Antes de que la firma de Biden lo convirtiese en ley, el proyecto de ley había pasado primero por la Cámara de Representantes y después por el Senado de ese país. Durante su paso como proyecto de ley por la Cámara, en septiembre de 2021, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó siete enmiendas que buscaban poner fin a prácticas estadounidenses que han favorecido violaciones a los derechos humanos. Una de estas enmiendas buscaba prohibir las ventas militares a cualquier país que haya cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, genocidio o crímenes de guerra[2]. Otras tres de estas enmiendas se enfocaban en la relación entre los estados de EE.UU. y Colombia:
- Una proponía que los departamentos de Defensa y de Estado elaborasen un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. El informe debía abordar, entre otros aspectos, una evaluación de las capacidades de las fuerzas militares y paramilitares de Colombia. Además, proponía incluir una estrategia de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia para abordar abusos de los derechos humanos, alentar la rendición de cuentas y promover reformas a través de la capacitación en derechos humanos.
- Otra enmienda prohibiría la venta de ayuda militar y proveer o cooperar con el entrenamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia (ESMAD). Buscaba prohibir la exportación de armas y municiones letales y no letales que tuviesen como destino a dicho Escuadrón de la Policía Nacional colombiana. Esto debido a la comisión de abusos contra civiles por parte del ESMAD durante la represión a las protestas sociales de 2021.
- La última enmienda relacionada con Colombia buscaba prohibir la financiación para la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito en Colombia hasta que su Gobierno cumpla las leyes y reglamentos nacionales y locales en la materia. Esto por causa de las consecuencias devastadoras que esta práctica ha tenido para el medio ambiente y la salud de quienes habitan las áreas de fumigación y sus alrededores.
Pero después de su paso por el Senado, el documento final, votado a favor por amplias mayorías de ambos partidos, no reflejaba ninguna de estas enmiendas propuestas por Ocasio. Solamente tomaba una parte marginal de la referida al informe del Secretario de Estado.
Continuidad de la estrategia de apoyo militar de 2005
La ley firmada por Biden o NDAA[3] garantiza la financiación de algunos programas de asistencia militar en Colombia a pesar de que los recursos entregados a las fuerzas armadas colombianas puedan terminar siendo utilizados para cometer violaciones a los derechos humanos, e incluso crímenes de lesa humanidad.
En la NDAA de Biden, la sección 1007 se refiere a la extensión de la autoridad de EE.UU. para apoyar una campaña unificada antiterrorista y antidrogas en Colombia y ratifica de manera explícita la NDAA firmada por el expresidente Reagan en 2005[4]. Dicha ley de 2005 permitió el uso de fondos y autorizó la asistencia militar de EE.UU. a la Colombia gobernada por Álvaro Uribe Vélez, para atacar actividades ya no sólo al narcotráfico, tal y como lo autorizó el Plan Colombia desde el año 1.999[5], sino que extendía esta asistencia a las actividades contra organizaciones designadas como terroristas por EE.UU.[6], como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[7]. Aunque dicha ley condicionaba la asistencia militar y financiera brindada[8] aseverando que “ninguno de los fondos puestos a disposición por esta Ley podrá proporcionarse a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado tiene evidencia creíble de que dicha unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos; a menos que el Secretario determine e informe a los Comités de Asignaciones que el gobierno de dicho país está tomando medidas efectivas para llevar ante la justicia a los miembros responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad”[9].
Esto último quedó solo en el papel.
La ley firmada hace pocos días por Biden autoriza la financiación de viajes de capacitación en el marco Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional que se realizará en una instalación en Colombia[10].
Con respecto al informe propuesto por Ocasio en sus enmiendas, la ley en su Sec. 1337. ordena que, antes de pasados 180 días de la firma de la ley, el Secretario de Defensa, en coordinación con el de Estado, elabore un Informe sobre los derechos humanos en Colombia. El informe debe contener, entre otros, un resumen de la relación de cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Colombia, incluyendo una descripción de los objetivos del país norteamericano; cualquier actividad en curso o planificada de actividades de cooperación en materia de seguridad con el ejército u otras fuerzas de seguridad de Colombia; y una evaluación de las capacidades de las fuerzas armadas u otras fuerzas de seguridad de Colombia.
Finalmente debe incluir una descripción de cualquier actividad de cooperación en curso o planificada enfocada en los derechos humanos y una descripción de la manera y medida en que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia busca desarrollar la capacidad institucional del ejército colombiano u otras fuerzas de seguridad colombianas para respetar los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas.
Y eso es todo. No menciona nada más de lo propuesto por Ocasio, ni a los grupos paramilitares, ni la prohibición de utilización de armas y municiones letales y no letales estadounidenses en las situaciones en las que se han evidenciado violaciones masivas de derechos humanos, ni toca el tema de fumigación. La asistencia militar está garantizada tal y como se ha venido dando. No tiene en cuenta la comisión de violaciones a los derechos humanos, incluso masacres, cometidas presuntamente por las fuerzas armadas y de policía en Colombia con estas armas brindadas por EE.UU.
Entre las varias masacres presuntamente cometidas por unidades de la Policía Nacional de Colombia con armas de fabricación estadounidense están la Masacre de Tandil, en 2017, con siete personas asesinadas; la masacre cometida en Bogotá en 2020 durante las protestas por el asesinato de Javier Ordoñez a manos de agentes de la Policía, con once personas asesinadas; y la masacre de al menos entre 28 (según la ONU) y 43 personas (según la ONG Temblores) durante el paro Nacional de 2021. Esto sin contar las demás violaciones de derechos humanos perpetradas durante la represión estatal de las manifestaciones sociales a lo largo de décadas.
La decisión de Biden no representa ningún aspecto nuevo, por el contrario, es la adaptación y continuación de políticas implementadas desde la puesta en marcha del mencionado Plan Colombia en 1999, independientemente de si el presidente de EE.UU. es un demócrata o un republicano.
Estados Unidos sabe que Colombia es un Estado violador de los derechos humanos, algunos de sus documentos estatales desclasificados evidencian pleno conocimiento de las violaciones de DD. HH que cometen sus fuerzas armadas, así como sus vínculos y alianzas con grupos de narcotraficantes y otros considerados por ellos mismos como terroristas[11]. También lo evidencian los informes que año tras año elaboran, entre otros, la ONU, la OEA, la CIDH, HRW, Amnistía Internacional y cientos de organizaciones de la sociedad civil, en los que se demuestra con evidencias las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en Colombia, muchas de ellas con armas facilitadas por EE.UU.
La firma de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional hecha por Biden puede ser tomada por algunos sectores como un espaldarazo o un guiño de la principal potencia del hemisferio a estos crímenes y, sumada a la impunidad reinante frente a los mismos, asegura su repetición y perpetuación. Un panorama preocupante si tenemos en cuenta la reciente aprobación del congreso de una Ley de Seguridad Ciudadana que limita, entre otros, los derechos de reunión y asociación, criminaliza la protesta y promueve la auto-defensa. Todo esto, en un año electoral en el que se teme que se pueda presentar algún tipo de fraude en las elecciones presidenciales, representa un ambiente propicio para que la represión de las manifestaciones sociales pueda seguir sumando víctimas mortales a manos de las fuerzas de seguridad y con las armas enviadas desde los Estados Unidos.
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[1] En inglés Law S. 1605, the “National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022”.
[2] Representante de NY Alexandra Ocasio-Cortez. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez Submits 7 Amendments for National Defense Budget Bill to Protect Human Rights. Disponible en: https://ocasio-cortez.house.gov/media/press-releases/rep-alexandria-ocasio-cortez-submits-7-amendments-national-defense-budget-bill
[3] National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022. S.1605 o – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022. Disponible en: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1605/text
[4] Ronald W. Reagan National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2005 (Public Law 108–375; 118 Stat. 2042). Disponible en: https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-108publ375
[5] Conviene recordar que el denominado Plan Colombia firmado por los expresidentes Clinton, de EE.UU., y Pastrana, de Colombia, fue un plan de asistencia militar que garantizó un papel de apoyo activo de EE.UU. al Estado colombiano en su guerra contra el antiguo grupo guerrillero de las FARC-EP. Este Plan se presentó a la opinión pública inicialmente como un apoyo militar a unidades de la Policía Nacional que llevaban a cabo operaciones contra el narcotráfico.
[6] Ronald W. Reagan National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2005 (Public Law 108–375; 118 Stat. 2042). SEC. 1021. USE OF FUNDS FOR UNIFIED COUNTERDRUG AND COUNTERTERRORISM CAMPAIGN IN COLOMBIA.
[7] En 2020 durante los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Donald Trump en EE.UU., estas organizaciones se ampliaron mediante la Ley S.1790 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, que en su SEC. 1021. MODIFICATION OF AUTHORITY TO SUPPORT A UNIFIED COUNTERDRUG AND COUNTERTERRORISM CAMPAIGN IN COLOMBIA, extendía su acción y apoyo militar contra cualquier “organización terrorista extranjera, u otra organización que sea un grupo armado no estatal, que—
“(A) promueva economías ilícitas;
“(B) emplee la violencia para proteger sus intereses;
“(C) tenga una estructura, tácticas y armas de tipo militar
que le proporcionen la capacidad de llevar a cabo actos de violencia a gran escala;
“(D) desafíe la capacidad de respuesta de seguridad de Colombia;
y “ (E) tenga la capacidad de controlar el territorio”.
[8] Ibid. SEC. 1021. (b) APPLICABILITY OF CERTAIN LAWS AND LIMITATIONS.
[9] Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2002 (Public Law 107–115.
[10] Este Plan de Acción es uno de los programas de mayor alcance que impulsa Estados Unidos con el apoyo de Colombia. Firmado en 2012 por el expresidente estadounidense Barack Obama y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, busca “fortalecer la lucha contra el problema mundial de las drogas y el crimen transnacional”. El plan incluye fortalecer las capacidades militares y policiales mediante el intercambio de experiencias, “técnicas, tácticas y procedimientos que permitan a todos los países enfrentar la inseguridad que amenaza la estabilidad regional”.
[11] Tal y como consta en los documentos estatales desclasificados por el National Security Archive. Disponibles en: https://nsarchive.gwu.edu/project/colombia-project
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: DW
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