Hace ya más de tres décadas, Antanas Mockus introdujo en la política colombiana una idea que sigue siendo tan vigente como incómoda: el divorcio entre ley, moral y cultura. Desde entonces ha pasado de todo. Apareció Álvaro Uribe como figura dominante del siglo XXI. Se desvanecieron los partidos tradicionales. Se reeligió un presidente cambiando la Constitución, se eligió al que dijo Uribe —Juan Manuel Santos— y luego ese mismo rompió con su padrino para firmar un acuerdo de paz. Después se eligió a otro que también dijo Uribe —Iván Duque—, y más recientemente, llegó al poder por primera vez un presidente de izquierda, Gustavo Petro. Colombia cambió muchas veces de gobierno, pero su cultura política parece no haber cambiado tanto.
En todo ese tiempo, el principio de Mockus permaneció como advertencia latente: cuando la ley, la moral y la cultura se separan, se desintegra la sociedad. Hoy, con la condena de Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, esa advertencia resuena con fuerza. El caso no solo es un hecho judicial. Es un espejo de lo que somos como sociedad.
Durante años, Uribe fue para millones un símbolo de orden, patriotismo y autoridad. Incluso cuando sus ministros, senadores, asesores, jefes del DAS, gobernadores y alcaldes fueron cayendo por corrupción o parapolítica, él permanecía como el intocable. Para muchos, era “moralmente intachable”, más allá de cualquier evidencia o cuestionamiento. Y eso revela algo más profundo: el país no ha terminado de entender que la ley debe aplicarse incluso —y, sobre todo— a quien concentra poder o lo ha ejercido sin responder por sus actos.
La sentencia, producto de un proceso que él mismo inició en 2012 al denunciar a Iván Cepeda, ha sido respondida por su entorno con gritos de “persecución política” y “lawfare”. En lugar de presentar una defensa jurídica sólida en la apelación, se ha optado por deslegitimar a la jueza, al sistema judicial y al Estado de Derecho. Lo que está en juego ya no es solo la libertad de Uribe, sino la idea misma de justicia como bien común.
El divorcio entre ley, moral y cultura se hace evidente. La ley actuó: el juicio fue largo, con garantías, defensa técnica, y culminó en una condena por delitos reales, no inventados. Pero en el plano moral, una parte del país insiste en ver a Uribe como un héroe perseguido. Y en el plano cultural, aún se premia el atajo, se celebra la astucia política por encima de la legalidad, y se asume que quien “salvó al país” tiene derecho a transgredir las normas. Por eso se relativiza el delito, se aplaude la desobediencia si viene del “líder”, y se normaliza la idea de que la ley debe doblegarse ante la narrativa del poder. En realidad, el fallo no solo juzga a Uribe: pone en evidencia una cultura que lleva años tolerando la ilegalidad eficiente, la moral selectiva y la lealtad ciega.
Además, Uribe cometió dos errores estratégicos que hoy lo tienen donde está: renunció al fuero presidencial y luego abandonó su curul en el Senado para evitar que el caso siguiera en la Corte Suprema. Apostó por trasladar el proceso a un escenario más favorable, bajo la Fiscalía de su gobierno amigo. Pero la jugada no le salió. La justicia —con todo y sus vacíos— resistió. El proceso cambió de escenario, pero no se detuvo.
Este no es un montaje, ni una venganza. Es un juicio en derecho, que demuestra que, con todo y sus limitaciones, el sistema judicial colombiano aún puede actuar frente al poder. El país puede no estar listo para aceptar que el expresidente más influyente de las últimas décadas sea juzgado como cualquier otro ciudadano. Pero precisamente ahí está el punto: una democracia madura no protege personas, protege principios.
El juicio contra Uribe no solo marca el destino de un líder. Marca un momento de quiebre para Colombia, un espejo incómodo que nos obliga a decidir si seguimos aceptando que la ley es opcional para los poderosos, o si damos un paso hacia esa armonía entre ley, moral y cultura que Mockus nos propuso hace treinta años —y que aún nos debemos como sociedad.
Es contradictorio decir que fue un triunfo de la izquierda como lo es afirmar que fue una derrota del uribismo. Una y otra cosa son consecuencia de la aplicación de la ley. Si la ley condena y la condena es justa, el triunfo es de la Justicia; si absuelve de manera justa es también un acierto de esa misma Justicia.
El debate político sobre asuntos de la justicia no debería poner en duda el acierto o desacierto de la justicia como tampoco las decisiones de los jueces que obran en derecho. Poner en dudas la justicia conduce a un camino peligroso. Deslegitimar a los jueces y acentuar la idea, cultural en todo caso, de que lo mejor es el atajo.
Podríamos estar metidos en un laberinto sin salida: “ni los buenos ni los malos” aceptarían ser juzgados en el sistema judicial vigente. En todo esto juegan un papel fundamental tanto los miedos de buenos y malos, como los Medios de Comunicación y su energía polarizante.
Guillermo Solarte Lindo
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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