Diversos medios de comunicación publicaron dichos contratos, lo que generó una reacción de funcionarios del gobierno como Víctor Muñoz, director del departamento administrativo de Presidencia, que expresó que era una irresponsabilidad la publicación de estos contratos, dado que no hay sentencia judicial en firme, y esto podría poner en riesgo la salud y la vida de los colombianos. El 11 de agosto el Consejo de Estado emitió un concepto en el cual expresa que no había autorización para tal publicación y que iniciará las investigaciones pertinentes al interior de la entidad.
Es de anotar que más de 100 países en el mundo han publicado información de dichos contratos por decisiones de los gobiernos, por derechos de petición, o por otro tipo de acciones judiciales, en ninguno de estos países se ha suspendido la vacunación ni la entrega de los lotes para el cumplimiento de la misma.
De otro lado, como lo expresa la veeduría de vacunación de Antioquia en comunicado expedido el 12 de agosto, el contenido publicado de los contratos demuestra que no existe ningún riesgo para el derecho a la salud y la vida de los colombianos por conocer lo pactado. Por el contrario, el conocimiento público de estos contratos permite un mejor control político y ciudadano del plan de vacunación con fundamento técnico y con rigor, aspecto fundamental en una democracia, para el cumplimiento de los fines del Estado en el cuidado de la salud y la vida.
Llama la atención la diferencia de precios por dosis, que en la vacuna de astrazeneca corresponde a 6 dólares y Pfizer a 12 dólares, cifras cuantiosas teniendo en cuenta que estas vacunas fueron mayoritariamente financiadas con recursos públicos de los de Estados y ciudadanos del mundo. Estos precios alertan sobre la necesidad imperiosa de liberar las patentes y los derechos de propiedad intelectual para que la vacuna pueda ser producida en el mundo por diversos laboratorios como un bien público universal.
Se debe anotar que cualquier afectación al plan de vacunación por causa del conocimiento público de contratos que corresponden al interés público, en tanto se pagan con dineros aportados por los colombianos, es responsabilidad de las farmacéuticas y las concesiones que haga el gobierno colombiano a estas, que no tienen ninguna justificación para ejercer presiones, actuaciones extorsivas sobre los Estados y el ejercicio del acceso al derecho fundamental a la información, la participación, la veeduría de los ciudadanos colombianos en la toma de decisiones de salud pública.
Se reafirmó con el conocimiento de estos contratos la exoneración de las farmacéuticas de asumir responsabilidades frente efectos secundarios y adversos de las vacunas, esta información ya había sido conocida en el mundo, y fue sujeto de discusión en Colombia con motivo a la aprobación de una ley de la República en el 2020 que facultaba al gobierno nacional para negociar este tipo de tecnologías experimentales, estableció la exención de impuestos para que empresas privadas puedan contribuir con su producción, y estableció la exoneración de responsabilidad comentada por parte de las farmacéuticas.
En la información analizada de los contratos no se encuentran los cronogramas de entregas de las vacunas que es fundamental para la planeación adecuada del improvisado plan de vacunación que se implementa en Colombia, que a fecha del 10 de agosto cuenta con 13.403.370 dosis completas aplicadas, de 50 millones de colombianos aproximadamente. La circulación de la variante delta genera que la meta de lograr 35 millones de vacunados completas se eleve, dado que con esta variante se aumenta el nivel de reproducción y la velocidad de contagio del virus, tendría que vacunarse la mayoría de la población, superar el 90%, de los ciudadanos con vacunación, meta de la cual estamos muy lejos.
En Colombia en las últimas semanas se había logrado superar las 500 mil inoculaciones en un día, no obstante, no se ha mantenido este ritmo, para el día de ayer solo se lograron 244. 082 sin que se haya dado una clara explicación, de porqué no se ha podido mantener el ritmo de vacunación. No existe un tablero de control de datos abiertos que permita establecer correctivos inmediatos, preocupa la confesión realizada por la Secretaría de Salud de Bogotá en días recientes, en donde expresan que 800 mil ciudadanos de las primeras etapas de vacunación, no lo han hecho. En Colombia no se está haciendo búsqueda activa de ciudadanos para lograr la vacunación, no se ha implementado un programa de salud pública que permita acercar el sistema de salud a la ciudadanía para lograr la vacunación.
Una encuesta del DANE realizada en junio de 2021 muestra que el 11,6% de los y las jefes de hogares no tienen interés de aplicarse la vacuna en 23 departamentos del país, El 66% de estos encuestados expresan que el motivo para no vacunarse es que observan riesgos de efectos adversos en las vacunas, y el 18,5% cree que la vacuna no sería suficientemente efectiva (1). Estas razones pueden ser superadas con un proceso pedagógico y de búsqueda activa por parte del sistema de salud.
Pero se han evidenciado otras causas que podrían explicar el por qué no se mantiene el ritmo de vacunación, una es que se han tendido que suspender procesos de vacunaciones, por ejemplo, en Antioquia, por no pago a los prestadores y a su personal por llevar a cabo esta tarea. Ante el desconocimiento del cronograma de entregas, los ciudadanos se acercan a los puntos de vacunación y no encuentran la segunda dosis que requieren, en otros casos la primera, existe descoordinación de las EPS con los entes territoriales para adelantar el proceso. Todo lo anterior podría ser subsanado si se tuviera un tablero de control de datos abiertos, un cronograma proyectado de entregas por parte de las farmacéuticas, una gestión no intermediada del plan de vacunación.
Para terminar, quiero dejar sentada la pregunta y preocupación que nos asiste, ante esos exorbitantes costos de las dosis de Pfizer, ante la posible necesidad de un refuerzo con una tercera dosis como se ha expresado por parte de la comunidad científica, cuál será la sostenibilidad financiera del plan de vacunación que cuenta con una serie de sobrecostos por los diversos intermediarios que han sido incluidos, que no se necesitan. Sería importante comenzar a eliminar todos los intermediarios del proceso que no aportan valor agregado y sí extraen renta, plantear una propuesta con los países de América Latina y el Sur Global para abordar la situación de la liberación de las patentes en la OMC, situación que va a ser fundamental para poder superar la pandemia, no veo al gobierno colombiano en eso. Nos tocó un gobierno bastante insuficiente en un momento en que necesitaríamos una jefatura de Estado jugada a proteger la vida de los colombianos, nos queda continuar por la vía de la veeduría de la sociedad civil, el control político y judicial, para obligar que se muevan. Es la vida la que está en riesgo.
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El 11,6% de los colombianos no están interesados en vacunarse: DANE (publimetro.co)
Carolina Corcho Mejía, Presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.
Foto tomada de: Ministerio de Educación Nacional
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