Pero los compromisos de campaña, las presiones gremiales, pudieron más que el cinismo gubernamental, y el Gobierno ha vuelto a encontrar en los eufemismos, el camino para decirle al país que la reforma no es reforma, que lo que se va a hacer es solo poner al país en los contextos modernos del mundo del trabajo. El salario por horas se convierte así en la forma de entender las nuevas relaciones del trabajo, lo que nos deberá llevar, ahora sí, a mejores estándares de empleo e incluso de ingresos.
Si esto no fuera tan serio para el país, probablemente lo mejor sería hacer eco de los memes e incluso burlarse de la molestia que tienen los ingenieros de sistemas, sin duda un ejemplo pésimo de la Ministra, desafortunado por decir lo menos, pero que, para ser sinceros, podrá aplicarse a cualquier profesión, a cualquier oficio, al suyo o al mío. El Presidente ha salido precisamente a decir esto, que la Ministra no se debió referir a una profesión específica; así que ya no se sabe quién lo hace peor, si la Ministra o Duque.
La tasa de desempleo en el país ha venido en aumento, el dato de cierre del año 2018 volvió a ubicarse en dos dígitos (10.5%), cifra que no se tenía desde el año 2012. La población ocupada en el país frente al año 2018 descendió en 192.000 personas, reducción que se dio con más fuerza en los centros poblados y rural disperso (215.000 ocupados menos), es decir, sigue siendo el mundo rural quien debe de asumir los efectos negativos de las políticas públicas. En las 10 principales ciudades también hubo un descenso de la población ocupada, aunque en menores proporciones (16.000 puestos de trabajo).
De los empleos desaparecidos, las mujeres tuvieron las mayores pérdidas (152.000), las mujeres entre 25 a 54 años, padecieron el mayor efecto (129.000), no obstante, las mujeres jóvenes aumentaron su participación en 41.000 puestos de trabajo.
Sigue siendo una paradoja que la población inactiva[1] se mantenga al alza, varió entre los dos años el 5.6%, pasando de 13.660 en 2018 a 14.425 al cierre del 2019. No se entiende muy bien cómo se produce esto cuando precisamente hay una mayor presión en los mercados laborales para la generación de puestos de trabajo, o se trata de una vez por todas del desánimo de la gente para buscar trabajo. Es decir, los ocupados son menos, los inactivos son más y estadísticamente el efecto sobre la población que es considerada desempleada será menor. Interesante juego metodológico que el país deberá discutir. Por ahora, y de acuerdo con las cifras del Dane, la tasa de desempleo está dada y la tendencia es al alza para el año 2020 (10.6%), de acuerdo con las encuestas que el Banco de la República realiza con empresarios
A este panorama de desempleo, de pérdida de puestos de trabajo, de población que se declara inactiva, se debe sumar un fenómeno que también es creciente en el país: la informalidad. Si esta es medida por el DANE, que lo hace con base en la metodología de empresas de menos de 5 trabajadores, o los que estando laborando no tienen remuneración, la informalidad se ubica en el 47.2%. Si esto se mide a través de los pagos a la seguridad social, las cifras pueden ser tan disímiles como formas de enfocarla se quiera, es decir, si paga salud, si paga pensión, si lo hace a las dos, si tiene caja de compensación o si paga ARL. De cualquier forma, las mediciones pasan los datos iniciales medidos por la metodología del Dane descrita y pueden llegar a ser del 70%, que se calcula como la población que no cotiza a la seguridad social.
El decir de la Ministra sobre las formas no modernas de contratación es absolutamente falso. Los contratos rígidos de trabajo cada vez tienen una menor utilización y desde los empresarios, pero también el propio Gobierno, se utilizan formas como las órdenes de prestación de servicios, que no son otra cosa que el trabajo a destajo, incluso por horas, con la obligación de que sea el trabajador quien se encargue del pago de la seguridad social. También existen una gran cantidad de oficios que no pasan siquiera por un contrato formal y que no están mediados por el salario legal. Las reformas laborales en los últimos 25 años han tenido el propósito de flexibilizar el trabajo, de abaratarlo y reducir las obligaciones de los empresarios para con el sistema público de protección social, y lo han logrado, pero aún falta por eliminar el incómodo piso de protección que es el salario mínimo.
No se puede esperar más entonces de un gobierno corporativo que le sigue apostando a reformas económicas que profundizan la prevalencia de los mercados sobre las decisiones individuales y colectivas de las gentes del país. Pero, así como el bienestar, los ingresos, la salud, las pensiones, entre otros bienes que deberían tener un fuerte componente público, la producción del país debería ser un propósito nacional y sí que sería un camino virtuoso para enfrentar la falta de empleo del país. La destrucción de puestos de trabajo tiene una explicación fundamental en el deterioro de la producción, en los procesos de desindustrialización y desruralización que se han tenido en el país en las últimas tres décadas. Sin embargo, es clara la falta de políticas que conduzcan a un aumento sustancial y a una ampliación de las estructuras productivas, aunque si se amplían las bondades comerciales a otros países que con estructuras productivas más fuertes pueden ingresar sus productos al mercado nacional contribuyendo al deterioro y al marchitamiento de las empresas que hoy tienen asiento en el país. Sin lugar a dudas estos procesos comerciales, de modernización, han conducido a un profundo deterioro de la producción nacional, que, se puede demostrar empíricamente, han obedecido más a una apertura a las importaciones que a una apertura en mejora de nuestras exportaciones.
Visto así, en estas perspectivas, la propuesta de trabajo por horas sí que tendrá una oferta sustancial. Ante la falta de empleo y en particular de empleo decente, la búsqueda de un ingreso hará que los y las trabajadoras deben ceder y aceptar las condiciones que imponga el mercado. No habrá muchas razones para que los empresarios mantengan contratos de tiempo completa, cuando la propia Ministra sale a alentar la contratación por horas. El cambio de formas de contratación será inevitable. El pago por horas dará al traste con la norma del salario mínimo y los pagos a la seguridad social podrán hacerse ya no desde el salario mínimo (que hoy por norma no pueden ser inferior a este) sino por las horas contratadas. En últimas disminuirán. Será sin duda un gran logro empresarial, el abaratamiento máximo del trabajo y la falta de estabilidad, una mayor precarización laboral. Habrá que esperar entonces una caída sustancial de los ingresos del trabajo; ya los problemas de financiamiento a la seguridad social y el logro de las condiciones necesarias para una pensión vendrán después, así que hay que abrirle camino a eso, es decir a la reforma pensional.
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[1] De acuerdo con el DANE, la “Población Económicamente Inactiva (PEI) comprende a todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y servicios porque no lo necesitaban, no pueden o no están interesados en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen las personas que son exclusivamente: estudiantes, personas dedicadas a oficios del hogar, personas pensionadas, personas jubiladas, rentistas, personas incapacitadas permanentemente para trabajar, personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, otras personas incluidas dentro de la población en edad de trabajar (PET). https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_inactividad/bol_eje_inac_ene19_mar19.pdf
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle.
Foto tomada de: colombia.com
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