No pasa una semana sin que un nuevo hecho sacuda la política colombiana en un país que se desencuaderna a un ritmo sostenido. A las dificultades que han entorpecido el avance de las reformas sociales que propuso el gobierno de Gustavo Petro, causadas por tensiones internas de un gabinete formado por figuras de orientaciones políticas diversas, la ausencia de verdaderos partidos políticos, los intereses personales y la egolatría de eximios dirigentes se suman la desaparición de la coalición legislativa con la que comenzó el gobierno del cambio y la creciente polarización de una sociedad que solo piensa en términos binarios, excluyentes y radicales. Y como si fuera poco, escándalos que recuerdan tiempos pasados y que dan pie a enfrentamientos que contribuyen a debilitar las instituciones generando desconcierto en una ciudadanía cada vez más incrédula.
El escándalo que ha rodeado al Gobierno a raíz de la crisis política generada por los audios del exembajador en Venezuela Armando Benedetti en los que insinúa que entraron dineros turbios a la campaña de Petro y que involucraron a la antigua jefa de gabinete, Laura Sarabia, ha paralizado los proyectos de ley con los que el Gobierno busca cambiar los modelos de salud, de pensiones y de trabajo.
Los señalamientos de interceptaciones telefónicas y el supuesto ingreso de millones a la campaña del hoy presidente agravó el enfrentamiento de este último con los órganos de control acusados de extralimitar sus funciones para sancionar altos cargos y dar paso a lo que el jefe del Estado ha llamado una guerra jurídica contra el Gobierno que puede desembocar en un “golpe blando” como los que se llevaron a cabo en Brasil o en Perú para destituir a Dilma Rousseff y a Pedro Castillo respectivamente. Los señalamientos de Petro al Fiscal General y a la Procuradora provocaron la reacción del Consejo de Estado el cual le hizo un llamado al mandatario a que no socave la independencia judicial y respete la separación de poderes, lo cual no ha sido óbice para que el Pacto Histórico deje de considerar que el Fiscal General se ha convertido en un vocero de la oposición y lo haya denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, alegando que el mismo invitó en una entrevista radial a la insubordinación y desobediencia de la fuerza pública al enviarle un mensaje al director de la Policía, al director dela DJIN y a los directores de la SIJIN en el que afirmaba: “no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”. Este mensaje fue entendido por el presidente y los congresistas de su movimiento como una invitación a la sedición.
La denuncia a un “golpe blando” ha sido compartida por cientos de personalidades de la izquierda internacional que dieron a conocer el 7 de junio una carta firmada por más de 370 intelectuales, políticos y líderes sindicales entre los que se destacan el jurista español Baltasar Garzón, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el líder laborista británico Jeremy Corbin, el activista estadounidense Noam Chomsky, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el excandidato presidencial francés Jean Luc Mélenchon, así como los expresidentes Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.
En su misiva, los firmantes declaran: “A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”. El documento, que menciona nombres propios, subraya que las acciones emprendidas por el fiscal y la procuradora “pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas” lo que dificulta que las reformas que quiere adelantar Petro en el Congreso lleguen a buen puerto. El documento destaca en particular el caso del senador Wilson Arias contra quien se abrió un proceso por el supuesto delito de “pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021”.
En la actualidad, las reformas están paralizadas en el Congreso, la ciudadanía desconfía de sus dirigentes y la tarea inmediata del Gobierno se centra en la recomposición de una coalición que saque adelante las reformas. En otros términos, la política está en el orden del día. Sin embargo, queda abierto un interrogante: ¿cómo entender la política?
Es de común aceptación que la política nace del conflicto, que es la lucha por el poder y que el poder político dispone de un medio específico que es la fuerza, es decir, la coacción; pero también tiene un fin supremo sin cuya persecución el poder mismo se debilita. Este fin es la convivencia. Impedir la convivencia es abrir un espacio a un conflicto generalizado, a la guerra civil. En consecuencia, solo en función del fin político de imponer el orden e impedir la disgregación de la convivencia en conflicto generalizado la coacción adquiere la naturaleza de medio específicamente político. En una democracia, alcanzar esta meta comienza por el reconocimiento del otro y supone la búsqueda de consensos, el diálogo y el respeto de las normas pactadas. El poder político es coactivo, pero dotado de validez, capaz de minimizar la fuerza.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Cámara de Representantes
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