La FIP es un Centro de Pensamiento y Acción fundado en 1999 por dirigentes empresariales de varios grupos económicos del país. Enfoca su actividad en temas de paz, seguridad y desarrollo sostenible y tiene alta resonancia en los medios académicos, de comunicación y redes sociales,
Anualmente, presenta un balance relacionado con las dinámicas de violencia y políticas públicas sobre paz y seguridad en Colombia.
Previo al inicio del último año de mandato del Gobierno Petro, el Informe No. 42 presenta un balance de los tres años recorridos dentro de la implementación de la Política de Seguridad Humana y la estrategia de Paz Total.
Vale la pena examinar su contenido en los aspectos relevantes, en términos de aportes al análisis y enriquecimiento de las políticas y estrategias, así como en la ubicación de elementos críticos, sesgos y omisiones del Informe.
En su introducción, el Informe de referencia, bosqueja unas tesis medulares del contenido y enfoque de análisis.
Inicia afirmando que el Gobierno Petro comenzó en 2022, planteando una “transformación profunda de la política de seguridad del país”, con base en el concepto de Seguridad Humana y la estrategia integral de Paz Total. Su promesa fue la de superar el enfoque exclusivamente militar, priorizar la protección de la vida, el desmonte del narcotráfico considerado el “motor” del conflicto, avanzar en el diálogo con todos los actores armados y en la construcción de paz desde los territorios.
En contraste, al cierre del tercer año, el Informe plantea la existencia de una enorme distancia entre las promesas y los resultados. Señala que Colombia presenta una situación crítica en el tema de seguridad donde “la estrategia de paz no ha logrado frenar las dinámicas de la confrontación armada y la violencia”.
Al analizar el tercer año del Gobierno Petro, a partir de la situación de seguridad, el Informe señala el impacto humanitario, en la afectación de las comunidades.
Caracteriza el proceso de Paz Total como errático, condicionado por la volatilidad de los actores armados, la fragilidad de los mecanismos de negociación y la ausencia de resultados concretos en la mayoría de las mesas abiertas.
Afirma que la política de Paz Total parece seguir sin un norte claro ni estrategia coherente; que sus prioridades cambian al vaivén de las coyunturas y necesidades políticas del Gobierno Nacional.
Plantea como problema de fondo, que el Estado ha sido debilitado en su capacidad para contener el nuevo ciclo de violencia, ante la desarticulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad, sin una dirección política unificada ni una visión territorial integrada.
Al respecto, se sumerge en el análisis comparativo de estadísticas. Busca contrastar los Gobiernos Santos, Duque y Petro, sus tendencias y elementos diferenciales sobre distintos factores de violencia, afectación de comunidades y de la Fuerza Pública.
Aunque es cierto que las cifras han aumentado en relación con ataques a la infraestructura y en contra de la fuerza pública, durante el último año, las cifras que presenta Mindefensa [2] permiten apreciar que dichas estadísticas están por debajo de los años 2010 a 2021, con sus respectivas fluctuaciones entre miembros de la Fuerza Pública asesinados y heridos.
Lógicamente, el incremento de los combates y los cambios en los métodos de ataque mediante el uso de drones hace mucho más peligrosa la dinámica operativa de la Fuerza Pública en las zonas de conflicto. Ya no son únicamente el plan pistola, ni los campos minados, los factores de riesgo y de peligro que se presentan para la integridad de los miembros de la fuerza pública.
Esto implica que se requiere fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia, la introducción de tecnologías electrónicas de neutralización, el control de rutas logísticas y la detección de nuevos elementos de agresión por parte de grupos armados ilegales.
En lo referente a los ataques a la infraestructura y los actos de terrorismo, los incrementos son notables en las estadísticas que presentan, tanto el Informe de la FIP, como de Mindefensa.
El Informe presenta la localización territorial y los escenarios de disputa entre grupos armados ilegales, destaca la fragmentación de las estructuras, la lucha por la interlocución con el Estado y por el control de economías ilícitas.
Es llamativo que el Informe no aborde el análisis del contexto geopolítico, tan determinante para los temas de paz y seguridad en la coyuntura, máxime cuando se avanza en una estrategia binacional de Paz con el Gobierno Venezolano y se han adelantado gestiones y contactos con los Gobiernos de Brasil, de Ecuador y de Panamá.
Es, por lo menos extraño que, en este marco, no se analice el entronque de la problemática nacional con la dinámica de la criminalidad internacional, lo que ha llevado al trabajo coordinado con Interpol y diversos organismos de seguridad para la captura de capos fantasma, así como de miembros de mafias europeas en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. La cuestión se refiere a poder dilucidar la articulación entre las diferentes ramificaciones de las economías ilícitas, así como sus encadenamientos con multinacionales del crimen organizado que generan violencia armada en el país e inciden en territorios rurales y en ciudades.
En tal sentido, el documento omite referencias a la detención mandos de grupos armados ilegales. Entre enero y julio de 2025 han sido capturados, muertos o desmovilizados 3.019 integrantes de grupos armados ilegales, incluyendo varios mandos de dichos grupos, como lo reporta el Ministro de Defensa [3], entre ellos, 686 miembros del Clan del Golfo. El mayor desafío se encuentra en las fronteras y corredores del narcotráfico.
En lo que respecta a los tres años del Gobierno Petro, el Ministro de Defensa en un nuevo informe [4] presenta estadísticas que registran la captura de 12.385 integrantes de grupos armados ilegales, mientras que 1.538 se han sometido de manera voluntaria y existe un incremento en el rescate de menores de edad reclutados, del orden del 75%.
En cuanto a dirigentes de grupos armados ilegales, el registro es de 27 objetivos muertos o capturados.
En lo referente a incautaciones de cocaína, heroína y pasta base de coca, el incremento respectivamente es del orden del 64 %, 40 % y 46 %. Así mismo, hay un incremento del orden del 51 % en lo referente a destrucción de maquinaria amarilla empleada en actividades de minería ilegal. Estas actividades de persecución a las economías ilegales se han desarrollado desde los primeros días del Gobierno Petro, a la par que se daba inicio, de manera espontánea y sin protocolos, a los procesos bilaterales de cese al fuego con los diferentes grupos, lo que llevó a paros mineros, como el que se empezó a gestar en el Bajo Cauca en 2022.
El Informe, tampoco asume la incidencia de Colombia en el diálogo multilateral para el análisis de impacto de la política de drogas, con base en propuesta presentada ante Naciones Unidas para que una comisión de 19 expertos presente los resultados de sus análisis en 2027, con el propósito de replantear las estrategias que demuestren ser ineficaces para la reducción de la oferta y del consumo de drogas en el mundo.
El documento de la FIP, tampoco aborda los temas relacionados con los conflictos políticos, las posibilidades y limitaciones del Acuerdo Político Nacional, sus logros y retrocesos, en medio del pulso por las reformas sociales y políticas en el Congreso de la República. Este aspecto, que es un componente sensible de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, Gobierno-FARC, depende del Congreso donde las mayorías parlamentarias son de ultraderecha y se oponen a la profundización de democracia política y de la participación.
En el mismo sentido, no le confiere relevancia al papel de las comunidades territoriales ni de las víctimas en los procesos de construcción de la paz en los territorios. Esto puede obedecer al predomino de una cultura donde las mesas de negociación se conciben como escenarios bilaterales, donde la voz de las comunidades no se escucha. Esto también puede ser reflejo del poco protagonismo que pueden desempeñar las comunidades en los procesos y los factores que inciden en su instrumentalización en las dinámicas de negociación, tanto para los actores gubernamentales, como para los voceros de los grupos armados ilegales y para algunos círculos de expertos en temas de paz.
El Gobierno y las comunidades territoriales tienen dificultades relacionadas con la articulación de las mesas de negociación. No se evidencia que existan vasos comunicantes, sistematización de experiencias ni mecanismos de presión para neutralizar la confrontación entre los grupos que luchan por el control de territorios y de rentas ilegales.
En este sentido, al Informe le asiste la razón al afirmar que los alivios humanitarios y las mejores condiciones de vida “se desvanecen entre diálogos infructuosos y disputas entre actores armados”.
Es de resaltar que en un país tan atravesado por la violencia armada como lo es Colombia, donde confluyen en unos mismos territorios diversos grupos armados que se enfrentan por el control de rentas ilegales y de la población, el atreverse a plantear múltiples mesas simultáneas de negociación ha sido un paso audaz, no exento de limitaciones, de logros y de errores.
La costumbre y la tendencia ha sido el preferir la negociación secuencial, grupo a grupo y concentrarse en implementaciones separadas, sin mayor incidencia territorial dentro de ópticas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que facilitan la dispersión de los exintegrantes de los grupos que se acogen a los acuerdos.
Pero, los mismos aportes del Acuerdo Final de Paz de 2016 enseñan que existen nuevos elementos a considerar. Estos son, la introducción de la justicia restaurativa, la centralidad de las víctimas y la pertinencia de contar con enfoques territoriales, así como el reconocimiento de avanzar en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y de las bandas sucesoras del paramilitarismo.
El Informe sugiere sin demostrarlo, que la Paz Total “opacó” la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, porque el Gobierno no la entiende como un camino hacia la transformación territorial y al respecto plantea que es una omisión gubernamental a pesar que el Acuerdo contiene herramientas como los PDET con iniciativas comunitarias que esperan dar sus frutos del esfuerzo invertido.
No obstante, un documento de un Investigador Senior de la propia FIP, Felipe Zarama [5], destaca que el director de la ART, Raúl Delgado, reconoce avances del 56% de las iniciativas (18.501 de 33.007) ya han iniciado su ejecución. En el Gobierno Duque, el tiempo transcurrió en diseños y formulaciones de proyectos. Aun así, el director de la ART reconoce que se requerirá del doble de tiempo y de los recursos inicialmente previstos para la implementación de los PDET.
La ART presenta un tablero para identificar el avance en las iniciativas PDET, que vale la pena consultar [6].
En el documento no se encuentran valoraciones relacionadas con los logros y limitaciones de la Misión Cauca y la entrada al Plateado para retomar el control del Cañón del Micay que estuvo bajo control de grupos armados ilegales, por un lapso de dos décadas. Tampoco se dice nada relacionado con avances, defectos y riesgos del Plan Catatumbo, los procesos de sustitución de cultivos y de formalización de 30.000 hectáreas, así como las medidas para la protección de las poblaciones desplazadas y confinadas, en el marco del enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 Post FARC. No hay ninguna alusión a la intervención en el Bajo Cauca dentro del Programa “Sembremos Confianza” para la formalización de la minería del oro y la reparación de víctimas.
El Gobierno Petro ha entregado, en menos de tres años, 562 mil hectáreas a campesinos, lo que representa 43,2 veces más tierra que la entregada por el Gobierno Duque, lo que permite avanzar, aunque no como se debiera, en la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC.
El Informe de la FIP exagera al decir que el inicio anticipado del ciclo electoral ha situado los temas de paz y seguridad en el centro del debate público. Omite que las reformas sociales han estado al centro del debate, al igual que los procesos de movilización social por la Consulta Popular, en defensa del papel del Constituyente Primario.
Al respecto, es notable que se requiere de la articulación de reformas políticas y sociales nacionales en lo laboral, en salud, en seguridad social, en servicios públicos, que se puedan conjugar con transformaciones territoriales en zonas de violencia y se logren articular con soluciones para comunidades y organizaciones sociales. En estos contextos puede fluir la dinámica de transición hacia la vida civil de quienes hoy forman parte de grupos armados, así pasen por fases de justicia restaurativa, donde los dirigentes, también pasen por penas de prisión.
Eso sí, al Equipo de la FIP no le falta razón al decir que un año parece ser insuficiente para enderezar el camino de la Paz Total. Lo cierto es que la violencia en Colombia tiene defensores y promotores en las élites que la utilizan, junto a la seguridad, como yacimiento de oportunidades económicas, políticas y sociales. La coyuntura del condenable atentado y fallecimiento de Miguel Uribe Turbay muestra que los temas de la paz no se restringen a la desactivación de grupos al margen de la ley. Los métodos de la guerra cognitiva en redes y grandes medios de comunicación y la estigmatización son caldo de cultivo que pueden desencadenar nuevas violencias.
Por esto, aunque la presentación del Presidente Petro en tarima con voceros de las bandas del Valle de Aburrá, que se encuentran privados de la libertad haya sido motivo de discordia y desafío ante la renuencia de los sectores mayoritarios del Congreso a darle viabilidad a las políticas de sometimiento o acogimiento de las bandas multicrimen, la acción política conlleva el reconocimiento de la importancia de darle continuidad al Programa del Cambio.
Decir que la “Paz Total” queda reemplazada por la “Paz Electoral”, es desconocer que los cambios culturales y estructurales de la sociedad requieren de ciclos largos y no se logran en la estrechez de los períodos presidenciales.
La hegemonía de los gobiernos neoliberales, con procesos de paz fragmentados y reformas políticas excluyentes ha durado más de treinta años.
Lo mismo se puede afirmar cuando se requiere de continuidad del cambio, para garantizar las transformaciones socioeconómicas e, incluso, las reformas, política, administrativa y de la justicia, que requiere el Estado Colombiano.
Máxime, cuando se viene de un sistema de restricciones jurídicas y administrativas, en un contexto en el que la mayoría de los gobiernos de los entes territoriales son adversos a los procesos de paz y reconciliación y continúan renuentes a la implementación, incluso, del Acuerdo de Paz con las FARC.
Con respecto a los posibles escenarios que esboza el Informe, se puede recordar que la turbulencia política y social es una característica del país y de sus territorios, lo que no se deriva únicamente de la política de paz. También, es necesario avanzar en transformaciones territoriales favorables a la inclusión social.
Es pertinente la recomendación de conjugar las políticas de paz y de seguridad. Pero, ello no se reduce únicamente al ámbito de los territorios en conflicto armado. El ambiente político propicio para el proceso electoral requiere de pactos y compromisos públicos para desescalar el lenguaje agresivo y sacar las armas de la política.
En ese orden, las treguas unilaterales y los compromisos de continuidad con los procesos de diálogo y negociación son fundamentales, así como la aprobación en el Congreso de la Ley para el tratamiento penal diferenciado, el sometimiento de las organizaciones al margen de la ley, su respectivo desmantelamiento y la reparación de las víctimas.
Fuentes:
[1] Preciado Andrés, Cajiao Andrés y Tobo Paula Andrea. Tercer año de Petro. Entre la “tormenta perfecta” y el riesgo de una “paz electoral”. Serie Informes No. 42. Fundación Ideas para la Paz – FIP. Agosto de 2024. Bogotá. [2] Observatorio de derechos Humanos y Defensa Nacional. Información Estadística. Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad. Ministerio de Defensa. Julio 16 de 2025.https://www.mindefensa.gov.co/defensa-y-seguridad/datos-y-cifras/informacion-estadistica
[3] García Vélez Laura Cristina. Más de 3.000 integrantes de grupos armados han sido neutralizados este año, según Mindefensa. Editora de Justicia. El Tiempo. Julio 3 de 2025. [4] Blanquicet Jesús Antonio. Mindefensa presentó balance de seguridad luego de tres años del gobierno de Gustavo Petro. Subeditor de Justica. El tiempo. Agosto 7 de 2025. [5] Zarama Felipe. Los PDET: más que una lista de municipios priorizados. FIP Opina. Fundación Ideas para la Paz. Mayo 14 de 2025. [6] Agencia de Renovación del Territorio. Así avanza el PDET.https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/asi-avanza-el-pdet/
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: France 24
Deja un comentario