Consulta Popular, soberanía secuestrada y reformismo de oportunidad

La reciente derrota de la propuesta de Consulta Popular en el Senado de la República no sólo evidencia el cerco institucional que la oposición ha impuesto en torno al proyecto político progresista, sino que desnuda con crudeza la captura del aparato legislativo por una coalición que no representa el mandato del pueblo, sino los intereses del capital financiero, los gremios económicos, los grandes medios y una clase política enquistada en el privilegio. En este contexto, insistir en tramitar una nueva consulta popular por la misma vía que la rechazó —el Congreso— parece, en términos políticos y estratégicos, no solo ingenuo, sino profundamente inútil.

El Congreso actual, dirigido por figuras como Efraín Cepeda y dominado por los partidos tradicionales, no es una institución de mediación democrática sino una muralla diseñada para impedir cualquier transformación real del modelo social, económico y laboral vigente. Y mientras se traba el debate sobre los mecanismos de participación directa, la oposición lanza al ruedo su propia “reforma laboral”, no como apuesta sincera por la justicia social, sino como un movimiento cínico para disputar el relato popular, suavizar la precariedad sin tocar las estructuras y capitalizar el descontento con reformas cosméticas que perpetúan el orden dominante.

1.Una Consulta Popular sin Congreso: ¿Misión Imposible o Desafío Constitucional?

La Constitución Política de Colombia consagra, en su artículo 3°, que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Este principio —inspirado en las más radicales tradiciones democráticas— ha sido vaciado de contenido por una arquitectura institucional diseñada para subordinar la voluntad popular a los filtros de las élites representativas. Así, aunque los mecanismos de participación ciudadana están previstos en el ordenamiento jurídico (Consulta Popular, Referendo, Cabildo Abierto, Iniciativa Legislativa y Revocatoria del Mandato), su realización efectiva se encuentra supeditada a órganos de control cooptados o a un Congreso profundamente refractario a la democratización del poder.

El artículo 378 de la Constitución permite al presidente de la República someter a Consulta Popular un tema de trascendencia nacional, pero sólo “con previo concepto favorable del Senado”. Este requisito, de corte aristocrático, convierte al Senado —no al pueblo— en el verdadero soberano. Por eso, proponer una nueva consulta sobre los mismos temas que ya fueron negados por el Senado no sólo es inviable desde el punto de vista político, sino antitético desde la lógica de la democracia participativa.

2. ¿Qué otras rutas quedan? La movilización constitucional del constituyente primario

Frente a este cerco institucional, cobra relevancia la exploración de mecanismos alternativos para activar la soberanía popular sin depender del arbitrio del Congreso. Entre ellas destacan:

1. El Referendo por Iniciativa Ciudadana (Art. 378 y Ley 134 de 1994):

Este mecanismo permite a la ciudadanía convocar un referendo con el respaldo del 5% del censo electoral (aproximadamente 2 millones de firmas válidas). Si bien también requiere revisión previa por la Corte Constitucional y enfrenta múltiples controles burocráticos, su mayor virtud radica en que no necesita concepto favorable del Senado. La dificultad: los costos logísticos, el desgaste de movilización y el riesgo de nulidad por tecnicismos.

2. La Asamblea Nacional Constituyente (Art. 376):

Aunque se trata de un camino extraordinario, no puede descartarse como una vía legítima ante el agotamiento del modelo de representación actual. La convocatoria puede surgir por iniciativa popular con el apoyo del 10% del censo, por el Gobierno o por el Congreso mismo, pero debe ser refrendada mediante referendo. El riesgo: la incertidumbre sobre su composición, el control que pueden ejercer sectores conservadores sobre su contenido, y el largo plazo para su concreción.

3. Cabildos Abiertos Territoriales y Pactos Populares Vinculantes:

Aunque su fuerza jurídica es limitada a nivel nacional, los cabildos y pactos regionales pueden operar como dispositivos de pedagogía política, acumulación de fuerza social y articulación territorial del poder popular. En algunos casos pueden generar efectos jurídicos si se incorporan a políticas públicas o planes de desarrollo municipal y departamental.

4. Litigio estratégico y control constitucional de omisión legislativa:

Puede plantearse ante la Corte Constitucional la figura de la omisión legislativa relativa, alegando que el Congreso impide el ejercicio del derecho a la participación política directa al bloquear sistemáticamente los mecanismos de consulta. Sin embargo, este camino también se encuentra limitado por la cultura legalista y el formalismo de la Corte.

3. El problema de fondo: la cultura política del miedo y la delegación

Si bien existen rutas jurídicas alternativas, todas enfrentan un obstáculo mayor: la cultura política dominante. En Colombia, la democracia ha sido secuestrada no sólo por la arquitectura del poder sino por una ciudadanía entrenada para delegar, desconfiar y resignarse. El miedo a las transformaciones, la manipulación mediática, el clientelismo estructural y la violencia histórica contra líderes sociales y promotores del cambio han desincentivado la organización popular.

Los movimientos sociales, aunque fuertes en ciertos territorios, carecen de una articulación nacional sostenida que permita materializar estos mecanismos de participación con contundencia. El reto no es sólo técnico, es profundamente pedagógico, político y cultural.

4.La falsa reforma laboral de la oposición: simulacro y oportunismo

Mientras se bloquea el camino de la participación directa, los sectores que frenaron la consulta presentan una “reforma laboral alternativa” que no es más que una estrategia de camuflaje. Detrás de un lenguaje tecnocrático y moderado, lo que se oculta es una intención de perpetuar las órdenes de prestación de servicios como norma, y limitar el derecho a la negociación colectiva bajo el pretexto de la sostenibilidad fiscal y de la productividad.

Esta reforma no nace del diálogo social sino del cálculo político. Busca robar la bandera de la justicia laboral al progresismo, dividir la opinión pública, y posicionar al empresariado como interlocutor legítimo del pueblo. Se trata de una jugada peligrosa, no porque sea innovadora, sino porque pretende legitimar lo ilegítimo: el continuismo del modelo económico basado en la informalidad, el desempleo estructural y la tercerización como regla.

5. Recuperar el horizonte estratégico: pedagogía, movilización y poder constituyente

En este escenario, la tarea no es simplemente insistir ante el Congreso, sino desplazar el eje del debate hacia la base social. Se requiere una ofensiva pedagógica nacional que explique la trampa de la “democracia representativa”, la urgencia de activar el poder constituyente, y las vías posibles para recuperar la soberanía popular. Esto implica:

Construir una narrativa común que revalorice la participación directa, no como un recurso de emergencia, sino como principio rector del nuevo contrato social.

Articular sectores sociales, sindicatos, juventudes, comunidades indígenas, movimientos feministas, ambientalistas y populares en torno a una agenda mínima de país que sirva de plataforma para activar mecanismos constitucionales. Es necesario pensar en un Frente Unido del Pueblo con una plataforma de reivindicaciones sociales básicas que hagan efectiva la justicia social.

Promover asambleas populares, cabildos abiertos, foros constituyentes, y ejercicios territoriales de deliberación vinculante que generen legitimidad y presión política.

Formular una nueva propuesta de consulta o referendo con respaldo ciudadano, soporte jurídico sólido y un dispositivo logístico nacional robusto.

6. De la resistencia institucional a la refundación democrática

Colombia atraviesa un momento decisivo. Las élites políticas han demostrado su capacidad de resistencia, pero también su desconexión con el pueblo. El Congreso no es hoy la casa de la democracia, sino su negación. Por eso, más que insistir en una consulta bloqueada por la institución que representa la minoría privilegiada, se impone el deber ético y político de abrir nuevos caminos para que el constituyente primario —el pueblo soberano— tome la palabra y la historia en sus manos.

La ruta no será fácil. Los mecanismos legales están cruzados por controles, las instituciones no son neutrales y la cultura política está atravesada por la desconfianza. Pero tampoco lo fue la independencia, ni la resistencia a la guerra, ni las luchas por la tierra, ni el surgimiento de los movimientos sociales que hoy disputan el sentido del país.

En definitiva, la soberanía no se mendiga ni se delega: se ejerce. Y el pueblo colombiano, si logra articular su voz con claridad, podrá recordarles a quienes hoy celebran en el Senado su victoria pírrica, que la historia no la escriben las mayorías parlamentarias, sino las mayorías sociales.

Carlos Medina Gallego, Historiador y Analista Político

Foto tomada de: teleSUR