Primero la Cámara aprobó auspiciosamente la reforma, pero luego una Comisión del Senado la hundió sin miramientos. Entonces el presidente en una jugada de ajedrez incierta, imaginativa y audaz, pero sin eficacia previamente garantizada, propuso una Consulta Popular, mecanismo legítimo y constitucional que, muy pronto, fue desaprobado, aunque en votación estrecha, por la plenaria del Senado, la misma que un minuto antes había procedido a resucitar de entre los muertos el proyecto de la reforma, iniciativa del gobierno.
Como si no sobraran los sobresaltos en este vaivén inverosímil, de aceptaciones y reprobaciones, el gobierno – pensando con razón que esta resurrección bíblica no era más que una maniobra para desvalorizar la Consulta con una competencia desleal, la de un venerable difunto- resolvió atacar el milagro y anunciar el rechazo al resucitado o sea a su propia criatura. Que por cierto había cobrado vida, gracias a la apelación salvadora, elevada por uno de sus propios senadores amigos.
Lo cual dejaba la iniciativa legislativa en manos de la oposición, riesgo que activó las alarmas del gobierno, por lo que dio un giro, de modo que se decidió a respaldar su antiguo proyecto en el Senado; eso sí, sin dejar de insistir en una Consulta para que sea el pueblo, el que apruebe los fundamentos de ese mismo proyecto que, de cualquier forma, regresaría al Congreso, en caso de recibir el aval ciudadano. Mientras tanto, gran parte de la oposición parlamentaria, antes enemiga de esa ley en ciernes, supuestamente por ser catastróficamente inconveniente, repentinamente devenía su defensora, por tratarse ahora sí de una necesidad justificada.
Dificultades en la tortuosa relación Gobierno-Congreso: coaliciones variables
En el fondo de estos vaivenes, reside la pedregosa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, relación de cuya fluidez depende la construcción normativa que le da forma aproximada al proyecto político del gobierno, naturalmente a la luz de sus concepciones sobre el mundo y la sociedad.
Se está ante un hecho incontrovertible, el de una bancada minoritaria del gobierno en el Congreso; es un dato que impone la necesidad de conformar algún tipo de coalición mayoritaria para el desarrollo de la agenda y el cumplimiento de las promesas. Es algo que exige a su turno una estrategia, en cuya ecuación han de sumarse los acuerdos y la gobernabilidad. Se trata de una estrategia que debe enfrentar la fragmentación parlamentaria, resolverla mediante una suma algebraica, teniendo en cuenta, para jugar sabiamente, los factores como las distancias ideológicas, las ambiciones políticas, la extensión tolerable de una potencial coalición, a fin de gestionar bien el peso de cada uno de sus miembros; igualmente, las convergencias manejables y la composición del poder.
La estrategia en materia de coaliciones, desplegada por el “gobierno del cambio”, ha incluido momentos muy disímiles en un corto lapso, según la suerte que iban corriendo los capítulos de su agenda en el Congreso.
En una primera fase, Gustavo Petro levantó una coalición ampliamente mayoritaria, éxito que sin embargo le dio solo para sacar adelante la reforma tributaria, apenas el preámbulo para las partes sustanciales que vendrían después. Uno de esos puntos, la reforma de la salud, en la que el presidente se empeñó de modo particular, abrió un mar de discrepancias en los partidos y en la sociedad civil; con lo cual el jefe de Estado prácticamente “suicidó” una coalición que se anunciaba auspiciosa. El mismo presidente la dio por terminada sin siquiera fruncir el ceño. Fue así como inauguró una segunda fase, con la estrategia de atraer a grupos de parlamentarios de otras bancadas, sin necesidad de sellar acuerdos con las jefaturas de los partidos, una operación que le alcanzó para conseguir mayorías en la Cámara, no así en el Senado; fue un modus operandi, con el que hizo aprobar la reforma pensional, la misma que todavía debe pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional.
El naufragio en el Senado de otra reforma, la laboral, ha llevado al gobierno a una tercera fase, la de hablar de ruptura institucional con el Congreso y cambiar de escenario, al proponer una legítima Consulta Popular, la que sin embargo ha encallado también en el Senado; eso sí, por un estrechísimo margen en la votación, lo que indica que al menos para el uso de ese mecanismo de la democracia participativa, las fuerzas se han emparejado.
En todo caso, la radiografía de las estrategias, en la construcción de coaliciones mayoritarias, muestra una dificultad estructural, una cierta incapacidad auto-infligida, de parte del gobierno para asegurar las mayorías parlamentarias, causa de inestabilidad en la agenda y de ingobernabilidad en los procesos decisionales de carácter transformador.
Las carambolas en el billar de la política
Los desenlaces imprevistos, en los juegos de competición dentro de la acción social, productos no necesariamente deseados por los adversarios, semejan en ocasiones el movimiento geométrico de las bolas en la mesa de billar, con sus carambolas sorprendentes, pero también con sus posiciones subsiguientes inesperadas, las que se forman después de una “tacada”, según lo anotan los teóricos de los “efectos no-queridos”, como el sociólogo francés Raymond Boudon.
En el caso concreto de las disputas en torno de la reforma laboral, la intención de derrotar la Consulta, por parte de la oposición tradicionalista, terminó por rescatar simultáneamente el proyecto del gobierno, además por una mayoría de votos suficientemente amplia, un evento que por otra parte permite prever su aprobación por parlamentarios de las distintas orillas ideológicas, suponiendo que hubiese el tiempo requerido para los debates y las decisiones.
Claro, previos los acuerdos y las concesiones mutuas, que hagan viable el proyecto; en el cual deben recuperarse los derechos sociales conculcados en 2002, sin por ello excluir un régimen de excepciones y plazos en favor de las pequeñas y medianas empresas.
Son acuerdos potenciales que por supuesto siembran todo el proceso legislativo, en la Comisión IV y en la plenaria, de desconfianzas mutuas, por el alcance de las concesiones necesarias, reciprocidad de recelos que quizá ha llevado al gobierno por su lado a insistir en otra Consulta, nueva propuesta que, si fuere validada por el Senado, abriría una curiosa coexistencia y competencia de escenarios alternativos, solo que emergerían para la toma de decisiones del mismo contenido; eso sí, en formato distinto, no así en diferente sentido.
¿Voluntad de poder, sin gobernabilidad?
Esa búsqueda ansiosa de escenarios de confrontación -arenas subliminales de combate- sin que cambie el objetivo en disputa, y sin que se procuren entendimientos sobre el método para acercar el objetivo común, es todo un fenómeno de equívocos e inconsistencias. Por cierto, hace pensar en el hecho de que a los contendores les comienza a interesar menos el objetivo común que el método diferenciado; menos la reforma que la propia acción política. Se trata más de derrotar al jugador contrario que de avanzar en una agenda social; desde luego que ésta importa, pero como pretexto para ganar el juego de contrarios; para acercarse en lo posible a una “suma de gana-pierde”; o suma cero. Comienza a importar más el medio que el fin.
Es una coyuntura, en cuya evolución se revela, de cara a los próximos desafíos electorales en el 2026, los desajustes internos entre las distintas dimensiones de la voluntad de poder y del sentido en que ésta se traza.
La referencia es a tres de las dimensiones y sentidos de esa voluntad de poder, la triple i: a) la i de ideología, b) la i de interés y c) la i de instrumentalización. La primera tiene que ver con pensamiento y doctrina; la segunda guarda relación con lo corporativo y con las aspiraciones materiales de un grupo o de una clase; mientras tanto, la tercera i está asociada a la voluntad de poder propiamente dicha, al poder por el poder, a la mera ambición de ejercerlo, proceso que supone sobre todo la afirmación de una élite o de una contra-élite, mediante el control de los resortes claves en la representación y en las decisiones, sin que ya importen mucho la coherencia ideológica y las reivindicaciones “espontáneas” o económicas, así mismo las estamentales. Son por supuesto dimensiones que en la realidad aparecen entremezcladas en las conductas de los agentes del poder.
El orden político, bajo las circunstancias actuales, pareciera marchar con más intensidad bajo las pautas del poder instrumental, al tiempo que se atenúan la dimensión ideológica y la de los intereses sociales. Es en ese sentido, en el que se van conformando los bloques de la “derecha” y de la “izquierda”, independientemente del discurso ideológico y moral; y aunque, por otro lado, la agenda de transformaciones, la llamada gobernabilidad estructural, se aplace sine die.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: El País
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