Como afirma Arévalo (11, 06,2021) Colombia es país signatario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual gira alrededor de la Convención Americana sobre la materia, conocida como el Pacto de San José. Tanto la Comisión Interamericana (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son independientes de la OEA; velan por el cumplimiento de la Convención y demás tratados regionales de derechos humanos ratificados por los Estados firmantes. La competencia para investigar los temas de violencia relacionados con el Paro está contemplada en la ratificación de la Convención firmada por Colombia en 1973 y se refiere a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los Estados y no es competente con respecto a los actos cometidos por particulares, para lo cual deben operar los tribunales internos. Esto permite refutar la pretensión del gobierno colombiano y de Alejandro Ordóñez, flamante Embajador ante la OEA, con respecto al énfasis que intentan colocar con respecto a los casos de violencia cometidos por civiles contra agentes de la fuerza pública, así como los daños provocados en infraestructura, servicios sociales y actividades económicas.
En síntesis, la Convención rige para casos de violación de los derechos humanos cometida por los Estados, dado que el compromiso firmado es el de cumplir los estándares internacionales de respeto por los derechos humanos y aceptan ser vigilados y juzgados por los órganos competentes del orden interamericano. En tal sentido, al ser parte de la Convención Americana, los Estados reconocen la competencia de la CIDH para recibir peticiones y denuncias por parte de personas y organizaciones no gubernamentales. Así mismo, la Comisión puede presentar informes, plantear recomendaciones, promover soluciones amistosas entre víctimas y Estados o decretar medidas cautelares, como medidas urgentes ante la situación de graves violaciones a los derechos humanos o en el evento de agravación de la situación.
La reticencia gubernamental a la visita de la CIDH en el contexto del Paro Nacional
A raíz de la comunicación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, en medio de la renuncia de la Canciller Claudia Blum y del nombramiento de la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez en su reemplazo, el gobierno Duque aceleró un plan de gira internacional de la nueva Ministra de relaciones Exteriores, comenzando por Estados Unidos. Antes del viaje de la nueva Canciller, el contacto con altos dignatarios del Gobierno y del Congreso de Estados Unidos y de la dirección de la CIDH estuvo precedido por la visita de una delegación del Centro Democrático encabezada por María Fernanda Cabal y en el marco de la aceleración de la renuncia de Francisco Santos como Embajador del Gobierno Colombiano en Estados Unidos.
En principio, el gobierno se mostró reticente a la visita de la CIDH con el pretexto de contar con capacidad interna para atender los problemas relacionados con el Paro e insistir en no ser un Estado violador de los derechos humanos. Así se expresó en primera instancia por parte de Martha Lucía Ramírez en su entrevista con la CIDH en Estados Unidos y luego, frente al hecho de no poder oponerse como gobierno a la visita, a riesgo de incumplir el tratado, pretendió dilatar para finales del mes de junio, posterior a una sesión virtual que realizaría la CIDH. Lo palpable es que mientras la nueva Canciller realizaba la visita, el Gobierno se empeñaba en narrativas negacionistas frente a la violación de los derechos humanos, enfatizaba en priorizar el tema de los bloqueos a las carreteras por parte de los manifestantes y ni la Fiscalía, ni la Procuraduría y tampoco el Defensor del Pueblo asumían sus roles investigativos competentes, por lo que la aceleración de la visita de la CIDH les obligó a intensificar trabajos al respecto y a reconocer a, medias tintas, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, matizando la magnitud y naturaleza de la crisis de derechos humanos en el contexto de la Asistencia Militar, como forma camuflada de conmoción interior.
Agenda Definida. Ante el clamor de las organizaciones de derechos humanos para que se agilizara la visita, la CIDH optó por desmontar la sesión virtual y al Gobierno no le quedó otro camino que aceptar la realización de la visita a comienzos de junio. Dada la premura de la visita y las complejidades logísticas de la preparación que demanda una visita “in loco” la CIDH optó por una visita de monitoreo durante los días 8 al 10 de junio. En este marco, la CIDH presentará en el corto plazo un informe con recomendaciones para el cumplimiento de los estándares internacionales que obligan al Estado Colombiano, dada su calidad de firmante de los tratados de respeto a los derechos humanos, en el marco del Sistema Interamericano.
No obstante, en un último esfuerzo por entrabar el sentido de la misión de la CIDH pretendió condicionar la Agenda de reuniones comenzando con entrevistas con el propio Gobierno, con la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, gremios económicos y entidades de servicios. Al respecto, como corresponde a su papel, la CIDH solamente acogió la agenda de reuniones presenciales con las instituciones y definió la propia con organizaciones y sectores sociales participantes en el Paro en Bogotá, Cali, Tuluá y Popayán, con mandatarios locales, así como con la Comisión de Paz del Congreso y medios periodísticos. Paralelamente, creó medios electrónicos para recibir denuncias y evidencias relacionadas con la problemática de violación de derechos humanos. Al respecto, hubo denuncias acerca de campañas para que sectores contrarios al Paro coparan dichos espacios con sus testimonios, como continuidad de los textos y videos entregados por la delegación del Centro Democrático, en su visita a Estados Unidos, con la pretensión de sustentar que los videos e informaciones presentadas a través de las redes sociales durante los conflictivos días de inicio del Paro estaban editados y falseaban la información.
Intercambios realizados. Entre sus actividades in situ, la CIDH estuvo en Siloé en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá; se reunió de manera presencial con el Comité Nacional de Paro recibiendo un documento de 25 páginas como síntesis de las denuncias; así mismo, se entrevistó con la ONIC, el Movimiento MAIS, la Guardia del Territorio Ancestral Muisca, una delegación del Pueblo Misak, así como del CRIC, del Puente de la Dignidad de Usme y del Portal de la Resistencia, en el marco de manifestaciones ciudadanas. Cabe resaltar que mientras estuvo presente la delegación en Colombia, el Gobierno disminuyó la presencia del ESMAD en las calles. Pero, no fue así el 8 de junio en Barranquilla donde las expresiones de protesta ciudadana en las inmediaciones del Estadio Metropolitano, mientras se desarrollaba el partido por las eliminatorias al mundial de 2022, entre las Selecciones de Colombia y Argentina bajo la consigna “si no hay paz no hay fútbol”, contaron con una dura represión policial que, nuevamente, fue evidente en el plano internacional.
En el Informe conjunto presentado por Temblores, Indepaz y PAIIS a la CIDH (11,06,2021) se hace una defensa del derecho ciudadano a la protesta pacífica conforme a lo consagrado en la Constitución Política Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos; así mismo, refiere las precisiones con respecto al papel de la fuerza pública y sus restricciones en el uso de la fuerza contra los manifestantes, las obligaciones de los Estados en materia de priorización de medidas preventivas, capacidad para vigilar a la fuerza pública, para investigar y castigar los crímenes y reparar a las víctimas, así como adelantar acciones frente al uso desproporcionado de la fuerza. También, argumenta la sistematicidad de nueve prácticas de violencia por parte de la Fuerza Pública en el contexto del Paro Nacional de 2021. Ellas son:
- Uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego.
- Uso de armamento de letalidad reducida en contra de los cuerpos de los manifestantes.
- Disparos horizontales con armas Venom de largo alcance en zonas residenciales.
- Lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y barrios residenciales.
- Vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales.
- Imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente, por parte de la policía nacional, a cambio de su libertad.
- Violencia sexual y basada en género contra manifestantes.
- Provocación de traumas oculares a manifestantes
- Desaparición forzada de manifestantes.
En relación con dichas prácticas se presentan de manera detallada y personalizada los hechos victimizantes por cada una de las nueve prácticas. Como el paro continúa, en contraste con la decisión del Comité Nacional de suspenderlo y teniendo en cuenta que existen sectores sociales que no se sienten representados por dicha instancia, las movilizaciones siguen desarrollándose en medio de la continuidad de la brutalidad policial, por lo que las violaciones a los derechos humanos continúan y las cifras de violaciones a los derechos humanos siguen en aumento.
En dicho sentido, a 50 días de iniciado el Paro Nacional, desde la Plataforma Grita de Temblores (16,06,2021), se reportan 4.285 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, sin incluir desapariciones. Estos se discriminan en 48 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública y 21 en proceso de verificación, de los cuales 6 están en proceso de esclarecimiento si el presunto victimario pertenecía a la fuerza pública, 4 fueron cometidos por civiles armados, con indicios de posible participación de miembros de la Fuerza Pública, 8 están en proceso de verificación del escenario y contexto y tres en proceso de verificación de la denuncia. Así mismo, reporta 1468 víctimas de violencia física; 70 víctimas de agresiones oculares, 215 víctimas de disparos de armas de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 8 víctimas de violencia basada en género; 1832 detenciones arbitrarias; 734 intervenciones violentas; 30 casos de uso de armas Venom y 41 casos de afecciones respiratorias por lanzamiento de gases lacrimógenos.
Volviendo a los informes entregados a la CIDH, como muestra White (09,06,2021) en video que concreta una síntesis de informe periodístico entregado a la Comisión, fruto de una idea original de Mariana Escobar Roldán, Víctor Galeano, Director del Proyecto Baudó Agencia Pública, denuncia que, en Pereira y Dosquebradas se presentó abuso sistemático por parte de la fuerza pública, con detenciones arbitrarias, torturas, amenazas a líderes y persecución a periodistas.
Por su parte, Elizabeth Otálvaro, Editora general de Mutante, denuncia que el 2 y 3 de mayo hubo dos noches continuas de represión policial en la vía que conecta a Palmira con Cali, bordeada por extensos cultivos de caña de azúcar. Según denuncia 48 resultaron personas heridas y diez mujeres denuncian abuso sexual. Paula Doria de La Silla Vacía relata que publicaron un Video sobre el Portal Américas, hoy Portal Resistencia, convertido en punto de referencia de la protesta social en Bogotá. En este video muestran que la brutalidad policial ha sido uno de los motores para que la protesta continúe en ese lugar. El Portal, de manera irregular, fue usado como centro de detenciones, donde también los jóvenes fueron golpeados y gaseados. En Facatativá, Gabriel Prado, desde Vientos Estéreo un grupo de mujeres recibió apoyo a la denuncia internacional los excesos de fuerza y abuso a los derechos humanos. La policía entró a los barrios y atacó a la gente en las casas. En Medellín, desde la Prensa alternativa El Armadillo, Juan David López denuncia capturas arbitrarias, incluso, de personas que no participaban en las protestas. Muchas de las capturas tuvieron una duración superior a las 24 horas. Denuncia que hubo torturas e incomunicación de las personas aprehendidas, lo que podría haber configurado casos de desaparición forzada. En cuanto al Portal 070, como expresa Tania Tapia, se entregó un mapa de cartografía con videos de donde se ven agresiones y violencia policial durante el Paro Nacional. Allí se registran 32 asesinatos desde el 28 de abril. Se tiene un video de los sucesos del 30 de abril en el barrio Calipso de Cali, donde en enfrentamientos con el ESMAD fueron asesinadas, al menos tres personas: Heiner Lasso, Edwin Villa y Rosemberg Douglas.
También, el video registra que los periodistas han sido víctimas de la violencia policial. Es el caso del 28 de abril en Medellín, como refiere Jénnifer Giraldo, cuando un agente del EMAD ataca y roba equipos de trabajo de prensa. Por su parte, Nicolás Sánchez, Coordinador de Investigaciones de la Plataforma Pacifista informa que su medio documenta 14 capturas ilegales por parte de la Fiscalía General de la Nación el 28 de abril, justamente cuando comenzó el Paro Nacional siendo que las órdenes de captura fueron expedidas varios días antes. En su caso personal, denuncia que el Primero de Mayo una granada de gas lacrimógeno disparada por el ESMAD los golpeó en la cabeza y se salvó por tener puesto un casco. Alberto Tejada de Canal 2 de Cali, así mismo, denunció que mientras cubría la jornada de protesta en el Paso del Comercio de Cali, fue amenazado por parte de un policía uniformado y encapuchado, quien le dijo “está bueno como para pegarle un tiro”. La Fundación para la Libertad de Prensa registra por lo menos 217 ataques contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las incidencias del Paro Nacional, lo que no solamente pone las vidas de los periodistas en riesgo sino, también, la verdad. Es de resaltar el caso del reportero de France Press, quien fue agredido por la policía el 04 de junio, a pesar de contar con todos los distintivos.
En el mismo sentido es de anotar, con posterioridad a la visita de la CIDH, que el día 16 de junio, en Bogotá, ha sido agredido por la policía @diegoboogotavoph, corresponsal popular de Noti Barrio Adentro (@NotiBAdentro).
Las narrativas gubernamentales. En contraste, las estadísticas gubernamentales, según la Consejera para los DDHH, Gutiérrez (11,06,2021) se resumen en 48 personas muertas, 20 de ellas en relación directa con las manifestaciones, nueve fallecimientos en proceso de investigación de los cuales tres se atribuyen a la fuerza pública y uno a particulares, 111 personas desaparecidas, tres de ellas con denuncia formal, 180 denuncia por presuntas faltas disciplinarias de la policía, 2 policiales fallecidos y más de 4 mil bienes afectados.
Su narrativa, que pretende legitimar únicamente las cifras oficiales, mantiene la reiterada insistencia en que el Estado Colombiano no es violador de los derechos humanos y en una afirmación extraña para una Consejera Presidencial de Derechos Humanos, niega la responsabilidad inherente al Estado y coloca “como garantía de pacificidad”, para que no haya violencia, a la sociedad colombiana, de modo que, con ello no se obligue a la intervención de la fuerza pública.
Por su parte, la Vicepresidente-Canciller culmina una gira por Europa en frágil intento por presentar una imagen democrática del gobierno. En tal sentido, ha realizado visitas a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Secretario de la OMS. Como muestra Santaeulalia (16,06,2021) ha dado declaraciones a la prensa en un esfuerzo ofuscado por minimizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional y por enfocar los reflectores hacia las afectaciones a la infraestructura, a la economía, “al vandalismo” y a la incautación de “40.000 armas”, dentro de la narrativa escogida para atribuir la crisis económica y las víctimas de la pandemia al Paro Nacional mientras reduce las violaciones de derechos humanos a los casos de cuatro policías. Paralelamente, pretende desfigurar el papel del Comité Nacional del Paro, así como de las instancias sociales que se vienen forjando en medio de la movilización, con el fin de negar las dinámicas de interlocución y de desfigurar las razones por las cuales se suspendieron las negociaciones. Por supuesto, esta versión no es un bien de consumo con acogida en los principales medios internacionales, por más que los grandes medios de comunicación del país se esfuercen en imponerlo. Además, las versiones de los delegados internacionales de Naciones Unidas, de los Embajadores de los países de la Unión Europea y los trabajos de las ONG´s internacionales, particularmente de Human Rights Watch neutralizan dichas pretensiones al presentar sus informes relacionados con la brutalidad policial y sus efectos.
Como se puede observar y como destaca Arévalo (11,06,2021) en su entrevista, el Estado Colombiano mantiene una relación hipócrita con los organismos internacionales de derechos humanos. De una parte, se muestra crítico con los Estados que rechazan las competencias de las cortes internacionales. Por el otro, retrasa las intervenciones; ideologiza y califica de izquierdistas a los Comisionados; obstaculiza la elección de miembros, torpedea la financiación de los organismos e intriga para retirarse de dichos organismos. Incluso, desconoce fallos como las medidas cautelares ordenadas por la CIDH en el caso de la destitución arbitraria de Gustavo Petro. Ahora, con la reforma de la Procuraduría General de la Nación, se pretende saltar dichas medidas cautelares. A la vez, se evidencia el esfuerzo por des-internacionalizar el tema de la defensa de los derechos humanos, con el fin de tratarlo como “asunto doméstico”, con los riesgos que ello implica para el avance del autoritarismo y la impunidad. Esto es coherente con la escasez de jueces colombianos especializados capaces de proyectarse en los tribunales internacionales. De hecho, el Gobierno Duque ha cosechado varios fracasos con varios de sus candidatos postulados ante el sistema Interamericano y ante la Corte Penal Internacional.
Es evidente la gravedad de la situación de crisis de los derechos humanos en el país, en un contexto en el que la coalición de ultraderecha insiste en imponer políticas y normas lesivas que profundizan la desigualdad, el autoritarismo y la impunidad. La persistencia en la concentración de poderes, la cooptación del Congreso, se constituye en un desprecio al movimiento social y político. Desde esta perspectiva, son previsibles los ejercicios de minimización del contenido del Informe y de las Recomendaciones de la CIDH, como ya se avizora en la cosmética reforma de la policía y en los proyectos de reforma tributaria y demás, que seguramente se tramitarán acompañadas de aparentes dinámicas de consulta ciudadana y conversación sin incidencia social.
En tal sentido, no quedan más caminos que afianzar las dinámicas de movilización innovando en formas de expresión, avanzando en plataformas territoriales, sectoriales y nacionales que estimulen la cooperación, la autonomía y la sostenibilidad de alianzas socio-políticas; es notable la importancia de ir más allá de lo electoral, a la par que se avanza en la gestión internacional ante los Estados, los organismos multilaterales de defensa de los derechos humanos, los tribunales internacionales, las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y las diversas formas de expresión democrática. Sólo de este modo, es posible remover el maquillaje democrático de la élite nacional y desconectar la alianza que persiste en el plano geopolítico con gobiernos y grupos de poder internacional que protegen sus intereses, a sabiendas del carácter del régimen colombiano.
Fuentes:
KIENYKE. Nancy Patricia Gutiérrez: “Estado colombiano no es violador de DD.HH”. Junio 11 de 2021
Arévalo Ealther. La Silla Académica. “COLOMBIA DEBIÓ HABER SIDO COHERENTE ANTE LA CIDH Y NO RESISTIR SU INTERVENCIÓN”. Junio 16 de 2021.
White Londoño Mariana. Lo que la prensa independiente le cuenta a la CIDH en Colombia. Dejusticia (Video). Junio 09 de 2021
Temblores, PAIIS, INDEPAZ. Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Junio 11 de 2021.
@TembloresOng. Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional. Junio 16 de 2021. Bogotá.
Ver: https://twitter.com/TembloresOng/status/1405301481088110598/photo/1
Santaeulalia Inés. “La violación de derechos no está institucionalizada en la policía”. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de gira por Europa, considera que “el trabajo es la verdadera solución a los problemas de la gente”. El País Internacional. Junio 16 de 2021.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: ail.ens.org.co
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