Las cifras del DANE así lo confirman, en medio del fenómeno mediático que esta entidad ha resultado tener, por los temas del Censo y de las revisiones de los datos pasados, como ya lo hemos analizado en otras columnas. De acuerdo con el DANE, en el año 2018 la pobreza multidimensional llegó al 19,6% para el total nacional, cuando en el año 2016 era del 17,8%, esto quiere decir que entre 2016 y 2018, 1.107.000 personas entraron a la pobreza multidimensional en el país. Si se observa la medición desde el criterio de pobreza por ingresos, se tiene que la pobreza monetaria fue 27,0% para el año 2018, de esta manera 190.000 personas entraron a la pobreza monetaria.
El aumento de la pobreza multidimensional es aún más preocupante que la propia pobreza monetaria, debido fundamentalmente a que este indicador integral refleja el acceso de las personas, de los hogares a diferentes servicios y bienes públicos, lo que quiere decir que esa cantidad de personas descrita dejó de recibir diferentes bienes públicos, dejándolos en una condición que debería ser de gran preocupación para el país. 9.69 millones de personas se encuentran entonces en pobreza multidimensional en Colombia. Situación grave si se considera que el país venía de un período de reducción significativa de la pobreza. Se volvió así a los datos del año 2015.
Todas las dimensiones de la pobreza multidimensional se deterioraron: Educación, Niñez y juventud, Trabajo, Salud y Vivienda. Esto último fue lo que más aportó a la variación seguido por el trabajo. No obstante, la dimensión que más aporta a la pobreza es la educación, una paradoja, es donde más se debería estar haciendo énfasis, pero ya se ha hecho manifiesta la reducción de la matrícula en todos los niveles educativos; una crisis silenciosa que tendrá enormes consecuencias hacia el futuro del país. Son entonces los y las niñas, jóvenes y adolescentes quienes asumen los mayores riesgos de la pobreza y, lo que puede ser peor, la persistencia en ella, los círculos viciosos de la pobreza.
La inequidad del país es tal que, por ejemplo, Bogotá que concentra la economía y las oportunidades en el país, tiene un indicador de 4.4% y Guainía es el departamento de mayor pobreza con el 65% de la población en esta condición. Por cabeceras de departamentos, Guainía (46,9%), Vichada (39,7%), La Guajira (34,1%), Magdalena (33,2%) y Sucre (30.9%) tienen los mayores niveles de pobreza. Estas cifras adquieren características mayores cuando el análisis se presenta por los centros poblados y rural disperso: Vaupés (78,8%), Guainía (72,7%), La Guajira (72,5%), Vichada (67,3%) y Chocó (59,6%). La medición en Bogotá para la ruralidad asciende a 19.2%. Con esto, las brechas urbano – rural alcanzan a ser del 26.1% en el país, alejando así las posibilidades de comprender lo rural como una real posibilidad de calidad de vida. Las cifras de verdad son alucinantes.
Las diferencias, siempre denunciadas, en los niveles salariales entre hombres y mujeres dejan a estas en mayores posibilidades de ser más pobres. Por pobreza monetaria, las mujeres cabezas de hogar son más pobres (29.6%) que los hombres (25.7%). Un elemento más de desigualdad. En los hogares, el número de personas aumenta la probabilidad de ser pobres: en los hogares de más de 4 personas la pobreza llega a al 34%, mientras que en los unipersonales es del 9.9%.
Profundizando, la inequidad cobra una mayor relevancia cuando se analizan las cifras tributarias. Los beneficios tributarios, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN, sumaron en el año 2018 unos 80 billones de pesos, unas 10 reformas tributarias. Por eso mucho se le ha insistido al Gobierno que los dineros están en estos rubros y no tendría que entrar a presionar aún más a los trabajadores o engañar las cuentas fiscales con ventas de activos haciéndolos pasar como ingresos corrientes, tal y como lo denunció Guillermo Perry.
En la renta, a las personas naturales las exenciones fueron de 6.13 billones de pesos, para las personas jurídicas las exenciones llegaron a 6.34 billones. La deducción por inversiones en activos fijos fue de 0.9 billones. Entre 2017 y 2018, las exenciones a las empresas aumentaron en 1 billón de pesos. Los montos mayores corresponden a los bienes y servicios excluidos del IVA que significaron 51.9 billones, los bienes exentos tuvieron un costo fiscal de 9.73 billones. Esto deberá obligar a una revisión seria del tema del IVA, pero no tomando la canasta familiar en general como se quiso hacer en la pasada Ley de Financiamiento, sino concibiendo la equidad tributaria como un punto de partida. Por ejemplo, los servicios bancarios o las bebidas alcohólicas tienen un IVA del 0% pero los productos de higiene ya tienen el 19%.
No son fáciles entonces los retos que el Gobierno tiene frente al tema de pobreza y desigualdad. No se puede divagar más en torno a políticas de infraestructura, de salud y educativas. El campo es una absoluta prioridad y tal vez en la dimensión territorial que requiere mayor atención y donde se encontrarían victorias tempranas.
Las crisis del empleo y de las matrículas educativas, que en buena parte van de la mano, conducirán a situaciones más apremiantes de las ya descritas. La equidad y el combate a la pobreza deben ser prioridades para el Gobierno, para el Estado. No parecen serlo, y por el contrario el manejo fiscal y tributario tiende a profundizar la desigualdad. En manos del Gobierno está el cómo quiere ser reconocido por la historia.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle
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