Pero no serán suficientes, porque siempre se soportan en los actores más frágiles, en el eslabón más débil de la cadena: en los asalariados, y no se toca, o lo hacen muy poco, a los sectores privilegiados, reformas entonces que ahondan la desigualdad, la falta de productividad y por ende dificulta el objetivo de poder acceder a los mercados globales.
La conservadora lucha de las élites por garantizar las condiciones de los sectores privilegiados del país, se ha hecho manifiesta de muchas formas, pero para no hacer historiografía en estas pocas líneas, solo se debe traer a colación la respuesta a la OCDE a través de la pasada Reforma Tributaria. El Gobierno hizo caso omiso a las distintas voces que alertaron sobre su pertinencia pero la obligatoriedad de hacerla pensando en la equidad tributaria, so pena de castigar a la población de ingresos bajos y medios. El resultado no ha sido menos: estamos ad portas de una recesión o si se prefiere, de una caída en el crecimiento económico, una baja en las expectativas para los dos próximos años, todo esto vía una disminución significativa del consumo de las familias, quienes deben privilegiar algunos gastos que no dan tregua, entre ellos el 19.4% de sus ingresos comprometidos con créditos del sistema financiero.
La semana pasada la OCDE insistió en sus recomendaciones para realizar ajustes económicos, en medio de la incertidumbre económica que reina y de un proceso electoral que sin duda va a poner en riesgo el proceso de paz, se ahondará mucho más en la inestabilidad económica: dos de ellas merecen especial atención: el salario mínimo y las pensiones.
El tema del salario mínimo vuelve a insistirse. La base teórica del modelo de desarrollo parte de considerarlo una rigidez que distorsiona las relaciones entre trabajadores y empresarios, es decir, su eliminación facilitaría que fuera desde las condiciones propias de la oferta y la demanda de trabajo las que definan el valor del salario. Esta ha sido una reforma difícil en un país donde el salario mínimo garantiza que cerca del 54% de los y las trabajadoras tengan unos recursos limitados, o mejor, salvaguardados, por la ley. Así, el salario mínimo cumple una función social importante en un país donde las brechas salariales y la desigualdad alcanzan a ser de las más altas en el mundo.
La propuesta de la OCDE es osada: Salarios mínimos por regiones. No obstante, difiere de llevar el salario al mercado y ya lo limita a las regiones, pero los peligros de hacerlo no son distintos. Por ejemplo, ¿quién define es salario para cada departamento, ciudad o municipio? ¿Los cuerpos colegiados? ¿Una comisión territorial de salario que si no se pone de acuerdo lo pasa a decisión del mandatario local? ¿Cuál es la autonomía de lo local para hacerlo sin quedar a expensas de poderes económicos? El problema se puede dividir en 1122 partes (municipios) y terminará en una reducción de los salarios que no necesariamente hará que las empresas se trasladen a municipios alejados de las ciudades principales, la productividad y la competitividad no está solamente en el tema salarial, la infraestructura, la formación, los mercados son también factores relevantes. Ya el país debió dar marcha atrás con una práctica similar sobre los salarios urbanos y rurales que condujo a una inequidad mayor.
Y si esto sale adelante, sería de suponer unas pensiones solo con el ahorro individual (que es la propuesta además del gremio de los fondos de pensiones, la eliminación del régimen de prima media), sin garantía de un mínimo (ya que lo lógico sería que los trabajadores emigren a zonas de altos ingresos y pensiones), y esta es la otra parte de la propuesta a la que se le agrega el aumento de la edad, en especial para las mujeres. Definitivamente son propuestas con una ética particular, distante eso si del bienestar de las poblaciones y mucho más de las que tienes menores recursos.
El tema de las pensiones cobra vigencia porque se ha convertido en el tema del Gobierno, del gremio y de la OCDE. El problema pensional en Colombia tiene que ver con varios aspectos relevantes, pero tal vez el de mayor impacto es la desfinanciación del sistema dada la informalidad laboral en Colombia. Mientras al sistema no se cotice es imposible pensar que se va a tener un régimen pensional robusto, esto entonces no se logra con el aumento ni de las cuotas ni mucho menos con arrebatarle derechos y garantías a las mujeres (quienes si aportan doble jornada laboral desde la economía del cuidado, por cierto no remunerada)
Otro tema que el país deberá considerar en el problema pensional tienen que ver con el fracaso ya demostrado en Chile del sistema de ahorro individual; este sin duda será una opción para personas de altos ingresos pero no podrá reemplazar al régimen de prima media, que garantiza una pensión mínima a las personas que ya no están en edad laboral. El gremio pensional anda desesperado demostrando sin éxito la inoperatividad en el país del régimen de prima media y con él de quien, después de una exitosa reestructuración, se ha convertido en su principal competidor: Colpensiones. El sector privado continúa canibalizando las opciones públicas, sean por malas o por buenas, pero la codicia por apoderarse de estos negocios les puede.
La opción neoliberal vuelve entonces a ser la misma: esperar que el mercado genere las condiciones propicias para garantizar el ingreso y el bienestar de la población. Si para ello hay que descentralizar pues se hace, pero negando que ésta, la descentralización, es el resultado del empoderamiento de las regiones y no de su sometimiento a los grandes capitales. Los mercados, la entrega del país a las multinacionales, como el caso de los servicios públicos en la Región Caribe, no es la ruta hacia mejores condiciones de vida, por el contrario ya se ha demostrado que sí es el camino a la mayor concentración de la riqueza y al aumento de la pobreza y la desigualdad.
Las pretensiones de pertenecer a la OCDE y en general a las directrices de los organismos multilaterales dominantes, condiciona no solo el funcionamiento de la economía, de la producción y del consumo, sino, y esto sí que es fundamental, las necesarias políticas sociales en un país donde el libre mercado ha dejado secuelas de informalidad, pobreza, exclusión y desigualdad. Propuestas como el salario mínimo regional, que esperan reduzca su valor en algunas zonas (probablemente no se permitirá su elevación en otras de alto costo de la vida como es el caso de Buenaventura o del Urabá) o las medidas sobre las pensiones, harán que crezca la indignación, la protesta sectorial y social, terminando por reventar el propio régimen.
No son estos los énfasis que se requieren para emprender la cohesión social, la justicia y la construcción de la anhelada paz. Cuando el mundo vuelve a pensar en la importancia de los mercados internos, de su fortalecimiento como camino para el crecimiento y el desarrollo de los países, en Colombia seguimos insistiendo en soportar el sistema con base en la miseria de la población. Todo esto se discute (si acaso se hace con la profundidad que debería) mientras los maestros están en paro reclamando mejores condiciones laborales y salariales y Buenaventura (la ciudad de nuestro gran puerto de pacífico), después de años de olvido, reclama justicia en sus calles. La profundización del actual modelo de desarrollo es solo la vía a la persistencia de una economía subdesarrollada y a una sociedad pobre y en conflicto.
Jaime Alberto Rendón Acevedo: Director Programa de Economía Universidad de La Salle
Junio 1 de 2017
Excelente descripción de nuestra triste realidad en materia de política económica y social
Excelente artículo. Cual es entonces la salida para mejorar? Estamos indebidos a desmejorar las condiciones de trabajadores y pensionados?