“La justicia no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano”. Jueza Sandra Liliana Heredia.
La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encontró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que él mismo inicio hace ya 13 años contra el entonces representante a la Cámara y hoy Senador, Iván Cepeda Castro. La jueza dictaminó la responsabilidad penal de Uribe por dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. En el fallo la jueza demostró fuera de toda duda razonable que Uribe fue el determinador de una red de manipulación de testigos que trató mediante este método de engañar a la justicia en sus más altas instancias incluida a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Recordemos el proceso se inició en el año 2012 al final de un debate promovido por Iván Cepeda en el Congreso de la República en el cual y con base en testimonios y declaraciones de antiguos paramilitares, como es el caso de Juan Guillermo Monsalve, que vincularon a Uribe a la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia que actuaba en Medellín y en el Departamento de Antioquia. Esos testimonios comprometían directamente a Uribe y a su hermano Santiago Uribe, con la fundación de esa estructura paramilitar que se habría conformado en la Hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe.
Terminado ese debate Uribe se dirigió a la Corte Suprema de Justicia y denunció a Cepeda por injuria, calumnia, falsa denuncia y por denigrar de su buen nombre. Durante cerca de seis años el proceso se mantuvo en la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal. Para demostrar su presunta inocencia Uribe creó esa red de testigos que buscaron demostrar que Cepeda había ofrecido dádivas para que declararan contra Uribe. En el año 2018 la Corte eximio de toda responsabilidad a Cepeda y por el contrario abrió investigación contra Uribe por tres delitos soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos. De esta forma de ser acusado Cepeda y otros adquirieron y se constituyeron como víctimas en el proceso.
En agosto de 2020 la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de justicia dictó medida de aseguramiento contra Uribe quien estuvo en detención domiciliaria durante 66 días pues el frentero Uribe, como él mismo se ha descrito, renunció al Congreso para buscar eludir la jurisdicción de la Corte Suprema y que su caso fuera asumido por la Fiscalía General de la Nación buscando no solo ganar tiempo sino amigos en la Fiscalía para que fuera desechado como en efecto ocurrió. La Sala de Instrucción en una decisión muy controvertida y que en su momento criticamos como signo de debilidad y de falta de entereza de los magistrados de dicha Sala, determinaron que Uribe podía renunciar a su fueron parlamentario y enviaron el proceso a la Fiscalía. Barbosa fiscal de Bolsillo de Uribe a través de sus delegados uno de ellos de ingrata recordación, Gabriel Jaimes Duran, pidió la preclusión del proceso que fue negada por la jueza de control de garantías Carmen Ortiz. Otro duro revés para Uribe.
Pero los intentos por cerrar el caso no pararon allí y el fiscal de bolsillo de Duque y Uribe volvieron a la carga. Barbosa un fiscal mediocre encomendó la misión a otro fiscal, Javier Cárdenas, quien volvió a presentar solicitud de cierre de la investigación, en esta ocasión la Jueza Laura Barrera, volvió a negar la solicitud de cierre de la investigación. Había suficiente material probatorio no desvirtuado por la defensa y por la Fiscalía que en estas dos solicitudes de cierre actuaba más como defensa de Uribe que como ente investigador imparcial. Fueron las conclusiones de estas dos juezas de la República. Pero entonces la defensa decidió apelar a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Este tribunal negó la solicitud de preclusión con los mismos argumentos de las dos juezas en el sentido que ni la defensa del imputado Álvaro Uribe Vélez ni la Fiscalía a través de Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas habían desvirtuado el material probatorio que se encontraba en el expediente. Y de esta forma el proceso cayó en manos de la jueza Sandra Liliana Heredia que ha acabado de fallar encontrando a Uribe responsable de dos delitos fraude procesal y soborno en actuación penal.
El primer delito que la jueza considera probado es que el aboganster Diego Cadena actuando en nombre de Uribe ofreció dádivas en dinero y en promesas para que los testigos dentro de ellos Juan Guillermo Monsalve cambiaran su testimonio cosa que no hicieron y por el contrario entregaron pruebas a la Corte Suprema de Justicia de dichos ofrecimientos y dádivas. Esto según la jueza Heredia está probado en el material probatorio y de esta forma avaló el trabajo diligente de la fiscal Marlen Orjuela, así como que en el proceso se trató de engañar a los Magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia con testimonios falsos para favorecer en el proceso al expresidente Uribe. Ambos delitos probados tienen cada uno penas de seis a doce años. En el cierre de conclusiones de la Audiencia de Lectura del fallo la fiscal Orjuela pidió una pena de nueve años de cárcel para Uribe Vélez.
Lo que sigue en el proceso
La jueza Sandra Liliana Heredia quien a mi juicio representa con dignidad la majestad de la justicia leerá mañana 1 de agosto la pena que le impondrá a Uribe. La defensa de Uribe ya ha anunciado que impugnará el fallo ante la Sala Penal del Tribunal de Bogotá a dónde se traslada ahora el proceso. Tendrá cinco días hábiles para hacerlo. Mientras tanto Uribe deberá cumplir con la pena que le impondrá la jueza Heredia mientras el tribunal resuelve la impugnación del fallo.
La sentencia contra Uribe es, por la lectura del resumen que hizo la Jueza Sandra Liliana Heredia, muy sólido. De hecho y por duda razonable tumbó el cargo de soborno a testigos porque a su juicio la fiscalía y la defensa de las víctimas no logró probar dicho cargo. Ya con un fallo en contra el Tribunal tendrá que decidir si ratifica la sentencia de la jueza o lo revisa total o parcialmente. Lo que hemos descrito demuestra que Uribe ha contado con todas las garantías y se le ha garantizado el debido proceso aún con las maniobras de la defensa que buscaron la preclusión por el vencimiento de términos cuando esos delitos ya probados prescriben. De modo que hay que defender a la jueza y al sistema judicial de las declaraciones injerencistas del secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio y senadores trumpistas republicanos que han salido a condenar el fallo de la jueza no solo porque atenta contra nuestra soberanía y contra la división de poderes que son piedras angulares de nuestra Constitución sino porque desconocen el proceso y todas las garantías que ha tenido Uribe en el mismo.
Pero además hay que defender el derecho de las víctimas que han tenido que soportar como en el caso del senador Iván Cepeda trece años de ataques inmisericordes por parte de las huestes uribistas, de la prensa corporativista mayoritaria en el país y de la Fiscalía General, cuando el cargo lo ocupaban Francisco Barbosa y Néstor Humberto Martínez. Cepeda siempre con altura y argumentos controvirtió el relato de Uribe y de su fiscalía de bolsillo. Pero el fallo de la jueza manda un mensaje fuerte contra los delincuentes de cuello blanco como Uribe y es que nadie está por encima de la ley y de la justicia. Y es un mensaje a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, donde duermen el sueño de los justos investigaciones contra Uribe por las masacres del Aro y de la Granja en Ituango ocurridas en 1996 y 1997 y posteriormente en el asesinato de Jesús María Valle ocurrido en 1988. Como se recordará la Corte Suprema de Justicia declaró estos crímenes como de lesa humanidad en el año 2018 sin que desde entonces los procesos hayan avanzado. Quizás ello explicaría el tono mesurado de las declaraciones de estos organismos ante los ataques de las barras bravas uribistas en contra del fallo contra Uribe y de los ataques de los senadores y del secretario de Estado norteamericano.
La jueza Heredia significa la dignidad y la independencia de la Justicia en Colombia, así como las actuaciones de las juezas Carmen Ortiz, Laura Barrera y la fiscal Marlen Orjuela, todas ellas mujeres que han dejado en alto la justicia en el país, su independencia y su solidez jurídica, para ellas un reconocimiento por su conocimiento y por su valentía.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Enlace Digital
Excelente articulo del Doctor Pedro Santana Rodríguez.