La Consulta como ejercicio de soberanía popular
Cuando un gobierno plantea una consulta popular, lo hace generalmente para destrabar procesos que han sido bloqueados por intereses corporativos o élites políticas dentro del Congreso. Así ha sucedido con iniciativas como la reforma laboral o la reforma pensional, que buscan dignificar la vida de los trabajadores y garantizar derechos sociales fundamentales. Frente a la captura del legislativo por partidos que operan como agentes de los grandes capitales, la Consulta Popular aparece como una vía legítima y necesaria para que el pueblo decida por encima de los mercaderes de la política.
Retos institucionales y maniobras de sabotaje
El principal reto de la consulta no está solo en el trámite legal, sino en las estrategias de desinformación, miedo y manipulación que despliega la oposición. Con recursos multimillonarios, medios de comunicación aliados y campañas de pánico económico, buscan confundir al electorado, presentando las reformas como amenazas en lugar de conquistas. Lo que está en juego, sin embargo, es si Colombia avanzará hacia un modelo de justicia social o si se perpetuarán los privilegios de unos pocos.
La sanción política como deber ciudadano
Frente a este escenario, la consulta no solo será un pronunciamiento sobre un tema específico, sino un juicio político a los partidos que han obstaculizado las reformas populares. La ciudadanía tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de sancionar electoralmente a los congresistas que se han alineado con los poderes económicos y han votado contra los intereses de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, y los pensionados.
Esta sanción política debe expresarse no solo en el voto durante la consulta, sino también en las elecciones siguientes. Es inadmisible que quienes han frenado los derechos del pueblo sigan ocupando curules mientras los sectores populares cargan con las consecuencias de su mezquindad legislativa.
La Consulta como umbral moral y político
La consulta se convierte, entonces, en un campo de disputa ética: ¿Quiénes están del lado del pueblo? ¿Quiénes están al servicio del capital? No basta con discursos; se necesitan decisiones políticas claras. Quien vote contra los derechos sociales o boicotee mecanismos de participación, debe ser denunciado y derrotado políticamente.
No se trata solo de ganar una votación, sino de inaugurar una pedagogía ciudadana que enseñe a reconocer, recordar y castigar a quienes legislan contra los intereses populares. Porque la democracia no puede seguir secuestrada por quienes traicionan al pueblo desde el confort de sus curules.
En definitiva, la Consulta Popular puede marcar un punto de inflexión. Si se gana, abrirá paso a reformas aplazadas por décadas. Si se pierde, debe ser una alarma para reorganizar las fuerzas populares. En cualquier caso, lo que no puede permitirse es el olvido o la indiferencia. La política se transforma también desde la memoria colectiva y la acción democrática. La sanción política es el primer paso para reconstruir una institucionalidad que sirva al pueblo y no al privilegio.
Considero que hay que insistir en unos principios ciudadanos para la defensa de los derechos en la Consulta Popular
- Soberanía popular innegociable. Todo poder emana del pueblo. Ninguna institución ni partido puede suplantar la voluntad ciudadana expresada directa y democráticamente. Participar en la consulta es ejercer soberanía.
- La dignidad humana como fundamento del voto. El voto en la consulta debe defender la vida digna, el trabajo decente, la pensión justa, el acceso universal a la salud y la educación. Votar con conciencia es votar por la dignidad de todos y todas.
- Memoria activa contra la traición política. Recordar quiénes votaron en contra del pueblo, quiénes bloquearon las reformas, y quiénes mintieron en campañas de desinformación es un acto de resistencia política. La memoria es una forma de justicia.
- Participación informada y crítica. La ciudadanía tiene el deber de informarse y debatir. Desmontar las mentiras de la oposición y socializar el contenido de la consulta y de las reformas fortalece la democracia desde abajo.
- Unidad popular contra los privilegios de clase. La Consulta no es una lucha partidista, sino una causa común contra los intereses que han saqueado el país. La unidad entre sectores populares, obreros, campesinos, mujeres y juventudes es clave para vencer.
- La consulta es pedagogía política. Cada barrio, vereda, comuna y colectivo debe ser un espacio de formación y deliberación política. La consulta es también una oportunidad para educar en derechos y democracia participativa. La conciencia no se da silvestre.
- Sanción electoral a los enemigos del pueblo. Los congresistas que han traicionado las causas sociales deben recibir una sanción política clara: no deben volver al poder. No más votos para quienes legislan contra el pueblo.
- Movilización permanente más allá del día del voto. La participación no termina en las urnas. La organización y la movilización deben continuar para garantizar la implementación de lo aprobado y defender los avances logrados.
- Ética pública como brújula colectiva. La acción política debe orientarse por el bien común, la solidaridad y la justicia social. La consulta debe ser un llamado a restaurar una moral pública al servicio de las mayorías excluidas.
- Por una democracia real, no secuestrada por el mercado. La Consulta es un rechazo a la democracia capturada por los intereses financieros y privatizadores. Se lucha por una democracia con sentido social, donde el pueblo mande y los congresistas obedezcan.
En general, la consulta popular es un llamado político y ético a la conciencia ciudadana, para hacer posible los cambios en un gobierno bloqueado por un Congreso capturado por los intereses económicos y políticos tradicionales.
Carlos Medina Gallego, Docente- Investigador UN, Analista Político
Foto tomada de: El País
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