CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Las múltiples violaciones[3] de los derechos humanos de las personas que dedican su vida precisamente a defenderlos, promoverlos y exigirlos, brindan elementos para declarar el fenómeno como un crimen de lesa humanidad contra un grupo poblacional particular por el cual ni la Corte Penal Internacional, ni el Sistema Interamericano de derechos humanos han condenado al Estado colombiano aún.
Entre las violaciones de los derechos humanos más graves de las que este grupo poblacional es víctima están el asesinato y la desaparición forzada. Estas violaciones al derecho a la vida configuran un crimen de lesa humanidad por sus características: son un fenómeno generalizado, sistemático[4], reiterado, constante, selectivo y no indiscriminado que evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito, ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta y perpetrado de manera metódica y no aleatoria. Es un crimen ante el cual el Estado colombiano ha demostrado falta de eficacia y en muchas ocasiones falta de interés para conjurarlo.
Colombia, de lejos, sigue siendo el país en el que más líderes y lideresas sociales asesinan en el planeta; año tras año el país ha ocupado los primeros lugares de asesinatos a nivel mundial según informes de organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil[5].
A pesar de que cada año y desde hace más de 30 años, diversas organizaciones de la sociedad civil colombiana, instituciones del Estado y organismos internacionales advierten, alertan y hacen recomendaciones sobre los riesgos actuales y venideros para este grupo poblacional, el Estado las desoye y el fenómeno persiste, se repite y se agudiza.
La problemática, sus causas, efectos y posibles soluciones están identificados desde hace décadas y las recomendaciones para remediarla también se hacen de manera reiterada sin que el Estado las acoja o satisfaga. Por el contrario, el Estado (bajo los diferentes gobiernos) una y otra vez niega la gravedad o la existencia del fenómeno, niega la condición de liderazgo de muchas víctimas, propone las mismas soluciones que han demostrado ser ineficaces o poco eficaces e incumple los acuerdos a los que se compromete, incluido el Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
Dedicarse al liderazgo de una comunidad en pos de la búsqueda de condiciones de vida dignas o a la defensa de los derechos humanos en el país ha representado riesgos desde hace tiempo. En 1794 la traducción de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano -formulada durante la Revolución Francesa en 1789-, hecha por Antonio Nariño, le acarreó grandes pesares y persecuciones por parte de quienes gobernaban el Virreinato de la Nueva Granada. Más recientemente, las organizaciones de la sociedad civil han venido haciendo exigencias al Estado colombiano en esta materia desde los años 70 del siglo pasado. A partir de 1994, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos fueron más incisivas en requerir que el Estado implementase medidas eficaces para garantizar el respeto y la protección para las personas defensoras de derechos humanos y las lideresas y líderes sociales, y se enfocase en atacar las causas de las amenazas y los asesinatos. Casi medio siglo después de las primeras denuncias y exigencias de las ONG, este crimen de lesa humanidad persiste y cuando una defensora, defensor o líder es víctima de asesinato representantes del gobierno hacen visitas al territorio, se reúnen, prometen investigaciones exhaustivas y judicializaciones; después se van y dos días después matan a otra persona defensora. Pero los crímenes continúan cubiertos bajo el manto de la impunidad, según el último informe de la organización Human Rights Watch, en sólo el 15% de los casos de homicidios de defensores de derechos humanos cometidos desde 2016 se han obtenido condenas[6].
Cada violación al derecho a la vida cometido contra esta población tiene características y actores específicos; cada vida apagada es única, es irrepetible e irreparable y ocasiona un daño inmenso a la comunidad por la que trabaja. A la vez, cada uno de estos crímenes comparte elementos en común con los demás; abordarlos permite evidenciar condiciones que definen posibles patrones identificables respecto a su comisión. Los elementos en común en estos crímenes, que se hallan en los diferentes informes, denuncias y registros de prensa, permiten identificar patrones con respecto a por lo menos cinco aspectos: 1. La naturaleza del fenómeno, 2. El tipo de víctimas, 3. El tipo de victimarios, 4. El modus operandi de los victimarios y 5. La espacialidad de los crímenes.
Con el objetivo de no repetir información que ya es ampliamente conocida y destacar algunos elementos importantes de la información recogida en diversos informes y denuncias de organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales y organismos internacionales, a continuación se enunciarán algunos hallazgos poco abordados sobre los que se puede ahondar:
HALLAZGOS ESTADÍSTICOS
Lo expuesto a continuación se sustenta en informes y registros del Programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos Somos Defensores[7], del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ [8], de informes de organizaciones de derechos humanos regionales y nacionales recopilados y editados por la Comisión Colombiana de Juristas[9] y diversos informes y pronunciamientos de Naciones Unidas[10].
TENDENCIAS
Este crimen de lesa humanidad evidencia una preocupante tendencia al ascenso. A pesar de la diferencia numérica entre los registros de cada organización, la tendencia ascendente es evidente en todos los informes, tal y como se muestra en la tabla y el gráfico 1. En los registros de organizaciones que llegan sólo hasta julio o septiembre de 2020, si se compara el mismo período de años anteriores la tendencia permanece. Incluso, según el Programa Somos Defensores, el número de asesinatos registrados hasta septiembre de 2020 y había superado la totalidad de los registrados en 2019.
En la siguiente tabla se puede evidenciar, además, la diferencia en el número de casos registrados por cada organización consultada y el número total de víctimas de este crimen.
¿EL COVID 19 PROPICIÓ MÁS ASESINATOS EN LAS CASAS DE LAS VÍCTIMAS?
Uno de los elementos que demuestra que los crímenes son eventos planeados y no fortuitos, además de una identificación clara de la víctima, es la capacidad de los victimarios para localizar el lugar o lugares de residencia o permanencia de las víctimas. Ambos son fruto de actividades de seguimiento e inteligencia.
Resulta claro que la situación y las medidas implementadas por el gobierno para enfrentar la pandemia por COVID 19 fueron aprovechadas por los grupos armados como oportunidad para afianzar y expandir su poder así como las medidas de control social que imponen en los territorios que controlan o se disputan con otros grupos[12]; incluso estas medidas fueron expresadas por grupos armados (tanto legales como ilegales) como “justificación” de asesinatos cometidos en medio de las medidas de confinamiento de la población.
Para responder al interrogante planteado, y teniendo en cuenta el margen de error derivado del posible sub-registro, los registros abordados muestran que al menos 125 líderes fueron asesinados(as) en sus hogares; lo cual, si se toma como base los registros de INDEPAZ[13], representaría un 40,3% del total de asesinatos de 2020[14].
Si se toma en cuenta la información registrada en el mencionado informe compilado por CCJ et al sobre patrones en los asesinatos de líderes sociales, que afirma que el número de asesinatos de líderes sociales cometidos en sus hogares entre noviembre de 2016 y julio de 2018 fueron 106 (41,24% del total), se puede inferir que en tan sólo 2020 fueron asesinadas en sus hogares al menos 19 personas más que en el período de noviembre de 2016 a julio de 2018. Sin embargo, con respecto a la proporción, se mantendría el mismo porcentaje con respecto al total de asesinatos, o el aumento de este sería marginal[15].
MODUS OPERANDI
Los asesinatos se cometieron principalmente con arma de fuego, de este número de asesinatos cometidos con arma de fuego la mayoría se cometieron con armas cargadas con munición fabricada por la Industria Militar Colombiana INDUMIL[16]. La Fiscalía General de la Nación es la que debe esclarecer las proporciones exactas en las que se asesina con munición fabricada por el Estado colombiano y cómo esta termina en las armas de los grupos armados que cometen los asesinatos; así mismo, es su deber desmantelar las redes que propician que esto suceda. Al menos 281 asesinatos se cometieron con arma de fuego involucrada (90,3%), 13 con arma blanca involucrada, tres con arma contundente y dos mediante asfixia. Algunas víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas. De 16 víctimas no se registró el arma utilizada en su asesinato.
Los victimarios en la mayoría de estos casos actúan de dos maneras que dependen de las condiciones concretas del lugar en el que se cometen los crímenes: en los centros con mayor densidad poblacional los asesinatos se cometen mediante la modalidad de sicariato, es decir, se designa una persona que vigile el lugar elegido para perpetrar el crimen y la ruta de escape, una persona que maneje el vehículo de la llegada y la huida (por lo general una motocicleta) y una persona que dispare el arma. En los lugares con menor densidad poblacional las víctimas son asesinadas por grupos de varios hombres dotados con armas largas quienes los sacan de sus casas o los abordan en sus lugares de trabajo o en carreteras y caminos para someterlos y fusilarlos. Así, salvo contadas excepciones, se cometen la mayoría de los crímenes y esto denota que son acciones planeadas de manera cuidadosa y los perpetradores, en estos casos, hacen parte de una estructura armada con control territorial, en la cual hay una “división del trabajo” y una estructura de mando. Desde el 2016 el Sistema de Alertas Tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada la expansión territorial y el crecimiento de estos grupos sin que el Estado cumpla con lo acordado en el Acuerdo de Paz referente a este tema.
Otro elemento preocupante es que al menos 19 de las víctimas fueron asesinadas al salir de o durante eventos de diversión nocturna y esparcimiento, 12 eventos de este tipo ocurrieron en el Cauca.
VIOLENCIA GENERALIZADA[17] EN LAS REGIONES AFECTADAS
Aunque es un fenómeno que se presenta de manera reiterada en 30 o 31 de los 32 departamentos del país, los más afectados, año tras año, son los mismos: Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Huila, Bolívar, Meta y Caquetá. Cada año el SAT de la Defensoría del Pueblo advierte sobre los riesgos de violaciones masivas de derechos humanos mediante Alertas Tempranas para municipios en los que, año a año los riesgos se consuman sin que el Estado cumpla con los deberes consignados en su carta magna y frene el fenómeno criminal.
Los municipios donde se presentan tanto asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de firmantes del Acuerdo de Paz o de sus familiares, como el fenómeno de las masacres, configuran territorios de extrema violencia en los cuales la ley es impuesta por los grupos armados. Se evidencian coincidencias geográficas de simultaneidad para estos fenómenos de violencia:
De los 47 municipios en los que fueron asesinados firmantes del Acuerdo de Paz, en al menos 31 (66%) se registraron, además, asesinatos de personas defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales.
MASACRES
Se entiende la masacre como un tipo de asesinato cuyas víctimas son varias personas en estado de indefensión. En Colombia, organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)[18] y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ[19] lo han entendido como el asesinato de tres o más personas desarmadas en un mismo hecho. En 2020 el gobierno colombiano utilizó en varias ocasiones el concepto[20]. Sin embargo comenzó a utilizar con mayor frecuencia e intentar sustituir en el lenguaje el concepto de masacre por el de “asesinatos colectivos”. En su último informe, la Misión de Verificación de la ONU no utiliza el término de masacre ni el de “asesinato colectivo”, en su lugar habla de “asesinatos de numerosos civiles”[21]. Las normas internacionales y el código penal no manejan el concepto de masacre pero en algunos documentos de la ONU definen la masacre como “Un asesinato masivo intencional de civiles que no participan directamente en las hostilidades, o de combatientes fuera de combate, por fuerzas o grupos armados organizados en un solo incidente, en violación del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos”[22]
Las masacres también son un fenómeno que viene en aumento. Para el 2020 INDEPAZ reportó al menos 381 víctimas en 66 municipios en los que se registraron 91 masacres[23]. Al menos en 44 de estos municipios (66,7%) se registraron (además de las masacres) asesinatos de personas defensoras, o de sus familiares, o asesinatos de firmantes del Acuerdo. En 17 de ellos se registraron los tres fenómenos de manera simultánea (masacre, asesinato de defensores y de firmante del Acuerdo de Paz; o masacre, asesinato de defensores y asesinato de un familiar). Es evidente un panorama de altísimos niveles de violencia para los municipios de: Tumaco (Nariño), Santander de Quilichao, Mercaderes, Piamonte y Suarez (Cauca), Algeciras (Huila), Puerto Asís (Putumayo), Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), Ituango (Antioquia), Maicao (La Guajira), Montecristo (Bolívar), Quibdó (Chocó), San José del Guaviare (Guaviare), Tibú (Norte de Santander), Tierralta (Córdoba), y Bogotá. El que Bogotá y Cali se encuentren dentro de las zonas críticas deja en evidencia que estos crímenes no sólo se llevan a cabo en lugares apartados de los centros de poder y sin presencia del Estado.
HOMICIDIOS
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la tasa de homicidios en 2019 era de 24,05. Para 2020, la mayoría de los 22 municipios más críticos[24] en materia de asesinatos de líderes sociales superan con creces, incluso algunos en más de 10 veces, a la tasa de homicidios nacional, como se puede ver en la tabla 2. En algunos municipios críticos en homicidios de líderes, pero con tasas bajas si se comparan con la media nacional, la violencia asesina se enfoca hacia las y los líderes, por ejemplo: Ricaurte con dos líderes asesinados en 2019 (que representa el 66,7% de un total de tres asesinatos registrados en el municipio para ese año), Barbacoas con dos líderes asesinados en 2019 (que representa el 25% de un total de ocho asesinatos en el municipio) y Tierralta con un líder asesinado en 2019 (que representa el 20% de un total de cinco asesinatos en el municipio).
Estos son solo algunos de los municipios en los que la violencia extrema perpetrada contra la población civil crea territorios de violaciones masivas a los derechos humanos de la población a la cual los actores armados y sus beneficiarios intentan imponer la dominación mediante las armas y el terror en un círculo vicioso de violencia que se viene repitiendo durante décadas.
Estos pocos elementos expuestos muestran la agudización de algunas de las muchas barreras para el ejercicio de la democracia y la garantía del ejercicio de los derechos humanos que llevan a cabo un grupo poblacional fundamental para la sociedad en general. Es necesario reconocer estos crímenes como crímenes de lesa humanidad y que el Estado colombiano sea llevado ante tribunales por ellos. Las organizaciones sociales deben continuar monitoreando y registrando los crímenes para este fin y para entenderlos y evitarlos. La sociedad debe continuar movilizándose para denunciar estos crímenes y respaldar la labor de quienes buscan un futuro digno para ella.
De continuar con la tendencia expuesta, el ejercicio de la democracia y el de la defensa de derechos humanos, o la simple búsqueda de condiciones de vida dignas, serán cada vez más puestos en riesgo por los actores poderosos que usan las armas y la violencia para imponer su voluntad sobre un pueblo que intenta sobrevivir en medio de las violencias socio políticas y económicas, y ante la mirada impasible de un Estado violador de derechos humanos y con alrededor de 22 sentencias en las que la justicia internacional lo ha condenado por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. Las armas en la política y la política del terror y la muerte seguirán rigiendo el destino de millones mientras se perpetúan el saqueo y vaciamiento de sus territorios aunados al intento de desestructuración de sus organizaciones sociales.
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[1] Naciones unidas registra 31 firmantes de paz asesinados en 2017, 65 en 2018, 77 en 2019 y 73 en 2020.
[2] Según INDEPAZ en 2020 los grupos armados cometieron 91 masacres en las que 381 personas fueron asesinadas. Disponible en http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
[3] Entre ellas, agresiones múltiples que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, asesinato de familiares, estigmatización, judicialización ilegal, amenazas de muerte y dificultades para conseguir trabajo.
[4] Según la jurisprudencia del Tribunal Especial para la Ex Yugoslavia, UN ACTO GENERALIZADO “se refiere a la escala de los actos perpetrados y al número de víctimas” -en 2020 este fenómeno se presentó en al menos 129 municipios de 30 departamentos, las víctimas por año se exponen abajo-. Mientras que UN ACTO O ATAQUE SISTEMÁTICO “requiere una naturaleza organizada de los actos y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria”. “Los patrones de crímenes, es decir, la repetición no accidental de conductas delictivas similares en forma regular, son una expresión común de una ocurrencia sistemática”. La naturaleza sistemática de un ataque puede “expresarse a menudo a través de patrones de crímenes, en el sentido de Repetición regular de conductas delictivas similares”. Consultado en: Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Años 2000, 2001, 2002, 2003. Traducción del autor. Consultado en: https://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/index.htm
[5] Por ejemplo, en los informes de Frontline Defenders, Global Witness y de Naciones Unidas disponibles en: https://www.frontlinedefenders.org/es/publications , https://www.globalwitness.org/es/blog-es/colombia-leads-number-killings-2019-global-witness-reports-es/ y https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571 respectivamente.
[6] “Hasta septiembre, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 397 casos de homicidios de defensores de derechos humanos cometidos desde 2016 y había obtenido condenas en 61 casos”. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377396
[7] Informes trimestrales, semestrales y anuales del Programa Somos Defensores. Disponibles en: https://somosdefensores.org/informes-semestrales-siaddhh/
[8] Listados de Líderes sociales asesinados de INDEPAZ. Disponibles en: http://www.INDEPAZ.org.co/lideres/ ; en http://www.indepaz.org.co/informe-lideres-y-defensores-de-ddhh-asesinados-al-26-de-julio-de-2019/ y https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifra-de-lideres-sociales-asesinados-en-el-2019-447954
[9] Registros anexos a los informes: ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo (2018) y El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia (2020). El primero construido por 21 organizaciones: Confederación Nacional de Acción Comunal; Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (IEPRI); Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); Programa Somos Defensores; Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT); Verdad Abierta; Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU): Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de los Defensores/as y Líderes/as del departamento de Antioquia; la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, integrada por once organizaciones sociales del Cauca: Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Movimiento Campesino de Cajibío (MCC), Corporación Pro Desarrollo Comunitario (CODESCO), Organización para el desarrollo urbano y campesino (ORDEURCA), Asociación Campesina para el Desarrollo Rural (ACADER), Ruta Pacífica de las Mujeres, Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCCAUCA), Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica (ASCAP), ACAAMI, AFRORENACER de Micay; Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Y el segundo informe construido por 20 organizaciones: Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA; Sisma Mujer; Colombia Diversa; Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP; Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP; Asociación Campesina para el desarrollo del Alto Sinú, ASODECAS; Asociación Campesina del Sur de Córdoba, ASCSUCOR; Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT; Marcha Patriótica; Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”; Red por la Vida y los Derechos Humamos del Cauca; Verdad Abierta; Confederación Nacional de Acción Comunal; y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, IEPRI; bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ.
[10] Informes disponibles en: https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2017.pdf ; https://www.hchr.org.co/files/Pronunciamientos/2019/Informe-2019-cucuta.pdf ; https://news.un.org/es/story/2020/01/1467912 y https://news.un.org/es/story/2020/12/1485602 . Para el año 2020 existe una diferencia entre la información brindada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (Informe del Secretario General. 29 de diciembre de 2020. S/2020/1301) ya que la primera afirma que son 120 las personas asesinadas y el segundo que han confirmado 53+74 en verificación, ¿serán en total 127?
[11] Es necesario tener en cuenta que la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, aseguró que “Los números que mencionamos son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores precisamente porque la pandemia de COVID-19 ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos y masacres”. Consultado en: https://news.un.org/es/story/2020/12/1485602[12] ONU. Noticias ONU. Grupos armados en Colombia aprovechan la pandemia del coronavirus para ganar territorio, en https://news.un.org/es/story/2020/04/1473382
[13] Este cálculo es preliminar dado que se realiza con la información disponible al momento de escribir este artículo (15 de enero de 2021). A la fecha, los datos de INDEPAZ son los más actualizados con acceso público.
[14] Se registraron al menos 44 casos en los que no se corroboró información del lugar de ocurrencia; si esas violaciones al derecho a la vida se asumen como ocurridas en el hogar, el total de asesinatos ocurridos en el hogar de las víctimas sería de 196 y representarían el 54,5% del total.
[15] Alrededor del 13.26% (en caso de manejar una cifra de 196 casos para 2020).
[16] Información recabada por el autor en entrevistas personales con representantes de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y autoridades indígenas del Cauca.
[17] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a indicadores similares al describir situaciones de “violencia generalizada” en algunos países de la región. Estos incluyen, entre otros: a) el número de incidentes violentos, así como el número de víctimas de esos incidentes es muy alto; b) la violencia existente inflige grave sufrimiento a la población; c) la violencia se manifiesta en las formas más atroces, como masacres, tortura, mutilación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones sumarias, secuestros, desapariciones de personas y violaciones flagrantes del DIH; d) la realización de los actos de violencia con frecuencia está destinada a causar terror y, finalmente, a crear tal situación que las personas no tienen otra opción más que huir de la zona afectada; e) la violencia puede emanar de agentes estatales y no estatales, y cuando emana de los primeros, o de otros que actúan por instigación o con el consentimiento de las autoridades del Estado, los autores gozan de impunidad; f) cuando la violencia emana de agentes no estatales, las autoridades no pueden controlarlos eficazmente; y g) el nivel y alcance de la violencia es tal que el funcionamiento normal de la sociedad se ve gravemente perjudicado. Para un análisis más detallado ver, por ejemplo: CIDH, “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, Capítulo II,OEA/Ser.L/V/II,Doc.67, 18 de octubre de 2006, pág.11; CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica”, Capítulo II. Seguridad ciudadana y derechos humanos y Capítulo III. Administración de justicia. OEA/Ser.L/V/II.144, Doc. 12,10 de agosto 2012, páginas 7 y 31; CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala”. Ver, Introducción, conclusiones y recomendaciones, OEA/Ser.L/V/II.53, Doc. 21 rev. 2. 13 de octubre de 1981; CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala”. Conclusiones y recomendaciones. OEA/Ser.L/V/II.61, Doc. 47 rev.1. 5 de octubre de 1983.
[18] Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Noche y Niebla 61. Enero a Junio de 2020. En:https://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/2020/10/NOCHE-Y-NIEBLA-61.pdf
[19] DW. Colombia: ¿Qué es una masacre? En: Colombia: ¿Qué es una masacre? | Colombia en DW | DW | 24.08.2020
[20] Como en: Presidencia de Colombia. Presidente Duque condena masacre de jóvenes en Cali: En: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-condena-masacre-de-jovenes-en-Cali-200812.aspx .
[21] Naciones Unidas S/2020/1301 Consejo de Seguridad Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General.29 de diciembre de 2020. Disponible en https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_n2037704.pdf
[22] Se encuentra en: United Nations. General Assembly. Human Rights Council Twenty-second session. Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic. Febrero de 2013. Traducción del inglés hecha por el autor. Consultado en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf
[23] . Consultado en: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/&client=firefox-b-d&hl=es&gl=co&strip=1&vwsrc=0
[24] No se incluyen todos los municipios afectados sino una muestra de los más críticos.
[25] Disponible en: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensisCamilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada: La FM
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