Mi convencimiento es que, antes que nada, quien tiene ingresos producto de su trabajo aumenta su autoestima. He vivido toda mi vida entre trabajadores y conozco la evidencia empírica, pocas personas saben el agregado sobre la productividad que genera un trabajador o una trabajadora que se siente digna, del mismo modo esta persona tiene incentivos para aumentar su consumo y eso a las empresas les conviene porque producen más, contratan más y el Estado por antonomasia, recauda más. Todos ganamos.
El alto nivel de capacidad ociosa de una economía como la nuestra que por efectos de la pandemia está funcionando muy por debajo de su capacidad productiva impide que el sector privado tenga incentivos para que la demanda se recupere de manera automática. Precisamente el diagnóstico de un dato de inflación tendiente a cero como lo exhibe la coyuntura, permite observar que la economía colombiana aún cuenta con un amplio margen de maniobra para la implementación de políticas más agresivas, proporcionales a esta crisis sin precedentes.
La debilidad de la demanda agregada se acentúa en tanto sigan convergiendo factores que le impiden su recuperación: el alto nivel de desempleo contribuye a la contracción del consumo privado y las empresas colombianas no están en condiciones de generar empleo debido a que han recibido un golpe sin precedentes en esta crisis, por lo tanto se hace necesaria la acción del Estado para generar el choque de demanda que a su vez incentive en la oferta, un aumento en la productividad potencial de las empresas, al tiempo que se avance en mitigar nuestros rezagos en términos sociales y de infraestructura.
En ese sentido, la iniciativa consiste en crear un Programa Público de Empleo para alcanzar en el corto plazo una tasa de desocupación del 6,8%, que iguale el promedio de los países OCDE, y de 4% en el mediano plazo para acercarnos a una situación de garantía en el que cualquier ciudadano o ciudadana con voluntad de trabajar, obtenga un empleo.
El arreglo institucional propuesto funcionaría en dos líneas: La primera en la vía de subsidiar las nóminas de las microempresas a las que les fue negado este alivio en el 2020. Las Mipymes son las unidades productivas que más crean empleo formal en el país, En un estudio diseñado por Garay & Espitia (2021), a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 2019 se infiere que en Colombia la mayor proporción de los puestos de trabajo la proporcionan las micro, pequeñas y medianas empresas. Según los datos aportados por los investigadores; de las 22 millones 287 mil 280 personas ocupadas, el 35% son personas que “trabaja solo”, el 31% trabaja en empresas con menos de 10 trabajadores y un 22% labora en empresas con más de 101 trabajadores[1].
La segunda vía es la de establecer lo que la OIT ha denominado un Programa de Inversión Intensiva en Empleo; consistente en la financiación de pequeños proyectos de inversión basados en el uso prioritario de mano de obra (especialmente la no calificada); particularmente 1. obras públicas de baja complejidad, 2. tareas asociadas al cuidado y 3. servicios ambientales con carácter climático. De esta manera beneficiar a mujeres y jóvenes, las poblaciones más afectadas por el desempleo.
Se propone desarrollar esta línea utilizando la figura de las Entidades sin ánimo de lucro que permite la asociatividad de sectores informales y comunales en la vía de lograr alianzas entre el Estado y organizaciones populares con arraigo en los territorios. De hecho, la ley impone a la institucionalidad la responsabilidad de promover asociaciones populares, campesinas y comunales para que sean las beneficiadas.
En la vía de impulsar la participación de la ciudadanía y generar responsabilidades colectivas, el proyecto también se propone un nuevo paradigma en la elaboración del presupuesto público, descentralizando y democratizando los recursos en tanto que será la gente en los territorios la que priorice los proyectos de inversión y decida en qué se invierte mediante ejercicios de presupuestos participativos.
Retiño que una de las satisfacciones más grandes que motiva la realización de esta iniciativa es contribuir a mejorar el autoestima de la gente, cientos de familias dejarán de ser receptores de subsidios a ser generadoras de valor y por ello remuneradas, contribuirán con su esfuerzo a paliar el rezago en infraestructura que tiene el país, pues serán aquellas obras básicas como acueductos veredales, vías terciarias o escuelas públicas, las que se esperan financiar y emplear, -junto con la línea de subsidio a la nómina a las microempresas-, a más de 2 millones y medio de empleos.
La financiación
El costo mensual estimado del programa en una primera etapa a fin de obtener una primera tasa de desempleo por debajo del 6,8% ascendería a $42 billones anuales. Sin embargo, teniendo en cuenta que la evidencia arroja que la cantidad de empleos indirectos que se crean por virtud del programa puede llegar a ser de dos terceras partes del empleo total creado, el costo podría reducirse a la tercera parte, unos $14 billones en el primer año de implementación, en lo que respecta al pago de las nóminas.
Se debe además aprobar una partida que financie la línea de inversiones intensivas en empleo para la ejecución de las obras y servicios públicos a los que hace alusión el articulado, se calcula en 30 billones durante el primer año.
Una vez se surta el periodo de 12 meses que significa la duración propuesta en el proyecto, se sugiere evaluar los resultados del programa en la vía de extenderlo hasta alcanzar una meta de tasa de desempleo de mediano plazo del 4% procurando garantizar que el o la ciudadana que desee buscar empleo tenga posibilidades de encontrarlo
El Fondo para la Mitigación de la Emergencia cuenta con los recursos para financiar una primera fase del programa, no obstante, existe plena conciencia que, para extenderlo al punto de alcanzar las metas propuestas, el Estado debe acudir a la financiación mediante la venta de bonos del tesoro al banco central. Teniendo en cuenta que la evidencia arroja un efecto multiplicador por el orden de 2,5, es decir, que cada peso gastado se multiplica 2,5 veces en la economía real, es fácil deducir que existe garantía de retorno de flujos al Estado que amorticen la deuda con el banco central vía impuestos, sin aumentar tarifas.
Esto no es algo nuevo, el año pasado en tan solo tres meses, el Banco de la república realizó operaciones de expansión en las cuales, el emisor entregó dinero líquido al sector financiero a cambio como garantía de títulos valores. Las operaciones de expansión para dotar de liquidez al sector financiero ascendieron a los 40 billones de pesos según me informó el banco central a derecho de petición enviado desde mi oficina. Propongo lo mismo, pero ya no para financiar a banqueros sino para financiar unidades productivas, bien decía Keynes que no bastaba con comprar un cinturón más grande para querer engordar, la expansión monetaria en mi criterio debe conducir a un aumento de la productividad.
La ventaja de este tipo de financiación sobre otras formas, incluyendo las tributarias, es que en lugar de retirar liquidez de la economía provocando deflación y desempleo, estaríamos inyectando liquidez donde más se necesita, y los intereses que la nación debe pagarle al banco central producto del préstamo, retornan al tesoro, pues las ganancias del Banco de la república se contabilizan, año a año, en el Presupuesto General de la Nación.
Otras formas de estabilizar la economía
Evidencias de Programas de empleo público de la misma naturaleza en países como Argentina arrojan un efecto multiplicador del 2,5. Eso quiere decir que cada peso invertido por el Estado se multiplica por más del doble en la economía real, lo que da cuenta del efecto reactivador mediante formas menos ortodoxas que las tradicionales.
El programa que aludo y que es similar, es el llamado jefes y jefas de hogar, creado en Argentina como respuesta a la crisis económica de finales de los 90. Arroja cifras muy favorables, uno de los más positivos es la participación de las mujeres, 71% de participación entre la totalidad de beneficiados y en cuanto al desempleo, a un año de implementado el programa la tasa de desempleo se había reducido 5,9pp sin generar un aumento en el índice de precios, según indican los investigadores Moreno, Mora y Velásquez[2]
Para promover la creación de puestos de trabajo a las personas que más lo requieren línea de Inversión Intensivo en Empleo que contempla el proyecto busca priorizar los 363 municipios con mayor cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas (aquellos con un % de NBI superior al 25%), garantizando una acción afirmativa para la superación de la pobreza.
En concordancia, el Programa Público de Empleo puede convertirse en una herramienta para la estabilidad económica y social en tanto cumple funciones de amortiguación de shocks que permiten suavizar las fluctuaciones macroeconómicas y los desequilibrios sociales, pues el desempleo es, tal y como lo dijera el premio Nobel William Vickrey “en el mejor de los casos equivalente al vandalismo“ ya que, produce un daño y una destrucción inadmisibles en individuos, familias y comunidades. De este modo se establecería en el país un nuevo estándar laboral a la vez que se estabilizarían empleo, inflación y gasto público de una manera más eficaz que la actual.
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[1] Garay. L.J, Espitia. J.E (2021). Una contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de los hogares a nivel territorial en Colombia. Planeta Paz
[2] Moreno, A. M., Mora, A. F., y Velásquez, I. D. (2011). Una propuesta de bufer de empleo para reducir la tasa de desempleo en Colombia. En Garay, L. J., Moreno, A. M., Mora, A. F., y Velásquez, I. D. Colombia: Diálogo pendiente vol. III. El derecho al trabajo y la política de bufer de empleo. Bogotá: Planeta Paz.
Wilson Arias Castillo, Senador de la República, Polo Democrático Alternativo
Foto tomada de: https://www.senado.gov.co/
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