerza de un convencido, a invocar y convocar un Acuerdo Nacional, precisamente llamando también a los representantes de esas élites políticas, contra las que se dirigía todo el propósito del cambio.
Lo ha hecho en un ejercicio de equilibrio sorprendente, para dar fe de lo que alguien, tal vez Bismark, mencionaba, al referirse a la política, como “el arte de lo posible”. Petro sabe que no hay condiciones para transformaciones de fondo o para una presión arrebatada de aliento un tanto revolucionario, dada la correlación de fuerzas del movimiento popular frente a unas élites tradicionales, dueñas por cierto de un poder muy sedimentado en el Estado y en el orden social. Es una razón por la cual prefiere antes que nada convocarlas para allanar su gobernabilidad mediante una aproximación en grados diferentes, un acercamiento de esas mismas élites, baluartes del statu quo. Es como si se tratara de una operación para configurar círculos concéntricos en los acuerdos, según las coincidencias programáticas e ideológicas.
El primer círculo, el de coincidencias más cerradas con el nuevo poder, es el de una coalición mayoritaria en el Congreso, ya prácticamente asegurada, integrada con los Verdes obviamente, pero también con los liberales y otros partidos participantes en el gobierno que termina, el de Iván Duque.
Un segundo círculo es el de los partidos que se declaren en independencia, pero que, en cualquier caso, no se empeñarían en una oposición al gobierno, algo así como si tácitamente se procediera a la neutralización de una potencial oposición.
El tercer círculo sería el de la oposición dentro del Congreso, a cargo principalmente del uribista Centro Democrático; en disposición sin embargo de no confrontar visceralmente al nuevo gobierno, en una versión según el propio Uribe de “oposición reflexiva”.
Paralelamente, en el mundo de la economía, los gremios como la ANDI y ACOPI se mantendrían cerca del gobierno si éste mantiene su proyecto de apoyar la reindustrialización del país. Sería una situación que les permitiría convertirse en el segundo círculo en el mundo económico y social, representación civil de las élites, mientras el primer círculo debiera quedar constituido por las organizaciones y líderes sociales.
El Acuerdo Nacional y el espíritu de coalición
En esa perspectiva, el presidente Petro plasmaría, aunque de un modo más bien fluido, no muy cristalizado, su propuesta del Acuerdo Nacional, al tiempo que conseguiría un buen nivel de gobernanza democrática, mediante el acoplamiento entre gobierno y gobernabilidad.
Es una gobernanza que debe transitar el camino de los acuerdos concretos, la construcción de consensos con todas las fuerzas políticas —también las económicas y sociales— para poner a caminar los puntos programáticos de su agenta hasta su realización total. Sin consensos, no hay gobernabilidad; y sin ésta, habrá gobierno, pero no respuestas ante las demandas de la sociedad; y sin estas respuestas, traducidas en políticas públicas, no habrá cambios.
El presidente Gustavo Petro está urgido de consensos múltiples y abarcantes; requiere incluso de consensos audaces; él lo sabe, pues no era suficiente ganar, sino además gobernar, en medio de una correlación de fuerzas difícil. Solo que la amplitud, la heterogeneidad y la audacia en los consensos construidos, no significan per se profundidad y consistencia en los cambios propuestos por el gobierno. Quizá sea, al contrario: a mayor audacia y amplitud en los consensos, menor profundidad en los cambios; vale decir, dimensiones más reducidas en las transformaciones ofrecidas.
Si los consensos son forjados con fuerzas cercanas, ideológica y políticamente hablando, el horizonte de cambios puede diseñarse de un modo más claro. Pero si los consensos son construidos con las fuerzas más lejanas y dispares, el aseguramiento de las transformaciones se torna más dispendioso: incluso, más tortuoso.
Todo consenso es la puerta de entrada a una coalición. Y cada coalición supone un principio de equilibrio ineludible, un equilibrio entre la amplitud de la alianza, esa apertura hacia la mayor cantidad posible de aliados y, por otro lado, el contenido de los acuerdos, su alcance. Lo repito: si los aliados son, cultural, ideológica y éticamente similares, se pueden profundizar los objetivos comunes. Si, al revés, son muy lejanos, los acuerdos tienden a ser poco profundos. Cuando es muy amplia la coalición política, se neutraliza el conflicto, pero se sacrifica el compromiso con el cambio. Ese es el problema del Acuerdo Nacional, como coalición que pudiera sustentar la acción del Estado: si atrae y congrega a muchos antagonistas, puede debilitar la acción por las transformaciones históricas.
El gobierno y su composición
Por otra parte, los apremios impuestos por la gobernabilidad rebotan en el carácter que va asumiendo el gobierno: modulan sus programas, para que sean más aceptables por los aliados; y así mismo influyen en su composición, pues el presidente de la República opta por darle cabida a los miembros de la coalición mayoritaria, a fin de ver garantizado su respaldo parlamentario. Es posible entonces que el presidente Petro, por razones de gobernabilidad (y además por las motivaciones éticas de su Acuerdo Nacional) abra un lugar en su gobierno y en el aparato burocrático para los representantes de otras fuerzas políticas, al lado de copartidarios fieles como Carolina Corcho y Susana Muhamad, dos cuadros destacados de su anillo más estrecho.
Por lo pronto, ha dado participación a alguien que viene de la campaña de Fajardo, un competidor suyo. Se trata de José Antonio Ocampo, experimentado economista a quien ha vinculado al puesto clave de ministro de Hacienda. Así mismo, ha designado, proveniente del mismo horizonte de liberales progresistas, a Cecilia López Montaño para que se ocupe, desde el Ministerio de Agricultura, de los retos acuciantes que se refieren a reformas en el mundo rural. Queda por verse si le abrirá igualmente la participación en el gobierno a partidos como el liberalismo oficialista y a otros que son miembros muy caracterizados del stablishment, pero que serán piezas en la coalición de gobierno.
Con un gobierno heterogéneo y una coalición mayoritaria, pero muy heterodoxa, enfrentará los desafíos que suponen las reformas a la justicia y al sistema político; igualmente, la lucha contra la corrupción. Y, finalmente, las grandes transformaciones sociales en favor de la equidad. Ahora bien, en primer término, tendrá que sacar adelante la propuesta de una reforma tributaria, en principio ambiciosa en lo que se refiere a la recaudación de ingresos, los famosos 50 billones; pero imprescindiblemente sin afectar a la clase media ni a los pobres.
Es en el terreno de esas reformas, en el que se darán las negociaciones entre el gobierno y sus aliados para producir seguramente cambios que, salidos del horno de la transacción, posiblemente tendrán una trascendencia incierta.
Ricardo García Duarte
Colombia ha dado un paso historico de gran Connotacion SOCIOPOLITICA,AL ELEGIR UN PRESIDENTE LLAMADO A PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA, A GENERAR Y EJECUTAR GRANDES CAMBIOS PARA EL PAIS, EN TODOS LOS AMBITOS DEL QUEHACER NACIONAL Y QUE BENEFICIEN A UN PUEBLO MANCILLADO ,MARGINADO Y MALGOBERNADO POR ELITES ENQUISTADAS EN EL PODER.CONOCEDOR DE TODO ESTO EL PRESIDENTE SABE QUE TIENE OBLIGATORIAMENTE QUE HACER ACUERDOS CON ESA MISMA ELITE,BUSCANDO LA GOBERNABILIDAD,MIENTRAS SE AVANZA A NUEVAS SITUACIONES Y UEVAS ECUACIONES DE PODER,ES SI SIEMPRE EN LA PROCURA DEL BIENESTAR DE UN PUEBLO QUE YA ESTA CANSADO DE TANTA POLITIQUERIA.ES NECESARIO ENTONCES QUE EL PRESIDENTE CUENTE A SU LADO CON GENTE CON ALTO SENTIDO PATRIOTICO,HUMANISTA Y CON CAPACIDAD PARA GENERAR LA EFICACIA DE UNA GESTION DE GOBIERNO, QUE SE VEA , QUE LLEGUE AL PUEBLO.QUE LOS HECHOS HABLEN DEN CUENTA DE SU GOBIERNO……….