También se han conocido declaraciones de gremios e inversionistas internacionales que han expresado preocupaciones, pero no han advertido un riesgo insuperable de crisis económica y de amenaza a la libertad de empresa; más bien han expresado su confianza en la fortaleza y estabilidad de las instituciones colombianas.[2] Estas declaraciones han contado con menor visibilidad en los medios de comunicación.
El candidato del Pacto Histórico ha expresado con claridad su apuesta por un viraje en el manejo de la economía para afrontar los retos inaplazables del cambio climático, la superación del hambre y la pobreza y reducir la enorme inequidad social. Para ello ha resaltado la necesidad de una reforma tributaria progresiva –quien tiene más paga más- y de políticas públicas que favorezcan la diversificación de la economía, con énfasis en la agricultura, la industria y el turismo, promuevan la redistribución de la riqueza y aceleren el ritmo de la transición energética.
Durante los debates en los medios de comunicación, Petro ha sido sometido a un examen minucioso y al detalle respecto de sus propuestas sociales y económicas, como ningún otro candidato en la primera vuelta, incluido el candidato Rodolfo Hernández, quien luego de la sorpresa de su paso a la segunda vuelta decidió rehuir las entrevistas y los debates sobre éstos y todos los temas de interés de la ciudadanía para conocer a fondo su programa, su conocimiento sobre el manejo de las políticas sociales y de las finanzas públicas.
Por supuesto, como cualquier otro aspirante a dirigir los destinos del país, Petro debe ofrecer explicaciones sobre el contenido de sus propuestas, sin reparar en que otros candidatos no hayan sido requeridos a sustentar sus propuestas sociales con el mismo grado de detalle y precisión. Son los gajes de la política.
Las propuestas sociales de los principales candidatos gradualmente fueron acercándose a las del candidato del Pacto Histórico: gratuidad de la educación superior, renta básica para las personas en niveles de pobreza, garantía de un ingreso básico para los adultos mayores que no se podrán pensionar, salud preventiva.
En general, los candidatos coincidieron en el diagnóstico de la existencia de profundas desigualdades sociales y de niveles inaceptables de pobreza que hoy afecta al 46% de la población colombiana, pero se diferenciaron en el análisis de las causas y, por tanto, en la forma de afrontar la superación de una situación que dio lugar al estallido social de abril de 2021. Con excepción del candidato de la Alianza Centro Esperanza, los demás candidatos en contienda se abstuvieron de plantear un viraje en el manejo económico, es decir, desestimaron que los problemas sociales que aquejan a millones de colombianos tengan alguna relación con la política económica. Sergio Fajardo mencionó la necesidad de cambios en el modelo económico, pero se diferenció de Petro en la profundidad y la velocidad de esos cambios.
El candidato Rodolfo Hernández pasó de agache en la primera vuelta en relación con ese y otros temas: no presentó idea alguna sobre los temas en discusión. Su discurso se ha reducido a plantear la anti política y la lucha contra la corrupción como el remedio de todos los males del país. “No a la robadera”, fue –y sigue siendo- toda su propuesta a los ciudadanos. En lo que va corrido de la segunda vuelta, los asesores del candidato Hernández han incluido en su programa una serie de propuestas frente a la pobreza, el cambio climático y otros temas en fórmulas que copian iniciativas planteadas por otros candidatos. Pero no ha agregado ningún argumento para señalar de qué manera tales propuestas se van a hacer realidad.
Pareciera que a nadie preocupa en el sector empresarial ni en los medios de comunicación la falta de explicación y de fundamentación del candidato sobre su política social y su manejo de las finanzas públicas. Sus anuncios de acabar con la corrupción, reducir gastos superfluos, cerrar embajadas, aumentar la jornada laboral de los servidores públicos y reducir el gasto en el pago a los maestros, como fórmulas para equilibrar las finanzas públicas, sin necesidad de una reforma tributaria, no han despertado asombro ni preocupación.
Luego de haber expresado en primera vuelta que las propuestas de Petro eran las que más se parecían a su manera de pensar, Hernández se ha sumado a la estrategia de generar miedo frente a un eventual gobierno de su opositor, reforzando la idea de que Petro acabará con la libertad de empresa y hará trizas la economía.
Luego de buscar con afán la forma de presentar a Hernández como una opción razonable y advirtiendo sus limitaciones, sus asesores decidieron como estrategia no asistir a los debates, no dar entrevistas o suspenderlas frente a preguntas incómodas, y vender la idea de un hombre práctico para resolver problemas, resaltando su condición de empresario exitoso. “Un hombre que ha hecho empresa y ha generado riqueza, está preparado para presidir el país”, es el eslogan que se impuso.
Cuesta creer que la preocupación expresada por los empresarios por los riesgos para la libertad empresa y la institucionalidad democrática, que en primera vuelta presidencial se enfocó sobre el candidato del Pacto Histórico, dada la posibilidad cierta de triunfo de esa opción, no se exprese en forma alguna respecto al candidato Hernández, quien luego de pasar de agache en la primera vuelta, ahora resalta por la simpleza de su discurso en materia económica, lo que es presentado por sus asesores como un atributo.
“Yo lo que veo en Rodolfo es una gran originalidad. A mí no se me parece a nadie. Me parece que la manera de hacer política, no se me parece a los políticos, digamos; más bien sí se me parece al hombre común colombiano, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de entender los problemas, su manera de hablar de ellos. Otros candidatos se dedican a hablar de econometría [sic] y a mostrar sus muchos conocimientos, y en general los gobernantes colombianos siempre se han caracterizado por tener una teoría perfecta, lo que pasa es que fracasan cuando gobiernan porque no gobiernan para la gente, no saben resolver los problemas, y […] Colombia tiene hoy los niveles de miseria, de atraso.”[3]
Cabe preguntarse si el camino que han tomado quienes apoyan a un candidato cuyos asesores se precian de que no conozca de economía política, es la mejor garantía de un ambiente favorable para los negocios.
¿Qué asusta de la propuesta de Petro en materia económica?
Diversas preocupaciones se han expresado sobre el alcance, la viabilidad y los riesgos de efectos negativos sobre la inversión privada de la reforma tributaria planteada por el candidato del Pacto Histórico. La controversia ha sido planteada desde diversas orillas políticas y actores sociales –académicos, empresarios, analistas internacionales-, y con muy distintos niveles de alerta sobre los potenciales riesgos. Desde la duda sobre la probabilidad de obtener el recaudo tributario propuesto, en general considerado excesivo e imposible de lograr, hasta la calificación de que se trata de una expropiación de las empresas por vía de una reforma confiscatoria que conduzca a la ruina irreversible de las empresas, pasando por un impacto negativo sobre el déficit fiscal por el crecimiento desproporcionado del gasto público social, y las consecuencias inflacionarias derivadas del mismo.
Otro asunto que ha motivado expresiones de preocupación y alarma es la propuesta de Petro en relación con el cambio climático, que plantea la aceleración del ritmo de la transición energética. Particular molestia causaron las declaraciones del candidato asociando las actividades extractivas –minería y petróleo- con el tráfico de drogas, así como el anuncio de la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera como uno de los primeros actos de gobierno. Las críticas han resaltado los temores frente a un cierre abrupto de las actividades mineras, los riesgos de desabastecimiento energético en el mediano plazo, y los impactos negativos sobre las finanzas públicas cuya dependencia de los ingresos de la actividad petrolera es bien conocida.
En relación con la propuesta de diversificación económica, pasando de una economía dependiente de las actividades extractivas y de las exportaciones de petróleo y carbón, a una economía basada en la agricultura, la industria y el turismo, el candidato no ha recibido mayores críticas, que no sean las mismas referidas antes en relación con la propuesta de transición energética.
Sin duda, las propuestas del candidato del Pacto Histórico, como la de cualquiera otro candidato que aspire a presidir los destinos de la nación, merecen ser objeto de análisis crítico y las preocupaciones deben ser tomadas en cuenta en un eventual gobierno de Petro y Francia. En eso consiste el debate democrático.
Sin embargo, las preocupaciones deben tener como base el análisis de los planteamientos y la fundamentación expresada por el candidato, y no construirse a partir de la imagen que de éste se ha generado mediante la comparación simplista con gobiernos de la región –bajo la fórmula repetida una y otra vez del “Castrochavismo”- acuñada por un sector político para ser aplicada a muy diversos actores políticos opuestos, y que ahora se ha aplicado con fuerza, incluso con saña, a Gustavo Petro.
Discutir sobre los efectos de una aceleración de la transición energética, para prevenir que un avance menos acelerado de la producción de energías limpias conduzca a un desabastecimiento energético, es perfectamente válido. Debatir sobre el alcance de una reforma tributaria o una reforma pensional, para atender las preocupaciones advertidas es absolutamente necesario. Las decisiones que al respecto deban adoptarse requerirán el debate sereno e informado, con la participación de todos los sectores concernidos, incluidos empresarios, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas.
Petro ha advertido el papel del Congreso y de la Corte Constitucional en la definición de las políticas públicas y ha reiterado una y otra vez que respetará la división de poderes, como muestra de su disposición de acatar el Estado de derecho y preservar las instituciones democráticas. No resulta comprensible que, a pesar de estas manifestaciones, sus críticos más acérrimos, entre quienes se cuenta un sector del empresariado, persistan en vaticinar que un gobierno de Petro inevitablemente conducirá a la expropiación de empresas, a una reforma tributaria confiscatoria, a la expropiación de los ahorradores de los fondos privados de pensiones y tantas otras catástrofes.
Quizás una explicación a la difusión de estos presagios apocalípticos de la economía del país pueda encontrarse en la resistencia de algunos empresarios a que se produzcan cambios en el modelo económico neoliberal que ha puesto el énfasis en el sector extractivista, que ha ofrecido las leyes del mercado como apuesta para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social. Esa resistencia los lleva a equiparar –de buena o de mala fe- el cambio de modelo con la “expropiación de empresas para llevar al país al comunismo”. Bajo esa óptica califican como socialista o comunista el planteamiento de una reforma tributaria en la que quienes tienen más paguen más, que se aplica en buena parte de los países europeos, o el anuncio de políticas públicas que regulen las actividades empresariales para proteger el medio ambiente de los impactos de las actividades económicas.
La crítica al modelo neoliberal por parte del Papa Francisco, en la Carta encíclica Fratelli Tutti, es ilustrativa de sus efectos negativos, y alguien con los prejuicios con que se ha evaluado la propuesta de Petro, podría exclamar al leer las siguientes líneas “Castrochavista”:
“122. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar ‘los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos’. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de todos los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que ‘quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos’.
“123. Es verdad que la actividad de los empresarios ‘es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos’ […] Pero en todo caso estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas”.
“168. El mercado no lo resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico ‘derrame’ o ‘goteo’ –sin nombrarlo- como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de todas las formas de violencia que amenazan el tejido social. […] La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, ‘sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente esa confianza ha fallado’. […] La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que, además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, ‘tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos”.[4]
El país debe ser consciente de que, en caso de ser elegido, un gobierno de Petro y Francia se enfocará en producir cambios en el modelo económico, en la medida en que las situaciones de pobreza y desigualdad son efecto de la aplicación de ese modelo en las últimas cuatro o cinco décadas. Ese es el programa que presentaron a consideración de la ciudadanía y es a lo que deberán aplicarse para cumplirlo de la mejor forma y con la mayor responsabilidad, conscientes como han estado de que los cambios no se producirán de un solo golpe y requerirán debatir con diversos sectores de la sociedad las medidas específicas a adoptar, el ritmo y la profundidad de las transformaciones, para lo cual deberán tomarse en cuenta sus opiniones y preocupaciones, ofreciendo garantías a todos los intervinientes.
¿Hernández ofrece un ambiente favorable para los negocios?
Dado que el candidato Hernández ha reducido su discurso a la anti política y la lucha contra la corrupción, que no se conoce cuál es su noción de la política económica, y que sus asesores han vendido la idea de que, por ser un empresario exitoso, él representa la garantía del crecimiento económico y de la libertad de empresa, enseguida se ponen a consideración algunas ideas sobre el riesgo que una eventual presidencia de Hernández representa para el ambiente de los negocios.
Antes, es necesario precisar qué se denomina como “ambiente favorable para los negocios”, o mejor aún, qué negocios son los que resultan deseables que un gobierno promueva y estimule.
Desde hace un tiempo se ha avanzado en la idea de que se debe propender por la conformación de negocios que actúen sobre la base de algunos principios básicos, y que no toda forma “exitosa” de hacer negocios resulta plausible, imitable y debe ser promovida. Con un ritmo más lento de lo que sería deseable, buen número de empresas han incorporado principios de integridad empresarial, que señalan una serie de obligaciones en relación con sus grupos de interés (inversionistas, clientes, empleados, comunidades vecinas, consumidores, gobiernos).
Gradualmente, más y más empresas han incluido los derechos humanos como parte de sus principios de integridad. Grandes empresas multinacionales de diversos sectores y actividades económicas han suscrito acuerdos voluntarios que integran los principios de derechos humanos, y extienden la aplicación de esos principios a sus cadenas de valor y de suministros, de forma que notorios comportamientos empresariales en contra de esos principios pueden ser objeto de la suspensión de inversiones, de contratos de suministro o de crédito.
Cada vez resulta menos presentable entre sectores empresariales que han asumido los principios de derechos humanos como parte de la integridad empresarial, aquella noticia una y otra vez reiterada en relación con nuestra realidad social y económica, que reza: “a la economía le va bien, pero al país, a la sociedad le va mal”.
Dicho esto, resulta importante preguntarse si el modelo de empresario que representa el candidato Hernández, calificado como “exitoso” por haber construido un emporio de la construcción, puede ser presentado como un modelo de integridad empresarial, que pueda soportar el examen de un eventual inversionista o entidad financiera que aplique los principios de integridad antes señalados.
Declaraciones del propio empresario Hernández, han revelado la forma como se refiere a sus clientes, usuarios de vivienda de interés social, de quienes dice que son “hombrecitos” a los que pone a pagar intereses durante quince años “como su vaca lechera”. No hay nada ilícito en el hecho de que quien recibe un préstamo pague una tasa de interés. El asunto es que los consumidores financieros –así los denomina la legislación nacional- tienen derechos, y el primer derecho es su dignidad, y la referencia a la condición de “hombrecitos” que pagan un dinero “como una vaca lechera” indica que los clientes de la firma constructora HG del empresario Hernández, no son reconocidos por éste como consumidores financieros con derechos, y que las tasas de interés podrían rayar con la usura.
En el mismo sentido, las manifestaciones del empresario Hernández ante otras personas –quizás sus colaboradores más cercanos u otros empresarios- en las que se jacta de cobrar el metro cuadrado de lotes con servicios en zonas deprimidas al mismo precio del metro cuadrado en uno de los barrios más ricos de Bucaramanga, al punto de calificar su propia conducta como “un atraco”, difícilmente pueden ser presentadas como modelo de gestión ante empresarios que han adoptado principios de integridad.
Menos presentable resulta la presunta intervención del empresario Hernández en prácticas de volteo de tierras[5], o la grabación en la que responde con amenaza de muerte al reclamo de un usuario –cliente- de su empresa.
Y dado que el empresario Hernández podría convertirse en presidente de la República, y que la estabilidad institucional es uno de los factores que se examinan para definir el ambiente para la inversión privada, no resulta creíble que las manifestaciones explícitas de menosprecio por la economía política realizadas por los asesores del candidato, y más aún, sus conocidas expresiones de “limpiarse el culo con la ley”, parecen no suscitar preocupación en el empresariado. ¿Es en serio que no les preocupa?
Con independencia de esos silencios, las anteriores anotaciones, permiten pensar que un gobierno de Rodolfo Hernández no necesariamente favorece un ambiente favorable para los negocios, no al menos para los negocios que se precian de actuar con criterios de integridad.
Empresas y derechos humanos, un reto para el nuevo gobierno
Dicho lo anterior, es preciso concluir que, cualquiera sea el gobierno que se elija el próximo 19 de junio, resulta imprescindible exigirle que retome la agenda de Empresas y derechos humanos, promoviendo activamente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, avanzando en la adecuación de la legislación nacional a los estándares internacionales, con base en el criterio de que la libertad de empresa es un derecho que debe ser respetado y garantizado, al tiempo que las empresas deben respetar los derechos humanos y no deben ser cómplices de abusos que se produzcan en su cadena de valor.
El país ha dado pasos en esa dirección. Cientos de empresas han adherido a los Principios del Pacto Global que comprometen a promover y respetar derechos humanos, laborales, ambientales y a evitar la corrupción. Iniciativas como Guías Colombia y el Comité Minero Energético revelan el interés de algunas empresas por avanzar en la definición de lineamientos comunes en materia de respeto a los derechos humanos. La experiencia del Grupo de Diálogo sobre la Minería en Colombia, hizo posible que un grupo de personas del mundo empresarial, académicos, ambientalistas y líderes sociales, luego de discutir profundas diferencias sobre el desarrollo de las actividades mineras en el país haya formulado un documento de consenso que contiene propuestas de política pública para regular la actividad minera.
El Plan nacional de acción de derechos humanos y empresas, emitido por el gobierno Santos, de alcance limitado y débil implementación, significó un paso en el desarrollo de la agenda, que fue truncada durante el gobierno Duque, que confundió un plan de acción de derechos humanos y empresas con un plan de promoción de la inversión privada.
La agenda de empresas y derechos humanos en modo alguno se opone al interés legítimo de promoción de la inversión privada, pero sí debe establecer con toda claridad el tipo de inversión que resulta deseable promover y, paralelamente, el tipo de inversión que no debe ser promovida, en tanto ponga en riesgo los derechos humanos. A este respecto, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos señalan:
“2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades.
3. En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben:
a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias.
b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las empresas”.
Esto significa, que no resulta admisible que para promover la inversión privada, nacional o internacional, los Estados ofrezcan como estímulo la flexibilización de las leyes que establecen obligaciones de respeto de los derechos humanos, laborales, sociales y ambientales. Significa que la regla para medir las inversiones no se reduce a la cuantía de las divisas que una actividad económica generará, sino que deben ser considerados además los riesgos de impactos negativos sobre los derechos humanos, y el grado en que estos son prevenibles, mitigables y controlables, de forma que no se produzcan daños graves e irreversibles sobre las personas, las comunidades y el ambiente.
La agenda de derechos humanos en el nuevo gobierno deberá establecer reglas incluso prohibitivas en relación con actividades económicas –por rentables que ellas sean- como el llamado “turismo sexual con menores” o la industria de la pornografía, para proteger a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial.
Así mismo, deberá regular las actividades de lobbying empresarial ante el Congreso, ante los ministerios y otras dependencias del Estado, para poner control a la corrupción, por un lado, y a las presiones indebidas para oponerse a la expedición de leyes que establezcan regulaciones que protejan los derechos humanos, como la publicidad y la envoltura de productos de la llamada “comida chatarra” que establecen el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre los productos ultra procesados con alto contenido de azúcares, grasas y otros compuestos que causan graves problemas de salud pública.
No resulta admisible que la Red Papaz que promovió la ley sobre comida chatarra haya sido acusada por lobistas de la Andi y de las empresas de comestibles, con el beneplácito de los ministerios de Salud y de Comercio, Industria y Turismo, de provocar la quiebra de las industrias por exigir transparencia en la información a los consumidores. Tal conducta riñe con los principios de integridad empresarial y con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
Finalmente, hay que decir que ninguna de las campañas incluyó una agenda de empresas y derechos humanos ni propuso una política pública al respecto.
Sólo una mención tangencial, pero significativa, hizo al tema la candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, en entrevista que concedió a Vicky Dávila:
VD: – “Dígame ¿qué multinacionales no deberían estar en Colombia?”
FM: “[…] un proyecto de explotación minera que va a afectar una fuente hídrica, que va a afectar ecosistemas, que va a envenenar con mercurio y cianuro las fuentes hídricas de este país que tiene un sistema de salud que no alcanza a atender los impactos del mercurio sobre la salud, por supuesto hay que revisarlo. Aquí no es el problema si es una multinacional o si es una pequeña empresa; […] Aquí no está en juego otra cosa que no sean los desafíos que hoy tenemos como sociedad en términos de la crisis ambiental.
VD – Pero la multinacional que se tenga que ir porque no lo está haciendo bien, que se vaya entonces
FM: “No. Pues tiene que revisar si está dispuesta a cumplir con unos estándares internacionales en términos de protección. Hoy hay organismos que vienen discutiendo a la luz del cambio climático, las políticas empresariales, no en Colombia sino en el mundo. Y esas políticas empresariales tienen que ver con la responsabilidad ambiental. […] y Colombia no puede ser ajena a eso.”
______________
[1] El gerente de Colanta expresó: “En un acto de responsabilidad con el país que nos ha permitido hacer empresa y crecer como seres libres, generadores de trabajo y bienestar para miles de personas, acudo a usted como Asociado y Trabajador de La Cooperativa para hacerle un llamado a la sensatez en las próximas elecciones presidenciales. […] te invitamos a participar en un acto de supervivencia votando por el orden y las oportunidades […] respeto por la propiedad privada, libertad de empresa e iniciativa privada”. El gerente del Grupo Bolívar señaló: “Nuestra democracia está en juego, nuestra estabilidad laboral peligra y nuestra libertad de prensa puede desaparecer. Nuestros ahorros de toda una vida y nuestras pensiones nos las podrían quitar, ¿qué tipo de libertad tendremos? […] La única manera de encontrar empleo es que la economía siga creciendo y eso solo ocurre si hay más y mejores empresas. ¿Cuál o cuáles candidatos promoverán el crecimiento de las empresas y con esto de la economía?”. El Colombiano, https://www.elcolombiano.com/colombia/economia-segun-gustavo-petro-empresarios-en-alerta-por-elecciones-2022-DG17551244 consultado el 14.06.2022 a las 12:57 horas.
[2] La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, señaló: “Hay un propósito común entre el gobierno y los empresarios. Cualquier tipo de diferencias de criterio o política se tienen que resolver en un espacio de diálogo con buena información en beneficio del país. Las diferencias son parte de las democracias y lo importante es tener los espacios de confianza para resolverlas. Hay diferencias frente algunas propuestas que se han hecho como la renegociación TLC, el ir apagando la exploración de petróleo y carbón y la generación de estabilidad y certidumbre jurídica para la inversión privada. Desde el sector privado estamos comprometidos en un diálogo con el gobierno que llegue el 7 de agosto para mirar conjuntamente desde las empresas y el Gobierno cómo podemos contribuir a lograr un crecimiento de la economía que genere más empleo formal y más igualdad social. El sector empresarial siempre buscará esa conversación y trabajar en beneficio de los colombianos”. Ibídem
[3] William Ospina, asesor del candidato Hernández, en Mesa Capital. Canal Capital. https://www.youtube.com/watch?v=AGhvlkhMtMw. min 45:29 – 47:20
[4] Papa Francisco. Carta encíclica Fratelli Tutti. Roma, 3 de octubre 2020, párrs. 122, 123, 168.
[5] El volteo de tierras consiste en una serie de actuaciones irregulares que, mediante trámites sospechosos o fraudulentos, se modifican los usos de suelo rural, de riesgo y ambiental por urbanos, para la construcción de proyectos inmobiliarios, obteniendo ganancias extraordinarias con el incremento del precio del suelo, sin ninguna inversión o esfuerzo económico.
Jaime Prieto Méndez
Foto tomada de: Caracol Radio
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