Inicialmente se dijo que el helicóptero había sido impactado con un dron con explosivos, información que fue desmentida posteriormente por las propias Fuerzas Armadas y de Policía, que señalaron que el helicóptero aterrizó en una zona minada y al pretender los policías abordarlo para salir de esa zona, se activaron las cargas explosivas que habían sido sembradas allí por las Disidencias de las FARC que comanda Calarcá Córdoba que siguen en diálogos con el gobierno nacional. Y concluíamos que estos hechos son magnificados, exagerados por la oposición y por los medios de comunicación corporativos para generar miedo, sensación de inseguridad, tratando de vender el relato que el país se encuentra bajo el control de las Disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de las bandas ligadas al narcotráfico y de los grupos sucesores del paramilitarismo.
Se añade además que la Fuerza Pública ha perdido la iniciativa, se encuentra desmoralizada, que se encuentran desfinanciadas y que producto de la política de la Paz Total se encuentran maniatadas pues no podrían atacar a estos actores armados. Con ello completan el relato según el cual hemos retornado a los años ochenta del siglo XX cuando la sociedad colombiana sufrió los ataques del narcoterrorismo de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Concluimos también que lo que trata de vender la oposición uribista y vargasllerista es que el principal problema que tenemos como sociedad es el problema de la seguridad, que la violencia se ha desbordado y que el gobierno no la controla.
Exagerar para crear miedo
Como lo mencionamos en su más reciente trabajo Vicens Fisas el investigador catalán, por cierto, muy cercano a Colombia y al estudio de nuestro conflicto armado, en su texto Manual para crear Miedo [i] ha señalado que los creadores del miedo a menudo toman las amenazas reales o amenazas creadas a la convivencia pacífica, a la convivencia democrática, y recurren a la instrumentalización de estas amenazas que pueden ser reales pero que se exageran y recurren a diversos mecanismos para crear miedo. El miedo entendido como un sentimiento de temor, de vulnerabilidad, de indefensión y de inseguridad. Este sentimiento de miedo no solo es individual, sino que se transforma a menudo por la intervención de los grandes medios de comunicación y de las redes sociales, en un temor colectivo, en un sentimiento de indefensión y de inseguridad colectiva. El miedo es una emoción negativa pues no solo es desagradable, sino paralizante y limitante. Además, impide o dificulta el diálogo y el consenso, a través de bloqueos mentales, cerrándonos a nuevas ideas o perspectivas, fomentando la polarización y la lógica binaria (el “nosotros” contra “ellos”), dificultando encontrar puntos en común, reduciendo la confianza entre las partes enfrentadas e incrementando las sospechas sobre intenciones ocultas, llevando a exagerar los riesgos o a malinterpretar las intenciones, entorpeciendo así el entendimiento mutuo, creando más bien un ambiente de confrontación y aceptando las narrativas simplistas o conspirativas.[ii]
Para instrumentalizar las amenazas con el fin de crear miedo se recurre a menudo a la creación de un enemigo ficticio o exagerado, en el discurso del uribismo y el vargasllerismo ese enemigo es el terrorismo o el castrochavismo. A menudo para fomentar la incertidumbre los medios de comunicación corporativos recurren a la presentación de informaciones incompletas o falsas. Por ejemplo, entre nosotros que se ha reducido el presupuesto de la Fuerza Pública bajo el gobierno de Gustavo Petro. La realidad es que el presupuesto del sector defensa ha aumentado más del 5.5% en términos reales. Actualmente ese presupuesto corresponde al 4.1% del Producto Interno Bruto, PIB, el cual se ha mantenido y ha crecido. En la última década el promedio fue del 3.6% del PIB. Entre 2023 y 2024 la inversión aumento un 43%, la más alta de la última década y entre 2023 y 2025, un 9%. Este incremento se ha dirigido a mejorar la alimentación de las tropas y a mejorar los ingresos de los 70 mil soldados profesionales que antes de este gobierno recibían 300 mil pesos mensuales y ahora en este año 2025 reciben un millón de pesos mensuales y en el próximo año recibirán 1.5 millones mensuales. Pero también se ha dirigido a la adquisición de tecnologías para controlar los ataques con drones, por ejemplo.
Contrario a la narrativa que se escucha a menudo en los medios de comunicación sobre el debilitamiento de la Fuerza Pública otro dato de la realidad rebate esa narrativa. Durante el gobierno de Gustavo Petro el número de efectivos de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y de Policía, ha aumentado en un 7%. Mientras que de 2014 a 2018 en el gobierno de Juan Manuel Santos el número de efectivos se redujo en un 4% y en el gobierno de Uribe-Duque, 2018 a 2022 se redujo el número de integrantes de la Fuerza Pública en un 11%. Estos datos rebaten las afirmaciones de Uribe, Duque, Vargas Lleras y los precandidatos de la derecha.
Otro dato muy importante es la disminución de los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública. Durante los ocho años del gobierno de Uribe fueron asesinados 4.500, durante los cuatro años de Duque fueron asesinados 2.888 y durante lo que lleva el gobierno de Petro han sido asesinados 319 integrantes de la Fuerza Pública. Con todos los vacíos y errores que pueda haber tenido la política de Paz y Seguridad de este gobierno las cifras no mienten.
A renglón seguido y con la ayuda de los medios de comunicación corporativos se recurre a la dramatización y a la exageración para generar la sensación de peligro inminente. Se transmiten imágenes de los atentados terroristas sin contexto para aumentar la sensación de temor, indefensión e inseguridad colectiva. Lo vivimos recientemente con el vil ataque perpetrado por el ELN contra las Disidencias de las FARC que dirige Calarcá Córdoba y contra la población civil en una disputa que tiene como causa inmediata el control de los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico en la región del Catatumbo, en el Cañón del Micay en Argelia, Cauca y más recientemente con el atentado a Miguel Uribe y el atentado terrorista contra la base aérea en Cali y la muerte de los 13 agentes de Policía en Amalfi, Antioquia.
La persistencia del conflicto armado
El relato que predomina en los grandes medios de comunicación es que el país ha caído en manos de los grupos criminales a los que el gobierno les ha dado reconocimiento político y con los cuales mantiene aún unas mesas de negociación que son dos grupos la Disidencia que dirige Calarcá Córdoba y las Disidencias que dirige Walter Mendoza. Estas negociaciones han avanzado, pero aún su futuro es incierto. Y con la principal estructura armada que es la del Clan del Golfo que hace presencia en cerca de 300 municipios del país, las conversaciones realmente no han pasado de unos contactos iniciales y ahora en Qatar se ha señalado que hay conversaciones, pero no se han iniciado negociaciones, otra cosa es con las bandas armadas urbanas del Valle del Aburrá, Buenaventura y Quibdó en la que hay avances significativos, pero que está pendiente de un marco jurídico adecuado para que estos procesos puedan llegar a buen puerto.
La realidad es que la violencia se concentra en unos territorios muy localizados en que se combinan diversos factores como la presencia de cultivos de uso ilícito principalmente los cultivos de coca, la minería ilegal y la débil presencia del Estado. Los territorios más críticos son el Cauca, la región del Catatumbo, Arauca, Guaviare, un sector del Caquetá, un sector de Antioquia y un sector del departamento del Chocó. Obvio que hay presencia en otros territorios como un sector de Nariño, Putumayo y el Sur de Bolívar y el Nudo de Paramillo en Córdoba, pero en estas últimas regiones no hay un control territorial muy claro, son territorios en disputa entre diversos grupos ilegales y las fuerzas armadas del Estado.
Esta disputa se libra hoy con mayor intensidad en la región del Catatumbo y en el departamento del Cauca principalmente en el Cañón del Micay. Al día de hoy en la región del Micay las Fuerzas Armadas, según el ministro de la defensa, Pedro Sánchez, tienen un control del 70% del territorio. El desafió en estas regiones es la consolidación de la presencia del Estado con electrificación rural, vías terciarias, puestos de salud, escuelas, y sustitución de cultivos de uso ilícito. De ello dependerá la derrota de los actores armados. Si hubiese una oposición con sentido de nación, con sentido de país debería apoyar al gobierno en esa tarea que no es otra que construir Estado en estos territorios y doblegar al narcotráfico y al crimen organizado. Pero no es esa la oposición que tenemos en Colombia donde el único programa es el antipetrismo.
La persistencia de la crisis de derechos humanos y el necesario replanteamiento de la Paz Total
Con las anteriores reflexiones no se quiere señalar que el gobierno haya doblegado a los actores armados ilegales. Estos persisten en sus acciones criminales y provocan en las regiones una crisis humanitaria que se traduce en confinamientos, desplazamientos forzados, asesinatos de lideres sociales. Un sector de la población es funcional a estas organizaciones ilegales pues ellas dominan las economías ilegales de las cuales viven estas poblaciones o sectores muy importantes de las mismas. Hay problemas que persisten y cualquiera que sea el nuevo gobierno deberá enfrentar. Los asesinatos de líderes sociales han disminuido en estos tres últimos años y en este semestre de 2025, pero esa disminución es baja. En 2018 y 2020 los asesinatos superaron los 250 cada uno de estos años. Durante el gobierno de Petro estas cifras han estado por debajo de los 200 asesinatos cada año y en el primer semestre de este año se registran 75 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Estas cifras siguen siendo elevadas e inaceptables y en esto el gobierno no ha avanzado de manera significativa para la reducción de estos abominables crímenes. También han disminuido las masacres, pero su número sigue siendo también alto.
Durante estos últimos meses la Fuerza Pública libra una batalla campal por lograr el control territorial en dos regiones estratégicas como lo hemos señalado el Cauca y sobre todo la región de El Plateado en el municipio de Argelia y en la región del Catatumbo. Pero el reto es que esa ofensiva militar no se detenga y que la presencia del Estado se vuelva permanente allí y que se construya una economía legal para lo cual los programas de sustitución de cultivos tienen que ser exitosos. Tampoco se puede decir que este gobierno haya sido exitoso en el desarrollo del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS, la Corte Constitucional así lo ha señalado y pienso que tiene toda la razón. Ese programa tiene que ser reestructurado. La prueba de fuego la tiene ahora en esas dos regiones.
Igual sucede con la política de la Paz Total que debe ser reestructurada de fondo. La estrategia de que punto acordado punto que comienza a desarrollarse es una ilusión, ello debe ser replanteado, así como los ceses al fuego que solo han servido para el fortalecimiento de los actores armados. Es mucho más realista la negociación en medio del conflicto y solo acordar ceses al fuego cuando las negociaciones ya estén muy maduras con estrictos mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación periódica. Cada proceso debe ser evaluado y replanteado siempre con el principio constitucional al frente: ninguna parte del territorio puede estar vedada para el ingreso de la Fuerza Pública que debe actuar con estricta sujeción al Estado de Derecho y con el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
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[i] Fisas, Vicens. 2025. Manual para crear miedo. Navarra, España, Editorial Icaria.
[ii] Ibidem. P.p. 30 y 55.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Vatican News
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