Lo primero a resaltar es haber seleccionado este Estado del Medio Oriente, que en los últimos tiempos ha jugado un rol activo en el apoyo a procesos de solución concertada de conflictos armados en diversas partes del mundo -hay que señalar que antes de terminar el conflicto con los Talibanes en Afganistán, allí se estuvo haciendo acercamientos y analizando experiencias de las cuales aprender, entre ellas la colombiana de Cuba con las FARC- y sacar este ejercicio de los países que en la región tradicionalmente han contribuido al desarrollo de conversaciones de distintos tipos entre el gobierno colombiano y actores armados no estatales, como lo han sido Cuba, Venezuela, México y Chile.
Lo segundo, a destacar es la denominación dada a dichos diálogos o búsqueda de acuerdos, ‘Conversaciones Socio jurídicas’, con lo cual se quería, a mi juicio, desligar que no eran conversaciones de tipo político como se ha venido dando con las organizaciones insurgentes en las últimas décadas en Colombia, pero tampoco eran conversaciones de sometimiento a la justicia, que tradicionalmente se ha predicado es lo que se ofrece a grupos de crimen o delincuencia organizada. Allí también se refleja la ambigüedad que se deriva de la inexistencia de un marco jurídico, que sólo recién se espera sea aprobado por el Congreso en esta última legislatura, para poder tener alguna referencia de lo que se podría ofrecer por parte del Estado colombiano y si ello logra convencer a los miembros de esta organización para una eventual desmovilización. Hay que decir que, se les abona a los jefes de este grupo la intención de iniciar dichas conversaciones en un marco de incertidumbre muy grande.
En tercer lugar, el comunicado refleja bien los alcances de unas conversaciones en su fase preliminar y por ello apunta a una etapa de ‘consolidación de confianza’ y para ello seleccionan cinco municipios de Antioquia y Chocó, Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía donde se busca desarrollar un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, así como también de atención al fenómeno Migratorio y de aplicación de la legislación ambiental. Todo ello con la creación de grupos de trabajo con una participación comunitaria importante y autoridades locales y delegados de autoridades nacionales y del propio grupo EGC. Y dentro de esa etapa de ‘consolidación de confianza’ se plantean medidas para favorecer a los niños, niñas y adolescentes realizar un inventario de miembros con estas características y liberarlos, entregándolos al ICBF para su restablecimiento de derechos. Igualmente, el grupo autodenominado EGC se compromete a no interferir en los procesos electorales venideros y a respetar en esos municipios la acción de las entidades del Estado y las acciones de desminado humanitario que se desarrollen en los mismos; igualmente se compromete a seguir fortaleciendo los programas para que sus miembros garanticen y cumplan los principios del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En cuarto lugar, es importante destacar que el grupo EGC rechaza ser considerado como grupos paramilitar o neo-paramilitar y que su denominación se definirá con base en el derecho colombiano e internacional y los mecanismos de justicia transicional. Y lo es porque casi todos los estudiosos de estos actores del conflicto armado colombiano consideran que esta organización tiene como matriz inicial los remanentes de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, pero claro, igualmente hay una influencia importante de antiguos líderes y combatientes del Ejército Popular de Liberación -EPL- y también de algunos de las FARC.
En quinto lugar, piden a la MAPP/OEA, al Consejo Mundial de Iglesias y a la Conferencia Episcopal de Colombia, que hagan el seguimiento, monitoreo y verificación de lo allí acordado, para lo cual consideran necesario adelantar gestiones de apoyo financiero, técnico, logístico, etc. Igualmente consideran plantear al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, acompañar este proceso.
Agradecen finalmente al Estado de Qatar el apoyo dado a estas conversaciones, tanto en lo logístico como en el grupo mediador designado y asumen el compromiso de acordar y desarrollar una nueva fase de conversaciones en fecha que las partes acordarán y que esperamos se cumpla por las dos partes.
Hay que destacar esta iniciativa del gobierno Petro, que si bien es poco probable que pueda tener una finalización durante este gobierno, si muestra un esfuerzo importante de búsqueda novedosa de salida con un protagonista que no es fácil ’encasillar’ en los estándares tradicionales, pero que muestra con lo reflejado en este comunicado conjunto -que debo decir es la única información de que dispongo, fuera de las de prensa- un interés igualmente de explorar salidas concertadas, pese a no estar claro, por la inexistencia de un marco jurídico aprobado, un punto de llegada y qué beneficios podrían esperar de los acuerdos sus miembros. Y quisiera destacar de nuevo el haber solicitado al Estado de Qatar el apoyo en esta iniciativa de búsqueda de salidas concertadas con un protagonista de violencia muy relevante, pese a lo atípico de su naturaleza.
Esperemos que en una nueva fase se pueda avanzar y garantizar que cualquier nuevo gobierno estaría propenso a continuar y concluir estas conversaciones.
Alejo Vargas Velásquez, Analista Político en Paz, Seguridad y Defensa, Profesor Titular Universidad Nacional – Investigador Emérito de Min Ciencias
Foto tomada de: El País
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