El cruel asesinato de Miguel Ángel López, funerario de Tibú, junto con su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo, un bebe de menos de un año de nacido, el pasado 15 de enero se convirtió en el detonante del conflicto, según estableció la Fiscalía general de la nación. López realizaba levantamientos de cadáveres en zonas controladas por el frente 33 y solía acceder a territorios con presencia limitada de las autoridades, y por alguna razón poco clara su actividad lo habría convertido en blanco de la acción criminal de las disidencias. El mismo día del múltiple asesinato se desató una nueva oleada de violencia sobre los 11 municipios que conforman el Catatumbo: Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y miles de desplazados se movilizaron hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, generando una profunda crisis de atención humanitaria, como lo aseguró la Defensoría del Pueblo.
En ese momento, el presidente Gustavo Petro sostuvo que esta guerra había sido planeada con anterioridad por el ELN, pues semanas atrás habría movilizado, con preocupante facilidad, tropas desde Arauca, pasando incluso por Venezuela, para iniciar una confrontación con las disidencias. El ELN, advirtió entonces que seguiría “corriendo sangre en el Catatumbo” hasta dar con el paradero de alias ‘Richard’, uno de los comandantes de las disidencias de las FARC, quien desempeñaría un papel clave en las finanzas del grupo. Tal vez por ello los firmantes de la paz se convirtieron en objetivos militares del ELN, de hecho, entre las víctimas mortales en esta región se han contabilizado seis firmantes, 8 secuestrados y 11 “en paradero desconocido”, según afirmó Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación, entidad gubernamental encargada de coordinar la reintegración de los desmovilizados de los grupos armados ilegales. “De los 464 firmantes (del acuerdo de paz) que hoy habitan los municipios del Catatumbo, 102 son desplazados con sus familias”, añadió[1].
Sea cual sea la razón que esgriman para justificar esta brutal ofensiva que vulnera el DIH, lo cierto es que, hasta la fecha ni las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, ni los llamados de organizaciones defensoras de los derechos humanos ni de la comunidad internacional, ni la presencia institucional ni la llegada de un tercer actor a la confrontación (Fuerzas Armadas) han logrado controlar una crisis que se complejiza con el paso de los días.
“La magnitud del desplazamiento ha colapsado los sistemas públicos de atención y ha llevado a muchas familias a buscar refugio en residencias privadas o incluso a cruzar la frontera hacia Venezuela”, señaló la CIDH. Hasta ahora, más de 12.000 personas se encuentran confinadas en sus territorios, entre ellas 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa. Según el organismo, la situación ha dejado a 46.000 niños y adolescentes sin acceso a educación”[2].
Como en toda guerra, la tragedia humanitaria recae principalmente en los menores de edad, que no sólo han tenido que interrumpir sus clases escolares por razones de seguridad y porque los docentes huyeron de la región, ahora están más expuestos a la violencia de género, al tráfico de personas y al reclutamiento forzado, entre otros delitos. Además, el tejido social que los protegía se ha roto por completo.
La representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard, sostuvo que “son 84.621 las personas que padecen la violencia directa en El Catatumbo, donde 52.286 de ellas son víctimas de desplazamiento forzado, 19.000 tienen restricciones de movilidad en sus propios territorios, 8.668 padecen por confinamientos forzados y 4.667 son refugiadas y migrantes venezolanos. Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en zonas que se disputan muchos grupos armados”[3].
Además, los esfuerzos de las administraciones locales para ayudar a la población, como las alcaldías locales, quedaron desbordados y los recursos financieros se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis[4].
Según la Defensoría del Pueblo, miles de desplazados llegaron a Tibú y a Ocaña, pero los datos del desplazamiento pueden ser mucho mayores porque varias familias han llegado a las grandes capitales, como Bogotá, Bucaramanga o Medellín, y miles de personas han cruzado la frontera con Venezuela, donde el Gobierno de Nicolás Maduro activó un “operativo especial” para atender a los desplazados.
La respuesta del Estado
Se ha desarrollado en dos direcciones: Atención a la crisis humanitaria, suministrando naves para el rescate de la población, abriendo corredores humanitarios y enviando suministros de supervivencia básica para responder a la emergencia de miles de familias confinadas, desplazadas o hacinadas en coliseos y espacios de servicio público. Y acción militar sostenida. Las Fuerzas Militares y de Policía desplegaron la Operación Catatumbo con la movilización de 9.487 uniformados, el envío 1.158 refuerzos, y el próximo arribo de 496 nuevos policías y 428 miembros de las Fuerzas Especiales para operaciones terrestres. Para la segunda semana de febrero de 2025 este operativo entró en su tercera fase.
Entre los más recientes resultados de las acciones de la Fuerza Pública se habla de 15 capturas de integrantes de los grupos armados organizados en conflicto, el sometimiento de 97 miembros de las disidencias de las Farc, la desmovilización de dos guerrilleros del ELN y la muerte de un insurgente en combate con la fuerza pública. Tal vez el logro más significativo sea la recuperación de 20 menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, pero aun así, parece poco ante la dimensión de la tragedia.
A finales de enero se habrían desmovilizado 63 combatientes, según informó el presidente Petro a través de redes sociales. “En Guachimán, municipio de Tibú, Norte de Santander, se ha logrado una de las mayores desmovilizaciones desde el 2016. En desarrollo de una operación militar se logró el sometimiento a la justicia de 63 integrantes del Bloque Magdalena Medio o Frente 33”, escribió el mandatario. Y además detalló “que los disidentes entregaron 54 armas largas, dos ametralladoras, un fusil de francotirador, un arma corta, 80 granadas de mortero y 1.000 kilos de explosivos. El presidente instó a los disidentes a desmovilizarse y dijo que, en caso de hacerlo, el Gobierno garantizará sus DD.HH. y “su ubicación en la sociedad para construir una vida como constructores de vida y paz”.
El Ejército señaló que, desde el inicio de los enfrentamientos en Catatumbo, se han desmovilizado 104 miembros de las disidencias de las FARC, de los cuales 20 son menores de edad, quienes “iniciaron la ruta para el restablecimiento de sus derechos”[5].
Además, en acciones de protección de la población civil y recuperación de la movilidad en el territorio, el Ejército destruyó 2.645 artefactos explosivos improvisados que al parecer pertenecían al ELN, y que fueron ubicados gracias a la perrita Yaqui y a la intensa labor de los técnicos antiexplosivos. Sin embargo, nada de lo hecho hasta ahora es suficiente, y la estrategia del gobierno para recuperar el orden público, no ha arrojado los resultados esperados, al menos no con la celeridad que se requiere.
No hay una presencia institucional sólida e integral ni una voz pacificadora capaz de conjurar la crisis y detener la animosidad belicista de los insurgentes, a cuya violencia se suman otros grupos criminales, como paramilitares, redes de narcotráfico, de contrabando, de trata de personas y bandas que deambulan por las economías ilegales. No hay respuesta capaz de tranquilizar a la población, pues todo apunta al recrudecimiento de la violencia y al fracaso de la política. Para el país después de esta ofensiva en el Catatumbo, del ataque de las disidencias el pasado 18 de febrero en El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, de los fuertes enfrentamientos en el alto y medio San Juan, Chocó, causando el desplazamiento de 3.500 personas y el confinamiento de 2.000 familias indígenas, y de una nueva alerta emitida por la Defensoría, en la que advierte sobre múltiples emergencias humanitarias en el Putumayo, Pacífico vallecaucano, Cauca, San Juan chocoano, Guayumbaco (Nariño), nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, Perijá y Magdalena Medio, Sur de Córdoba, Sierra Nevada, Sur del Meta y del Guaviare y el Tolima, es claro -contra toda lógica y sentido de oportunidad histórica- que estamos ante grupos guerrilleros con poca ideología, bastante ascendencia mafiosa y nula voluntad de paz. El país -y posiblemente el gobierno también- ya sabe que esta insurgencia no busca la paz ni la justicia social para nuestro martirizado pueblo, solo luchan por control y poder territorial; la disputa es por los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico. Es cierto -y los hechos lo confirman- aquello de que toda guerra que se prolonga en el tiempo se degrada, pierde coherencia, apoyo popular -cuando lo hay-, altruismo ideológico y la degradación política y moral alimenta una lógica belicista carente de visión histórica y conexión con la realidad social y política del país y del mundo.
Un reportaje de France 24 indica que el poder armado que tiene el ELN en la actualidad es usado en el Catatumbo para controlar el paso de estupefacientes pero que el control del grupo armado es binacional, puesto que en Venezuela hace presencia y se dedica a la minería ilegal y el narcotráfico.
“Hace siete u ocho años que no veíamos algo así”, es decir, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, señala Francisco Daza, de la Fundación Paz y Reconciliación, frente a lo que se presenta como una de las peores situaciones humanitarias de los años recientes en este país latinoamericano”[6].
El Catatumbo siempre ha sido un territorio en disputa, sometido por la irracionalidad y la violencia de los distintos actores que han querido hacerse con el control armado, económico y político del territorio, pero la dimensión de lo que viven hoy sus pobladores sobrepasa el registro de dolor de su historia. En una publicación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, recuerda, que los primeros desplazamientos y masacres que tuvieron lugar en esta región ocurrieron en los años 40 y 50, cuando se libró lo que algunos recuerdan como “la guerra de los colores”, la confrontación bipartidista que se vivió también en la región. Luego llegaron el ELN y el EPL (a finales de los años 70), y a mediados de los años 80 las FARC, lo que generó una profunda estigmatización sobre la región, que derivó en una cruel arremetida paramilitar en los años 90, “con acciones que corrieron las fronteras de lo comprensible” y dejaron en sus pobladores y al territorio heridas aun no cicatrizan.
“El Catatumbo es un territorio biodiverso y rico en recursos naturales, que comparte frontera con Venezuela y ha sido históricamente marginado por el Estado. Por ello sus pobladores se han organizado y han protagonizado movilizaciones sociales de gran envergadura, como el Paro del Nororiente en 1987 y las marchas campesinas de mayo de 1988, entre muchas otras. Por décadas la población le ha exigido al Estado que mejore sus condiciones básicas de existencia y les haga partícipes en la toma de decisiones sobre la administración de su territorio. Como consecuencia de esta álgida movilización social, en los años 80 y 90 se desató en toda la región del nororiente una “guerra sucia” y un periodo de represión, ambas expresiones de violencia ejercida principalmente en contra de participantes y líderes que se hicieron visibles en estas manifestaciones” [7].
El Bloque Catatumbo de los paramilitares se desmovilizó en 2004 y los dos frentes restantes en 2006, pero la violencia nunca abandonó el territorio. Las condiciones de marginamiento, estigma y desigualdad han persistido, acrecentando las disputas por su control.
Medidas insuficientes
Esta región, como muchas otras donde la ausencia del Estado en términos de inversión y desarrollo han sido una constante y la deuda social acumulada durante años de indiferencia administrativa es enorme, además de la violencia y el abandono ha sufrido las respuestas equivocadas o limitadas de los gobiernos de turno para superar sus múltiples problemas, y esta realidad ha terminado por socavar la confianza de sus pobladores en las instituciones y en sus gobernantes. Hoy se espera que un gobierno que ondea la bandera del cambio y plantea como eje articulador de su agenda, una política de “paz total”, proponga alternativas efectivas y novedosas, además de hacer presencia donde nunca la hubo, de ofrecer opciones de vida a sus comunidades, como proyectos productivos y de fortalecer el tejido social. La comunidad debe ser blindada de los armados, y el DIH debe se restrictamente observado y garantizado. No es posible la rendición de la fuerza del Estado al lenguaje y la belicosidad criminal de las bandas que hoy someten al miedo y al terror a las poblaciones más vulnerables. Hace falta más.
El 23 de enero, días antes del explosivo Consejo de ministros, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el gobierno pasaría a la acción contra el ELN enviando contingentes militares para controlar la situación en la frontera con Venezuela y además se reactivarían las órdenes de arresto contra los dirigentes de este grupo rebelde, las cuales se habían suspendido en medio de los esfuerzos de la política de “paz total” del actual gobierno. Dos días después el ELN lanzó un ataque sorpresa con explosivos contra el Ejército colombiano.
“[…]el Grupo de Caballería Mecanizado 5 estaba llevando a cabo “operaciones de estabilidad en la región del Catatumbo” cuando sus tropas fueron atacadas por miembros del grupo guerrillero, quienes activaron “un artefacto explosivo improvisado al paso de vehículos blindados” en una zona rural de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela”[8]. Ningún militar resultó herido y fueron capturados tres integrantes del ELN, presuntos responsables del ataque.
El gobierno declaró entonces el estado de conmoción interior -que podría extenderse a Chocó en las próximas horas- mediante el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, “para conjurar las graves perturbaciones del orden público que atentan contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. Asimismo, emitió el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, a través del cual adoptó tres medidas tributarias excepcionales y temporales:
1- Gravar con 19 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior.
2- Crear un impuesto especial para el Catatumbo que grava con 1 % la extracción de hidrocarburos y carbón, al momento de su primera venta o de su exportación.
3- Aumenta a 1 % –hoy está en 0 %- el impuesto de timbre nacional para aquellos instrumentos públicos y documentos privados (escrituras, títulos valores, avales o garantías, etc.), que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen en el exterior y que se ejecuten en Colombia en cuantía superior a $298 millones 794.000 pesos, es decir, 6.000 unidades de valor constante”.
Y está muy bien. Una crisis humanitaria demanda gastos, inversión, movilizaciones no programadas y respuestas costosas, sin embargo, todo esfuerzo es por su naturaleza misma, insuficiente, porque la realidad exige respuestas diferentes a las que siempre infructuosamente se han dado. Es urgente. El país no soporta más guerra y la lógica de los violentos debe ser proscrita de toda práctica social colectiva.
El gobierno lo sabe; por ello ha lanzado 16 decretos para atender la crisis. El primero, firmado el 29 de enero, tenía como objetivo atender a través del Ministerio de Agricultura, la situación de riesgo de la población campesina e indígena. “Un decreto que busca proteger a esta población de la concentración irregular de tierras en la zona afectada y la agilización de titulación de tierras para víctimas del conflicto y excombatientes en proceso de reincorporación –Decreto 108 del 29 de enero de 2025”. Otro relativo a la seguridad alimentaria y protección de cadenas productivas para garantizar la producción agrícola y evitar el desabastecimiento en la región (Decreto 108 del 29 de enero de 2025). Y finalmente uno que busca “impactar los medios de vida y el financiamiento agropecuario, usando instrumentos de crédito financiero y alivios de pasivos para pequeños y medianos productores agropecuarios –Decreto 106 del 29 de enero de 2025-”[9].
Otros decretos, como el 117 del 30 de enero de 2025, pretenden desde los ministerios de Turismo, de Transporte y de Vivienda, controlar los precios en la prestación de los servicios turísticos y ofrecer incentivos tributarios a hoteles y operadores turísticos para que ayuden con el alojamiento gratuito de población desplazada.
La crisis no se puede prolongar indefinidamente. En medio de decisiones políticas y cálculos fiscales, se encuentra una población que sufre el rigor de la guerra, que huye, muere, pierde vida y pertenencias, le son negados derechos fundamentales y atrapada en la lógica que imponen los violentos, busca opciones de supervivencia a través de los recursos y acciones limitadas del Estado, pues las ubicaciones temporales y las ayudas humanitarias no resuelven el trasfondo de la crisis y no aseguran un mejor mañana. Ni siguiera la lluvia de decretos ni el despliegue de la fuerza militar pueden prever el éxito del Gobierno ni la pronta recuperación del control total sobre el territorio, ni el retorno, seguridad y derechos de la población civil.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que lidera el Equipo Local de Coordinación (ELC) ha insistido en pedir un cese de la violencia contra la población civil y en lograr pleno acceso humanitario sin restricciones a las poblaciones afectadas por restricciones y confinamientos. “Hacemos un llamado urgente al cese inmediato de la violencia contra la población civil, no sólo en el Catatumbo, sino también en otras regiones donde persisten situaciones similares. Es fundamental garantizar el acceso humanitario a las comunidades afectadas”, declaró la representante para Colombia, Mireille Girard.
Lograr el fortalecimiento de las entidades a nivel nacional e internacional es decisivo porque la emergencia superó las capacidades de atención. “Colombia cuenta con un marco legal sólido para responder a estas situaciones, pero la magnitud de los desplazamientos y confinamientos ha superado las capacidades de todos los actores humanitarios. Es necesario sumar esfuerzos para seguir apoyando a las comunidades, las instituciones y las organizaciones humanitarias en la respuesta”[10].
Una tragedia humanitaria como la que se vive en el Catatumbo, que se replica en el Chocó y en otras regiones del país requiere de acciones políticas audaces, diferentes, consensuadas y, sobre todo, que estén acompañadas por la comunidad internacional. La militarización no es suficiente, la atención humanitaria tampoco, las alertas y el trabajo que a riesgo personal realizan la Defensoría del Pueblo y las organizaciones defensoras de derechos humanos, tampoco. El restablecimiento de derechos pasa por una lógica opuesta, una donde la palabra cambio implique una mirada diferente sobre los territorios históricamente marginadas y las acciones de Estado. Si se buscan resultados diferentes a los ya conocidos, hay que dejar de hacer lo mismo. Hay que cambiar. Y esa fue la promesa del gobierno del cambio.
__________
[1] France 24; Violencia en Colombia: ¿qué está pasando en la castigada región del Catatumbo? Bogotá, 22 de enero de 2025. Ver en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250122-colombia-c%C3%B3mo-explicar-la-oleada-de-violencia-en-la-regi%C3%B3n-del-catatumbo
[2] El colombiano; “Ejército destruyó más de 2 mil artefactos explosivos en el Catatumbo que iban a ser usados por el ELN”. Medellín 1 de febrero de 2025.
Ver en:
https://www.elcolombiano.com/colombia/catatumbo-ejercito-destruye-mas-de-2600-explosivos-del-eln-en-medio-de-crisis-humanitaria-JI26482913
[3] Infobae; “A 85.000 ascienden los afectados por la guerra en El Catatumbo entre el ELN y disidencias de las Farc”. Por José David Rodríguez. Bogotá, 17 de febrero de 2025.
Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2025/02/17/a-85000-ascienden-los-afectados-por-la-guerra-en-el-catatumbo-entre-el-eln-y-disidencias-de-las-farc/
[4] Swissinfo; “El Catatumbo vive la peor crisis humanitaria de Colombia, con casi 85.000 afectados”. Por Ovidio Castro Medina. Bogotá, 16 de febrero 2025. Ver en:
[5] DW; “63 disidentes de las FARC se desmovilizan en Catatumbo”. Colombia, 25 de enero de 2025. Ver en: https://www.dw.com/es/colombia-63-disidentes-de-las-farc-se-desmovilizan-en-catatumbo/a-71411423#:~:text=Aunque%20muchos%20han%20dejado%20las,contin%C3%BAa%20violentando%20al%20pa%C3%ADs%20sudamericano.
[6] France 24; Violencia en Colombia: ¿qué está pasando en la castigada región del Catatumbo? Bogotá, 22 de enero de 2025. Ver en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250122-colombia-c%C3%B3mo-explicar-la-oleada-de-violencia-en-la-regi%C3%B3n-del-catatumbo
[7] Centro de Memoria Histórica; Memoria de vida y de dolor. Catatumbo. Bogotá. Ver en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/catatumbo/violencia.html
[8] France 24; “Colombia: ELN ataca con explosivos al Ejército mientras se acentúa la crisis en el Catatumbo”. Ver en:
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250126-colombia-eln-ataca-con-explosivos-al-ej%C3%A9rcito-mientras-se-acent%C3%BAa-la-crisis-en-el-catatumbo
[9] Razón Pública; “Situación humanitaria y de seguridad del Catatumbo”. Por German Darío Valencia. Bogotá, febrero 9 de 2025. Ver en: https://razonpublica.com/situacion-humanitaria-seguridad-del-catatumbo/
[10] Caracol; Organizaciones internacionales piden fortalecer atención a la emergencia del Catatumbo”. Cúcuta, 19 de febrero de 2025. Ver en: https://caracol.com.co/2025/02/19/organizaciones-internacionales-piden-fortalecer-atencion-a-la-emergencia-del-catatumbo/
Maureén Maya
Foto tomada de: France 24
Deja un comentario