Negociar procesos de paz no es un asunto sencillo, y menos aún con un grupo armado disidente de los acuerdos con las FARC y otro tan disímil como el ELN que más parece una empresa de franquicias que una estructura federada, de hecho mientras se pacta cese al fuego, en diferentes regiones se somete a la sociedad civil a presiones armadas, cada vez mas minando la reducida base social con la que cuentan, y dándose a la guerra con diversas estructuras armadas para el control de los territorios, poniendo en peligro no solo actores en proceso de construcción de paz, sino, peor aún, a las comunidades que deben salir dejando sus territorios. Desplazarse es morir un poco, es abandonar el terruño para marchar probablemente a la nada.
Pero lo más sorprendente es la resiliencia de esas mismas comunidades, se sueña con regresar a donde debieron dejarlo todo, salir corriendo y salvaguardar sus vidas. Pero esto no será fácil. El miedo se mantiene como un fantasma inmovilizador, aquel que solo se podrá enfrentar cuando estas comunidades se sientan acompañadas por un país que apenas las mira con recelo, pero que también esta aprendiendo a solidarizarse con ellas.
Desde hace un tiempo, como Universidad, junto con ONUDI, hemos venido acompañando a la alcaldesa del municipio de Sardinata (Diomara Montañez Peñaranda) y a 22 asociaciones campesinas en la búsqueda de alternativas económicas para el territorio. Alegra y llena de esperanza que las mujeres y la juventud lideran estos procesos. Son comunidades empoderadas, como se suele decir actualmente para manifestar el empuje y el dinamismo que tienen aún ante las hostilidades del entorno. Da gusto ver a las comunidades junto a sus líderes y mandatarios apostándole a otra forma posible de existir. Da pena, eso sí, ver tanto esfuerzo limitado por diferentes instancias institucionales o de la misma guerra, pero es increíble su persistencia su resistencia su apuesta por la vida en el territorio.
Los decretos que ha empezado a expedir el Gobierno en el marco de la conmoción ya generan cualquier cantidad de críticas y recelos por parte de la oposición y de lo que podría llamarse la opinión pública. Muy colombiano esto de “palos porque bogas, palos porque no bogas”. Los tres primeros se constituyeron en un escenario de terror infundado, se abusa de la población que no conoce sobre estos temas, para infundirles miedo: ¿cuál es la diferencia entre el miedo que infunden unos en el territorio y el miedo de otros en el centro de la capital?
Se requieren de herramientas jurídicas para enfrentar las necesarias decisiones que conduzcan a acompañar a la población para que, con confianza y apoyos, pueda regresar a sus fincas, a su territorio y recomponer sus vidas ¿por qué es tan difícil entender esto?
Fueron tres decretos expedidos: 106, 107 y 108, el primero tiene que ver con medidas para poder gestionar y refinanciar deudas adquiridas; se trata de pequeños créditos, son economías campesinas endeudadas con 10.8 millones de pesos promedio, a hoy imposibles de pagar, deudas vencidas e incluso impagables en el mediano plazo. Esto obliga a poder suspender procesos de pagos, sean que estén vigentes o en cobro administrativo-jurídico, también es necesaria su refinanciación. La norma facilita estas gestiones.
El decreto 107 se encamina a proteger la producción en zonas agrícolas, cadenas productivas y de suministros, así como a garantizar el Derecho Humano a la Alimentación. Para esto se dispone no solo de infraestructuras y predios estatales que no estén cumpliendo objetos misionales, sino a destinar el 2% del presupuesto de los fondos especiales de funcionamiento para garantizar temas de comercialización; que deben complementar los planes de compras estatales de alimentos, que deben adquirir hasta el 30% a comunidades campesinas locales, que hoy ya se contemplan en la Ley pero que no se cumple, mientras los campesinos pierden sus cosechas y las compras estatales se realizan a proveedores tradicionales.
Pero la cereza de la confrontación está en el decreto 108 del 29 de enero de 2025. Destinado al tema de la protección de tierras, territorios y activos. En esta norma necesariamente salió a flote la expropiación, música para algunos oídos y comenzaron las palabras necias que cargan siempre miedo y terror en un país donde estos monstruos han sido su característica, pareciera que quisiéramos seguir viviendo en el país del miedo, del Frente Nacional.
La expropiación que debió salir del Plan Nacional de Desarrollo no es una figura ni nueva en la normativa colombiana y mucho menos sin utilización en los procesos administrativos del Estado o de las obras públicas, sea en los ámbitos urbanos y rurales. Ya son décadas de su utilización. Por ejemplo, el 18% de los predios para el metro de Bogotá están en proceso de expropiación y esto no quiere decir que los que ya fueron comprados estén exentos de una carga fuerte de presión. El proceso es el siguiente: la entidad, en este caso el Distrito, informa al titular del bien el interés que desde el Estado existe sobre el mismo, paso siguiente le realiza una oferta de acuerdo con las condiciones comerciales de la zona. Si el propietario no esta de acuerdo puede contratar un avalúo particular y empezar una negociación con el Distrito que si no llega a un acuerdo termina en expropiación, aunque es de aclarar que no es que se le quite el bien, se le compra a lo que el Distrito ha valorado. En los procesos de reforma agraria, hasta la fecha todos los predios han sido comprados, en ninguno se ha tenido que recurrir a proceso administrativos de choque. Con la palabra expropiación se ha hecho gala de un fantasma que les ha servido a algunos sectores políticos para asemejarla al gobierno de Venezuela; a todas luces tiene réditos en la opinión pública, pero es una irresponsabilidad política y en particular económica con el país.
En particular en el Catatumbo, más los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los dos municipios del Cesar, objeto de la conmoción interior, esta norma (la 108) es muy relevante porque genera control a la titulación de predios, en momentos donde las amenazas, como ya ha ocurrido, pueden conducir el arrebatarles los bienes a los campesinos por parte de los actores armados. Se ponen al servicio del retorno y la estabilidad territorial bienes públicos de vocación agropecuarias, vivienda o comercialización. Por último, la figura de la expropiación se constituye en una herramienta para acelerar los procesos administrativos en curso y que pueden ayudar a generar las condiciones adecuadas para el retorno de las poblaciones.
No es extraño entonces que estos decretos sigan siendo utilizados como instrumento político en una larga campaña presidencial en la que ya el país está inmerso. Tampoco sería de ilógico que, a juzgar por los antecedentes, se declaren inconstitucionales. Esperemos que, como también ha sido tradición en el país, las instituciones y las normas estén por encima de intereses particulares y se puedan sentar en el Catatumbo las bases para una paz efectiva y duradera, que le permita a sus pobladores, en esencia economías campesinas, desarrollar los proyectos productivos que forjen esa vida luchada y en la legalidad que es lo que más desean.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director CEIR, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales
Foto tomada de: Diario Las Américas
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