No fluye por su equivocada dirigencia, no fluye por los partidos políticos tradicionales, no fluye por los empresarios y su mirada del negocio inmediato, no fluye por sus opacos y deformados tecnócratas neoliberales, no fluye por culpa de un cartel de la toga en las Cortes y en el sistema electoral.
No fluye porque según la Constitución de 1991 es un país centralista con una política de descentralización donde conviven el atraso y transcurre la violencia y la ilegalidad, y las economías informales encuentran ahí una oportunidad.
No fluye porque se evade o se pagan pocos impuestos. No fluye porque hay unos mantos de ilegalidad, de informalidad y de corrupción que cubren la nación. No fluye porque el presupuesto general de nación (PGN) ya está estructuralmente distribuido, por tanto, no hay margen para grandes inversiones en tiempo razonable porque los grandes proyectos de infraestructuras son eternos dado que el negocio consiste en dejar pasar el tiempo para que los contratos sean eternos y acumular a costa del atraso, la incomodidad de la población y afectar la productividad porque la economía y la gente se desplazan lentamente.
No fluye porque el neoliberalismo, por su ortodoxia, tiene una camisa de fuerza llamada regla fiscal que va en contra de las necesidades estructurales de inversión de un proyecto nacional de desarrollo de largo plazo. No fluye porque su modelo económico está basado en el extractivismo y no en las capacidades intelectuales para la innovación y la investigación con las cuales incrementar de manera sostenida la productividad y hacer crecer la economía a altas tasas. No fluye porque está aceptada la dependencia tecnológica y no su autonomía para relaciones de interdependencia productiva y en investigación con naciones innovadoras. No fluye por tantas cosas más como leeremos a continuación.
La descentralización sirve si se avanza a la autonomía de los territorios para su desarrollo
Con la ley 60 de 1993 se creó el Sistema General de Participaciones (SGP) que definió que el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación (ICN) pasarían a los territorios, vía transferencias.
La recesión originada por la crisis de 1997 en los “tigres asiáticos”: Corea, Tailandia, Indonesia y Malasia, derivó en dos reformas a los recursos de la descentralización: una en 2001 que priorizó educación, salud y propósito general para el 96% de las transferencias y un 4% para otras asignaciones; y otra más en 2007. Con ambas se redujeron las transferencias de la nación a los territorios. Sin embargo, estuvo en curso hasta hace pocos días un proyecto de ley para someter a referendo constitucional de iniciativa popular la propiedad exclusiva de los departamentos y del Distrito de Bogotá sobre los impuestos de renta y al patrimonio, una ambición de los territorios más poderosos jamás vista en ninguna parte del mundo.
Con esa iniciativa se hubiera borrado de un solo golpe el acto legislativo 03 de 2024, en proceso de reglamentación, mediante el cual se obliga a un incremento del SGP del 23.5% al 39.5% de los ingresos corrientes de la nación (ICN) en doce años. Sobre este tema, leer en esta Revista un artículo de Ricardo Bonilla González, publicado el 18 de agosto de 2025.
De haber prosperado el referendo liderado por Antioquia y apoyado por Bogotá Distrito Capital, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Santander, hubiera lesionado aún más los ingresos de la nación, y dejado sin recursos a los demás territorios distintos a los seis grandes, que generan el 70% del PIB y el 75% del crédito público y privado. Es decir, otro acto de concentración de la riqueza para la concentración del atraso en los demás territorios.
Este análisis también es válido para la nueva reglamentación de las transferencias, aclarando que esos recursos tienen múltiples destinos, como queda claro en el artículo de Bonilla, demostrando que el presupuesto del Estado nacional en cuanto a las transferencias a las regiones está copado, y en cuanto al PGN está ahogado por el creciente déficit fiscal que fue creciendo a partir de las políticas neoliberales. La razón, la economía es extractivista, con el agregado de la ilegalidad que atraviesa todas las actividades y cuya cuantificación se evade y no se incluye en un PIB paralelo que diga “PIB, con actividades ilegales”. No de otra manera se entiende un mediano crecimiento cuando la productividad es tan baja, salvo unos pocos productos de exportación.
En procura de una utopía
Colombia debe sincerarse para entender la realidad de las economías ilegales, y convivir con ella mientras se supera y reduce en el largo plazo a mínimas expresiones, porque la ilegalidad se puede superar con un proyecto nacional de desarrollo de muy largo alcance basado en educación, ciencia y tecnología, bioeconomía, soberanía alimentaria, industrias y servicios de alta tecnología incluidas las energías alternativas, y una nueva movilidad para un urbanismo regenerativo. Lo demás es cuento, llamarse a engaño, y tirarse la pelota entre Colombia, México y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y otros países de América Latina, donde por delante de Venezuela están Ecuador y Perú, si hablamos de narcotráfico.
Llega un momento en la historia de los países, donde se transita de las coberturas y el crecimiento, a la calidad y el desarrollo, lo cual depende de la eficiencia, extensión y calidad de las coberturas; y de la calidad, profundidad y proyección de las políticas de desarrollo económico y de innovación. Ambas cosas necesitan de nuevos arreglos institucionales. Entonces, la discusión puede dar un salto cualitativo monumental, porque se trata de pasar del atraso y la inequidad al avance con equidad, y el agregado contemporáneo de lo sostenible por el calentamiento global, y el cambio científico y el salto tecnológico que entraña.
Colombia no ha cerrado brechas sociales, solo unos pocos territorios (departamentos y ciudades) se aproximan a una situación óptima en algunas coberturas, y bastante lejos están del desarrollo a pesar de unos logros en las grandes ciudades, que no alcanzan para conformar territorios avanzados de innovación, desarrollo sostenible y convivencia pacífica.
El pretendido referendo por la autonomía fiscal era un adefesio político impulsado por nefastos personajes políticos de los grandes territorios de la Nación. Ninguno, con estandartes de idoneidad y liderazgo nacional. Pretendían manipular a la población con mentiras y engañar al Estado.
Quitarle más recursos a la nación para distribuirlos entre las seis grandes economías regionales, afectaba aún más las angustias fiscales de la nación, las coberturas sociales, el desarrollo pendiente en los territorios de las periferias, y dejaba sin recursos los nuevos retos de desarrollo sostenible y la reindustrialización. Recomiendo la lectura del artículo de Darío I. Restrepo y Sergio León Álvarez: Referendo por la autonomía fiscal departamental y el desmantelamiento del estado de derecho, publicado en esta Revista el 18 de agosto de 2025.
La postura de las seis grandes economías regionales es igual a la postura de la dirigencia en los dos últimos largos siglos: concentrar la riqueza y jamás distribuirla, doblegando a los demás territorios. Con esa postura lo único que se hubiera ganado era agudizar factores conocidos y nuevos de violencia. El asunto es elemental: si la pobreza y el atraso han sido factores para el nacimiento, auge y consolidación de las economías ilegales, de la violencia y de la desindustrialización, se habrían exacerbado con la reconcentración de los recursos públicos en pocos territorios.
El autonomismo fiscal que pretendían esos territorios, significa que no han aprendido de la violencia y de factores colaterales que la han estimulado, incluidas las causas sociales del narcotráfico y demás ilegalidades: contrabando, minería, corrupción y lavado de activos distribuidos en toda la nación. Estos son los motivos del odio irracional de la derecha y del centro, al proyecto y las ideas progresistas.
Dicho lo anterior, las políticas de desarrollo que deben abrazar el articulado de la nueva ley de transferencias en fase de borrador para el diálogo social, no dice en qué tipo de políticas de desarrollo se enmarca, solo las menciona en lo general y no en lo específico, por lo tanto, los efectos de la nueva ley se diluirían y no habría un salto al desarrollo que necesita Colombia. Solo aparecen la reindustrialización, la ciencia, la tecnología, la innovación, la agricultura, la minería, la movilidad, la competitividad, la productividad, como acciones que deben atender los alcaldes y no los gobernadores sin especificar como se haría la articulación con las políticas nacionales. En el articulado en discusión, alcaldías y gobernaciones se limitarían a conformar redes o proyectos subregionales de desarrollo. Es lo mismo que hacen ahora.
Si vamos a las políticas nacionales, estas son débiles y han mostrado ser insuficientes e ineficientes para impulsar las distintas fuentes que componen el aumento de la productividad, abatir los desequilibrios intra e interterritoriales, controlar la descomposición y los crecientes desarreglos institucionales emanados de los tres poderes, sobre todo del Legislativo y de las Cortes unidos por el fanatismo y la corrupción contra las reformas progresistas. Los primeros avances consistentes de llevar la inversión y las políticas a los territorios marginados, se han empezado a ver en el gobierno progresista. Es el comienzo, el camino es largo, aunque estimulante ver como florecerán las sociedades marginadas. Pueden ser dos o tres décadas de inversión sostenida en activos físicos y en capacidades humanas.
Con el aumento gradual de las transferencias, los recursos nacionales se reducirán, y son recursos que los grupos políticos tradicionales de los territorios se repartirán y manejarán a su antojo. Es decir, si aumentan las transferencias las fuentes de corrupción aumentan y las condiciones de atraso se perpetúan en los departamentos y en la sociedad. Sin embargo, sobraría una de las dos Cámaras del Congreso de la República puesto que los representantes de los territorios tendrían tanto poder como los senadores del atraso, la corrupción y la decadencia ideológica y política.
El Congreso de la República debe aprobar la nueva ley de descentralización una vez desechó el referendo por la autonomía fiscal departamental con lo cual Colombia se salvó de la disolución del Estado social de derecho, y del fin de un coherente proyecto de desarrollo sostenible basado en la reindustrialización, la ciencia, la tecnología, la innovación, la movilidad, las energías alternativas, la bioeconomía, la IA, la cultura y la educación, y pensar con rigor una verdadera autonomía de los territorios que obligaría a un rediseño del Estado vía una nueva Constitución Nacional.
Las jugadas sucias del Senado de la República, de las Cortes y del sistema electoral, se explican por el agotamiento de la Constitución de 1991, por cual es correcto el llamado a diseñar una nueva carta, comenzado por un macro proyecto contra la corrupción (Iván Cepeda), una profunda reforma política, del sistema de justicia y del sistema de salud (Carolina Corcho), un Estado para proteger la biodiversidad y afrontar el cambio climático (Susana Muhamad), y la nueva sociedad que debe proponer el Pacto Histórico como la nueva gran fuerza política de Colombia. La utopía pasa por el progresismo y no por la derecha y deformaciones del centro.
La siguiente batalla por el pasado o por el futuro, será la reforma a la salud. Billones desaparecieron las EPS, no hay auditorias forenses, nadie dice quiénes son los dueños y los miembros de sus juntas directivas, mientras los servicios colapsan.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: Cambio Colombia
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