Rusia y China defienden la necesidad de un orden mundial multipolar que ponga fin al colonialismo y construya un nuevo paradigma de seguridad y desarrollo para que las naciones del sur global, que aún se encuentran en condiciones de pobreza y atraso, puedan progresar. Este orden mundial estaría basado en el principio de la soberanía de los Estados y en la cooperación entre los diferentes países y potencias.
Dentro de las iniciativas que se vienen construyendo como alternativas al sistema político y financiero occidental en crisis sistémica, se encuentran la Iniciativa de la Franja y la Ruta[i] propuesta por China desde hace unos 10 años y a la cual ya se han vinculado unos 150 países. Otra de las iniciativas que ha tomado fuerza es el grupo económico de los BRICS y su brazo financiero el Nuevo Banco de Desarrollo -NBD- que vienen impulsando relaciones comerciales internacionales en monedas locales, discutiendo la creación de una moneda global alternativa al dólar, y retomando el camino de la inversión productiva y de grandes proyectos de desarrollo.
La decisión de Argentina de unirse al BRICS, a pesar de las presiones de las élites globalistas, suscitó preocupación entre ellas debido al fortalecimiento de una alternativa viable al sistema transatlántico en declive. No obstante, la City de Londres y Wall Street sabotearon la decisión argentina mediante un brutal programa de ajuste destinado a garantizar el pago de la deuda y la organización de una gigantesca fuga de capitales. Estas acciones debilitaron la economía argentina, desacreditaron por completo al gobierno de Alberto Fernández y a su candidato, el ministro de Economía Sergio Massa, lo que finalmente condujo al triunfo de Javier Milei, un candidato emocionalmente inestable respaldado por los banqueros[ii].
El Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos y fondos especulativos fueron los principales responsables de la asfixia económica de Argentina. Dur++9ante el gobierno de Macri, el FMI endeudó al país con un préstamo de $46.000 millones de dólares, que fue utilizado para financiar la fuga de capitales[iii]. Al segundo trimestre de 2023, la deuda pública bruta de la administración central, incluidos los pasivos del sector público, era equivalente al 88% del PIB[iv], Como consecuencia de los compromisos asumidos con el FMI para el pago de la deuda las tasas de interés de referencia se dispararon al 133% a octubre del 2023. El peso se desplomó en el mercado paralelo, y la inflación cerró en 211,4% al final del año pasado. Estas medidas económicas provocaron un aumento de la pobreza, que hoy afecta a cerca de la mitad de la población argentina.
Javier Milei, durante su campaña presidencial, prometió que, si ganaba, sacaría a Argentina del BRICS, eliminaría la moneda argentina y la reemplazaría por el dólar, cerraría el Banco Central, rompería relaciones con China, Rusia y la mayoría de los países vecinos de Argentina, e implementaría políticas neoliberales extremas inspiradas en la Escuela austríaca de economía de Friedrich Von Hayek. Este programa, de laissez faire y de un Estado sin regulaciones, podría provocar un genocidio silencioso peor que el que Israel está llevando a cabo en Gaza contra el pueblo palestino.
Milei, un acérrimo defensor del anarco-capitalismo, ha llamado a rechazar el “avance del Estado” y del “colectivismo”[v]. Para legitimar sus decisiones, repite como loro la cantaleta de la libertad de mercado. Sin embargo, su lado autoritario se ha hecho evidente con su decreto de necesidad y urgencia (DNU) para modificar y derogar leyes sin contar con el poder legislativo. También ha promovido la llamada “Ley Ómnibus”, que permitiría al Congreso delegar competencias fundamentales en el Ejecutivo, pese a la prohibición constitucional al respecto.
El 20 de diciembre Javier Milei, inició su ofensiva en contra del pueblo argentino mediante el “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) que busca desregular completamente la economía, eliminar todas las leyes y regulaciones que limitan la especulación para proteger el nivel de vida de la población.
El DNU, firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, deroga 30 leyes que incluyen protecciones sociales, regulan el comercio, protegen a consumidores y trabajadores, controlan los precios de bienes básicos, incluidos los alimentos, los programas de seguro médico y los alquileres.
El decreto, que ha sido cuestionado por su constitucionalidad, permite firmar contratos en dólares y comprar dólares libremente, incluso en el mercado negro. Además, elimina derechos fundamentales de los trabajadores, como las indemnizaciones por despido y las horas extras.
También establece la privatización de todas las empresas del sector público, incluidas las aerolíneas estatales, los medios de comunicación públicos, las empresas que construyen reactores nucleares, satélites y otros productos de alta tecnología, el estatal Banco de la Nación, fundado en 1891, la petrolera estatal YPF, los puertos, los ferrocarriles, las empresas energéticas, los laboratorios públicos que producen medicinas y vacunas, etcétera.
Por último, elimina los límites a las importaciones, lo que podría provocar una inundación del mercado local con productos extranjeros baratos que dejarían fuera de juego a las empresas más pequeñas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recurrido a un despliegue policial masivo y a la penalización de la protesta para reprimir la resistencia popular a su política económica fascista, anunciada en su decreto de “necesidad y urgencia” (DNU).
La ministra de Seguridad de Milei, la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, está aplicando su “protocolo de seguridad”, con tácticas de vigilancia y Estado policial. Ha desplegado cuatro fuerzas de policía federal en un Comando Urbano Unificado para aterrorizar, detener y amenazar a cualquiera que participe en protestas.
Bullrich ha advertido a los manifestantes que perderán sus ayudas sociales si bloquean las calles. Las tácticas policiales recuerdan a las de los nazis: subir a los autobuses para identificar a posibles manifestantes y patrullar las estaciones de tren en busca de cualquiera que “pudiera” estar planeando protestar. Bullrich también ha señalado que los padres que viajan con niños son sospechosos, ya que podrían estar planeando llevar a sus hijos a las protestas.
El gobierno de Argentina ha habilitado una línea telefónica especial para que las personas denuncien haber sido “presionadas” para protestar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que recibió 15.900 llamadas de este tipo tras las protestas del 20 de diciembre. Las llamadas son anónimas, por lo que su veracidad no puede ser verificada.
El 22 de diciembre, el gobierno alegó haber identificado 14 organizaciones sociales que participaron en las protestas. Les envió una factura exigiendo que paguen el costo del operativo policial desplegado para reprimirlas, por un monto de ¡60 millones de pesos! Bullrich también presentó una denuncia penal acusando a estos grupos de extorsión y fraude contra el Estado, por supuestamente obligar a la gente a protestar so pena de perder sus subsidios.
A finales de diciembre de 2023, el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley que declara la “emergencia pública” en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. La ley, que podría prorrogarse por dos años, otorgaría a Milei poderes extraordinarios para legislar sobre estos temas, dejando al Congreso prácticamente sin funciones.
El 24 de enero, se llevó a cabo con éxito un paro nacional convocado por las centrales sindicales en contra de todas estas medidas que buscan minimizar al Estado y liberalizar la economía al extremo. Se movilizaron más de 1.600.000 personas en todo el país. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, calificó a los sindicalistas de “mafiosos y gerentes de la pobreza que intentan defender sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente”. Bullrich señaló que en las marchas participaron unas 30.000 personas, negando la masividad de las protestas[vi].
La “ley ómnibus” propuesta por el presidente de Argentina, Javier Milei, propone una serie de cambios radicales en el sistema político, económico y social del país.
- Cambios en el sector público
La ley propone declarar “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público, incluyendo a empresas estratégicas como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central. Esto implicaría una transferencia de la propiedad de estas empresas a manos privadas, lo que tendría un impacto muy negativo en la economía argentina.
- Cambios en el sistema político
La ley también propone cambiar la composición de la Cámara de Diputados favoreciendo a las fuerzas políticas grandes y quitándole representación a las más pequeñas. Esto podría dificultar la formación de coaliciones de gobierno y aumentar la polarización política.
- Cambios en el sistema de justicia
La ley crea límites a las manifestaciones, aumentando las penas a quienes interrumpan el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado”. También elimina las penas a quienes utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
- Cambios en el sistema tributario
La ley propone favorecer al narcotráfico al permitir el blanqueo de hasta 100 mil dólares en activos, beneficiando impositivamente a quienes declaren bienes o dinero efectivo hasta ese monto.
- Cambios en el sistema previsional
La ley propone dejar en manos del Poder Ejecutivo, a través de decretos presidenciales, el aumento de las jubilaciones, que hoy se regulan por ley. Esto podría dar al presidente un mayor control sobre las pensiones, pero también podría generar incertidumbre sobre el futuro de este sistema.
En general, la “ley ómnibus” propuesta por Milei es un proyecto con potenciales consecuencias negativas, como la privatización de empresas públicas, la concentración del poder político y la reducción de los derechos de los trabajadores y de las garantías de la protesta social.
Si se aprobase la “ley ómnibus”, aumentaría la pobreza, la desigualdad, el hambre y el desempleo, lo que conduciría a una inestabilidad política y a un caos social que harían de Argentina una nación inviable.
Lo que andaba mal empeora
El gobierno de Milei inició un programa de ajuste para reducir el déficit fiscal, y garantizar el pago de la deuda. Para ello, redujo gastos sociales, devaluó el tipo de cambio oficial del dólar en un 100% y liberó los controles de precios en distintos sectores que anteriormente estaban regulados por el Estado. Estas medidas aceleraron la inflación, que en el mes de diciembre alcanzó el 25,5% y la de alimentos y bebidas el 30%. La cifra anual se disparó a un 211,4%, la más alta en tres décadas.
El encarecimiento de los alimentos constituye un atentado en contra de la reproducción de la vida. Esto ha generado mucho malestar e inconformidad en la población, que se ha manifestado de manera masiva en contra de estas medidas de ajuste clásicas del FMI.
Como salir de la crisis
El punto de partida es resistir el programa fascistoide de Milei con la movilización social, tal y como se viene haciendo. No obstante, más importante que la protesta es la propuesta que debe dar solución a la caótica situación por la que atraviesa Argentina. Algunas de las medidas específicas que se deberían impulsar son las siguientes:
- La moratoria al servicio de la deuda pública es una medida necesaria para aliviar la presión sobre las finanzas públicas. La deuda pública es impagable y requiere una renegociación que deseche el componente especulativo y reconozca solo las deudas legitimas.
- Los controles de cambios y de capitales podrían ayudar a estabilizar la economía y proteger la moneda de las finanzas especulativas.
- La paridad fija entre el peso y el dólar, según la capacidad de compra interna de las monedas, podría ayudar al desarrollo de unas relaciones comerciales justas y sería una herramienta clave para el control de la inflación.
- Los fondos públicos de emergencia y los subsidios son necesarios para apoyar a los más vulnerables y a las empresas que pasan dificultades. Sin embargo, es importante que estos recursos se administren de forma eficiente y transparente.
- La recuperación del control del Banco Central es esencial para garantizar la soberanía monetaria de Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debe asumir funciones de banca de fomento para emitir crédito productivo a tasas de interés del 1% al 2% efectivo anual. Por tanto, debe pararse la emisión primaria para financiar el déficit público, que explica en parte el elevado proceso inflacionario.
- Los controles de precios podrían ayudar a frenar la inflación y controlar la especulación, Sin embargo, es importante que estos controles sean efectivos y que no generen escasez de bienes y servicios.
- El regreso a los BRICS podría ayudar a Argentina a diversificar sus relaciones comerciales. Sin embargo, es importante que este regreso se haga de forma estratégica para ir configurando un nuevo sistema financiero y monetario al servicio de la economía productiva.
- Argentina debe vincularse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de la que ya forman parte unos 150 países en todo el mundo, para integrarse al puente terrestre y marítimo global que se está construyendo.
- Las inversiones en infraestructura son necesarias para impulsar el crecimiento económico. Como ejemplo tenemos los corredores ferroviarios bioceánicos de alta velocidad que se han propuesto para unir las costas atlántica y pacífica de Sudamérica.
- El potencial científico de Argentina debe fomentarse para generar desarrollo económico y social de un lado y para ahondar en las fronteras del conocimiento humano por el otro.
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[i] La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFI), es un proyecto de infraestructura y cooperación internacional impulsado por la República Popular China. La iniciativa fue lanzada en 2013 por el presidente chino Xi Jinping y tiene como objetivo conectar a China con Asia, Europa, África y América Latina a través de una red de infraestructura, como carreteras, ferrocarriles, puertos y oleoductos. La IFI se divide en dos partes: la Franja Económica terrestre y la Ruta Marítima del Siglo XXI.
[ii] https://www.pagina12.com.ar/586394-milei-viajo-a-estados-unidos
[iii] https://www.ambito.com/economia/fmi/el-admitio-que-parte-del-prestamo-macri-se-fugo-y-que-el-programa-fracaso-sus-objetivos-n5340355
[iv] https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9e07ef2f-7fa1-4e33-8ed5-2d99ebbe4bf6/content#:~:text=Al%20segundo%20trimestre%20de%202023,equivalente%20al%2088%25%20del%20PIB.
[v] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Milei-en-Davos-Defiende-al-capitalismo-critica-al-colectivismo-olvida-el-tercer-camino-20240119-0009.html
[vi] https://www.elperiodico.com/es/internacional/20240124/protestas-huelga-argentina-milei-seguimiento-97306071
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: Todos Somos Colombia
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